Por otro #Ni Una Menos, hoy como ayer El Estado y los gobiernos son responsables
1.6.2016
El 3 de Junio 17 hs Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo
Concentramos en Solís e Hipólito Yrigoyen
A días de cumplirse el primer aniversario del multitudinario 3 de Junio donde, a través de la convocatoria por las redes sociales, irrumpieron movilizaciones enormes en las calles y plazas del país, ninguna respuesta se ha obtenido en relación al reclamo y el horror de los asesinatos de mujeres; y la falta de política en relación a ello se instala como un flagelo del que nadie puede ya dejar de tomar nota.
Oportunamente señalamos desde el sindicato y la comisión de la mujer que la violencia contra las mujeres es una de las formas más llanas de regimentación de la sociedad en su conjunto.
El presupuesto en materia de violencia contra las mujeres desnuda el carácter reaccionario de los gobiernos nacionales, provinciales, de ayer y de hoy. Mientras el pacto buitre de coloniaje fue votado por oficialistas y opositores la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, votado en el 2009, al año 2014 el Consejo Nacional de Mujeres recibía 0.80 centavos destinado a cada mujer.
La política de desfinanciamiento está claro que no se supera con una ley a la cual no se le destina un peso siquiera.
Al día de la fecha nada ha cambiado: continúa la cifra escalofriante de una mujer asesinada cada 30 horas y en el ítem de la violencia contra las mujeres, el “sinceramiento macrista de las cuentas” sólo abonó al cierre de programas relativos a las mujeres y la falta de casas refugios, del presupuesto destinado no hay rastros. El propio Consejo Nacional de Mujeres confiesa no tener un peso de presupuesto para ejecutar políticas en relación al flagelo.
Los sectores populares son los primeros en los que se hace sentir la crisis de forma acelerada: los despidos, los bajos salarios, la inflación, la carestía, los tarifazos, el problema habitacional, el vaciamiento de la salud y la degradación en el acceso a la atención sanitaria, son aristas de las que vemos a diario en las escuelas que recibimos los hijos de las familias de trabajadores donde las relaciones sociales se ven fuertemente trastocadas por el ajuste que Macri y los gobiernos provinciales están llevando adelante.
Estas formas de violencia capitalista refractan en las escuelas configurando nuestras condiciones laborales bajo un régimen de descomposición social.
En el gremio docente 8 de cada 10 somos mujeres, razón por la cual somos parte de la enorme masa femenina trabajadora con el extenso pliego de reclamos del movimiento de la mujer en su totalidad, cabezas de hogares y organizadoras familiares, con salarios miserables la sobrecarga laboral es la regla para poder vivir, esto acarrea serios problemas de salud y modifica la propia organización familiar, pero también enfrentamos la violencia que muchas veces se expresa en forma individual pero es social. Desde las relaciones de pareja violentas, a las redes de trata, el aborto clandestino y el femicidio como uno de los eslabones más brutales de la larga cadena de violencias que enfrentamos día a día. Casos siniestros no faltan de ejemplos en el gremio docente, en este sentido el reclamo de la licencia por violencia de género con derecho al traslado del cargo cobra una preponderancia particular.
También somos las que trabajamos con el embarazo adolescente, violaciones y abusos de todo tipo, y la criminalización de las mujeres, todo bajo una ley de Educación Sexual que en su propia letra ampara la injerencia de la Iglesia en la Educación y que le ha negado a niños y jóvenes una Educación Sexual para decidir.
Las desapariciones de estudiantes es otro flagelo al que nos enfrentamos en las escuelas, entendiendo el rol fundamental que cumple la misma en difundir, visibilizar, denunciar y exigir, organizándose con los estudiantes, la comunidad y el barrio.
La violencia a la que nos enfrentamos tanto docentes como estudiantes concentra la multiplicidad de aspectos que provienen de la estructura misma del sistema capitalista, y el Estado y sus gobiernos demuestran total desinterés en abordar esta problemática .
Desde el sindicato Ademys llamamos a la organización de las mujeres trabajadoras de forma independiente de los gobiernos, el Estado y la Iglesia a poner en pie un 3 de junio que lleve la voz de las docentes y las estudiantes a las calles exigiendo lo que nos corresponde.
Licencia Estatutaria por Violencia de Género con derecho al traslado
Educación Sexual con perspectiva de género, científica y no dogmática.
Anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir
Desmantelamiento de las redes de Trata
Separación de la Iglesia y el Estado
Libertad para Belén
Ni Una Menos, hoy como ayer el Estado es Responsable
La Sala II de la Cámara Criminal Federal, con voto de los jueces Horacio Cattani y Eduardo Farah, ratificó el procesamiento del empresario textil Sup Yop Lee, dueño del taller textil de la calle Páez 2976 en el que murieron los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca el 27 de abril de 2015. La querella, conformada por Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, había solicitado la medida ratificada destacando que “los trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento de Páez: trabajaban más de doce horas diarias sin apropiado descanso; trabajaban en precarias condiciones de higiene, ventilación e iluminación; trabajaban en inapropiadas condiciones de seguridad.”
Los camaristas señalaron que “está demostrado el estado de indefensión y de vulnerabilidad manifiesta en el que estaban sumidos los integrantes de la familia Menchaca, motivados por su falta de oportunidades en el país, condicionantes que motivaran a que no tuvieran más opción que la de someterse al abuso de Lee”. Los magistrados consideraron también que está acreditado en el expediente que Lee tenía el manejo exclusivo de la producción, que pagaba ínfimas sumas por las prendas y que el trabajo se realizaba en condiciones desfavorables y de hacinamiento, durante largas jornadas y al margen de las leyes laborales.
El empresario Lee explotaba comercialmente el taller textil del barrio de Flores donde murieron en un incendio los niños Rodrigo y Rolando, hijos de trabajadores textiles que trabajaban en ese taller en gravísimas condiciones de explotación.
El pasado 27 de abril, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, la familia de Rodrigo y Rolando, acompañados por UTE y por la Escuela La Pampa, marcharon por el barrio de Flores hasta el taller para reclamar justicia. Esa misma semana fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia José Alberto Gonzales y el Embajador de Bolivia en la Argentina Liborio Flores.
