Comunicadores del Sur

14.08.2026

Una nueva controversia llegó a la Legislatura porteña a partir de una licitación impulsada por el Gobierno de la Ciudad para concesionar durante cinco años una bóveda del Cementerio de la Recoleta. La iniciativa contempla la instalación de un comercio, la venta de alimentos y bebidas y la realización de actividades de turismo nocturno.

Dos proyectos legislativos pusieron el foco sobre la medida y reclamaron explicaciones al Ejecutivo porteño. Los cuestionamientos apuntan tanto al carácter comercial de la propuesta como a su compatibilidad con la normativa que regula los cementerios de la Ciudad y con las condiciones de protección patrimonial que rigen sobre el predio.

La licitación fue convocada mediante la Disposición N.º 278/DGCOYP/26 y publicada en el Boletín Oficial porteño el 7 de agosto. El espacio que se busca concesionar tiene aproximadamente 24,55 metros cuadrados y está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12 del Cementerio de la Recoleta, sobre Junín 1760.

El llamado establece una concesión onerosa por cinco años. El canon base mensual fue fijado en $1,6 millones, mientras que para la actividad de turismo nocturno se estableció además una participación mínima del 20% sobre los ingresos brutos.

La apertura de ofertas está prevista para el 9 de septiembre a las 11. De acuerdo con el pliego, el espacio podrá funcionar como un “gift shop”, con publicaciones, piezas gráficas, objetos conmemorativos y otros productos relacionados con la identidad histórica y cultural del cementerio y de la Ciudad.

También se contempla la venta de alimentos y bebidas de elaboración simple, productos envasados y despacho inmediato, como café, té y otras infusiones. El servicio previsto sería bajo modalidad take away, sin mesas ni permanencia del público dentro del local.

La tercera actividad prevista es el turismo nocturno, mediante visitas guiadas y propuestas culturales, educativas y recreativas destinadas a difundir el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y funerario de la necrópolis.

El principal cuestionamiento: la Ley 4977:

Uno de los proyectos presentados en la Legislatura plantea una pregunta concreta al Ejecutivo porteño: cómo se compatibiliza la concesión con el artículo 22 de la Ley 4977, que establece la prohibición de actividades comerciales dentro de los predios de los cementerios de la Ciudad.

El expediente 2487-D-2026, presentado por Bárbara Rossen, con la coautoría de Francisco Caporiccio y Claudia Neira, solicita al Gobierno porteño que informe cuáles fueron los antecedentes y criterios utilizados para avanzar con la concesión y por qué se seleccionó específicamente esa bóveda.

También pide conocer qué reparticiones intervinieron en la decisión y cuáles fueron los fundamentos para otorgar el uso y explotación comercial del espacio.

Una zona con protección patrimonial:

El segundo eje de las críticas está relacionado con el valor histórico del Cementerio de la Recoleta. El predio integra el Área de Protección Histórica APH14 “Ámbito Recoleta” y la parcela involucrada cuenta con nivel de protección integral.

El expediente 2482-D-2026, impulsado por Manuela Thourte junto a Guillermo Suárez, propone que la Legislatura manifieste su preocupación por la licitación.

Los autores remarcan que el cementerio no constituye solamente un espacio de valor turístico y patrimonial, sino también un lugar de sepultura y duelo. En ese sentido, plantean que cualquier intervención debería contemplar tanto la preservación física del patrimonio como los usos tradicionales del lugar y el respeto hacia las personas sepultadas, sus familiares y quienes concurren al predio.

El pedido de informes también recuerda que el Cementerio de la Recoleta cuenta con unas 4.500 bóvedas y que más de 90 sepulcros fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales.

Los proyectos legislativos ponen además la lupa sobre las eventuales obras de adecuación de la bóveda. Según los documentos analizados, el futuro concesionario tendrá 30 días hábiles desde la toma de posesión para presentar el Plan de Obra, Adecuación y Mejoras Definitivo y luego tramitar las autorizaciones correspondientes.

