Comunicadores del Sur

17.06.2026

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión de los desalojos administrativos de viviendas que el Gobierno porteño ejecuta bajo argumentos vinculados a riesgos edilicios, problemas de salubridad o supuestos peligros de derrumbe. La resolución, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2, representa un freno a una práctica que en los últimos meses había generado fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, defensores públicos y vecinos afectados.

La medida cautelar fue adoptada tras una presentación impulsada por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra junto con familias desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI). El planteo judicial cuestionó la forma en que se venían realizando las evacuaciones y clausuras de inmuebles destinados a vivienda, señalando que numerosas familias quedaban sin alternativas concretas de alojamiento luego de los operativos.

En su resolución, el tribunal ordenó que el Ejecutivo porteño se abstenga de ejecutar clausuras, tapiados, desocupaciones, restricciones de acceso o impedimentos de reingreso a inmuebles habitados cuando esas medidas se fundamenten en cuestiones constructivas o de seguridad, sin cumplir previamente determinadas garantías. Además, estableció que, si una intervención oficial impide que los ocupantes permanezcan en sus hogares, el Gobierno deberá ofrecer una respuesta habitacional inmediata, transitoria y adecuada a las características de cada grupo familiar.

El fallo se produce en medio de una creciente controversia por la política habitacional de la Ciudad. Un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño y la Defensoría del Pueblo advirtió recientemente sobre el aumento de los desalojos administrativos entre 2024 y 2026 y alertó por la falta de dispositivos suficientes para asistir a las personas afectadas. Según ese relevamiento, miles de personas fueron desplazadas de inmuebles durante ese período, incluidos numerosos niños y adolescentes, mientras se incrementó el uso de procedimientos administrativos vinculados a clausuras por riesgo estructural.

La discusión cobró mayor visibilidad a partir de distintos episodios registrados en la Ciudad durante los últimos meses. Casos ocurridos en barrios como La Boca, Parque Patricios y Villa Ortúzar pusieron en evidencia la tensión entre la necesidad de prevenir accidentes en edificios deteriorados y el reclamo de vecinos que denuncian haber quedado en situación de vulnerabilidad tras las evacuaciones. En varios de esos conflictos, las familias cuestionaron los diagnósticos oficiales o reclamaron alternativas habitacionales más estables.

Desde el Gobierno porteño sostienen que las intervenciones vinculadas a riesgos edilicios buscan preservar la integridad física de los ocupantes y evitar tragedias derivadas de derrumbes o fallas estructurales. De acuerdo con los protocolos oficiales, la Guardia de Auxilio puede ordenar apuntalamientos, evacuaciones o incluso demoliciones cuando los especialistas detectan peligro para moradores o terceros.

La resolución judicial no elimina esas facultades preventivas, pero introduce nuevas condiciones para su aplicación y coloca en el centro del debate la obligación estatal de garantizar el derecho a la vivienda de quienes resultan afectados por este tipo de procedimientos. El juzgado también convocó a una audiencia con todas las partes involucradas para continuar analizando el caso y definir los pasos a seguir mientras se sustancia el amparo.

La decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y podría tener impacto sobre futuros operativos de evacuación vinculados a inmuebles considerados inseguros por las autoridades.

16.06.2026

Un sorpresivo operativo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Barracas terminó con el secuestro de un cargamento de 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa del Mundo FIFA 2026. La mercadería, de origen brasileño y perteneciente a la firma Panini, carecía de todo tipo de documentación legal y aduanera, estimándose su valor de mercado en aproximadamente 100 millones de pesos.

El procedimiento comenzó en la avenida Suárez al 2700 (Comuna 4), donde los agentes federales interceptaron dos vehículos particulares que trasladaban bultos sospechosos en plena vía pública. Al no poder acreditar las autorizaciones de tenencia e ingreso al país, los ocupantes -dos personas que quedaron detenidas- dispararon una investigación por presunto contrabando bajo el control del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8. El conteo final y el aforo aduanero contaron con la participación directa del personal de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los hilos del contrabando: desabastecimiento e informalidad:

La ramificación del caso no tardó en evidenciar las falencias en los controles de frontera del Ejecutivo nacional y la debilidad regulatoria que impera en los límites de la Capital. Tras las detenciones en Barracas, la Justicia ordenó un allanamiento en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Lanús, así como una orden de presentación formal en un local de encomiendas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el depósito bonaerense se halló un despliegue aún mayor de informalidad: prendas de vestir, dispositivos electrónicos y electrodomésticos acopiados de manera clandestina, valuados en otros 98 millones de pesos.

Lejos de ser un hecho delictivo aislado, el secuestro de los álbumes Panini desnuda una dinámica económica cada vez más frecuente. El circuito informal de distribución y la proliferación del mercado negro se ven fuertemente aceitados por dos factores estructurales: la persistente escasez del producto en los canales oficiales y la altísima demanda popular frente a la inminencia de la cita mundialista.

