Comunicadores del Sur

29.4.2018

Daniel Satur

En la Legislatura porteña ya funciona la Comisión Especial contra la Violencia Institucional presidida por Myriam Bregman. En su primera reunión referentes de derechos humanos aportaron datos y denuncias.

El miércoles a la tarde en la Legislatura porteña, se presentó la Comisión Especial contra la Violencia Institucional, conformada por una decena de legisladoras y legisladores y presidida por Myriam Bregman del PTS-Frente de Izquierda.

La enorme convocatoria, con una nutrida presencia de personalidades y referentes de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, estudiantiles y barriales, demostró por un lado la necesidad de concentrar información, denuncias y aportes para poder dar cuenta del estado de situación de la represión y la criminalización de la protesta social. Y por otro la valoración positiva de que se haya puesto en pie la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de la Legislatura, presidida además por una referente de la defensa de las libertades democráticas y la lucha contra la represión y la impunidad como Bregman.

En la primera reunión de este miércoles tomaron la palabra la propia Bregman, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Gastón Chillier, la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, Tatiana, referente de La Poderosa, el coordinador de Liberpueblo Nicolás Tauber, el abogado del sindicato docente UTE Nahuel Berguier, la referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) María Elena Naddeo y el diputado del PO-FIT Gabriel Solano.

 

“Un incremento de la criminalización de la protesta en todo el país”

 

En la presentación, Bregman dijo que en un primer período de funcionamiento de la Comisión Especial el eje temático central de trabajo será la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles. “Nos parece que entre todos los temas de violencia institucional que hay, sobre los que hay que ir trabajando por partes para poder ahondar y hacer un seguimiento profundo de cada uno, en este primer período vamos a estar trabajando sobre la criminalización de la protesta”, destacó.

La diputada agregó que ya hay un acuerdo entre los miembros de la Comisión Especial “para que en la próxima reunión se trate un punto específico, que es el hostigamiento a estudiantes secundarios tanto dentro de las escuelas como en las inmediaciones por parte de la Policía de la Ciudad. Ese tema es el que nos va a convocar en la próxima reunión y vamos a invitar para ello a estudiantes de diferentes escuelas”.

“Vemos un claro incremento de la criminalización de la protesta en todo el país, conmocionado por los hechos que terminaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y de eso no está exenta la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento de represiones violentas y de causas judiciales con detenidos y prácticas”, afirmó Bregman.

Y enumeró varios hechos que ejemplifican esa escalada. La represión a la murga del Bajo Flores en 2016 y una posterior reivindicación del hecho por parte del Ministerio de Seguridad; la persecución desatada contra mujeres después de la masiva movilización del 8 de marzo de 2017, con varias detenidas con causas que luego terminaron cayendo por absoluciones; el método de “cacería generalizada” implementado en muchas movilizaciones, como la del 1° de septiembre de 2017 por Santiago Maldonado, con más de 30 detenidos y una represión directa a periodistas y personas que registraban las detenciones ilegales; y por supuesto las graves represiones a las multitudinarias protestas de diciembre contra la reforma previsional en el Congreso.

Destacó algunos elementos que se ven en esta escalada. Por un lado que muchos policías que participan de las represiones a protestas sociales, cuando van a dar sus testimonios judiciales, declaran que pertenecen a “unidades especiales de combate al crimen”. Por otro lado, muy preocupante, el uso sistemático (como mecanismo represivo institucional) de agentes químicos contra los manifestantes, entre ellos gases cada vez más letales que hacen imposible respirar, con la intención explícita de herirlos. A eso se suma el incremento exponencial de la cantidad de agentes policiales de civil y de inteligencia en las manifestaciones, que se aprestan en la zona antes de que estas comiencen y luego cambian de rol y al final de las marchas pasan a participar de las detenciones.

Hechos cada vez más graves como la pérdida de ojos o de la visión por parte de varios manifestantes que fueron atacados a balazos de goma en la protesta del 18 de diciembre, donde se evidenció la deliberada intención policial de herir de gravedad. Dos de esas víctimas, Daniel Sandoval y Horacio Ramos, estuvieron presentes en la reunión.