El planteo legislativo sostiene que, debido al nivel de protección integral del inmueble, las intervenciones deberían contar con las autorizaciones patrimoniales necesarias y que el proyecto definitivo debería poder ser conocido y verificado antes de que comiencen los trabajos.

Además, los legisladores señalaron una diferencia entre algunos documentos técnicos y el propio pliego respecto del alcance de la actividad gastronómica: mientras determinados informes describen la comercialización de productos cerrados en origen y sin elaboración en el lugar, el pliego contempla alimentos y bebidas de elaboración simple y despacho inmediato.

El Gobierno porteño deberá responder:

Los dos expedientes quedaron incorporados al debate legislativo sobre la concesión. Uno busca expresar la preocupación de la Legislatura por la iniciativa y el otro solicita al Ejecutivo porteño que explique sus fundamentos y, especialmente, cómo pretende compatibilizar la concesión con la legislación vigente y las normas de protección patrimonial.

La discusión pone así bajo la lupa una decisión del Gobierno de Jorge Macri que combina explotación comercial, actividad turística y utilización de un espacio ubicado dentro de uno de los principales sitios históricos de la Ciudad.

El punto central del debate, más allá del atractivo turístico que pueda representar la propuesta, será determinar si el uso previsto para la bóveda resulta compatible con las normas que protegen al Cementerio de la Recoleta y con el carácter particular de un espacio que continúa funcionando como lugar de descanso y duelo.

13.08.2026

A partir de este mes, el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires registró un cambio en el esquema de integración tarifaria de la Red SUBE: quedó sin efecto el descuento del 50% que se aplicaba sobre el boleto de subte para los pasajeros que combinaban su trayecto después de haber llegado a la Ciudad en tren.

Con el nuevo esquema, el boleto del subterráneo se cobra a tarifa completa incluso cuando la combinación se realiza dentro de las dos horas posteriores a la primera validación de la tarjeta. La modificación comenzó a regir el 1° de agosto, en simultáneo con una nueva actualización del boleto del subterráneo porteño, que pasó a costar $1.684.

La eliminación no es simétrica: cuando el pasajero utiliza primero el subte y luego combina con un tren o colectivo incluido en el sistema, el descuento del 50% sobre el segundo tramo se mantiene. De esta manera, la aplicación del beneficio pasa a depender del orden en que se utilicen los distintos medios de transporte.

Los responsables de Transporte de la Ciudad confirmaron que el esquema de descuentos continúa vigente para las combinaciones dentro del territorio porteño —entre el subte y las 27 líneas de colectivos que dependen de CABA—, donde el primer viaje se abona a tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y a partir del tercero la bonificación llega al 75%, siempre dentro de una ventana de 120 minutos.

La eliminación de la bonificación generó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración porteña. La Ciudad sostiene que el Gobierno nacional dejó de girar los fondos correspondientes a las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones, mientras que desde Nación atribuyen la decisión a la administración porteña. Desde el Gobierno de Jorge Macri argumentan que Nación dejó de cubrir desde octubre de 2024 el costo de las combinaciones interjurisdiccionales y que, durante los últimos meses, la Ciudad absorbió esos recursos para evitar trasladarlos directamente a los usuarios, hasta que ese esquema dejó de ser sostenible fiscalmente.

Desde la Casa Rosada, en cambio, respondieron que “el subsidio de Red SUBE para subtes siempre fue absorbido por la Ciudad; Nación solo subsidió los colectivos”. La Secretaría de Transporte de la Nación sostuvo que el Estado nacional mantiene la Red SUBE en los servicios bajo su jurisdicción: colectivos nacionales y trenes del AMBA.

En tanto, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, acusó al Gobierno nacional de aplicar un nuevo ajuste sobre quienes viajan desde el Conurbano. La medida impacta de manera directa en miles de trabajadores y estudiantes de la provincia de Buenos Aires que ingresan a la Ciudad diariamente combinando los ramales ferroviarios con las líneas del subterráneo.