Mientras el Gobierno nacional ensaya reformas impositivas y aduaneras que no logran contener el flujo ilegal en los accesos urbanos, la administración de la Ciudad de Buenos Aires continúa delegando la seguridad comercial en operativos punitivos de saturación, sin abordar las redes de acopio ni los vacíos de control en las comunas del sur porteño. La causa, caratulada como infracción al Código Aduanero, deja al descubierto cómo la especulación y el desabastecimiento terminan rigiendo el consumo cotidiano de los sectores populares.

15.06.2026

Viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a ser más caro desde este lunes 15 de junio. La Secretaría de Transporte pondrá en marcha un nuevo ajuste en las tarifas de colectivos y trenes que operan bajo jurisdicción nacional, dando continuidad al cronograma de recomposición tarifaria que comenzó a aplicarse durante mayo y que prevé nuevas actualizaciones hasta septiembre.

En el caso de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA, el incremento será del 2%. De esta manera, el boleto mínimo para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada pasará a costar $728,28. Los valores aumentarán progresivamente según la distancia recorrida y, para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, las tarifas serán considerablemente más elevadas debido a la quita de beneficios.

La actualización también alcanzará al sistema ferroviario metropolitano. Los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur aplicarán una suba del 12,9%. Como consecuencia, el pasaje mínimo pasará de $310 a $350, mientras que las tarifas correspondientes a los tramos de mayor distancia se ubicarán en $470 y $590, según la sección recorrida.

La medida forma parte del esquema tarifario anunciado por el Gobierno nacional a principios de mayo. La primera etapa se implementó el 18 de ese mes y estableció una serie de aumentos escalonados para el transporte público bajo control nacional. El objetivo oficial es continuar reduciendo el peso de los subsidios estatales sobre el sistema, aunque procurando distribuir los incrementos en varios tramos para moderar su impacto sobre la inflación mensual.

Este nuevo ajuste se suma a las subas que ya comenzaron a regir el 1° de junio para los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, así como para el subte de la Ciudad de Buenos Aires. En esos casos, los incrementos respondieron a los mecanismos automáticos de actualización aplicados por los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia, que toman como referencia la evolución de la inflación más un adicional fijo.

Con este nuevo movimiento tarifario, el transporte público acumula una serie de incrementos consecutivos que modificaron significativamente el costo de viajar en el AMBA durante los últimos meses. Diversos relevamientos señalan que, desde el inicio de la actual gestión nacional, las tarifas de colectivos y trenes registraron aumentos muy superiores a los vigentes hasta fines de 2023, en el marco de la política de reducción de subsidios impulsada por el Gobierno.

12.06.2026

La Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires publicó en las últimas horas un relevamiento que pone en evidencia los desembolsos millonarios realizados por el Ejecutivo porteño durante el primer año de gestión de Jorge Macri en el mantenimiento de la flota vehicular de la Policía de la Ciudad. El documento del organismo de control señala que en este ítem se registró un incremento presupuestario significativo, extensiones sucesivas del contrato y una reducción notable en los mecanismos de control.

La flota de la Policía porteña comprende patrulleros, motocicletas, móviles de apoyo y vehículos operativos destinados a las tareas de seguridad pública. El esquema de mantenimiento integral de la flota automotriz, implementado durante 2024 en el primer año de gestión de Jorge Macri, experimentó una fuerte expansión del gasto junto con múltiples prórrogas contractuales y debilidades en los sistemas de control. El presupuesto ejecutado alcanzó los $31.612 millones, de los cuales $23.581 millones, equivalente al 74,6% del total, correspondieron al mantenimiento integral de la flota. Los $7.590 millones restantes, que representan 24% del monto, se destinaron al servicio de combustible, mientras que $441 millones, el 1,4% del total, se ejecutaron bajo otros conceptos operativos.

El informe revela que tres de cada cuatro pesos auditados estuvieron concentrados en una única contratación: el servicio de mantenimiento integral de la flota automotriz mediante red de talleres. Esta contratación principal fue adjudicada originalmente en 2021 por un monto de $2.524 millones con una duración prevista de 24 meses. Durante 2024, el contrato acumuló cuatro prórrogas consecutivas que sumaron 15 meses adicionales respecto del plazo original, junto con incrementos y convalidaciones por $27.090 millones. El volumen de estos incrementos representa el equivalente al 1073% del monto originalmente adjudicado, lo que significa que el costo final superó más de diez veces la cifra inicial.

En el año 2024, la Dirección General Logística y Flota, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, tuvo a su cargo la tramitación, ejecución y control de las contrataciones vinculadas al mantenimiento integral de los vehículos policiales y a la provisión de combustible. Estas prestaciones son esenciales para el funcionamiento operativo del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad. La auditoría examinó el cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales aplicables, así como las condiciones de economía, eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada.

