La Ciudad gastará 127 millones en equipamiento policial para reprimir manifestaciones
15.4.2017
Por Federico Trofelli
El aspecto más polémico de la compra pasa por las carabinas y lanzadores "less lethal weapon" para "neutralizar sospechosos violentos", armas sobre las que no existe ningún tipo de protocolo.
Al mismo ritmo que se profundizan las medidas económicas recesivas, el gobierno acelera también el gasto en el ámbito de las fuerzas de seguridad, con una direccionalidad manifiesta: equiparlas para reprimir la protesta social. Bajo esta lógica que acumula casos testigo como el de los palos a los docentes del último domingo, la Ciudad de Buenos Aires prevé utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados alistados para combatir manifestantes.
La Subsecretaría de Administración de Seguridad porteña, a través de la Licitación Pública denominada "Adquisición de equipamiento antidisturbio" y del proceso de compra 2900-1398-LPU16, busca que la Policía de la Ciudad esté preparada para enfrentar y dispersar los piquetes que a diario jaquean avenidas y accesos, eje de las sordas disputas entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que con la adquisición de estos implementos represivos parecerían zanjarse definitivamente en la línea de la mano dura.
Los pliegos de licitación contemplan la compra de 1.600 unidades de cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, se pretende adquirir 2.900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos. La Ciudad dispondrá de verdaderos "robocops" para actuar contra cualquier tipo de manifestación en el espacio público.
El tramo de la licitación que más inquieta a los organismos de DD. HH. y a legisladores opositores es el relacionado con la compra de una importante cantidad de "less lethal weapons", es decir, armamento "menos letal". En este capítulo se incluyen 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos", que dispararán postas de pintura o de goma y gas pimienta.
La preocupación por la eventual utilización de estas armas, en un contexto de violencia institucional creciente signado por sistemáticas detenciones arbitrarias en la vía pública y episodios de criminalización de la protesta como los de la marcha del 8M, impulsó al legislador Gabriel Fucks (FpV) a presentar un proyecto de ley para crear una Comisión de Evaluación de Equipamiento que establezca, en caso que no los hubiere, protocolos específicos de actuación para este tipo de armamento.
"No podemos desconocer el incremento de la protesta social en las calles de la ciudad, como tampoco las últimas actuaciones policiales, que dan cuenta de la imperiosa necesidad de recuperar la vigencia de los protocolos de uso de la fuerza conforme a derecho y de robustecer los mecanismos de control de la actuación policial", explica la legisladora Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que acompañó la presentación de Fucks.
Un año atrás, Amnistía Internacional elaboró el documento "Impacto sobre los DD. HH. de las armas menos letales y otros materiales para hacer cumplir la ley". Concluye que en 25 años se multiplicaron los fabricantes de este tipo de tecnología y su penetración en países donde escasean los controles, y dice que "las municiones de plástico, goma, pintura y los agentes químicos irritantes, como pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, pueden causar lesiones graves e incluso la muerte". Un riesgo que crece si el propio poder político relativiza la vigencia del derecho a protestar.