El cambio se suma a otras modificaciones implementadas en los últimos meses dentro del esquema de integración tarifaria, entre ellas la eliminación del descuento para los colectivos de jurisdicción bonaerense utilizados como segundo medio de transporte. Por otro lado, la Tarifa Social Federal continúa disponible para los grupos alcanzados por el programa, con un descuento del 55% en el transporte público mediante la tarjeta SUBE registrada.

12.08.2026

El escenario judicial en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alto impacto político e institucional. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso un embargo preventivo sobre el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución (Comuna 1), la residencia donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La decisión fue rubricada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. La propiedad se encuentra registrada a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. La medida forma parte del proceso de ejecución patrimonial impulsado por la Justicia para garantizar la recuperación de 685.000 millones de pesos en concepto de decomiso fijado en la sentencia.

La resolución del tribunal no constituye un hecho aislado, sino que profundiza una estrategia de congelamiento de activos a gran escala. En una primera fase, el TOF 2 había ordenado cautelares sobre 111 propiedades asociadas a los condenados, incluyendo inmuebles del empresario Lázaro Báez.

Esta segunda etapa amplia el perímetro de ejecución sobre un paquete adicional de 144 activos:

– Inmuebles y vehículos: Unidades residenciales, terrenos y flotas de transporte vinculadas a las sociedades comerciales bajo investigación.

– Activos financieros: La inclusión de los cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner que permanecen en una caja de seguridad bancaria.

– Participaciones societarias: Paquetes accionarios de firmas como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Según los fundamentos del TOF 2, las pruebas ventiladas durante el debate oral ratificaron la existencia de un entramado económico entre las empresas de Báez y los negocios privados de la familia Kirchner entre 2003 y 2015, lo que justifica la inmovilización de los activos para evitar su transferencia o desintegración antes de la sentencia firme.

Alcance técnico de la medida y tensión sobre la domiciliaria:

Desde el punto de vista estrictamente procesal, los jueces aclararon que el embargo sobre la unidad funcional de la Comuna 1 no implica una ejecución ni una subasta pública inminente, así como tampoco modifica la titularidad dominial del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

Sin embargo, el avance sobre el departamento de la calle San José abre una marcada incertidumbre jurídica e institucional respecto al dictado de la prisión domiciliaria. Al quedar bajo una medida cautelar con fines de decomiso, el estatus del inmueble como domicilio fijado para el cumplimiento de la pena dependerá de cómo avance la causa en los estragos superiores.

Actualmente, las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la confirmación del criterio de decomiso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal será el encargado de convalidar o revocar la ejecución definitiva de los bienes.

11.08.2026

El Gobierno de la Ciudad volvió a poner bajo la lupa a uno de los asentamientos más importantes de la zona norte de la Comuna 15. En La Carbonilla, en el barrio de La Paternal, la gestión de Jorge Macri comenzó a limitar el ingreso de materiales de construcción, una medida que el Ejecutivo porteño presenta como parte de su estrategia para evitar nuevas construcciones y ordenar el crecimiento de los barrios populares.

La decisión se inscribe en una política más amplia que la administración porteña viene desplegando durante 2026 en villas y asentamientos, con controles de accesos, operativos policiales, fiscalizaciones y acciones destinadas a intervenir sobre construcciones y actividades consideradas irregulares. En mayo, por ejemplo, la Ciudad realizó un megaoperativo simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos La Carbonilla, con más de 1.500 efectivos y distintas áreas del Gobierno porteño.

El punto de discusión es qué hay detrás del concepto de “ordenamiento”. Para la gestión de Macri, se trata de impedir que continúe un proceso de expansión edilicia sin controles. Para organizaciones sociales, vecinos y sectores de la oposición, el riesgo es que el control termine reemplazando a una política integral de urbanización.

El argumento del Gobierno porteño:

La administración de Jorge Macri sostiene que el Estado debe impedir que continúe la expansión de construcciones que no cumplen con las normas urbanísticas y de seguridad vigentes.

La estrategia ya tuvo un antecedente concreto en la Villa 31, donde el Gobierno porteño instaló controles en los accesos, clausuró corralones y restringió el ingreso de materiales para frenar nuevas construcciones. El Ejecutivo justificó entonces la medida en la necesidad de ordenar el crecimiento edilicio y evitar obras sin planificación.

