Comunicadores del Sur

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Desalojan familias en Balvanera

24.9.2016

Tras 5 días de resistencia al desalojo, el Juez Tavonanska, la fiscal Barcia y la Policía Metropolitana se deciden a concretar el desalojo de las familias de Pichincha 191, quienes siguen reclamando, mientras defienden sus hogares, alguna respuesta del GCBA. El pasado lunes efectivos de la Metropolitana intentaron desalojar a las 7 familias que habitan allí, entre ellos 15 menores y dos personas con discapacidad. Tanto ese día como 48 horas después la presencia de vecinos y organizaciones sociales evitó el desenlace fatídico para las familias.

El caso de Pichincha ha tomado relevancia puesto que los vecinos denuncian sendas irregularidades de las autoridades judiciales competentes. El abogado representante de las familias en el conflicto, Juan Lenta, refirió al respecto: “El informe presentado por la fiscalía resulta inconsistente, puesto que refiere a medidas de seguridad para un hotel, y este inmueble no funciona como tal desde el año 2000, cuando su dueño desapareció. En la causa no surge ningún tipo de elemento que justifique tremendo ensañamiento por parte del Juez Tavosnanska, quien se negó a siquiera aceptar los 4 informes presentados por arquitectos diferentes de distintos organismos y organizaciones. Aquí no hay peligro alguno de derrumbe, ni riesgo de vida, el juez y la fiscal Barcia lo saben e igual continúan avanzando con el proceso que dejará a las familias en la calle”.

Por su parte, Agustina Mayansky, docente del bachillerato popular Vientos del Pueblo, donde estudian varios habitantes del edificio, nos cuenta: “En el interior del edificio se vive una situación de angustia e incertidumbre que se ha traducido en problemas de salud de mujeres embarazadas, y también hay quienes han perdido su trabajo para defender su vivienda. Hay gente que vive aquí hace 15 años, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún problema en mandarlos a la calle”. Con esto último, la dirigente refiere a que la causa es impulsada por el GCBA, ya que no hay intervención alguna de ningún propietario.

En estas horas efectivos de la Policía Metropolitana han montado ya el operativo para concretar el desalojo, vallando toda la zona

Un juez y una fiscal contra el pueblo

23.9.2016

El legislador porteño José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV, acompañó a las familias del edificio de Pichincha 191, en el barrio de Balvanera, que el gobierno porteño quiere desalojar. ”La fiscal Claudia Barcia pretende desalojar a familias que están viviendo en ese inmueble hace 14 años con el argumento de que no hay condiciones de habitabilidad, sin ofrecer otra solución”, detalló el legislador.

“Muchos de los habitantes del edificio sospechan que el verdadero motivo del desalojo es que, como el gobierno de la Ciudad pretende construir la sede de la Comuna 3 donde actualmente funciona el Shopping Spinetto (frente al edificio), inicia una ‘campaña de erradicación’ de las familias del complejo”, sostuvo Campagnoli.

“Nos parece grave que frente al problema de vivienda la respuesta del gobierno de la Ciudad sea el desalojo”, expresó el diputado kirchnerista. Y relató que junto a la legisladora Paula Penacca le solicitaron al juez Norberto Tavonaska, titular del juzgado 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a las autoridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “que eviten un desalojo violento”.

Las 6 familias que habitan esa parte del edificio -entre las que hay 15 chicos y chicas, 2 de ellos discapacitados-, reclaman una alternativa habitacional viable para reubicarse.

En este sentido, agregó: “Nos preocupa que estas personas puedan quedar a la intemperie. Dejarlos en la calle no es la solución”.

Nueva marcha de las cooperativas La litoraleña y La Casona contra posibles desalojos

23.9.2016

Este viernes 23 de septiembre desde las 9 de la mañana, trabajadores de la fábrica de tapas de empanadas La Litoraleña y del restaurante y pizzería La Casona, marcharán a los juzgados comerciales N° 18 y 16 de la Ciudad de Buenos Aires para presentar los fundamentos y recursos de amparos que acompañarán las apelaciones -presentadas hace dos semanas- a los dos fallos judiciales que amenazan la continuidad de la actividad que realizan como cooperativas.

“Estamos convocando a todas las cooperativas de FACTA y del sector, a los partidos políticos para que nos acompañen junto a los compañeros de La Casona. Lo único que pedimos es trabajar, están en riesgo 150 familias”, expresó Luis Baini, titular de la cooperativa la Litoraleña.

