El negocio de la vigilancia privada
31.12.2015
Fuente: Correpi
En el Gobierno de la Ciudad, de la mano de Macri, nos vimos envueltos en una seguidilla de rencillas sobre las propiedades y responsabilidades de las fuerzas represivas y el constante reclamo de traspaso de la policía federal a la Ciudad. La entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner no estaba dispuesta a perder un cuarto de sus fuerzas federales a favor de su contrincante, lo que motivó que, sin perder tiempo y desbordado de creatividad, Mauricio creara su propia fuerza policial, la Metropolitana. Así se aseguró una manera de participar del control social de los barrios y de cumplir su objetivo de "limpiar" la ciudad de trapitos y vendedores ambulantes para que "seas bienvenido". Como eso no le alcanzaba, fueron numerosísimas las contrataciones de empresas de seguridad privada para custodiar edificios públicos, en una verdadera legitimación de la "tercerización" en materia represiva, especialmente desde 2011, cuando el GCBA suspendió la contratación de servicios adicionales de la PFA.
Ahora, y aunque todo indica que el traspaso de la superintendencia de Seguridad Metropolitana (comisarías y personal de calle) a la CABA es sólo cuestión de tiempo, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, acaba de renovar, licitación mediante, los contratos, siempre con sus empresas favoritas, las empresas Comahue S.A., Murata S.A., Líderes Consultores en Seguridad S.R.L. y Briefing Security S.A.
Murata S.A. tiene íntima relación con Ignacio Antonio Cocca, Director General de Seguridad Privada del GCBA, a través del ex jefe del Departamento de Operaciones Federales, comisario Roberto Raglewski, quien fue pasado a retiro en 2004 en medio de un escándalo de corrupción. Raglewski, cuya esposa María Paula Stella forma parte del directorio de Murata, ya tenía antecedentes por un fusilamiento de gatillo fácil, cuando era titular de la comisaría 45ª. Como siempre, los policías retirados aportan toda su experiencia en el gatillo fácil y el manejo del delito organizado al ámbito privado, y si tuvieron jerarquía además son los que dirigen las empresas.
En el caso de Líderes, en cambio, no es un ex federal el que la dirige, sino un ex bonaerense: el comisario Ricardo Amador Izarriaga, que supo dirigir la caja previsional de la policía, e integra, como revisor de cuentas, el "Centro de Oficiales Retirados" de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ambas empresas, así como la tercera, Comahue SA, han sido denunciadas por los trabajadores del subte, por la híper explotación a la que someten a sus empleados precarizados.
Seguiremos viendo, y sufriendo, a los uniformados privados de estas empresas en espacios y edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Los bolsillos de los empresarios se siguen llenando, y las calles también, pero de control social y represión.
