Renunciaron dos funcionarios porteños por sobreprecios en barbijos y hoteles
18.4.2020
Este sábado, el Gobierno porteño informó, que los funcionarios a cargo de las licitaciones y compras directas con sobreprecios renunciaron. La misma operatoria que semanas atrás aplico el Ministerio de Desarrollo nacional, por el mismo motivo. Los empresarios siguen siempre impunes.
Este sábado, Horacio Rodríguez Larreta les aceptó de forma inmediata la renuncia a los dos funcionarios implicados, uno en la compra por licitación de barbijos y el segundo en la contratación directa del alquiler de hoteles para el alojamiento de los argentinos repatriados de países con alto índice de contagio por coronavirus.
El mismo accionar tuvo el Gobierno nacional, ante la misma denuncia sobre licitaciones con sobreprecios, hace unas semanas. En ese momento fue la compra de alimentos para el Ministerio de Desarrollo Social.
En ambos casos los que nunca se cuestionan, es a los empresarios, que se enriquecen con estos sobreprecios y que especulan con un país inmerso en una crisis sanitaria de magnitud.
Ambos funcionarios son Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, quien fuera el responsable de la compra de barbijos a $3.000. Y el otro es Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la contratación de un hotel de lujo por $5.439.511 a la empresa Midas Hotel Management S.A.
En su comunicado el Gobierno de la Ciudad, cínicamente advierte “Han habido situaciones que identificamos que pueden generar malas interpretaciones respecto de la transparencia a la que aspiramos habitualmente en el Gobierno de la Ciudad”. Nadie pudo tener una mala interpretación de semejante nivel de sobreprecio en productos de amplio conocimiento para cualquier hijo de vecino.
Lo que si genera aun más indignación es que la vicepresidencia de la sociedad Midas Hotel Management S.A. es Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, media hermana de Rodríguez Larreta. Y que la presidenta de la misma es, Agustina Olivero Majdalani (hija de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia). A este accionar se lo podría denominar, negocios de familia, algo que se repite en muchas contrataciones en el Gobierno de la Ciudad.
Los medios se hacen eco de estas denuncias, según sus propios intereses, como así también fue la reacción en las redes sociales, reflotando la antigua grieta entre macristas y peronistas.
Sin embargo, lo que la mayoría de los medios ocultan y pasan completamente desapercibido en la riña entre la grieta, son los empresarios que imponen a fuerza de coimas o de especulación por necesidad de precios exorbitantes en productos que escasean en el mercado.
Estos hechos, tanto el nacional como el de la ciudad, lindan con la corrupción de funcionarios públicos, que solo renuncian a sus cargos. Mientras a un joven de un barrio popular que se lo encuentra robando un celular le espera años de cárcel. La doble vara y moral de la justicia no se detiene aquí.
El colmo de ambos ejemplos es el nivel de impunidad con que se manejan los empresarios que especulan con las necesidades de las mayorías, donde no tienen ninguna clase de condena, ni siquiera la condena en la opinión pública, ya que los medios y los gobiernos ocultan siempre a los empresarios.
La corrupción es inherente a este sistema, ya que, en estos casos, el estado actúa como comprador en un mercado, donde los empresarios son los dueños de imponer los precios y los funcionarios solo tiene el papel de conseguir ventajas personales en medio del chantaje empresarial, retroalimentándose. Y esto, como quedó demostrado en estos casos, está en ambos lados de la “grieta”.
Por su parte, las lacras empresariales que lucran con las necesidades de las mayorías siempre quedan impunes y se los oculta de las mayorías populares, para que el odio por la corrupción quede contra los funcionarios como personas individuales y que el odio no se transforme contra un sistema donde los empresarios se encuentran por encima del estado. Tengan una justicia que respondan por sus intereses contra las mayorías populares y unas fuerzas de seguridad que los defiendan ante la indignación popular.
Mientras el estado persigue y encarcela a jóvenes que, por trabajo, por cuidar un familiar o por ir de compras tenga que “romper la cuarentena” o reprime a trabajadores que exigen no ser despedidos en medio de un Decreto presidencial que los prohíbe.
Doble vara dirá algunos, pero no, simplemente es una justicia y un estado de clase.