Comunicadores del Sur

8.5.2020

Por Julieta Azcárate

Hasta ayer se confirmaron 188 casos por día en el país, de los cuales 104 eran de la Ciudad. Hoy se siguen sumando infectados en villas y geriátricos, dos focos críticos. Mientras, el gobierno de Larreta pretende flexibilizar la cuarentena, sin dar soluciones a los barrios vulnerables y ni a los adultos mayores.

Los barrios vulnerables y las residencias geriátricas pasaron a ser focos alarmantes de contagio de Covid-19 en la Ciudad.
En estos últimos días, el número de casos dieron un salto exponencial, y cada día va en aumento. Eso hace que la Ciudad de Buenos Aires sea la de mayor cantidad de contagiados de todo el país.
En el caso de las villas y asentamientos, las condiciones deplorables en que viven sus habitantes, de extrema precariedad y hacinamiento, permiten una rápida expansión del Covid-19. En el caso de la Villa 31, directamente hace días que no tienen agua, mientras se pasan la pelota y responsabilidades entre el gobierno porteño y la directora de AySA, Malena Galmarini, del Frente de Todos. Una situación crítica, con los vecinos en el medio.
Hoy viernes el Ministro de Salud, Fernán Quirós, informó de nuevos casos en barrios vulnerables, que suman un total de 410 infectados, desde que se conoció el primer caso, a mediados de abril.
Dentro de esos casos confirmados, la cantidad de fallecidos llegaron a 6 mientras que otras 6 personas fueron dadas de alta. La mayor parte de los casos se encuentra en el barrio Padre Mugica – villa 31 – y el barrio Padre Riccardelli – villa 1-11-14.
En cuanto a los geriátricos, ayer llegaban a 13 las residencias para mayores afectadas en la Ciudad, con 132 casos de infectados y de los cuales 29 de ellos fallecieron. Esto fue a partir de la confirmación de casos del geriátrico Carpe Diem, ubicado en el barrio de Recoleta, que fue evacuado en el día de ayer, ya que luego de detectarse un caso positivo se realizaron testeos masivos a todos los integrantes del establecimiento, y dieron positivo 25 de 40.
Estos datos alarmantes y críticos hacen que la Ciudad sea el foco de contagio más grande del país, junto con la provincia de Buenos Aires, por las condiciones de vida que imperan en las áreas metropolitanas, de precariedad y hacinamiento. Hasta el martes, la Ciudad alcanzaba casi la misma cantidad de casos de contagio (104) que el total del país (163), mientras la Provincia presentaba 63. A su vez, la Ciudad ayer alcanzaba los 1506 casos en total y la Provincia 1874, lo que significa que entre ambas áreas geográficas concentran el 65% de los infectados de todo el país.
Ante el incremento exponencial de casos en el Barrio de la villa 31, esta semana el gobierno comenzó a implementar un operativo sanitario denominado DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), a través del cual se confirmaron el miércoles 21 casos positivos, que se suman a 9 del día anterior. Visitando “casa por casa”, identificaron sólo a 39 personas con “cuadro clínico sospechoso”, según el ministro Quirós, mientras que los casos continúan aumentando y queda en evidencia que el sistema es muy limitado para la detección.
¿Por qué no aplican el testeo masivo en los barrios vulnerables, en lugar de hacerlo a cuentagotas? Es la única manera de identificar a los asintomáticos y poder aislarlos, antes de que el virus se continúe expandiendo.
Ayer en la Legislatura porteña se aprobó la Ley de Emergencia, que le otorga “superpoderes” al “virrey” Larreta, para designar y manejar a discreción los presupuestos de las distintas áreas, dar de baja programas (o sea despedir trabajadores), a la vez que recortar el presupuesto para viviendas populares en un 35%. Se recorta y ajusta en un área esencial para los barrios vulnerables, pero no se sabe a ciencia cierta a dónde va a destinarse ese dinero, más allá que digan “para enfrentar la pandemia”.
En la Ciudad más rica del país hay viviendas que no se utilizan y hoteles que deberían ponerse al servicio de las personas que viven hacinadas en villas o asentamientos, condiciones que promueven una más rápida propagación del Covid-19. ¿Por qué la gente tiene que seguir viviendo hacinada mientras hay ricos que tienen varias propiedades que no usan, al igual que los hoteles? ¿Cómo es posible que hace días que en la Villa 31 no hay agua, lo que hace imposible mantener condiciones de higiene para evitar la propagación del coronavirus, mientras desde el gobierno, tanto de la Ciudad como el nacional, no se da solución, y mientras empresas como Edesur y Edenor siguen amasando fortunas desde hace años?
Bajo presión de empresarios y los sectores que quieren “abrir la economía” para no perder sus ganancias, el gobierno porteño pretende flexibilizar la cuarentena. Sin embargo, ¿cómo piensan dar respuesta y solución a estos focos de riesgo, como los barrios vulnerables y adultos mayores?

