Comunicadores del Sur

14.5.2013

Ante el proyecto de ley para la creación del Instituto Autárquico de Evaluación de Calidad y Equidad educativa presentada por Macri, Bullrich y Larreta en la Legislatura de la Ciudad de Bs As en abril del corriente año, ADEMYS propone rechazar su creación por los siguientes motivos:

El Instituto previsto constituye una nueva avanzada en la política de evaluación mercantilista y tecnocrática que el gobierno del PRO viene queriendo imponer desde el inicio de su gobierno y que son continuidad de las políticas iniciadas en la década del 90 (Ley de transferencia y Ley Federal de Educación) que fragmentó el sistema educativo y centralizó las decisiones fundamentales, absolutamente vigentes en la política educativa nacional actual y que conducen paulatinamente a la transformación del estado educador en estado evaluador.

Sostiene que “la resolución de la problemática educativa” requiere conocimiento de los resultados de aprendizaje, desempeño docente y aplicación de políticas educativas que se lograrían a partir “solo de la evaluación y de las estadísticas” y por ello propone que su Director/a sea un especialista en “estadística educativa”. Esta concepción responde a una desviación econométrica que reduce la evaluación a una cuestión de medición, escindiéndose del proceso educativo y de sus actores, lo que la aleja de las problemáticas reales del sistema, convirtiéndose en un mecanismo punitivo, externo y descontextualizado. Las evaluaciones con pruebas estandarizadas y centralizadas han demostrado su total ineficacia en donde han sido aplicadas (ver Chile, EEUU, México). No solo no han resuelto “la problemática educativa” sino que profundizaron las desigualdades mediante la creación de rankings de escuelas y docentes, generaron la reducción de los curriculum al entrenamiento para poder obtener las respuestas adecuadas sobre los temas que las empresas evaluadoras toman como índices de eficiencia y constituyeron una pérdida de tiempo y de recursos.

En los últimos 20 años se desarrollaron políticas de evaluación de calidad, eficacia y eficiencia educativa en la C.A.B.A., en consonancia con los lineamientos de los organismos internacionales, aplicando distintas pruebas internacionales (LLECE, OCDE, AIE), nacionales (ONE) y de la propia Ciudad. Las pruebas de evaluación existentes analizaron la aplicación de las políticas propuestas, pero en ninguna instancia pusieron en tela de juicio las políticas en sí mismas. A su vez, la actual Directora de Evaluación, la Sra. Montoya, logró independizar la Dirección de Planeamiento para relacionarse directamente con Bullrich por fuera de Planeamiento educativo. Instrumentó el “cuestionario autoadministrado” en Octubre del 2012 cuyos resultados no ha hecho públicos a la fecha. Cabe recordar que dicho cuestionario fue masivamente rechazado en las escuelas por entender que en lugar de un mejoramiento real del sistema apuntaba a legitimar modelos de evaluación externa

El proyecto no parte de una “evaluación” de estos 20 años de políticas de evaluación que fundamenten la creación de un nuevo ente y con carácter autárquico. Éste supone aislar la tarea de evaluación, no sólo ya de planeamiento, sino ahora del propio Ministerio de Educación, estableciendo relación con la gobernación en forma independiente. En realidad, tras el discurso de la necesidad de la participación social, se esconde la apertura con poder de decisión a las empresas privadas, iglesias, ONGs, organismos internacionales y/o del poder político. La posibilidad de que el financiamiento del Instituto provenga de subvenciones privadas o donaciones invalida de antemano la objetividad de los resultados. Es harto conocido el hecho que los financiamientos privados tergiversan resultados en materia de evaluación y las políticas que de ellas se deriven.

Nunca hubo tantas estadísticas como en estos años, y que se pueden obtener en la web: resultados de las pruebas centralizadas de diversos organismos que se cruzan en las escuelas para aturdimiento de las instituciones, de matrícula, de repetición, de salario docente, de resultado de programas, etc. Lo que faltan no son estadísticas, sino debate público sobre las políticas educativas para analizar por qué los problemas de nuestra educación pública se agravaron.

