Comunicadores del Sur

24.5.2022

Descontarán 30 días de sueldo a docentes que se manifestaron contra la visita a una escuela por parte del funcionario Capponi, el que hacías “fiestas” en el Ministerio durante la pandemia, mientras fallecían docentes por Covid. Uno de los sancionados es Jorge Adaro, del sindicato Ademys.

El martes 24 se dio a conocer que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, sancionará a un grupo de docentes descontándoles durante 30 días su sueldo.
La penalización se basa en que durante septiembre del 2021, el Director General de Educación de Gestión Estatal, Fabián Capponi, junto a otros funcionarios, se hicieron presentes en una escuela de Villa Sodati, en la que los docentes cuestionaron dicha visita: “Tenemos compañeros fallecidos por decisión suya. Nunca le importó la educación pública”, sostuvieron en su momento. Era el contexto de presencialidad obligatoria, en la que el gobierno porteño obligó volver a las aulas sin garantizar las condiciones necesarias para evitar los contagios entre docentes, estudiantes y familias.
La legisladora del PTS FITU se solidarizó con los docentes y salió al cruce de la ministra: “@Soledad_Acunia tuvo que pagar multas a la Justicia por no garantizar vacantes y negarle la comida a los niños en pandemia”, dijo en redes sociales.
La hipocresía de la ministra Acuña es indignante: sanciona a maestros por cuestionar que hayan querido utilizar una escuela pública para hacer campaña política de Juntos por el Cambio Mientras ella misma no cumple con los fallos de la Justicia que la sancionaron por no garantizar las vacantes necesarias para que ningún chico se quede sin estudiar en la Ciudad; ni por no restablecer el transporte a estudiantes con discapacidad; ni tampoco cumplió con los fallos que la obligan a garantizar una alimentación saludable en los comedores de las escuelas, fallo logrado gracias a la pelea de la comunidad educativa, cooperadores, docentes, familias y el apoyo de la izquierda con Myriam Bregman y Alejandrina Barry. Recordemos que Acuña fue sancionada por la justicia con una multa de $ 15 mil diarios por no restablecer el transporte a estudiantes con discapacidad.
También hay que recordar que Fabián Capponi es el funcionario que responde a Soledad Acuña y el que durante el peor momento de la pandemia se filmaba en el ministerio de Educación, bailando, “de fiesta”, mientras miles se contagiaban y fallecían, y hace poco fue repudiado en una capacitación docente.
Es necesaria toda la solidaridad y el apoyo a los docentes sancionados de manera injusta e hipócrita por la ministra Acuña, que también hace unos días impulsó la refoma del Estatuto docente, a fuerza de represión.

23.5.2022

Por Martín Suárez

El viejo reclamo despertó luego de que Soledad Acuña manifestara la intensión de presentar su propio proyecto. Hace 10 años que existe un marco nacional y el PRO nunca adhirió. Entre otras cosas, la falta de adhesión les quita autonomía a las cooperadoras porteñas.

El viernes 13 de mayo, a las pocas horas de que el oficialismo porteño aprobará la modificación inconsulta del estatuto docente, Tiempo dio a conocer una situación que sucedió en varias cooperadoras escolares de escuelas de la Ciudad. Mediante mensajes de WhatsApp, el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña empezó a circular un cuestionario entre familias, referentes y titulares de las asociaciones de cooperadoras, con una planilla digital con preguntas como: ¿Cuál creés que es el rol de la cooperadora en la escuela? ¿Qué nueva función te gustaría que reciba la cooperadora con la ley? ¿Considerás necesaria la Ley de Cooperadoras? y ¿Qué temas no pueden faltar?
Las familias de la comunidad educativa que administran las cooperadoras escolares, aseguran que el cuestionario enviado por Soledad Acuña, tiene el objetivo de imponer su propia Ley de Cooperadoras, y esto roza con el desconocimiento de que ya existe una norma nacional hace 10 años, o que, en el peor de los casos, Acuña intenta ignorarla para aplicar sus propias reglas.
La falta de adhesión a la norma nacional, entre otras cosas, no les permite mayor autonomía a las cooperadoras porteñas. Rápidamente resurgió una vieja consigna que descansaba en la agenda de reclamos históricos: la adhesión de la Ciudad a la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares. Desde diferentes sectores aseguran que, con este cuestionario enviado por WhatsApp, Soledad Acuña quiere “hacer de cuenta que” la comunidad educativa participa de la elaboración de una Ley, pero que seguramente ya la tienen redactada como ocurrió con la modificación del estatuto docente.
A raíz de este hecho, el Frente de Todos presentará este lunes a las 16:30 en el Salón Jauretche, un proyecto para adherir a la Ley 26.759, que fue sancionada en agosto de 2012. “La presentación de la adhesión responde a una demanda de las cooperadoras, que exigen desde hace años que haya un marco normativo para su actividad y que se piense con ellas”, explica a Tiempo la diputada porteña Maru Bielli que será la encargada de presentar el documento en la legislatura. “Sostenemos que las cooperadoras deben ser parte constitutiva y las jurisdicciones deben promover su conformación y garantizarles un rol protagónico en el desarrollo del proyecto institucional de las escuelas”, explica a Tiempo Bielli y agrega: “La ciudad nunca adhirió a la ley nacional ni construyó un marco normativo propio. Por el contrario, el FUDE (Fondo destinado a las cooperadoras) ha ido perdiendo lugar en el presupuesto de educación, no existe acompañamiento en la conformación de cooperadoras y en algunos casos, como el Álvarez Thomas, se intentó desarticularla”.
Pablo Cesaroni, titular de Cooperadores en Movimiento, aseguró que “es muy importante para las cooperadoras tener un marco donde se manifieste claramente la importancia que tienen y también alguno de los ejes para desarrollar en cada una de las escuelas, y eso está expresado en la Ley Nacional de Cooperadoras que se aprobó en el 2012”.
El referente de cooperadoras escolares, afirma que muchísimas asociaciones están planteando la necesidad que esto se concrete y que la Ciudad Adhiera a la Ley Nacional. “Vamos a seguir defendiendo la educación pública, y vamos a seguir reclamando por nuestros espacios para poder aportar a que cada uno de los chicos y chicas que van a una escuela lo puedan hacer en las mejores condiciones y tener edificios dignos para todas y todos”.