El mismo criterio comienza a trasladarse a otros barrios populares. La Carbonilla aparece así dentro de una política que busca impedir que el crecimiento físico de los asentamientos avance por fuera de los mecanismos formales de autorización.

El problema es que en estos territorios la frontera entre una obra “irregular” y una mejora básica de la vivienda puede ser mucho más difusa que en otros sectores de la Ciudad.

Una medida que impacta directamente sobre las viviendas:

La Carbonilla se encuentra en terrenos ferroviarios próximos a las vías del tren San Martín y tiene una larga historia de crecimiento asociado a la emergencia habitacional. Estudios académicos ubican la formación del asentamiento hacia fines de la década de 1990 y describen un proceso de consolidación progresiva del barrio.

En junio de este año, habitantes del barrio volvieron a impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de reurbanización integral. La iniciativa contempla obras de infraestructura, acceso a servicios públicos, regularización de la tenencia de la tierra, mejoramiento habitacional y mecanismos de participación vecinal.

Según esa propuesta, en La Carbonilla viven alrededor de 4.000 personas y persisten problemas vinculados con cortes de energía, dificultades en el acceso al agua, desbordes cloacales, inundaciones, calles sin pavimentar y situaciones de hacinamiento.

En ese contexto aparece la principal contradicción política de la medida: se restringe la posibilidad de ampliar o modificar viviendas en un barrio que todavía reclama una urbanización integral.

El debate sobre la urbanización:

La discusión no es nueva. La Carbonilla arrastra desde hace años reclamos para avanzar hacia una integración urbana que permita regularizar las viviendas, garantizar servicios y mejorar las condiciones de infraestructura.

El proyecto presentado este año en la Legislatura propone la creación de un Plan Integral de Reurbanización y una Mesa de Gestión Participativa, con intervención de organismos de la Ciudad, legisladores y representantes vecinales. También contempla la regularización de las parcelas y soluciones habitacionales definitivas para las familias residentes.

La existencia de este proyecto muestra que el problema excede ampliamente el ingreso de materiales.

Sin infraestructura, títulos de propiedad, servicios regularizados y asistencia técnica, exigir que las construcciones cumplan exactamente las mismas condiciones que una obra en un barrio formal puede terminar convirtiéndose en un círculo difícil de romper: no se puede construir porque el barrio no está urbanizado y el barrio no termina de urbanizarse porque las obras permanecen fuera de la planificación estatal.

El antecedente de la Villa 31:

La experiencia de la Villa 31 funciona como advertencia sobre los límites de una estrategia basada exclusivamente en el control del ingreso de materiales.

El Gobierno porteño ya había aplicado allí medidas similares en distintos momentos. En 2016, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se prohibió el ingreso de materiales y se instalaron controles para acompañar el proceso de urbanización. Sin embargo, las restricciones no impidieron que el asentamiento continuara creciendo.

La propia historia de ese barrio demuestra que el problema habitacional no desaparece mediante controles logísticos. Cuando existe una demanda de vivienda que no encuentra respuesta en el mercado formal, la construcción informal puede cambiar de modalidad, encarecerse o volverse más riesgosa, pero difícilmente desaparezca sólo por impedir el ingreso de cemento, ladrillos o arena.

Ese antecedente vuelve inevitable la pregunta sobre qué política acompañará las nuevas restricciones en La Carbonilla.

“Orden” versus urbanización:

La gestión porteña busca instalar una idea de igualdad ante la ley: las mismas reglas deberían regir en todos los barrios de la Ciudad, independientemente de la zona donde viva cada persona.

Pero el debate político aparece precisamente cuando las condiciones de partida no son iguales.

Un vecino que vive en un departamento formal puede tramitar un permiso de obra, contar con escritura, planos y servicios habilitados. En un asentamiento como La Carbonilla, en cambio, una parte de esas condiciones todavía no existe.

