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El Bloque del Movimiento Proyecto Sur en la Ciudad rechaza la decisión del macrismo de cerrar más de un centenar de grados y cursos

 

El Bloque del Movimiento Proyecto Sur en la Ciudad rechaza la decisión del macrismo de cerrar más de un centenar de grados y cursos

8.3.2012

 

El 29 de febrero, a tan sólo dos días de iniciado el ciclo lectivo 2012 y sin contar con la lista definitiva de alumnos inscriptos y concurrentes efectivos del sistema educativo estatal (que habitualmente se encuentra disponible recién hacia mediados del mes de abril, principios de mayo), el director general de Educación de Gestión Estatal del GCABA, Maximiliano Gullmanelli, dispuso el cierre de 143 grados de nivel primario, 53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas. De estas últimas escuelas, 30 cursos corresponden a los turnos vespertino y noche, elegidos particularmente por alumnos que trabajan.

Dicha normativa, arbitraria, prematura y a ciegas, ignora los tiempos reales de confirmación efectiva de la matricula de alumnos concurrentes 2012 y se realiza en un vacío absoluto de información confiable sobre demanda insatisfecha en escuelas de nivel primario (especialmente en primer grado) y el medio: no se registra a todos los demandantes de vacantes, no hay sistematización de datos. Muchas escuelas hacen listas de espera en papel, muchas veces no conservados para la estadística anual, y no se cuenta con ningún estudio de la variación histórica de la demanda insatisfecha durante los últimos años.

Este cierre de grados y cursos se inscribe en una sistemática política de desjerarquización, desatención y recorte al conjunto de políticas, programas y recursos destinados a niños, niñas y adolescentes y evidencia, una vez más, el manejo irresponsable e ineficiente de la gestión educativa del gobierno macrista, que parece mirar para otro lado cada vez que se trata de dar respuestas para garantizar el derecho efectivo de acceso y permanencia a educación de calidad de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a la situación crónica y agravada durante los últimos cuatro años de marcada desigualdad educativa y deterioro en la calidad de los aprendizajes de los alumnos de escuelas estatales en la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo privilegia el achicamiento de la planta docente, la subejecución presupuestaria en infraestructura escolar, el aumento sistemático en los subsidios a instituciones privadas y las respuestas aisladas y autoritarias en materia de políticas educativas. Esta política se instala, objetivamente, en el maltrato y desconsideración a los maestros que sufren en diferentes jurisdicciones en perjuicio de su labor y de los educandos. 

 

Julio Raffo 
Jorge Selser

Rafael Gentili
Virginia González Gass
Pablo Bergel
Adrián Camps

DOCUMENTO

 

DOCUMENTO

CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA SALUD MENTAL VULNERADA

5.3.2012

 

La atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El gobierno de la ciudad, responsable de la política en el área, emitió apenas comenzado el año y muy sigilosamente la Resolución N°52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.

Este acto de gobierno, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice de forma sumamente lesiva, los lineamientos expresados por la Constitución de la Ciudad, la Ley N°448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. El marco legal es sumamente claro en cuanto a la imprescindible transformación del actual modelo de atención en Salud Mental, estableciendo para ello, la creación y apertura de dispositivos para la atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con padecimientos mentales. Así mismo, se establece que la internación de pacientes, debe ser considerada “como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios”.

 

También según las leyes, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria,considerando el aporte de la multiplicidad de prácticas y saberes del campo de referencia. Esta Resolución, no sólo  contradice la legalidad, sino que hace gala de un anacronismo evidenciado por la historia y la realidad, al clasificar a los pacientes meramente como “psiquiátricos”. Los resultados devenidos por la acción de una “omnidisciplina”, perpetúa el modelo asilar – manicomial, y en base a ello resulta perjudicial y retrógrado intentar subordinar a la Salud Mental, desde una visión de “modelo médico hegemónico”.

Este accionar del gobierno del Ing. Macri, no se reduce a la transgresión generada desde la mencionada Resolución, sino que apunta y se  complementa también, con el cierre y desfinanciamiento de diversos dispositivos de atención existentes, tales como el P.A.C. (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N°1 “Hugo Rosarios”.

La Resolución N°52 permite visualizar el doble perjuicio que se genera: en primer lugar, porque atenta contra la atención de la población, contrariando lo que expresa la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de “desinstitucionalización progresiva”, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Así, no sólo se priva de los recursos necesarios para la creación de los dispositivos, sino que también se desatiende lo existente, con graves consecuencias. Por otro lado, se intenta “tercerizar” la atención, derivando hacia  clínicas privadas, sosteniendo la “internación prolongada” como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. En el marco de este accionar, debe recordarse que este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones (sustrayendo la pertinencia de las mismas al área de salud mental y delegando la atención en instituciones privadas). Esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental.

