Boca Juniors avanza con la apropiación de tierras públicas
18.1.2018
Por Vivian Palmbaum
El lunes por la mañana el barrio de La Boca amaneció con la novedad: Desde el Club Boca Juniors se ordenó el enrejado de “El Campito” en Casa Amarilla.
Estas son las únicas tierras públicas y espacio verde para el barrio. Un espacio codiciado por la dirigencia del Club xeneise y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le cedió en una maniobra sospechada de ilegal por ofrecerlo a un precio muy por debajo de su valor de mercado.
Una disputa que casi cuesta dos vidas, que favorece el mega emprendimiento del Club, en línea con la corporación inmobiliaria sobre la zona, auspiciado por el gobierno de la Ciudad que la declaró Distrito de las Artes. Boca Juniors salió a responder a las protestas con una puesta en escena marquetinera: un volante explicativo de un “proyecto social” para esas tierras abandonadas, tal como ellos las presentan, en una acción benefactora que los beneficia claramente. Alambrar una práctica de la clase social terrateniente que llega hasta nuestros días.
Haciendo un poco de historia
El pasado lunes, en medio de la feria judicial y con apuro, el Club Atlético Boca Juniors comenzó a enrejar “El Campito”, un espacio público que está en disputa judicial, por la acción de los y las vecinas y organizaciones que se oponen a la transferencia del único espacio verde del barrio.
En junio de 2017 el juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a una medida cautelar, interpuesta por vecinos y vecinas del barrio y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y suspendió la licitación privada, mediante la cual Boca Juniors se había quedado con tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se conoció, el predio había sido vendido por el Gobierno porteño al club mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Este modus operandi violaba las disposiciones que obligan a que este tipo de transferencias de tierras públicas contara con la aprobación de la Legislatura. Las tierras, además, estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales, en un barrio con uno de los mayores déficits habitacionales de la ciudad. En su lugar la dirigencia de Boca Juniors sueña con un estadio-shopping contrario a la zonificación del predio, otra de las tantas causales que tomó en cuenta el magistrado para dictar la medida.
La comunidad popular de La Boca, cuyos habitantes sufren cotidianamente el hacinamiento, los reiterados incendios y desalojos de los conventillos -que están en vías de extinción-, encuentra un respiro en el último espacio verde.
El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, conocido como el operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, entre otras cosas, encontró el mejor momento para interrumpir la cautelar. La medida fue apelada, pocos días antes de finalizar el año y que se abriera el período de feria judicial, convenientemente para los intereses de la dirigencia de Boca Juniors, y la Cámara anuló lo actuado por el juez Scheibler. Mientras las tierras continúan en disputa, Boca ordenó alambrar “El Campito” de Casa Amarilla.
Tierras valiosas
En mayo de 2016, en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, donde los vecinos se habían autoconvocado por la necesidad de tratar la sesión de tierras comunales de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, se produjo una situación de violencia, amparada por las autoridades públicas, que llegó hasta el intento de asesinato de dos participantes del debate plenario. Los culpables, que pudieron ser identificados por las imágenes, tenían nexos conocidos con funcionarios del gobierno del PRO, pero que casualmente tardaron en ser detenidas. El intento de asesinato dejó claro la magnitud de la disputa. Expandirse, mientras se favorece un endeudamiento descomunal para el club, que abre las puertas a las sociedades anónimas de los clubes de fútbol: una iniciativa que este año tomará nuevo impulso. El sueño de Mauricio Macri, desde que fuera presidente del club que lo llevó a ocupar el sillón de la Casa Rosada.
La Boca
La Boca no solamente sufre uno de los mayores déficits habitacionales de la CABA, sino que sus habitantes se organizan para manifestarse frente a las cotidianas amenazas que sufren, como parte de un entramado que busca desalojar una zona que es parte de la corporación de negocios de la zona sur. A ello se suman reiterados casos de gatillo fácil y violencia institucional.
El lunes, frente a la avanzada del club, los vecinos se autoconvocaron en asamblea para organizarse y enfrentar la situación de apropiación de las tierras públicas. El martes al medio día, nuevamente vecinxs y organizaciones se movilizaron frente a las puertas del club para exigir una respuesta de sus autoridades, que no respondieron por lo que vecinas, vecinos y distintas organizaciones se organizan para continuar los reclamos.
Una movilización vecinal de la que las autoridades del club parecen haber tomado nota, ya que salieron a responder con un volante en donde se anuncia el Proyecto Social de Boca Juniors, destinado a esos terrenos “descuidados durante los últimos 30 años”, tal como ellos lo anuncian. Un club que se proclama para salvar al barrio pero no le da lugar los sectores populares, que sin embargo se convirtió en una boutique, de acceso restringido a quienes puedan pagar y al que además, entre los requisitos para asociarse es necesario tener tarjeta de crédito, algo bastante inaccesible para los sectores que habitan el barrio.
Noel Sbarra, en su texto Historia del Alambrado en la Argentina consigna que en 1874 la invención del alambre de púa, en los Estados Unidos, constituye uno de los hitos en la práctica de cercar campos. En la Argentina esa práctica se consolida alrededor de 1880 y fue necesario que el gobierno de Bartolomé Mitre introduzca una legislación que ponga límite al abuso de los propietarios. Nuestra historia está llena de ejemplos de apropiación de tierras por parte de las clases dominantes, desde la conquista y colonización en adelante, a la que los pueblos se resisten cada vez que es necesario.
Un nuevo capítulo se dirime en el territorio urbano del barrio de La Boca, en donde vecinas, vecinos, organizaciones políticas, sociales y culturales se oponen a los poderosos intereses económicos, que cuentan con auspicio de las políticas públicas de los gobiernos nacionales y de la ciudad.
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En un artículo reciente de Mario Hernández, publicado en Marcha el 12 de enero, ya se señalaba que en el Canal de la Ciudad, “el 90% de los trabajadores está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia”.
El ajuste en los medios de comunicación llegó con la intención de quedarse.