Falta de autonomía para gestión y financiamiento

La Ley Nacional de Cooperadoras contiene 11 artículos y resuelve de fondo varios de los inconvenientes que padecen a diario las familias que integran las asociaciones de las escuelas porteñas. Entre otros puntos, garantiza la integración de la comunidad y la democratización de la gestión educativa; y en su artículo 6, estipula que las cooperadoras escolares podrán: “Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales; Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos; y recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil”. Este último punto es vedado en la mayoría de las cooperadoras por el gobierno porteño, dejando relegada la realización de eventos (artísticos, culturales, festivos) para que las cooperadoras de escuelas porteñas puedan recaudar fondos y subsanar el poco presupuesto anual que les destina Soledad Acuña. “Cada escuela debería tener su cooperadora, familias organizadas que a la par de la conducción, los docentes y los estudiantes puedan hacer de la escuela un espacio cada día mejor, y eso necesita reglamentarse y regularse y que no quede a disposición de las personas puntuales que ocupan esos roles circunstancialmente”, destacó a Tiempo Patricia, del cuerpo de delegados y delegadas de la Comuna 5. “No tenemos ninguna ley que nos regule. La única normativa que nos ampara es una ordenanza municipal que ha quedado caduca. Es sumamente necesario para que la comunidad educativa en su conjunto crezca y se fortalezca”, agrega.

23.5.2022

La Retaguardia

Uno de los puntos más criticados del programa Secundaria del Futuro fueron las pasantías que debían realizar los y las estudiantes del último curso de colegios de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes empresas seleccionadas. Leila y Micaela, dos estudiantes secundarias que actualmente están realizando estas prácticas no pagas que demanda el programa, hablaron al respecto en el programa Estás muteadx, de Radio La Retaguardia.