Por su parte, Mario Romero, presidente de la cooperativa La Casona se mostró preocupado por la situación y dio detalles del plan de acción que llevarán adelante desde mañana para revertir esta situación. “Mañana marchamos con los compañeros de La Litoraleña y el día 29, al mediodía haremos ñoquis y empanadas gratis acá en la esquina de Maipú y Corrientes, para difundir nuestra situación. Además, el 11 de octubre vamos a hacer una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo para que las autoridades nos den una respuesta. Entre las dos cooperativas sumamos 150 familias que pueden quedar en la calle”, analizó Romero.

El abogado de FACTA, Ataliva Dinani, presentó la semana pasada la apelación con el objetivo de revertir la decisión de la jueza Valeria Pérez Casado que rechazó el pedido para explotar económicamente la fábrica de tapas para empanadas, según lo indica la Ley de Concursos y Quiebras.

Cabe recordar que el conflicto de La Litoraleña comenzó el año pasado cuando el dueño, Rodolfo Conti, dejó de pagar los salarios de los 115 trabajadores, que tres meses más tarde comenzaron una huelga ante la falta de pago

En este sentido, Baini remarcó que “No entendemos por qué nos niega la posibilidad de la continuidad laboral dado que la Ley lo expresa claramente. La Jueza Pérez Casado viola el espíritu de la Ley y hace comparaciones con el 2001 habiendo una ley vigente y en el expediente quedó demostrado que hubo un vaciamiento financiero y que nosotros tenemos la prioridad para seguir trabajando”, analizó el representante de la fábrica de tapas de empanadas.

Por otra parte, los trabajadores de la cooperativa La Casona presentaron una apelación que pretende hacer valer el acuerdo que tenían con los dueños y que sorpresivamente dio un vuelco ante la resolución del juez que ordenó restituir el local a la empresa.

“Había una acuerdo que los dueños no están cumpliendo. Mientras nosotros les pagábamos 150.000 pesos por mes de alquiler, tal como convenimos, ellos iniciaron el pedido de desalojo sin avisarnos y ahora en vez de tres años, tal como estaba conversado, nos están sacando de un día para otro”, informó Romero.

Seminario de Formación Política y DDHH en la Legislatura Porteña

20.9.2016

Miércoles 21 de Septiembre, 18hs, Salón Alfonsín, Perú 160

Segundo encuentro

Abierto y Gratuito

El próximo miércoles 21 de a las 18hs, en el Salón Alfonsín, Perú 160 de la Legislatura Porteña se llevara a cabo el segundo encuentro del primer SEMINARIO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y DDHH, denominado "Geopolítica regional y Economía" organizado por la Junta Interna de ATE Legislatura.

Este segundo encuentro titulado “Complicidad Civil y Empresarial en la Dictadura”, durante el cual se presentara el libro “Una historia Oscura: Papel Prensa y la conspiración mediática de 1976”, y contara con un panel integrado por Rafael Iannover, ex Vicepresidente de Papel Prensa, quien estuviera detenido desaparecido durante la última dictadura militar y es autor de dicho libro; Oscar Leguizamón, Militante de DDHH; y Rene Girardi, compiladora del libro.

La actividad será presentada por el Secretario General de ATE Legislatura, Pablo Gennaro, y contará con la presencia de autoridades el Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Porteña y dirigentes gremiales de ATE y UTE.

DENUNCIA PENAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CABA

19.9.2016

Por Julián Martínez

En el marco de reiterados hostigamientos, difamaciones, seguimientos y una causa armada, dos miembros de la Agencia Para la Libertad y sus familiares fueron amenazados por alguien que en su perfil de Facebook aparece con el nombre de Angie Verdú. “Saludos a tu dos hijos y a la familia del delincuente”, expresó Verdú, luego de variados insultos, en un mensaje a la abogada de la APL, María del Rosario Fernández. El “delincuente” es Oscar Castelnovo, coordinador de la única agencia anticarcelaria del país que publica sistemáticamente los crímenes contra los seres humanos privados de libertad. Cómo se sabe, Castelnovo concurrió a las cárceles desde hace más de 30 años, como periodista, docente ad honorem y como visita de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hasta que prohibieron su ingreso, hace dos años, por visibilizar los crímenes y negociados. La denuncia penal que presentará hoy la APL, a través de Fernández, se aceleró dada la amenaza que ahora incluye a los hijos y el resto de los familiares de ambos militantes. (Enviar solidaridad a contacto@agenciaparalalibertad. org)

Verdú acusa a Castelnovo de ser un “narcotraficante” que va a las cárceles a vender drogas a los prisioneros. Pero resulta que hace más de dos años que el periodista no puede ingresar a esos campos de concentración Siglo XXI porque el Servicio Penitenciario Federal le prohíbe la entrada. La infamia de Verdú no es nueva, ya en 2013, desde el penal de Villa Devoto una llamada anónima al Departamento Central de Policía denunció que Castelnovo vendía narcóticos en esa cárcel. La mentira fue asociada a la torpeza: Como todo el mundo sabe, las drogas en las prisiones son un negocio de los penitenciarios no los militantes de Derechos Humanos o docentes. “Nunca vendí ni una minúscula hoja de comino”, dijo el escritor en aquella ocasión. De todos modos, el periodista fue investigado por el fiscal Marijuan y sobreseído por el juez federal Sergio Torres, quienes solo hallaron una patraña telefónica en la causa.