No obstante, respecto de la contratación correspondiente al servicio de mantenimiento integral mediante red de talleres, se verificaron debilidades en las etapas de planificación, control y seguimiento contractual. En particular, se identificaron problemas vinculados con la implementación de mecanismos de supervisión y de controles documentales sobre los valores autorizados para trabajos e insumos. Asimismo, en relación con la contratación del servicio de provisión de combustible, se detectaron falencias en la trazabilidad, validación y control de la información utilizada durante la ejecución contractual.

Las observaciones verificadas permiten concluir que el organismo auditado no contó con controles suficientes para prevenir y corregir debilidades en la gestión, reflejando un esquema de control que afecta la capacidad de seguimiento y evaluación de resultados. Esta conclusión del organismo de control pone en evidencia las irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana durante el primer año de gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño.

El informe se suma a otros relevamientos difundidos recientemente sobre gastos desmedidos en la gestión de Macri, incluyendo un gasto de más de $57 mil millones en la recolección de basura y más de $274 millones de pesos en pauta publicitaria por día destinada a grandes medios de comunicación. Estos documentos conjuntos revelan una tendencia de expansión del gasto público sin los controles adecuados durante el primer año de gobierno del ex intendente de Vicente López.

11.06.2026

El panorama en las calles de la Ciudad de Buenos Aires comienza a reflejar de manera nítida el impacto de la recesión económica. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la tasa de ocupación de locales comerciales en las principales arterias de la capital descendió al 90,0%, registrando una caída de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior (91,6%).

Las cifras, que surgen del último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), confirman que se trata del peor registro para el sector en los últimos cuatro años. Sobre un universo censado de 12.896 locales distribuidos en 48 ejes comerciales clave, los espacios activos se redujeron a 11.605, dejando un saldo de 1.291 persianas bajas.

En términos prácticos, la desocupación general ya trepó al 10,0%, lo que equivale a un promedio crítico de 2,8 locales vacíos por cuadra en territorio porteño.

Radiografía del derrumbe por comunas:

El fenómeno, lejos de ser homogéneo, expone una fuerte fragmentación territorial y golpea con especial dureza a los centros urbanos tradicionales y a los barrios periféricos, zonas que sufren de manera directa la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de políticas locales de estímulo al comercio de cercanía.

La peor parte se la lleva la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, entre otros), con un nivel de desocupación del 13,5%. Le siguen de cerca la Comuna 1 (Microcentro y San Telmo) con un 13,2% -un área que sigue sin encontrar un rumbo tras la postpandemia- y la Comuna 8 en el sur de la ciudad, con un 12,8%.

A nivel de corredores específicos, la inactividad muestra picos alarmantes:

– Parque Avellaneda: Registró el peor indicador de la Capital, con 22 de cada 100 locales cerrados (un promedio de 6 persianas bajas por cuadra).

– Villa Crespo y Calle Lavalle: Comparten el segundo puesto de la contracción con un 20% de desocupación.

– Warnes y Defensa: Se ubican también entre las zonas más afectadas de la medición.

Como contrapartida, las áreas ligadas al poder adquisitivo más alto o a nodos de trasbordo masivo resisten el embate. La Comuna 6 (Caballito) se mantiene como el principal oasis con una ocupación del 96,2%, mientras que la tradicional esquina de Corrientes y Pueyrredón ostenta el nivel más alto de actividad con el 97,0%.

Rubros: el desplome textil vs. el refugio gastronómico:

El análisis sectorial del informe permite identificar con claridad dónde impacta el freno de la actividad económica que promueve la administración nacional y que el gobierno porteño acompaña sin amortiguadores locales.

El rubro de indumentaria, textiles y calzado, histórico motor de las veredas porteñas (representa el 29,4% del total de los comercios activos), fue el que más locales netos perdió en la comparación interanual, con una baja de 217 unidades en actividad. Esta caída se siente con fuerza a pesar de que el sector conserva un peso superior al 50% en las Comunas 7 y 10, traccionado por el fenómeno comercial de la Avenida Avellaneda.

En el otro extremo, las actividades ligadas al esparcimiento y la gastronomía operan como los únicos refugios frente a la crisis generalizada, sumando 47 nuevos locales activos y alcanzando una participación del 10,9%. Este leve repunte estuvo concentrado en la apertura de restaurantes en la Comuna 1 y el auge de cafeterías de especialidad y bares en los circuitos de Palermo (Comuna 14). Asimismo, los comercios dedicados al hogar, electrodomésticos y muebles mostraron un saldo favorable con 44 nuevos establecimientos.

El panorama que describe el IDECBA pone en números la profundidad de una crisis comercial que no encuentra un piso y evidencia las limitaciones de una gestión comunal enfocada en la estética del espacio público, pero desentendida del sostenimiento de la estructura productiva y el empleo en los barrios de la Ciudad.