La Secundaria del Futuro comenzó a implementarse parcialmente en 2018, de la mano de la NES (Nueva Escuela Secundaria). Ese año hubo una toma colectiva de colegios secundarios, con diversas proclamas. Desde las problemáticas edilicias (techos que se caían -y aún lo hacen-, pérdida de gas en aulas, entre otras tantas), hasta la implementación efectiva de la NES. Las escuelas artísticas y técnicas vieron sufrir cambios en su funcionamiento, al tener que convertirse en “orientadas” o “especializadas”.
Uno de los puntos de la ‘transformación’ de la NES se trata de que los y las estudiantes deben realizar “pasantías” (prácticas no pagas en empresas). Gran parte de la comunidad de la educación pública -estudiantes, madres y padres, docentes y no docentes, algunos gremios del rubro- se opusieron a este punto, y lo siguen haciendo. En los últimos años, algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, fueron y son ‘pilotos’ en estas pasantías. La secundaria de la Escuela Superior de Educación Artística de Danzas N° 1 “Nelly Ramicone”, es una de ellas. Por esta razón, Leila y Micaela, estudiantes secundarias de ese colegio, pasaron por el programa Estás muteadx, de Radio La Retaguardia, y hablaron acerca de la implementación de estas prácticas.
“El miércoles 4 de mayo hicimos una sentada en la puerta de nuestra escuela, en reclamo contra las prácticas laborales. Porque nos están mandando a hacer pasantías a diferentes escuelas de Música, y eso nos está ocupando el horario de las materias de Danza, que es nuestra carrera y por lo que venimos a este colegio. Además nos están mandando a escuelas de Música de Violoncello, por ejemplo, y nosotras no tenemos una formación específica en eso”, comenzó Micaela.
Por otro lado, agregó que las pasantías no son cerca de sus escuelas, son en el turno vespertino/noche y que no se les contemplan los viáticos. Tampoco reciben viandas. Y desde ya que las pasantías no son pagas.
Leila contó que en las pasantías tienen que ir a clases de Música, observar y luego ver cómo intervenir con el cuerpo, en cursos de niños y niñas de entre 5 y 10 años, en clases de expresión corporal, pero que no tienen estudios ni preparación para trabajar con niñeces.
Además dijo que la Secundaria del Futuro “por ahora no está implementada en todas las escuelas de la Ciudad. Solamente en las que son piloto, como la nuestra. Por ejemplo, en la Escuela de Cerámica Arranz, recién ahora están empezando con esto”. La estudiante secundaria comentó cuáles son las otras problemáticas que se viven hoy en las escuelas secundarias de la CABA:
En nuestras escuelas se caen los techos. Este último tiempo estuvimos sin agua porque no alcanzan las bombas para cubrir a todo el colegio, por lo que muchas veces tuvieron que suspenderse las clases. Hay colegios que vienen peleando hace mucho por nuevos edificios y no se los dan”, reclamó.
Leila contó cómo vivieron la última actividad que realizaron estudiantes del Danzas 1, el pasado miércoles: “Realizamos una sentada en la puerta de la escuela, de forma pacífica. Tuvimos bastante apoyo de docentes y de la gente que pasaba. Se detenían a ver los carteles o nos preguntaban acerca del problema”.
Sobre las pasantías que están realizando, la estudiante criticó que en las mismas tengan que dar clases cuando, justamente, una de las cosas que cambió este nuevo sistema fue que al egresar del colegio secundario ya no se les otorga el título docente. Antes, junto a las materias de práctica artística, había formación pedagógica y los y las estudiantes salían de la secundaria con titulación que les permitía dar clases en primaria: “No estamos preparados para hacer esos trabajos. Y me parece muy loco que los mismos que nos sacaron los títulos de docente son los mismos que ahora nos ponen prácticas laborales no pagas, dando clases ¿Qué sentido tiene si no vamos a ser docentes?”, concluyó Leila.

21.5.2022

Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina habían sido condenados en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y robo a mano armada a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en Barracas.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó las condenas impuestas en 2018 por el Tribunal Oral N° 9 a los prefectos Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli. En su resolución, los jueces Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morín prestaron especial atención a la detención arbitraria que sufrieron Iván y Ezequiel. Confirmaron que fueron detenidos y trasladados sin motivo alguno por los prefectos, quienes decidieron golpearlos, esposarlos y secuestrarlos sin dejar rastros. La arbitrariedad de las detenciones y su ocultamiento posibilitaron las torturas que le siguieron.
La noche del 24 de septiembre de 2016 Iván Navarro vio que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, en la villa 21-24 de Barracas, CABA. Iván se acercó para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar tres móviles de la PNA con 10 prefectos. Lo que siguió fue un ejemplo de las rutinas de hostigamiento, detenciones ilegales, golpes y, en algunos casos, torturas que los efectivos de la PNA desplegaron en la zona de Barracas en los últimos años. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de un baño químico, al lado de la garita, donde lo golpearon y amenazaron. Dentro de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas y humillaciones, y el robo de varias de sus pertenencias. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con sus armas de fuego. Luego los dejaron ir.
Existen numerosos hechos como este que quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados, sobre todo por el miedo que tienen los jóvenes a las represalias de los efectivos de las fuerzas. Pero en este caso la intervención de La Garganta Poderosa permitió visibilizar la actuación de los prefectos y lograr la recolección de prueba sólida y contundente que demostró la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos.
Los jueces de Casación consideraron que los testimonios de los jóvenes fueron contundentes y que toda la prueba recolectada confirma sus relatos. En paralelo, rechazaron las versiones de los prefectos: algunos de ellos negaron haber estado en el lugar, otros dijeron que aunque estuvieron en el lugar no vieron, ni escucharon nada, y otros, que los llevaron hasta el Riachuelo para liberarlos y que les pegaron para darles unos “correctivos” buscando quitar gravedad a lo que les hicieron. El fallo también consideró la carga discriminatoria que tuvieron las manifestaciones y las acciones de los prefectos contra los dos jóvenes. Como, por ejemplo, cuando al momento de robarles sus pertenencias hacían referencia a que “no se merecían tener todo eso” por el barrio en el que vivían.
Ahora deberá continuar la investigación sobre otros prefectos que, de acuerdo a la prueba recolectada durante la investigación y el juicio, se supo que también estuvieron involucrados en estos hechos.
El CELS y La Poderosa son querellantes en la causa.

