Desalojo Villa 20: CONVOCATORIA AL DIÁLOGO DE LOS BLOQUES DE LA OPOSICIÓN
22.3.2014
La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, María Rachid, participó este mediodía de la reunión donde los integrantes de la Comisión de Vivienda, de los interbloques del Frente Para la Victoria, de UNEN y el MST, leyeron un documento en el que fijaron posición frente al posible desalojo del predio de la Villa 20 de Villa Lugano.
El mismo establece que “Movidos por la preocupación que nos genera el posible desalojo del predio de la villa 20 de Lugano, nos reunimos para plantear la necesidad de encontrar una solución pacifica a esta situación, entendiendo que por sobre todas las cosas está el valor de la vida humana.
Si bien compartimos, incluso con los actuales ocupantes del predio, que la intrusión de los terrenos no debería ser la forma de alcanzar una vivienda digna, reconocemos que es en este caso la consecuencia natural de la violación sistemática de las leyes vigentes que el Gobierno de la ciudad viene ejerciendo. La ley 1770 que regula la urbanización de la villa 20 pero también la ley 148, la ley 341, ley 1333, ley 3343, etc.
Entendemos que el Gobierno de la Ciudad no puede plantear como única alternativa el desalojo violento, sobre todo sabiendo que las condiciones de la ocupación del predio actualmente, podrían dejar como resultado la pérdida de vidas humanas.
Por lo tanto, nos pronunciamos a favor de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaure una mesa de diálogo que se aboque a encontrar una solución pacífica y efectiva a esta situación y nos ponemos a disposición para aportar en lo necesario”.
Al respecto, María sostuvo que “vamos a seguir acompañando a los/as vecinos que habitan el predio, como lo venimos haciendo desde la primera instancia del conflicto. La Mesa de Diálogo debe ser la única vía para solucionarlo y asegurar uno de los derechos más básicos como es la vivienda. El Gobierno de la Ciudad no quiere resolver el problema habitacional y así lo demuestra la subejecución presupuestaria del I.V.C, y el incumplimiento sistemático de las leyes de urbanización”.