No podemos dejar de asociar a este estado de situación que, hace pocos días, el propio Macri presentó el megaproyecto inmobiliario denominado “Centro Cívico”, y que en un primer paso licitará la construcción de un edificio donde se albergarán la Jefatura de Gobierno y varios ministerios a un costo inicial de $ 280 millones,  justamente en terrenos del Hospital Borda y el ex Hospital Rawson. A pesar del hermetismo, es indudable al observar los proyectos ganadores del concurso, que avanzará hacia los terrenos de los otros hospitales de salud mental lindantes. Pese a la evidencia, en ningún momento se ha hecho público cómo ha de resolverse la situación de las aproximadamente 1.700 personas internadas en los hospitales monovalentes Borda, Moyano y Tobar García, respetando lo establecido taxativamente por las leyes vigentes. Cabe consignar como  dato reciente, que las topadoras han comenzado a demoler instalaciones, entre las que se encuentra el “Taller Pan del Borda”, sin aviso ni explicación.

Este avasallamiento del ejecutivo porteño, demuestra que su interés es satisfacer la avidez por proyectos inmobiliarios a gran escala, de los cuales participan conocidas empresas constructoras. La Resolución N°52 anticipa el escenario que se proyecta.  El accionar del gobierno sustituye la prioridad de la transformación de la salud mental (que lleva doce años de postergación), por los beneficios de “progreso” que presentará para la población este megaproyecto para la zona Sur.

Estamos ante una emergencia que, por su gravedad, requiere de una respuesta inmediata a estos desatinos del Gobierno de la Ciudad, que también desnuda complicidades y llamativos silencios corporativos. En un espacio intersectorial e interinstitucional hemos confluido un conjunto de actores, vinculados y preocupados por este presente contradictorio para con los objetivos establecidos para la salud mental de la ciudad, ante la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y, en otro plano, la defensa de la legalidad, mediante  presentaciones ante la Justicia.

Sin más dilaciones, el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes que propician los cambios para la Salud Mental y, en base a ello, exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el Art. 14° de la Ley 448.  El proceso de desinstitucionalización que propicia el conjunto de leyes vigentes no admite especulaciones ni engaños: defender el hospital público no es defender los “manicomios” o instituciones asilares.

En virtud de lo expuesto es que las organizaciones profesionales, sociales y representantes políticos abajo firmantes convocamos a sumarse a esta lucha ligada a los derechos de la población, para contar con un sistema de salud mental digno y eficaz, del cual son también tributarios sus trabajadores.

Desde esta convocatoria amplia y plural, apoyaremos las presentaciones ante la Justicia, el consenso para establecer una gran movilización hacia la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en fecha próxima a determinar y todas las acciones que resulten pertinentes para el efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Mental.

Demanda judicial al gobierno porteño

 

Demanda judicial al gobierno porteño

5.3.2012

 

El gobierno de Cristina Kirchner demandará esta semana ante la justicia en lo contencioso administrativo al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, para obligarlo a aceptar el traspaso del subterráneo, que rechazó la semana pasada cuando la Casa Rosada confirmó que retiraba a la Policía Federal de las estaciones. 

Además, la Presidenta no le concederá a Macri la entrevista que le pidió para discutir un acuerdo. "El Gobierno denunciará a Macri ante la Justicia y presentará una demanda de cumplimiento de contrato". La Casa Rosada considera que el acta firmada el 3 de enero obliga a Macri a operar los subtes. Por esa razón, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, presentará una demanda ante el fuero en el que se radican las causas por conflictos dentro de la administración pública y que se ha caracterizado por su afinidad con el Gobierno.

"Ya lo sabíamos y estamos trabajando en la respuesta", afirmó anoche una alta fuente cercana a Macri. Allí se sostiene que es la Nación la que administra hoy el subterráneo, porque todavía no se formalizó el plazo de 90 días fijado de común acuerdo para el traspaso.

En medio del intercambio de acusaciones con la Presidenta, Macri denunció que la Nación incumplió con las obras de infraestructura comprometidas en 2006, por 1000 millones de dólares. El que debería formular la denuncia ante la Justicia sería el secretario legal y técnico del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens.

Los voceros de De Vido no respondieron las consultas. Pero dos ministros admitieron a que ésa es la posibilidad más segura dentro del menú de opciones de la Presidenta. Además, allegados al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dieron por seguro que el pleito se terminará dirimiendo en la Justicia.

También el vicepresidente Amado Boudou había amenazado con recurrir a la Corte Suprema, algo que fue relativizado en las últimas horas.

Por medio de un comunicado, De Vido criticó ayer a Macri y le recordó que "fue votado" como jefe de gobierno porteño para hacerse "cargo de los problemas de la ciudad". "Si fuera responsable, ya que los tiene a su cargo, se dedicaría a ver cómo soluciona los problemas de seguridad que según él tienen los subtes", dijo el funcionario nacional.

