El fiscal Di Lello insistió para que Macri vaya a juicio por escuchas ilegales
14.3.2014
El fiscal federal Jorge Di Lello insistió en que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vaya a juicio por la causa de las supuestas escuchas ilegales a adversarios políticos y familiares, al sostener que no está de acuerdo en que no existen pruebas contra el líder de Pro.
Di Lello apeló, así, la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien anuló la decisión del primer juez del caso, Norberto Oyarbide, que había cerrado la investigación contra Macri. Por eso, también quedaron anulados la elevación a juicio del jefe comunal presentada por la fiscalía y la querella.
Casanello estimó que no hay una "prueba concreta" que permita sostener que Macri haya ordenado espiar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni al dirigente opositor Sergio Burstein. Tampoco está demostrado en la causa -afirmó- que el jefe de gobierno porteño haya montado una "asociación ilícita" destinada al espionaje clandestino. Dijo que sólo se lo acusaba por ser la cabeza del organigrama del gobierno local, sin pruebas de su actuación.
Di Lello intentó descalificar esos argumentos para que la Cámara Federal revoque el fallo de Casanello. Dijo el fiscal que está "hartamente" probada la relación entre Macri y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, procesado por espionaje. Dijo que fue Macri el que lo propuso para el cargo.
Di Lello consideró que las imputaciones y cargos contra Macri "fueron debidamente acreditados a lo largo de este extenso expediente".
Palacios está acusado de ser quien coordinaba el espionaje.
Para Di Lello, la decisión de Casanello "sustrajo valor objetivo a los hechos ya probados, minimizando lo que ha sido una más que extensa instrucción en la que la parte interesada ha tenido innumerables oportunidades para ejercer su defensa".
Macri está procesado por violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita por supuestamente participar de la intervención de los teléfonos del familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, y de su propio cuñado, Néstor Leonardo.
Pero para el juez no hay pruebas suficientes que acrediten su interés en esas escuchas y citó para el próximo 15 de abril al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, a declarar como testigo.
Además, requirió información de la empresa de seguridad Akerman SA, a la que el empresario Franco Macri, padre de Mauricio, reconoció que contrató para tener información sobre Leonardo.
El juez Casanello espera completar estas medidas de investigación, sobre todo el testimonio de Montenegro, para decidir si sobresee a Macri en el expediente, mientras profundiza quiénes fueron los investigadores que contrató Franco Macri, según él mismo reconoció.
Casanello envió a juicio a Palacios, al policía Ciro James, al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, al ex juez de Misiones José Rey, a su ex secretaria Mónica González y a un grupo de ex policías de esa provincia.
Todos están acusados de formar parte de una organización que intervenía teléfonos de manera ilegal para hacer escuchas ilegales a través de la justicia de Misiones y presuntamente por pedido de Palacios.
El fiscal dijo que le pareció "antojadiza" la medida de Casanello a esta altura del proceso, porque entendió que el momento en que se hace esta valoración es el juicio oral y no la instrucción.
Ésta era la opinión de Oyarbide, que actuaba como suplente en el juzgado que tenía el caso, porque el cargo estaba vacante. Casanello asumió como nuevo juez luego de haber concluido el concurso y formó su propia opinión sobre el contenido del expediente y si había o no evidencias para avanzar contra Macri.
