SENTENCIA ARBITRARIA SOBRESEE A LOS RESPONSABLES DE LA BRUTAL REPRESIÓN EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO J. T. BORDA
12.2.2015
Desde la querella encabezada por el Secretario Gremial de ATE Capital, Luciano Fernandéz, repudiamos la decisión arbitraria del Tribunal y se hace saber que se recurrirá a la Cámara Federal de Casación Penal para exigir el procesamiento de los autores materiales e intelectuales de la represión salvaje a nuestros/as compañeros/as para poder exigir una investigación profunda e imparcial sobre los hechos denunciados, así como el apartamiento y sanción de las máximas autoridades de la Policía Metropolitana y responsables políticos de la represión llevada a cabo en el Hospital Borda.
El 5 den febrero los Dres. Alberto Seijas y Carlos Alberto González de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a pesar de las pruebas ofrecidas y producidas por esta querella, decidieron arbitrariamente dictar el sobreseimiento de los responsables de la brutal represión producida en el Hospital Borda el 26 de abril de 2013.
De los elementos probatorios aportados, se constatan los apremios y las lesiones sufridas por trabajadores, médicos, pacientes, legisladores y trabajadores de prensa, reprimidos brutalmente por la Policía Metropolitana el 26/04/2013 en el Hospital Borda, conducida y dirigida en el lugar del hecho por el Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y el Subjefe Ricardo Pedace siguiendo instrucciones directas del Ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro.
Sin embargo, el tribunal no tomo en cuenta los testimonios, filmaciones, material fotográfico y documental, que demuestran de forma contundente como operó dicha cadena de mando, realizando un análisis parcial, que termina justificando el accionar desmedido, hartamente probado, de quienes estuvieron a cargo del violento megaoperativo represivo para garantizar la demolición ilegal del Taller Nº 19.
En palabras del Secretario Gremial de ATE Capital Luciano Fernández “nos quieren hacer creer que una decisión intempestiva del GCBA que viola una medida cautelar dictada por un Juzgado, en donde se encuentran involucrados cuatro Ministerios además de la Jefatura de Gobierno, que requirió más de 200 efectivos de la Policía Metropolitana fuertemente armados (incluidos cuatro grupos operativos especiales DOEM, BRI, entre otros), que ingresaron de noche con el apoyo de 10 ambulancias de SAME y el Jefe y SubJefe de la Policía Metropolitana en el lugar para cumplir con dicha orden, sin contar con las más de 6 horas de represión a trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores, careció de premeditación y fue la decisión de unos pocos policías descontrolados… pretenden tapar el sol con las manos…”
En ese sentido, resulta profundamente alarmante el dictamen de los Jueces Carlos A. Gonzaléz y Alberto Seijas de cuya sentencia se desprende que quienes fueron a evitar que se viole la cautelar que regía sobre el Taller Nº 19, que fueron a defender sus puestos de trabajo, la salud pública y la integridad de los pacientes, y como respuesta a su manifestación pacífica, solo recibieron amenazas, agravios y el avance prepotente de la policía, en ausencia de instancias de dialogo por parte de los funcionarios del macrismo, fueran los culpables de haber sido baleados, golpeados y gaseados y que ni el Jefe y el Subjefe de la Metropolitana hayan tenido ninguna responsabilidad sobre dichos hechos, así como tampoco el Ministro de Seguridad porteño, que estuvieron permanentemente comunicados desde la noche anterior, todo ello hartamente probado en la causa.
Luego de 30 años de ininterrumpida democracia, a partir de los cuales hemos ido avanzado como sociedad en la profundización y concientización de los derechos humanos y ciudadanos, alcanzando durante estos últimos años niveles record en debates legislativos, vemos con creciente preocupación que el Poder Judicial, incurra en ciertas prácticas impropias de un Estado democrático, para el cual entendemos cada vez con más certeza la necesidad urgente de una profunda y real democratización de la justicia.
Por la Asociación Trabajadores del Estado
Consejo Directivo Capital Federal