Por eso, organizaciones sociales y sectores de la oposición cuestionan que el Gobierno porteño concentre esfuerzos en controlar el crecimiento edilicio mientras la urbanización integral continúa pendiente. La discusión llegó incluso a la Legislatura, donde vecinos presentaron una propuesta específica para convertir la reurbanización de La Carbonilla en una política de Estado.

Una política que trasciende a La Carbonilla:

La restricción en La Carbonilla no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una política más amplia de la administración Macri hacia villas y asentamientos, que combina seguridad, recuperación del espacio público, controles de actividades comerciales y restricciones sobre nuevas construcciones.

El Gobierno porteño sostiene que estas medidas buscan recuperar el control territorial y garantizar que las mismas normas rijan en toda la Ciudad. En mayo, Jorge Macri definió el despliegue realizado en los barrios populares como parte de una estrategia para “ordenar” el espacio público y combatir actividades delictivas.

El desafío político, sin embargo, es que el ordenamiento no quede reducido al control policial o administrativo.

En La Carbonilla, como en otros barrios populares, la discusión de fondo sigue siendo habitacional: cómo transformar un asentamiento consolidado en un barrio integrado a la Ciudad sin que el costo del proceso recaiga sobre las familias que ya viven allí.

La restricción al ingreso de materiales puede frenar nuevas construcciones. Lo que todavía está por verse es si detrás de esa decisión habrá una política sostenida de urbanización, infraestructura y acceso a la vivienda o si el “ordenamiento” terminará funcionando, una vez más, como un sinónimo de control sobre la pobreza urbana.

10.08.2026

Los vecinos de Colegiales contarán próximamente con un nuevo espacio verde en el entorno del Mercado de Pulgas. La obra se desarrolla sobre el playón de estacionamiento en desuso ubicado en la intersección de las calles General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional predio porteño dedicado a la venta y restauración de muebles y objetos antiguos.

La futura plaza tendrá una superficie de 2.101 metros cuadrados y se integrará con las plazas Mafalda y Clemente, que se encuentran en la misma zona. De acuerdo con la documentación oficial del proyecto, la intervención también alcanzará distintas calles del entorno con el objetivo de ampliar el área peatonal, mejorar la seguridad vial y favorecer la conexión entre los espacios públicos.

El diseño prevé la incorporación de 50 árboles de distintas especies, entre ellos jacarandás, fresnos, patas de vaca, anacahuitas y yerbas de bugre. También se instalarán pérgolas metálicas preparadas para sostener vegetación, sectores de descanso y nuevo mobiliario urbano, además de un sistema de iluminación LED para mejorar las condiciones de uso durante la tarde y la noche.

Como parte de los trabajos, se proyectaron veredas más amplias, cruces nivelados y senderos peatonales que vincularán la plaza con el Mercado de Pulgas, Plaza Mafalda y Plaza Clemente. La documentación técnica incluye, además, la colocación de solados táctiles, rampas y otros recursos destinados a facilitar la circulación de personas con movilidad reducida.

La obra contempla también modificaciones en la calle General Enrique Martínez para reducir las distancias de cruce y ordenar el tránsito en el sector. A esto se suman tareas de adaptación del sistema de desagües pluviales, la incorporación de nuevo alumbrado peatonal y trabajos de acondicionamiento sobre la fachada del Mercado de Pulgas.

Según la información difundida por el Gobierno porteño, durante las últimas semanas se retiraron escombros, adoquines y elementos del antiguo estacionamiento. Además, avanzaron la demolición de parte de la calzada, el ensanche de veredas y la excavación de las bases destinadas a las pérgolas. La finalización de los trabajos está prevista para octubre.

El Mercado de Pulgas ocupa la manzana delimitada por las avenidas Dorrego y Álvarez Thomas y las calles Concepción Arenal y Enrique Martínez, en el límite entre Colegiales y Chacarita. El predio comenzó a funcionar en la década de 1930 como mercado de abastecimiento de frutas y verduras y, tras su reconversión en 1988, se transformó en uno de los principales puntos porteños para la compra y venta de antigüedades.