Finalmente no se puede desconocer lo que el mismo proyecto sostiene y es que se hace en el marco de la política del Gobierno Nacional. Tanto desde las leyes de educación, como desde los discursos de la Sra. Presidente se anuncian nuevos regímenes de evaluación a los docentes. Cabe señalar que ésta es la agenda prioritaria de los organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE para esta década. La compensación salarial basada en los resultados del desempeño docente se asocia al aprendizaje del alumno y, por lo tanto, está sujeta a los resultados de las evaluaciones estandarizadas a los estudiantes. Del mismo modo que lo hicieron en los 90, condicionan la entrega de préstamos, por ejemplo para el actual plan de construcción de escuelas, a cambio de que los gobiernos instrumenten sistemas nacionales de evaluación de la “calidad educativa”. Recientemente el Ministro Sileoni anunció la calificación de las escuelas secundarias según el IMESA (Índice de Mejora de las Secundarias Argentinas), un promedio que combina el tiempo que tardan los alumnos en terminar el ciclo, la tasa de egreso y los resultados del último Operativo Nacional de Evaluación .

El foco puesto en la evaluación del desempeño docente, es una lastimosa forma de culpabilizar a éstos de los problemas existentes y prepara la Reforma de los Estatutos Docentes que desde hace 20 años venimos resistiendo con la pretensión de atar el salario a mérito y terminar con los concursos públicos y la estabilidad docente. De esta forma se pretende desviar el eje de las posibles soluciones: un rediseño del sistema educativo actual para que sea nacional, único e igualitario, a fin de detener la desigualdad y privatización actuales, favorecidas por la creciente entrega de subsidios estatales a la educación privada, todo lo cual ha provocado la fragmentación del sistema por sector social, relegando la pobreza al sistema público, y destruyendo así toda forma de socialización a partir de la escuela.

Ademys ha presentado un plan de medidas de emergencia para mejorar la educación. En el presente destacamos algunas de ellas, cuyo tratamiento creemos urgente (ver documento completo en www.ademys.org.ar):
1. La reformulación de la jornada laboral docente con salario digno y sin reducción del actual para contemplar: 2/3 de clase frente a alumno/a y 1/3 de tiempo extra clase para la formación docente continua, el trabajo colaborativo entre docentes en espacios de reflexión, planificación y evaluación, la tarea de apoyo a los alumnos con problemas de aprendizaje
2. Pareja pedagógica con carácter opcional para los grados con más de 30 alumnos hasta su desdoblamiento en nuevas aulas.
3. Incremento de los equipos de conducción: Creación de nuevos cargos de secretarios y vicedirectores en los equipos de conducción para las escuelas con más de 14 secciones que superen los 400 alumnos y su proporcional para cifras superiores cada 200 alumnos.
4. Plan de formación docente continua en servicio: Diseño de un plan sistémico de formación docente continua en servicio, gratuito, a cargo de CePA, con relevo de tareas sin pérdida de días de clase para las/os alumnas/os (ejemplo: relevo periódico para asistir a un plan de actualización con docentes volantes a cargo de los grados relevados, incluso en combinación con los equipos de formación docente u otras variantes).
5. Políticas públicas ante la falta de docentes: La existencia de grados sin docentes y listados de suplentes agotados a poco de iniciadas las clases viene agravándose año a año sin que exista un plan estratégico por parte del gobierno de Ciudad y de la Nación para resolverlo. Además del ya consabido problema salarial, debe revisarse el sistema de prácticas a contra-turno durante toda la carrera, no pagas. En el marco de la precariedad laboral, que sobrevive en nuestro país, no hay estudiantes que puedan obtener permisos en sus trabajos para ausentarse todas las semanas durante los años que dure su carrera. Se debe considerar un sistema de becas especiales así como medidas de control por parte de la Inspección de Trabajo para que no sean despedidos los estudiantes de profesorados por prácticas a contra-turno, entre otras medidas.
6. Plan de construcción de escuelas, especialmente para nivel inicial y medio. Plan de mantenimiento y refacción en horarios extra-clase para evitar accidentes fatales como el que costó la vida a Gerardo Rodríguez.
7. Recomposición salarial trimestral de acuerdo a costo de vida. Reapertura de mesa salarial en Junio.
Llamamos a debatir este proyecto en asambleas y jornadas institucionales de escuelas y distritos para encarar juntos una campaña hacia la Legislatura reclamando su no aprobación y que, en cambio se inicie un debate y consulta a las instituciones educativas sobre las políticas educativas actuales. Todo esto en el marco de nuestra defensa de la escuela pública, laica y gratuita y de las conquistas de nuestro Estatuto Docente.
Bs As, 13 de mayo
Ademys Asociación Docente – (más información en www.ademys.org.ar)