A pedir de Angelici: se creó la Inspección General de Justicia porteña
5.10.2016
Pese a que lo impide una medida cautelar, Rodríguez Larreta creó la IGJ local. Su titular es Emilio Najenson, ex asesor de la Lotería de la Provincia y voluntario de “Boca Social”.
Ex asesor tanto del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense como de un integrante de la Coordinadora porteña. Y también voluntario de Boca Social. No hace falta recorrer ningún camino escarpado para notar que el perfil de Hernán Emilio Najenson expone su vínculo político con uno de los principales aliados de Mauricio Macri: Daniel Angelici.
El nombre de Najenson sería anecdótico si el decreto 195 de Horacio Rodríguez Larreta (emitido en marzo de este año), no lo hubiese nombrado como director del Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas. En otras palabras, el símil porteño de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Si se tiene en cuenta el poder que denota el nuevo ente, que se encuentra paralizado desde 2009, se comprenderá porqué el macrismo insiste en su creación.
Cautelar
En 2008 la Legislatura porteña creó este organismo, cuya facultad sería la del registro de sociedades comerciales y la fiscalización no sólo de las locales sino también de “las constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Un año después, la justicia de primera instancia en lo Comercial hizo lugar a una medida cautelar requerida por la Fiscalía General en lo Comercial, disponiendo la suspensión de la ley 2875.
En 2011, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión enfatizando, entre otras razones, la inseguridad jurídica que podría generar la duplicación de registros societarios operando en una misma jurisdicción, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa oficial quedó congelada hasta que Macri llegó a la Casa Rosada.
A comienzos de este año, sugestivamente, la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez convalidó el pedido del Gobierno de la Ciudad, motivo por el cual hizo lugar a la excepción de falta legitimación solicitada, rechazando las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
De esta manera todo quedó apto para avanzar en el sentido pretendido por el macrismo. Giménez, que llegó siendo secretaria de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, se encuentra ternada a la espera de la designación del Poder Ejecutivo Nacional.
Acto seguido, la fiscal general Gabriela Boquín recusó a la jueza, al considerar como un “absurdo la petición del GCBA ya que requiere o pretende que la jueza de grado revoque una sentencia de Cámara, esto es, aquella que dejó firme la medida de no innovar respecto a la puesta en marcha de la ley 2875”.
En esa ocasión, en medio de las filtraciones de los documentos del buffet Mossack-Fonseca, conocido como Panama Papers, Boquín puso el foco sobre el riesgo que conllevaba la constitución de un ente de estas características: “Lamentablemente pareciera que el escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ -organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación- que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”.
Más poder para El Tano
En junio, el Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano, presentó en el Senado de la Nación un proyecto modificatorio de la ley 24.588, con el objetivo de transferir la IGJ a la jurisdicción de la Ciudad. De esta manera, sin abandonar la vía judicial, el Gobierno vuelve sobre sus pasos, ya que pasa a reconocer que debe modificar la norma para poder crear el nuevo organismo.
Asimismo, otro elemento que tienen en cuenta quienes objetan la decisión oficial es el intento por traspasar la justicia nacional a la jurisdicción porteña. Por caso, Jorge Boerr, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), dijo que ve “dificultades técnicas: en el caso de la Justicia penal, tenés un código local acusatorio y otro nacional. En la Ciudad, tenés una organización de jueces que es muy diferente a la nacional. Tenés jueces en la Ciudad que tienen función como jueces de garantía y de juicios. Tienen competencia para delitos menores y competencia criminal de mediana gravedad. En la Justicia nacional, con el nuevo código, es de jueces de instrucción y otros jueces de tribunal oral criminal, que son los que intervienen en los juicios orales. Tenés marcada la diferencia por etapas de intervención. Fusionar esos dos conglomerados de jueces hay que ver cómo se equilibra”.
Uno de quienes defienden dicha resolución es el actual presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, quien tiene como vicepresidente segundo al propio Daniel Angelici. “Si en principio este proyecto sirve para acelerar los tiempos procesales y, por ende, mejorarle la vida a la gente, lo vemos bien pero primero hay que trabajar para que la Justicia local mejore ya que solo tiene veinte años de existencia y, pese a tener un volumen mucho menor de causas, en muchos casos se tarda en resolver un caso lo mismo que la Justicia nacional que tiene 100 años”, sentenció el aliado del Tano.
Como se dijo, la avanzada descripta se da en medio de la aparición de sociedades offshore en las que no sólo figura el presidente de la Nación, sino también el propio Angelici y Boca Juniors. A lo que se suma que, entre otros aspectos, el nuevo organismo a cargo de Najenson tendría una particular injerencia sobre la Asociación del Fútbol Argentino, que actualmente se encuentra intervenida.
A pesar de que su funcionamiento, por el momento, debería interrumpirse, hay quienes indicaron que junto con Najenson (cuyo lugar en el organigrama oficial ya figura en la página del Ministerio de Justicia y Seguridad, conducido por otro angelicista, Martín Ocampo) ya trabajan cinco personas, que figurarían dentro de la IGJ.
Najenson, según su magro currículum en la red social Linkedin, es socio fundador del estudio Spota-Najenson. También fue, durante 2009 y 2016, asesor de una oficina de nombre aparatoso: la de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Allí, desde diciembre, Angelici tiene a uno de su riñón como secretario ejecutivo, el politólogo Fernando Rovello.
A su vez, aparte de formar parte del equipo del excoordinador Marcelo Stubrin, Najenson se jactó de crear la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos del sector de juegos de Azar de la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina.
Y un dato que se torna indisimulable: Najenson se presenta como voluntario en la Fundación Boca Social, que tiene al frente a Enzo Pagani, actual presidente del Consejo de la Magistratura de CABA, y a María Inés Belloni, esposa de Angelici.
Autoconcebido como un jugador superestructural, cuyos tentáculos se extienden hacia diversos y numerosos lugares de los distintos gobiernos macristas, en el lenguaje gubernamental, se dirá: Angelici tiene un nuevo raviol en su esquema de poder.
