19.12.2021
Un subcomisario y cuatro oficiales acusados de encubrimiento
Por el crimen del joven futbolista de Barracas Central ya hay 14 efectivos de la Ciudad de Buenos Aires detenidos. Entre ellos, tres por homicidio calificado y el resto por encubrimiento.
El juez que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, ordenó la inmediata detención de 5 miembros de esa fuerza de seguridad acusados de encubrimiento del homicidio, informaron este domingo fuentes judiciales.
La decisión del juez Martín Del Viso recayó sobre un subcomisario y cuatro oficiales que participaron del procedimiento inmediatamente posterior a los disparos contra la víctima y sus tres acompañantes, y que se sospecha plantaron pruebas para encubrir a sus tres compañeros que luego quedaron presos por el asesinato.
En un fallo de 14 páginas, el magistrado hizo parcialmente lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de ocho efectivos a los que acusó de “encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica”.
Para el juez, cinco de los ocho señalados por la fiscalía “habrían alterado los rastros y pruebas” en la escena del crimen para encubrir a sus tres compañeros que habían disparado contra Lucas y sus amigos
“A tenor de lo valorado, entiendo que las circunstancias relatadas no pueden ser neutralizadas con cautelares de menor intensidad que la detención de los imputados, medida que al menos de momento se rebelan como necesarias, idóneas y proporcionadas en este estado de la investigación”, sostuvo el juez.
Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado querellante, destacó esta tarde que hay “14 detenidos” por el caso dado que en la causa ya había tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado y otros seis por el encubrimiento.
De Vaca Muerta a Dock Sud: el extractivismo al palo
Por Fernando Luna y Nicolás Juymatan
El último gran derrame en Vaca Muerte vuelve a mostrar cómo trabaja el modelo de explotación petrolera. Las consecuencias sociales y ambientales son proporcionales a las divisas que se fugan del país.
Solemos escuchar la palabra “accidente” cuando las empresas producen derrames de productos, pero lejos está de un hecho súbito y sorpresivo como lo es la definición de accidente. En la cuenca neuquina el modelo de explotación petrolera lleva al límite los recursos con el afán de explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Hace unos años cuando las empresas se volcaron a la extracción no convencional, debido al aumento del barril de petróleo, comenzaron a exigir más “garantías” para los nuevos pozos de no convencionales. Recordemos que si algo le sobra a las empresas petroleras son “garantías”. La primera ley que llevó al Congreso el gobierno de Alberto Fernández, en aquel lejano diciembre del 2019, fue la “Ley de Solidaridad Social y reactivación económica”. Dicha ley, que fue aprobada, ajustó a los jubilados y estableció la reducción de las retenciones a las petroleras y mineras de un 12% a un 8%. Era el primer gesto y reverencia del nuevo gobierno a las grandes petroleras y mineras.
Durante la era macrista, y en el auge de los anuncios de Vaca Muerta, el gremio petrolero bajo la dirección de Pereyra comenzó una férrea defensa de la necesidad de modificar los convenios de trabajo para que las empresas puedan contratar en mejores condiciones. El llamado convenio Vaca Muerta, firmado en el 2017, fue un mazazo a las conquistas de los trabajadores.
Dicho convenio no solo bajaba salarios, sino que aumentó la flexibilidad laboral en el más amplio sentido, reduciendo personal y cambiando condicionas de trabajo, lo que implicó en el primer año de convenio casi una muerte por mes, y decenas de lesiones menores. Las consecuencias también se expresaron en las noticias de derrames e incendios, que se sumaban a la triste tasa de fatalidades, en el primer año ocho trabajadores fallecieron. Se trata de una política de conjunto que solo favorece a las grandes petroleras con el argumento de favorecer las inversiones y así tener más recursos para pagar la deuda al FMI. Las principales empresas, en el 2019 facturaban un promedio de $700 millones por día, el equivalente a tres presupuesto provinciales.