20.5.2022

Por Martín Suárez

La licitación para el segundo tramo del Metrobus, que permitirá apenas una reducción de tres minutos de viaje, ronda los 2500 millones de pesos. Esta cifra equivale a la construcción de tres escuelas primarias y representa 2/3 del presupuesto de Infraestructura Escolar de este año.

En las últimas horas, el gobierno porteño publicó las ofertas presentadas por las privadas, para la Licitación Pública Nº 10179-0023-LPU22. La misma es para la construcción de los 16 paradores a lo largo de casi 2000 metros (19 cuadras) que terminará la extensión del segundo tramo del Metrobús que irá de Paseo Colón e Independencia hasta Alte. Brown y Aristóbulo del Valle.
Entre los datos oficiales difundidos por el ejecutivo local, el presupuesto base estimado por cada parada del nuevo Metrobus, será de $96.525.311. Pero las firmas empresas que se presentaron a la Licitación, entre las que se encuentran CONSTRUMEX S.A., MIG S.A., NIRO CONSTRUCCIONES S.A., BRICONS S.A.I.C.F.I. y MIAVASA S.A., realizaron una oferta que está muy por encima del gasto oficial, que superan ampliamente los $130 millones cada uno de los paradores. Cabe señalar que el costo final de este segundo tramos, tendrá un costo entre 1600 y 2300 millones de pesos, ya que, se le deberá sumar una licitación anterior por casi $750 millones para realizar los carriles únicos. El objetivo de este gasto millonario en la infraestructura, tiene como principal beneficio “reducir tres minutos el tiempo de viaje”, señalan desde el gobierno de la Ciudad.
Los 16 paradores deben ser construidos “con su instalación eléctrica, la ejecución de distintos espacios verdes con el sistema de riego correspondiente, (…) rampas y barandas, la ejecución de isletas y rellanos, la demarcación horizontal con los elementos de seguridad pertinentes”.
Un análisis realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) asegura que el costo de esta obra es “el equivalente a tres escuelas primarias” si es que se toma en cuenta la última licitación que realizó el GCBA para tal fin (“Trabajos de Obra nueva para la nueva Escuela primaria común N° 11 y Jardín de infantes, D.E N° 1 Comuna 1 a emplazar en el Barrio 31”: $638.976.997 o la propia escuela de danzas Jorge Donn.
En el mismo sentido, el documento del ODC afirma que esta cifra, también “es el equivalente a 2/3 del presupuesto destinado a Infraestructura Escolar 2022” y agregan “Aun comparándolo con otras obras de infraestructura que está llevando adelante el gobierno porteño, los casi 2000 millones que se piensan destinar a estos 16 paradores resultan cuanto menos escandalosos”.
El informe compara también los trabajos realizados en el Parque de la Innovación, un predio de 12 hectáreas situado sobre Av. Libertador, donde se realizaron obras de demolición de dos polígonos, drenajes y solados, construcción de calles y de cuatro espacios verdes, implicaron un presupuesto de 2900 millones.

Gastar casi 2.500 millones para ganar tres minutos

El análisis realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, advierte que “la segunda etapa del Metrobus del Bajo no sólo implica ese costo” (de la última licitación presentada), “sino que a ese presupuesto millonario hay que sumarle la Licitación Pública N° 10179-0007-LPU21, por más de 740 millones de pesos.”
Esta Licitación llamada «METROBUS DEL BAJO – ETAPA II – ENTORNO», tiene como objeto el ensanchamiento y construcción de veredas, la reubicación y redistribución de cámaras de seguridad y mobiliario urbano y el diseño en las veredas de nuevos espacios verdes, entre otras tareas, y fue adjudicada a las empresas URBASER ARGENTINA S.A. – SEOB S.A. – SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES – por $744.537.359.
Cabe señalar que, para llevar adelante esta obra, el gobierno porteño realizó una demolición en cadena de diferentes edificios históricos, entre los que se encuentran: el edificio Marconetti y la Escuela Taller Casco Histórico. “Estos más de 2500 millones de pesos que se destinará Larreta al Metrobús del bajo, tienen como justificativo formal un ahorro en el tiempo de viaje” de apenas 3 minutos, concluye el informe.