8.5.2020

Por Ludmila Paroldi Algranati y Gigi Krein *

Ayer, 7 de mayo, los legisladores del PRO y radicales, aprobaron la emergencia económica y financiera en CABA. La misma otorga súper poderes a Larreta, pone en riesgo fuentes laborales, congela salarios y recorta el área de vivienda. Su fuerte rechazo provocó la segunda movilización en la Ciudad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El oficialismo porteño logró aprobar ayer, con 38 votos positivos contra 21 negativos, una repudiada ley de Emergencia económica y financiera. El rechazo se hizo sentir no sólo dentro del recinto y también en las calles. En el exterior de una legislatura completamente vallada, se congregaron organizaciones barriales, sindicales (de trabajadores de la salud, docentes, estatales) y políticas para mostrar su descontento. Y no es para menos, ya que en el delicado contexto económico y social que viven las y los trabajadores hoy en día, el oficialismo consiguió congelar salarios, poner a revisión 18.000 puestos de trabajo precarizados y reducir un ya castigado presupuesto en materia de vivienda (10% menos que en 2019). Incluso, en un primer borrador del proyecto, el PRO proponía el pago escalonado y diferido del salario de las y los trabajadores estatales. Debido al amplio rechazo (incluso dentro de Juntos por el Cambio), debió quitar el artículo.
Con certeza, uno de los temas más resonantes de esta semana fue el crecimiento exponencial de contagios por coronavirus, el crecimiento del número de fallecidas/os y el avance sin freno del dengue. En las barriadas populares se concentran ya el 90% de los nuevos contagios de COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires, sumando hoy 301 en positivos confirmados y 6 muertes. Los barrios que encabezan el listado son la 31 con 198 positivos, seguido de la 1-11-14, con 79.
A este panorama hay que sumarle desidias estatales tan graves como la falta de agua desde hace más de 20 días en la Villa 31, a la cual se suma desde hace dos días la falta de luz en muchos sectores. ¿De qué prevención y cuidados podemos hablar si no hay agua?
Frente a esta situación, tanto desde la Secretaría de Integración Social y Urbana (presidida por Diego Fernández), como desde el IVC – Instituto de Vivienda de la Ciudad (encabezado por Juan Maquieyra), no se han dado respuestas al manejo de la pandemia y su estallido anunciado. A pesar de las exigencias de los comités de crisis de las barriadas, el GCBA no cuenta aún con un protocolo de actuación ante casos sospechosos (ni en cuanto a atención, ni en cuanto a aislamiento).
Como contrapartida, si bien se realizaron cambios sobre el proyecto original, se mantiene el recorte estructural al IVC y se dan los inmuebles que llegan a mano del estado directo al tesoro de la ciudad. Con una política poco clara de aislamiento frente a la avanzada de casos confirmados de coronavirus, y los malos manejos de recursos perpetrados por Larreta y su equipo, se reclama que dichos inmuebles pasen directamente a ser centros de cuarentena y aislamiento para quienes viven en condiciones de hacinamiento, sufran violencia de género o se encuentran en situación de calle.
Otro de los puntos regresivos de esta nueva ley, es la posibilidad del Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias a fin, supuestamente, de paliar la emergencia sanitaria. Según la redacción del primer proyecto, podía no informar el destino de los recursos reasignados, ni debía dar cuenta de cómo se ejecutarían los mismos. Además, tenía total discrecionalidad total para manejar el 100% de los fondos. Tras críticas a la lógica de dotar de súper poderes a Larreta, en la versión aprobada ayer, se crea la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, que irónicamente, es presidida por dos legisladores oficialistas (quienes presiden las comisiones de Hacienda y Salud), cosa que pone en duda cuánto controlarán realmente.