Por otra parte, quien conozca el estado económico de Castelnovo, podrá apreciar, sin esfuerzos, que su nivel de vida dista mucho de ser el de un “narco”. Entre sus falsedades, Verdú afirma que “a él (Castelnovo) le paga el servicio penitenciario…tiene un sueldo fijo para ingresar droga en la cárcel”. ¿Por qué razón los grises pagarían un salario fijo a alguien que no concurre a trabajar hace dos años? Eso Verdú no lo aclara.

Asimismo, el periodista recibió solidaridad de presos, presas, familiares, organismos de la Argentina y del exterior, de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén Lolin Rigoni e Inés Ragni; Nora Cortiñas, Myriam Bregman, de La Gremial de Abogadas y Abogados, Correpi, APDH-La Matanza, entre cientos de apoyos solidarios, que no dudaron de que se trataba de un ataque a una organización popular que integra la Red Nacional de Medios Alternativos.

Como se sabe, la APL visibilizó crímenes atroces cometidos en la constitucionalidad como por caso, el de las nueve chicas asesinadas en la cárcel de Ezeiza entre 2009 y 2012. De estos militantes salió la nefasta estadística que da cuenta que un/a presx muere cada 37 horas, en un lugar el que nadie debe morir, cuando integraban el Boletín Para la Libertad de la Agencia Walsh. Precisamente, este medio alternativo fue infiltrado por el policía federal Américo Balbuena durante once años y, desde allí, espiaba a los familiares de Cromañón, La Alameda, Fuba, entre muchos otros.

 

Ensuciar para destruir

 

En el caso de Fernández, Verdú sostiene que es una “abogada saca presos” para luego tener sexo con ellos y que también tiene ese tipo de relación con Castelnovo. Se sabe, que es altamente repudiado por los privados de libertad quien mantiene relaciones con la pareja de un prisionero. Aunque esto parezca algo que corresponde a la sección “chimentos”, no lo es. Está pensado para generar malestar de los presxs con la APL. A la vez, pretenden socavar el vínculo de Fernández, con su pareja, César González, con los familiares y sus clientes. Los mensajes a González que le envió Verdu no fueron azarosos, se dirigieron a alguien vulnerable que está en el encierro. La intención es neutralizar a la APL por medio de la difamación en distintas direcciones. Como se sabe, quizá en el barrio de Palermo -por caso -, una infidelidad se resuelva con los tres protagonistas en terapia con un psicoanalista especializado en el tema. Pero en las cárceles existe, contundente, otra metodología.

 

¿No será mucho Verdú?
 

Según Verdú, Fernández y Castelnovo “son socios en una mentirosa agencia de noticias”, la Agencia Para la Libertad, militan varias horas diarias, fueron a cuatro cárceles por semana, realizaron talleres de Periodismo y Expresión, sufrieron la agresión del Servicio Penitenciario Federal constantemente, escribieron miles de notas, dieron charlas en distintos sitios del país y hasta fueron invitados desde el exterior, por razones sexuales y para facilitar la venta de estupefacientes.
Por su parte, María del Rosario Fernández, quién aborda la represión estatal en las cárceles bonaerenses, resulta “fastidiosa” para los represores y sus negociados. Ya sea por su labor solidaria en la APL o por su trabajo profesional como defensora particular.

A la vez, Verdu jura que no es policía ni servicio, pero asegura tener fotos, videos, testimonios y audios, que comprometerían a los dos militantes de la APL. ¿Quién tendría esos elementos de no ser alguien vinculado a las fuerzas de “seguridad”? Ojalá Verdú mostrara todas sus “pruebas” en Tribunales, adónde deberá concurrir en los próximos días.

Recientemente, amenazaron a la diputada Myriam Bregman por su participación en distintas luchas. También a otros militantes populares. Al calor del gobierno plutócrata de Mauricio Macri toma impulso el fascismo en la Argentina. Pero a pesar de la indignación, las amenazas dan cuenta de una verdad inapelable: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”.

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