Crónica de una persecución PRO anunciada: El crimen de defender lo público
17.3.2014
En la mañana del viernes 26 de abril del 2013, los trabajadores se movilizaron para defender el Hospital Público, la salud mental, el patrimonio histórico de la ciudad, las fuentes de trabajo y la preservación de los pacientes psiquiátricos, ante la irrupción ilegal y prepotente del gobierno de Macri que envió a la Policía Metropolitana a ocupar el predio del Hospital Borda para garantizar, a sangre y fuego, la demolición del Taller 19, violando una cautelar dispuesta por la justicia, con el objetivo de ejecutar en ese mismo lugar, la construcción del Centro Cívico.
Dicha situación -violenta en sí misma- generó la reacción angustiante y desesperante de los trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares (que al enterarse de la noticia se fueron acercando al lugar), así como trabajadores de prensa, diputados y representantes de distintos gremios, vecinos y organizaciones sociales, que ante la insistente pregunta sobre quién era el responsable del operativo, solicitando ver la orden judicial que autorizara el hecho (la cual nunca apareció), tratando de generar, en definitiva, diversas instancias de diálogo, recibieron como única respuesta: empujones, gases, palazos y balas de goma de la Policía Metropolitana que utilizó además, escopetas marca “Mossberg” modelo 500T y 590T calibre 12/70 y marca “Benelli” calibre 12/70, disparadas a menos de 2 metros y por arriba de la cintura, dejando un saldo de 50 heridos, incluidos pacientes del hospital, cuyas secuelas son más que físicas.
Ese día, la Policía Metropolitana detuvo a siete personas. El 17 de septiembre, cinco de ellas fueron llamadas a indagatoria por el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 30acargo del Juez Jorge Adolfo López.
Una semana después la justicia citaba a rueda de reconocimiento al Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano para ser señalado por la oficial de la Policía Metropolitana Erica Daniela Fernández, quién lo acusa de haberle ocasionado una lesión en su mano derecha en el momento en que ésta fue a golpearlo con la “tonfa”. El compañero Catalano se encontraba, junto con los demás manifestantes, tratando de impedir el desalojo violento de la Metropolitana desplegado al interior del Hospital Borda por orden del Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, para llevar a cabo la demolición ilegal dispuesta por el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Gustavo Chain.
En octubre ingresaron como querellantes 8 compañeros de ATE, heridos por la Metropolitana.
El 9 de diciembre el juez Jorge López resuelve:
El procesamiento de los 5 indagados detenidos el mismo 26 de abril: Susana Beatriz Bejarano (enfermera, del Hospital Borda); Horacio Adolfo Melnik (trabajador de Talleres Protegidos)y Karina Valeria Maloberti (delegada de ATE- SENASA y miembros del Consejo Directivo de ATE Nacional) por los “delitos de atentado a la autoridad agravado en concurso ideal con desobediencia”; Angela Cristina Díaz Alem (enfermera, delegada de ATE del Hospital Garraham) por “delitos de atentado a la autoridad en concurso ideal con resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves” y María Belén Revollo (periodista de “En Movimiento TV” – Movimiento Popular la Dignidad) por “resistencia a la autoridad.
El procesamiento del Secretario de Organización de ATE Capital,Daniel Catalano, por los delitos de“atentado a la autoridad”agregando, -llegando al paroxismo del absurdo- el delito de“robo en grado de tentativa”, que además contradice los propios testimonios acusatorios.
Por parte de la Policía Metropolitana quedó UN SOLO imputado: el comisionado Martín Jorge Roth (retirado de la Policía Federal Argentina) por los “delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves –treinta y dos damnificados- en concurso ideal con lesión grave sufrida por Jacinto Cañete (arts. 45, 54, 89, 90, 248 del C.P., 306 y 310 del C.P.P.)”
Finalmente, el juez determina el sobreseimiento de todos los funcionarios macristas: desde el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la vice jefa María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta;el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Daniel Chain; el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro hasta la Ministra de Salud Graciela Reybaud.
De esta manera, la parcialidad del juez quedó en evidencia, ya que, no se hace cargo de la orden de no innovar que impedía al Gobierno de la Ciudad la demolición del Taller 19, desestimando por completo tanto la disposición de la justicia al respecto, como el valor histórico del predio aseverado por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y lugares Históricos (04/10/2012). Al mismo tiempo desconoce la responsabilidad política sobre la cadena de mandos de los funcionarios del gobierno porteño que dieron la orden tanto para la demolición, como para la irrupción violenta de unos 200 efectivos de la Policía Metropolitana al interior de un hospital neuropsiquiátrico, sin previo aviso, sin ningún representante que se hiciera cargo del operativo, ni que inste al diálogo para evitar el desmadre al que condujeron, aquel nefasto 26 de abril, cuyas consecuencias sobre pacientes y familiares, trabajadores del hospital y manifestantes heridos aun continúa, sin contar el peligroso impacto medioambiental del asbesto (sustancia cancerígena) liberado por la demolición apresurada que no tomó las medidas de seguridad pertinentes.
Por último, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por el retroceso histórico que representa para nuestro país, que la justicia decida procesar a los trabajadores que fueron a impedir que se consuma un delito (la demolición del Taller 19 sobre el que regía una cautelar) en defensa de los bienes públicos, del patrimonio histórico de la ciudad y de las fuentes de trabajo, dando a su vez lugar -para mayor azoramiento- a la acusación que realizan los efectivos de la Metropolitana por las lesiones sufridas en el acto de reprimir y violentar a los manifestantes que veían con desesperación e impotencia como se destruía su lugar de trabajo ante sus narices, sin que nadie diera explicaciones.
Por eso, repudiamos las resoluciones del juez Jorge Adolfo López que ampara y ubica a los represores de la Metropolitana en situación de víctimas de una violencia que ellos mismos generaron y ejecutaron a sangre y fuego sobre trabajadores, pacientes, reporteros, diputados, y manifestantes; así como el hecho de desligar a los funcionarios macristas de su responsabilidad política por haber dado la orden ilegal para demoler el Taller 19, ponderando negociados inmobiliarios por sobre los derechos ciudadanos.
Al mismo tiempo reivindicamos la actitud de nuestro Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano, así como la de todos aquellos compañeros y compañeras que en una actitud eminentemente solidaria no dudaron en salir a poner el cuerpo por la defensa del hospital público, porque ellos son el más claro y contundente ejemplo de coherencia y responsabilidad política y moral de la lucha histórica que representa nuestro sindicato.
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