A pesar de aducir la necesidad de “caja” para disponer en gastos relacionados con la crisis sanitaria, el GCBA es apuntado en varios escándalos ligados a sobreprecios. Desde barbijos adquiridos a $ 3.000 por unidad, hasta una contratación directa por $ 5.000.000 de un hotel de la hermana de Larreta, hay sobradas muestras que en realidad plata hay, sólo que se usa para beneficiar a amigos y no para garantizar derechos básicos como el trabajo y la vivienda. Entran aquí también los miles de millones que se contemplan en el presupuesto de 2020 como “gasto impositivo”, destinado a pagar con arcas públicas diversos impuestos de las empresas radicadas en los distritos económicos. Otro claro ejemplo de las prioridades del PRO y sus aliados es el gasto de $ 53 millones en equipamiento antidisturbios, según ellos, para hacerle frente a la crisis socioeconómica que se atraviesa por la pandemia.
Como si el destino de todos estos fondos no dejara en claro los favoritismos a la hora de usar el presupuesto, el día 6 de mayo en el boletín oficial figuraba un recorte de 785 millones para “Fortalecimiento comunitario”, programa que atiende mayormente a comedores y merenderos. Tras las críticas, el gobierno adujo la decisión a un “error” y dieron marcha atrás.
La discrecionalidad en dónde aplicar el ajuste no es sólo tema del gobierno local. Días atrás, en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con la UIA y la CGT, en la que se acordó una rebaja del 25% a salarios de trabajadores suspendidos durante la cuarentena. Mientras tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán, termina de acordar con los bonistas tenedores de deuda su reestructuración, con la presión de empresarios para no caer en default. Sumado a esto, recientemente el gobierno nacional giró al FMI USD 320 millones en concepto de intereses
Ante la política del “si pasa, pasa” para que el costo de la crisis se pague a costa de derechos, un puñado que concentra la riqueza se espanta de sólo pensar en un impuesto a su acumulación, sin importarles que sean la salud, el trabajo la educación, la vivienda; en definitiva, la vida de millones, que estén sosteniendo este desastre a nivel mundial. Claramente, ayer fue un punto de inflexión en el que varias organizaciones del arco de la izquierda dijeron “basta”, ya que el hambre no espera. Tras casi 50 días de cuarentena, sumando despidos, suspensiones y la paralización del trabajo informal, la situación económica de miles de trabajadoras y trabajadores es realmente grave. La inacción estatal en este marco, así como el ajuste de las y los que menos tienen, dieron las condiciones para que, incluso en un contexto de cuarentena, se llevara adelante esta protesta (la segunda en CABA desde que se transita el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).
* Integrantes de las Consejerías de Vivienda (link: facebook.com/consejeriasdevivienda)

8.5.2020

La Asamblea Juan B. Justo y Corrientes y la Radio Asamblea FM 94,1 emitieron un comunicado en el que informan que se encuentran en estado de alerta ante el tratamiento en la Legislatura porteña la rezonificación de una cantidad de terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (noviembre 2019) para la construcción de torres, en los predios aledaños al viaducto de la Estación Chacarita del FFCC San Martín.