En una industria de márgenes de ganancias obscenos, el criterio capitalista de explotación se lleva a los extremos. Aranguren, el ícono de los CEOS y ex Ministro de Energía, alardeaba que tenía en operaciones 97 por ciento de la capacidad instalada en la refinería que comandaba en Dock Sud, Avellaneda. En general, las industrias trabajan con un promedio del 75 por ciento de capacidad instalada en producción. Esto permite tener espacio para los mantenimientos, cambios de equipos etc. Por el contrario, aumentar la producción de dicha capacidad exige aumentar el mantenimiento, hasta el punto de casi hacerlo en línea. El resultado es obvio.
Pero esto no es todo. Para quienes no conocen, el barrio en el que se encuentra esta misma refinería es conocido como Villa Inflamable. Se imaginarán por qué. Las napas están tan contaminadas con hidrocarburo que el agua que sale de ahí se puede prender fuego. La refinería de Shell en Dock Sud también fue vanguardia al traer desde Holanda su planta de Cocker (carbón de petróleo) que los vecinos de Villa Inflamable llaman “la catedral del cáncer”. Es una mega estructura que alcanza los 101 metros de altura y que fue traída a la Argentina porque fue declarada ilegal en el país del norte por sus efectos sobre la población lindante. Básicamente contamina de polvo de carbón de petróleo todo lo que está a su alrededor. El polo petroquímico de Dock Sud Avellaneda, cuna del kirchnerismo en el conurbano, ha sido eje de denuncias, investigaciones, causas judiciales por la contaminación. Pero gobierno tras gobierno solo le han dado continuidad a este modelo empresarial, y renovando las licencias medio ambientales sin cuestionamientos alguno.
Volviendo a tierras patagónicas, en el derrame de Vaca Muerta, ya se sabía que se había superado el caudal de operaciones. Los organismos oficiales que deberían controlar y exigir son una trágica broma de mal gusto. No existen controles para la prevención, como tampoco recursos destinados para la contención y atención de emergencias. Para tomar magnitud del desastre ocurrido: Los 3200 metros cúbicos declarados por Oldelval equivalen a casi 90 (noventa) camiones cisterna. Cada camión cisterna de combustible puede transportar hasta 36 metros cúbicos.
La foto viral de la pelopincho como medida de mitigación frente a un derrame es la mejor muestra de la preocupación de las empresas y el gobierno por el ambiente y la vida. Añelo, la puerta de entrada a Vaca Muerta, solo tiene una sala de primeros auxilios. Una emergencia médica debe ser trasladada a Neuquén, casi 200 km. Los que están en esa primera línea de fuego son los trabajadores petroleros, las comunidades y la flora y la fauna de la zona. Nuestros sindicatos también deben tomar posición y pronunciarse frente a estos hechos lamentables, no puede ser que se traten los temas ambientales como si no tuvieran nada que ver con nuestro ámbito laboral.
Cambio de matriz energética
El capitalismo no planifica en función de las necesidades de las poblaciones, sino en función de cómo mantener su maquinaria productiva en movimiento como sea. Esto está llevando al medio ambiente al punto de no retorno, como se viene advirtiendo hace varios años.
Para salir de esta situación es necesario cambiar los métodos de producción y la matriz energética. En este último punto, se debe girar a energía renovables. Desde las bancadas del Frente de Izquierda Unidad, se presentó un Proyecto de ley para la nacionalización de la industria petrolera bajo control de los trabajadores. Esto tiene como finalidad principal dos puntos, por un lado tener control de los recursos no renovables y sus ganancias, y por el otro, con parte de esas ganancias que hoy se fugan del país, invertirlas en nicho de energías renovables, que generaría nuevos puestos de trabajo, y valor agregado de tecnologías.
Hoy las multinacionales extraen recursos y ganancias que fluyen libremente al exterior, dejándonos terribles consecuencias ambientales y económicas para las futuras generaciones. El gobierno de Alberto Fernández quiere avanzar en la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que busca profundizar una legislación acorde a los intereses de las grandes multinacionales del petróleo. Los trabajadores petroleros junto a las comunidades locales y organizaciones ambientales somos los únicos que estamos realmente interesados en poner fin a esta situación que nos lleva a un callejón sin salida.
Ahora en Chubut las voces comienzan a escucharse y a ganar las calles, organizándose contra la megaminería y el reciente fallo del gobierno de Arcioni. Ese es el camino, el de la organización.
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