Pensar a la movilidad como un derecho fundamental
6.1.2018
Por Federico Conditi*
El aumento en el valor de las tarifas de los servicios públicos de colectivos, trenes y subtes que anunció en conferencia de prensa el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, exige un debate mayor, que es el del modelo de transporte público que queremos para nuestro país.
La normativa vigente no lo exige, pero la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entiende como una herramienta positiva para el tratamiento de subas en las tarifas de los servicios públicos el llamado a audiencias públicas. Más allá de la consulta ciudadana que se realizará por Internet y redes sociales en los próximos días, las audiencias públicas son mecanismos transparentes que permiten que las voces de todos los sectores sean escuchadas a la hora de conformar nuevos cuadros tarifarios. La necesidad de contar con esta clase de instrumentos institucionales quedó de manifiesto tras el anuncio, cuando se comprobó la falta de información pública respecto a la composición técnica de las nuevas tarifas, algo que no fue explicado en el microcine del Ministerio de Hacienda. Es necesario ir hacia una gran audiencia pública conjunta en la que se aborde integralmente a todos los servicios que componen al transporte público y abandonar definitivamente la idea de compartimentos estancos, en donde los trenes parecen no tener nada que ver con los colectivos, y estos a su vez con la red de subterráneos.
La creación de la tarifa multimodal, llamada Red Sube, aparece sin embargo como una iniciativa positiva que se asemeja mucho a la propuesta que el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, le acercó a Guillermo Dietrich en mayo de 2016 y que fue ratificada en presencia del defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en diciembre del año pasado.
Es necesario alcanzar mayor previsibilidad para todo el sector del transporte. El único asunto a discutir no puede ser únicamente la cuestión tarifaria. Hay que mejorar las condiciones en las que se viaja, ir en busca de mayores estándares de calidad y garantizar la accesibilidad física y económica para todos los usuarios y las usuarias de los servicios. Es preciso rediscutir el financiamiento del sistema de transporte.
Por último, como señala el Artículo XIII de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad –instrumento coordinado por la Habitat International Coalition dirigido a fortalecer los procesos de integración urbana y perteneciente al Foro Social de las Américas- es deber de las ciudades “garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación (…) a través de un sistema de transporte público (…) a precio razonable”. Hay que comprender que la movilidad constituye un derecho fundamental de las personas, su pleno goce permite el ejercicio de otros derechos tales como el acceso a la educación, al trabajo, la salud. La tarea consiste en mejorar día a día la infraestructura y los medios de transporte disponibles sin descuidar por ello el bolsillo de las familias.
* Director de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo Ciudad de Buenos Aires