Reproducimos comunicado:

Nos negamos a que nos borren del mapa de la Ciudad para construir torres
LES CONVOCAMOS A APOYARNOS y DIFUNDIR ESTE NUEVO ATAQUE A LA ORGANIZACIÓN BARRIAL Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.
Este martes 5 de Mayo se trató en la Legislatura Porteña la rezonificación de una cantidad de terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Macri (Noviembre 2019) para la construcción de torres, en los predios aledaños al viaducto de la Estación Chacarita del FFCC San Martín.
En los próximos días, es clara y decisiva la intención de aprobar ese proyecto por parte del bloque oficialista de la Legislatura.
Queremos que se sepa que la Asamblea de Juan B Justo y Corrientes, presente en el barrio desde el 2001, y el estudio de Radio Asamblea (declarada de interés por la Cámara de Diputados y la Comuna 15) se encuentra en los terrenos que pretenden poner a la venta.
Nos preguntamos: ¿Cuál es la urgencia?
¿Quién consulto a les vecines?
¿Quién autorizó este pasaje apresurado de Nación a Ciudad justo cuando ya habían cambiado, por el voto popular, las autoridades nacionales?
¿Qué pasó con los recursos judiciales interpuestos que aún no se resolvieron?
La Legislatura está discutiendo la venta de terrenos para negocios privados, mientras las necesidades de la población en CABA siguen siendo:
Falta de agua en los barrios populares.
Crecen los casos de DENGUE en CABA.
Crecen los contagios de covid-19 en la Villa 31 y la 1.11.14 del Bajo Flores
NO hay políticas públicas que atiendan a las personas en situación de calle.
Falta refuerzo de viandas a los comedores escolares, comedores y merenderos.
Hay carencia de insumos y de elementos de protección para trabajadores del sistema de salud.
Decidimos que:
• • Vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano a permanecer en nuestra sede
• • Continuaremos con la Olla popular y la entrega de bolsones de alimentos que lamentablemente continúa creciendo.
• • Seguiremos transmitiendo diariamente desde Radio Asamblea 94.1.
• • Retomaremos con las actividades y los talleres gratuitos luego de la cuarentena.

7.5.2020

Por Lidia E. Fernández

En la fría noche del miércoles, cerca de las 23 horas llegó al hospital el tercer micro de la Villa 31 con familias enteras que fue recibido por trabajadoras y trabajadores de la salud. Algunas ya traían resultados de hisopados positivos, entre ellos el de una pequeña de solo 4 meses.

La noche del miércoles por primera vez en el hospital Durand, se abrió el sector de Unidades Febriles de Urgencia (UFU), que son containers destinados al ingreso con pacientes con síntomas de Covid-19. Pero el circuito es burocrático, y los pacientes tuvieron que esperar con el frío de anoche y aún con niños a la intemperie hasta completarlo: empadronamiento, registro de síntomas, evaluación médica, hisopados, etc.
Luego de horas de espera, quedaron en una suerte de habitaciones individuales con sus grupos de convivencia hasta que se decidiera si eran internados en el hospital o llevados a hoteles, que no se conoce dónde son ni en qué condiciones están.
Las condiciones de hacinamiento y la falta de agua son solo algunas de las carencias cotidianas de quienes viven en la Villa 31 y que muestran la desigualdad, la desidia y el abandono del Estado y el gobierno Nacional de Alberto Fernández y de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta.
En la ciudad más rica del país, miles de familias no acceden a derechos básicos como alimento, agua y vivienda digna, mientras según el informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de 2019, existen 138.328 viviendas “ociosas” para negocios inmobiliarios. Como denunciaron vecinos y organizaciones sociales, esta semana los casos de Covid-19 aumentaron exponencialmente a 300, con una respuesta tardía e insuficiente por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
Ayer autoridades de los Ministerios de Salud de Ciudad y de Nación informaron que realizaron en conjunto 39 testeos de coronavirus en el Barrio 31, esto en una población de 40.000 habitantes. Una absurda cantidad de 1 vecino testeado por cada 1000 habitantes.
Mientras tanto en el hospital Durand, centro de derivación de pacientes con Covid-19, los trabajadores de la salud seguimos denunciando el faltante de equipos de protección personal (EPP) en cantidad y calidad suficientes, testeos, adecuación de la infraestructura e insumos biomédicos. Y hoy sale a luz un nuevo escándalo de compras de insumos de pésima calidad y con sobreprecios.
Seguimos exigiendo que ATE, Sutecba y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM) se pongan al frente de nuestras demandas, que convoquen a asambleas para impulsar un plan de lucha a la altura de las necesidades urgentes. La realidad muestra con fuerza que las medidas de aislamiento social no son iguales para todos y que el considerado “personal esencial” no cuenta con los recursos para no exponer sus vidas, las de sus familias y pacientes.
Todo esto deja en evidencia la necesidad de aumentar el presupuesto de salud y asistencia para las poblaciones vulnerables. El impuesto a las grandes fortunas y el no pago a la deuda, junto a la centralización del sistema de salud público y privado, con control de trabajadores y usuarios son las medidas reales para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social, para que no paguemos con nuestras vidas los trabajadores y el pueblo pobre.

