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¿Escuela secundaria del futuro?

20.9.2017

Hace algunas semanas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires difundió un Powerpoint en el que desarrollaba su propuesta de reforma de la educación secundaria. Esto fue acompañado por la intervención de representantes de la cartera educativa en medios de comunicación destacando las “bondades” de esta reforma en ciernes, sin brindar demasiados detalles de su implementación. No se han desarrollado congresos pedagógicos con la intervención de especialistas ni elaborado documentos que sostengan o respalden las reformas que se pretenden aplicar y mucho menos se ha especificado la forma en que se implementaría un cambio de tal magnitud.

Cabe destacar que al momento ya existe una reforma educativa y curricular en curso, la Nueva Escuela Secundaria, que comenzó a implementarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2014 -en algunas escuelas “piloto”- y oficialmente en 2015 en las 143 escuelas secundarias que existen en la Ciudad.

Dicha reforma, en consonancia con la Ley Nacional de Educación (2006) y con las resoluciones del Consejo Federal de educación implicó una transformación importante de la estructura curricular de la escuela media, la incorporación de nuevas materias en detrimento de otras que quedaron afuera y tuvo como una de sus consecuencias la pérdida de miles de horas de trabajo por parte de los docentes de las materias afectadas, que debieron dejar las aulas y pasar “a disponibilidad” o a conformar los denominados “proyectos especiales” dentro de las escuelas.
La denominada NES determinó en la discusión previa a su aplicación un fuerte rechazo de docentes y estudiantes y muchos de los problemas anticipados se cumplieron, como la precarización en las condiciones laborales de los trabajadores. En 2017 recién se está implementando la reforma en el 3° año y durante los próximos dos años quedarían incluidos 4° y 5°.
Por consiguiente, este nuevo proyecto de reforma se pretende aplicar sobre una escuela secundaria que ya se encuentra implementando cambios profundos y cuyos resultados ni siquiera han podido ser evaluados. 
Es en este contexto en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanza este proyecto, que según han manifestado gremios docentes como UTE y Ademys, no incluye fundamentos para su implementación, ni un análisis de las realidades educativas de las escuelas y mucho menos de la población estudiantil que asiste a la Escuela Pública. Y este es un tema no menor ya que, hasta el momento, la reforma sería implementada solamente en la Educación Pública; en los hechos, las escuelas privadas quedarían en una suerte de virtual “autogobierno”.
Este es otro de los puntos que despierta suspicacias entre quienes se manifiestan en contra; si la reforma es tan maravillosa, ¿por qué sólo se implementaría en el sistema público? Muchos sostienen que de esta manera se estarían profundizando las desigualdades en el acceso a la educación.
El último punto problemático, antes de entrar en la propuesta en sí, tiene que ver con lo que reclaman docentes y estudiantes; que no ha participado del diseño de la propuesta ninguno de los actores esenciales de la educación; los trabajadores docentes, los estudiantes y sus familias. Con estas consideraciones, más allá del contenido del Proyecto, aplicar una reforma de esta magnitud dentro de unos pocos meses resulta, al menos, de una improvisación notable.

Con respecto a la propuesta de reforma, la misma implica una reformulación de la estructura curricular en áreas afines –ciencias sociales, naturales, expresión- lo cual en un principio implicaría una “primarización” de la currícula, en desmedro del conocimiento disciplinar específico y de la formación docente actual.
El proyecto no indica cómo se realizaría dicha articulación de contenidos ni qué pasaría con las horas de trabajo de los docentes que, además pasarían a ser “facilitadores”, según los términos del proyecto. Se reemplazarían las notas y promociones por “créditos” y se modificarían las dinámicas de clase, destinando un 30% del tiempo escolar a clases dadas por el docente y un 70% a “actividades autónomas y colaborativas”, con un esquema semi presencial en el que aparecerían cuadernillos y formatos de evaluación estandarizada, de los que tampoco se dice mucho, elaborados probablemente por organizaciones no gubernamentales ligadas al sector privado. Además, el proyecto remarca la importancia del trabajo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y con soportes tecnológicos de avanzada.
Esto contrasta con la realidad de las escuelas, que no cuentan con recursos necesarios básicos como proyectores, computadoras, salas de video, etc. Cabe destacar también que los Gobiernos nacional y de la Ciudad han dado de baja el programa “Conectar Igualdad” y han suspendido tanto la asistencia técnica en las escuelas como la entrega de computadoras a los estudiantes de la escuela secundaria. Los dichos y los hechos parecieran ir a contramano unos de otros.

Otro de los puntos que ha despertado la voz de alarma y que mayor rechazo genera tiene que ver con la implementación  de las denominadas “pasantías” en empresas y organizaciones del sector privado durante el 5° año, lo cual en los hechos implicaría que los estudiantes se conviertan en mano de obra barata, o directamente gratuita.
En vez de realizar tareas formativas en base a sus propios intereses, pasarán a engrosar las filas del trabajo precario en desmedro de otros trabajadores, que no podrán competir con estos contratos flexibles o gratuitos. Además, durante el 5° año, esta experiencia de trabajo gratuito iría en desmedro de la formación académica, ya que se eliminarían las materias curriculares del 5° año, como Literatura, Matemática o Historia.
En vez de estar en la escuela y estudiar, los estudiantes serán arrojados a un mercado de trabajo que, todo parece indicar, se contrae cada vez más. Numerosos especialistas en educación y gremios docentes sostienen que este aspecto de la reforma educativa es la muestra de que la Escuela Secundaria del Futuro es una reforma hecha a medida de las necesidades del Mercado, que requiere jóvenes poco formados y dispuestos a trabajar en  condiciones precarias, necesarias para maximizar la rentabilidad de estas empresas.

Son muchos los puntos que estudiantes y docentes rechazan de este proyecto, pero por sobretodos ellos prima el señalamiento de las condiciones en que se pretende aplicar la reforma; sin consenso ni diálogo, sin fundamentos ni diagnósticos profundos de la realidad del sistema educativo y de las necesidades de las escuelas, sin análisis de las complejas realidades de los jóvenes que asisten a la escuela pública; todo ello hecho a las apuradas, de manera improvisada pero queriendo arrancar cuanto antes. Por ello ya han anunciado al 2018 como fecha para el arranque.

Más allá de las consideraciones sobre las medidas de fuerza tomadas por los estudiantes, un hecho innegable a la luz de los hechos es que las tomas de escuelas han puesto en debate y han instalado en la opinión pública un tema del cual, sin ellas, la sociedad no estaría hablando.

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