Según el ministro de Planificación, la ciudad de Buenos Aires "tiene una empresa estatal con técnicos de gran nivel como Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, que perfectamente pueden buscar cómo resolver esas situaciones".

La demanda de la Nación al gobierno porteño ante el fuero contencioso argumentará que existe un acta acuerdo con principio de ejecutoriedad porque la Ciudad tomó decisiones administrativas sobre los subterráneos, como aumentar las tarifas de 1,10 a 2,50 pesos. Además, asegura haber cumplido al día con el depósito de los subsidios comprometidos.

"Todavía no se sabe cuándo se hará la denuncia pero es inminente", señaló una alta fuente.

El rechazo de Macri a tomar a su cargo el subte llevó a la Presidenta el jueves último a formular una durísima embestida contra el jefe de gobierno porteño durante el mensaje de apertura del 130° período de sesiones ordinarias del Congreso. "Ahora se dio cuenta de que los vagones estaban en mal estado. ¿De dónde cree que es alcalde? ¿De Nueva York?", lo atacó.

El gobierno porteño asegura que seguirá "insistiendo en sostener el diálogo", por lo cual "no bajará los brazos" para que Cristina Kirchner convoque a Macri a una reunión. Así lo confirmaron anteayer la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta.

Dijeron que están dispuestos a administrar los subtes, pero antes quieren una garantía sobre "cómo y cuándo harán la enorme cantidad de obras que estaban comprometidas desde 2006". Reclamaron asimismo que la Policía Federal continúe a cargo de la vigilancia del subterráneo.

En el discurso ante la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner anunció que le dejará la policía 30 días más.

Luego de ello, Macri la denunció de incurrir en "falsedades" durante su mensaje y la tensión escaló.

En la carta en la que formalizó la suspensión del traspaso, Macri le dijo a De Vido que la Secretaría de Transporte hizo "una modificación infundada de lo acordado en el acta, que implicó el incumplimiento del pago de subsidios".

Pero el Gobierno asegura tener las facturas de los depósitos mensuales al día. "Damos por suspendidas las tareas de la comisión (entre la Nación y la Ciudad) creada por el acta, continuando en manos del Poder Ejecutivo nacional el contrato", redactó el jefe porteño.

A principios de noviembre, De Vido y el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, anunciaron el traspaso del subterráneo al ámbito de la Ciudad. Luego de varias semanas de discusión, De Vido y Macri firmaron un acta en enero para formalizar el traspaso en 90 días.

Nueva purga en la Policía Federal

 

Nueva purga en la Policía Federal

3.3.2012

 

El Ministerio de Seguridad nacional que encabeza Nilda Garré dispuso otra purga en la plana mayor de la Policía Federal, con los pases a retiro de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores. Así lo confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, las que precisaron que la mitad de los comisarios inspectores relevados formaban parte de la cúpula de la fuerza, en la que se desempeñaban en distintas direcciones.

Las fuentes revelaron que la determinación se produjo en algunos casos por pedidos de pase a retiro de los uniformados, mientras que en la mayoría se debió a disposiciones de la cartera que encabeza Garré, las cuales fueron publicadas este viernes en la Orden del Día de la fuerza.

Entre los efectivos desplazados aparecen el comisario inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

También figura el comisario inspector Juan Antonio Quintero, quien fue absuelto por la Justicia tras los incidentes durante la toma de tierras en el Parque Indoamericano, y los jefes de las seccionales 11ª, José Luis Camalli, y 37ª Roberto Jeremías.

A los jefes de estas seccionales hay que agregar el pedido de pase a retiro del titular de la dependencia 19ª, comisario Gerardo Fabián Galli, que tomó esa decisión al no ascender en el escalafón por haber sido denunciado por Lorena Martins, quien acusó a su padre Raúl Martins de prostitución y proxenetismo y de pagarle a ciertos jefes de la Federal para evitar ser detenido.

En la lista de este viernes, figura la comisario inspector Marta Noemí Confalone de Gregorian (directora de Narcocriminalidad), quien hasta antes de que se produjeran los ascensos era con Mabel Franco las únicas mujeres con más alto rango en la fuerza.

Con estos desplazamientos restan conocerse los jefes que ascenderán a comisario mayor -sólo se dio a conocer el de Franco por ser un hecho histórico en la fuerza-, los que subirán a comisario inspector y aquellos subcomisarios que ascenderán a comisarios.

Una vez dispuesto se deberá completar la cúpula de la Federal, ya que fue pasado a retiro Edgardo Aníbal Pifarré, que fue el director de la Dirección General de Seguridad de Estado pero también el reemplazante provisorio del comisario mayor Carlos Coto en la superintendencia de Delitos Federales y Complejos, y el comisario mayor Ricardo Ortega, quien se desempeñaba en Drogas Peligrosas.