7.5.2020

Nuevo escándalo en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pagaron $1080 cada una de las mascarillas de pésima calidad que son las entregadas en los hospitales porteños. En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá se encontraron la factura, junto al lote entregado, que las autoridades pretenden esconder.

En el hospital Materno Infantil Ramón Sardá se encontraron junto al lote de mascarillas la factura, que las autoridades pretenden resguardar con recelo. La misma es una factura de OCA S.A. por un lote de 400 (Protectores faciales con cabezal de la marca Wagner) por $432.000 a razón de $1080 cada uno. Una verdadera estafa de un empresario miserable y de un funcionario que deberá dar explicaciones.
Luego del escándalo de los barbijos a $3000 se viene este nuevo escándalo ahora de los protectores faciales o mascarillas. No olvidemos que ya por el escándalo de los barbijos y de la contratación de hoteles a familiares de altos funcionarios debieron renunciar dos funcionarios de contrataciones del GCABA.
Ante este nuevo escándalo, la diputada porteña Victoria Montenegro del Frente de Todos, nos informó que presentó un pedido de informes a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, para que den explicaciones ante este nuevo hecho inexplicable de sobreprecios y mala calidad en un tema tan importante como la protección sanitaria para trabajadores de la salud.
Por su parte en la sesión de este jueves, por motivo de la Ley de Emergencia Económica presentada por el oficialismo, la diputada porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, llevó las denuncias los trabajadores de la salud porteños: “En todos los hospitales me dicen lo mismo sus trabajadores que, los materiales de protección sanitaria son de pésima calidad y se entregan a cuenta gota y más de una vez, como en el Piñero o el Garrahan son los mismos trabajadores los que tienen que conseguírselos”.
A su tiempo, en la misma sesión, el diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, mostró a los presentes una similar mascarilla facial, pero esta vez entregada en el hospital Santojani, mientras desafió los legisladores del oficialismo “Porque no le dicen a Larreta que vaya a hacer hisopados a pacientes infectados con Covid-19, usando estas mascarillas con gomitas… Los trabajadores nos dicen: si trabajo con esto y se me sale la gomita, listo quedé infectado. Así están trabajando en los hospitales porteños”.
La contrapartida de este escándalo es el ejemplo de los trabajadores de la Gráfica recuperada por sus trabajadores Madygraf, que reconfiguró su producción para hacer alcohol en gel y mascarillas de mucha mejor calidad, para donar en hospitales públicos. la diputada Myriam Bregman es abogada de estos trabajadores. Por ejemplo acá fueron a entregarle a los trabajadores del hospital Rivadavia una tanda de su producción, como ya les entregaron al hospital Garrahan, entre otros hospitales del Gran Buenos Aires. La solidaridad entre trabajadores es más fuerte que la miserabilidad de empresarios y funcionarios.
Hoy jueves mientras la legislatura de apresta a votar súper poderes para el gobierno de Larreta, para que pueda disponer a su antojo de la reasignación presupuestaria, salta a la luz este nuevo escándalo, ahora con las mascarillas de protección.
Es inadmisible que luego de más de cuarenta días de cuarentena, se sigue desprotegiendo así a los trabajadores, mientras se sigan haciendo negociados millonarios para empresarios miserables.