Posteriormente, la cartera de Seguridad, en conjunto con el jefe de la Policía Federal deberán completar a los jefes de las comisarías vacantes (hasta ahora la 11ª, 19ª y 37ª), pero también determinar si efectúan cambios en otras seccionales porteñas.

La lista de comisarios inspectores desplazados la componen, además, Raúl Alberto Sánchez (director General de Finanzas), Rodolfo Valentín Alí (Operaciones), Rodolfo Koleff (director de la Escuela Superior de la PFA), Horacio Simari (Medios de Comunicación), Héctor Hugo Giacardi (ex director general Comisarías), Juan José Lozano (Seguridad e Investigación de Medios de Transporte).

También aparecen: Jorge Faris (Seguridad Interior), Jorge Durante (Personal), Eduardo Jorge Fernández (Antecedentes), Sergio Posse (Delegaciones), Ricardo Domingo Monia (Orden Urbano y Federal), Sergio Torres (Pericias), Eduardo Marcelo Gutiérrez (Asuntos Jurídicos), Alejandro Recalde (Planificación Estratégica y Gestión).

Y se completa con: Edgardo Scandard, Humberto Nanni, Ruben Alberto Dalla Costa, Jorge Carrillo y Eduardo Nicolás Fuentes. Entre los comisarios, en la lista a la que NA tuvo acceso aparecen Roberto Cabrini, que el año pasado estaba a cargo de la comisaría 38ª, y Sergio Maldonado, antecesor de Galli en la 19ª, también denunciados Lorena Martins, mientras que también figura otra mujer, Graciela Gervasio, quien ocupaba un cargo administrativo.

COMUNICADO DE PRENSA

 

COMUNICADO DE PRENSA

3.3.2012 

              

                           POR LA DEFENSA DEL HOSPITAL PÚBLICO

 

Ante el desalojo y demolición del taller “Pan del Borda” el día jueves 1 de marzo, en el hospital Borda y la situación general de deterioro de los centros de salud públicos, las siguientes organizaciones sostenemos la defensa del hospital público y por eso nos consideramos en pie de lucha: “Pan del Borda”, “Cooperanza”, “Frente de Artistas del Borda”, “Hagamos algo ya” y “Radio La Colifata”.

 

El día martes 29 de febrero, comenzó el ingreso de maquinaria al taller Pan del Borda, para la demolición del subsuelo de la cocina, dos días después, se comenzó a destruir una de sus paredes, inclusive con gente adentro.

Entendemos que esto no es un hecho aislado sino que es parte de un proceso de desmantelamiento sistemático de la institución y de avasallamiento de los derechos humanos que esto ocasiona.

 

A partir del anuncio del cierre del hospital en el 2008, por parte del gobierno de la ciudad, se profundizó el proceso de vaciamiento que, hasta el momento, se expresó en:

 

-La disminución de la cantidad de personas internadas (de alrededor de 1500 a aproximadamente a  600), a partir de altas indiscriminadas y traslados a clínicas privadas. Esto no implica ningún cambio: se pasa de un manicomio público a una lógica manicomial privada, hecho formalizado a través de la Resolución nro. 52 del gobierno porteño con la contratación de clínicas privadas para internaciones prolongadas.

-Falta de insumos, personal y cierre de servicios.

-Falta de gas desde hace un año y agua en algunos servicios.

-Incendio en el servicio 8, donde murió una persona.

-Incendio en la ex Unidad nro. 20, donde murieron dos personas y el posterior cierre y traslado de esta cárcel psiquiátrica a la unidad penitenciaria de Ezeiza, por parte del gobierno nacional.

-Numerosas muertes por abandono de persona.

 

Todas estas acciones no sólo violan la Ley nro.448 de Salud Mental de la CABA  y la ley 26657 nacional de Salud Mental, sino que también dan cuenta de la intención del gobierno de la ciudad de vaciar el hospital Borda para concretar el negocio inmobiliario del Centro Cívico en las tierras de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Rawson y talleres protegidos, en vez de invertir en la salud pública.

 

Las organizaciones firmantes entendemos que la DESMANICOMIALIZACIÓN, no es el cierre de los hospitales públicos, no es el desalojo, no es demolición, no es dejar gente en la calle, no es sostener ya sea en instituciones públicas o privadas el manicomio y la lógica del encierro y la exclusión social. Luchamos por que todas las personas tengan acceso a la salud y que ésta sea construida de manera colectiva.

 

Convocamos a toda a la comunidad a acercarse el miércoles 7 de marzo a las 15 hs en el mural del Frente de Artistas del Borda.

SI AL HOSPITAL PÚBLICO BORDA, NO AL MANICOMIO BORDA

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