Informó, a modo de ejemplo clarísimo, que ella y el abogado Matías Aufieri (CeProDH) iniciaron una querella en los tribunales de Comodoro Py por el espionaje ilegal del que es víctima la familia de Santiago Maldonado. Precisamente muchos de los hechos denunciados en esa causa, aunque realizados por Gendarmería con el aval del Gobierno Nacional, ocurrieron y ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea porque el espionaje se realiza en el interior del país pero los teléfonos que lo receptan están radicados en la Ciudad o porque directamente se hace cuando la familia Maldonado está cumpliendo tareas en la Ciudad.

Otro ejemplo mencionado por Bregman es la denuncia de trabajadores de prensa de la agencia estatal Télam, quienes fueron seguidos por un auto particular cuando cubrían una manifestación. Los ocupantes de ese vehículo, al ser encarados y preguntarles quiénes eran, confesaron ser policías de la Ciudad que tenían la orden de perseguir a militantes de Barrios de Pie.

La Comisión tomará como un elemento de preocupación y seguimiento el uso reiterado de figuras jurídicas que estaban abandonadas pero vuelven a implementarse para criminalizar, como las de “intimidación pública”, “rebelión” y “sedición”, lo que permite al Estado armar causas que tramitan ante el Poder Judicial Federal. Figuras que luego no pueden ser sostenidas y terminan en faltas de mérito y absoluciones.

El ataque a legisladores y legisladoras también es un hecho grave que se está repitiendo. El caso de Raúl Godoy en Neuquén (con un disparo policial en el pie cuando manifestaba junto a los trabajadores de la maderera Mam), tiene su correlato en Buenos Aires con los ataques con gases y hasta con perros a diputados nacionales y de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso durante las jornadas del 13, 14 y 18 de diciembre. A lo que se suman denuncias penales de particulares ligados al Gobierno o directamente de la ministra de Seguridad de Patricia Bullrich contra diputados y diputadas por el mero hecho de haber participado de manifestaciones obreras y sociales.

A todo lo anterior Bregman agregó la grave situación por la que están atravesando los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, presos políticos en una causa por “sedición”, armada luego de los hechos del 18 de diciembre en la Plaza Congreso.
El Caso Chocobar (por el policía que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc en diciembre pasado y luego fue recibido con honores en la Casa Rosada) también se incorporará al estudio de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional.

 

Chillier: “Hay decisiones políticas, más allá de la práctica policial”

 

El director ejecutivo del CELS definió como “una muy buena noticia que Myriam Bregman sea quien preside esta comisión, por su experiencia legislativa y sobre todo como abogada de derechos humanos, defendiendo muchísimas causas contra la represión”.

Chillier destacó que podría pensarse como el “debut” de esta escalada represiva de la Policía de la Ciudad (con participación también de la Federal) los hechos ocurridos luego de la movilización del 8 de marzo de 2017, donde se implementaron muchas de las prácticas que luego se repetirían en otras manifestaciones sociales y políticas. La “cacería” indiscriminada, las detenciones arbitrarias sin causales que las justifiquen (de hecho un año después las imputadas fueron sobreseídas) y con cargos graves, la humillación rayana con la tortura en los momentos de las detenciones, el uso de la “incomunicación” como forma de impedir el contacto entre detenidos y abogados de derechos humanos y el accionar posterior del Poder Judicial son elementos que configuran una situación preocupante y que ameritan una discusión a fondo.

“Sería bueno que esta Comisión investigue cómo se producen y cómo se organizan los operativos, ya que hay claramente una decisión común entre el Poder Ejecutivo y las policías que hacen un sumario para decidir si una causa es general o es extraordinaria. Ahí hay decisiones políticas, más allá de la práctica policial en sí”, afirmó Chillier.

El CELS, junto a otras organizaciones nacionales y de otros países, confeccionó un informe sobre la participación de policías de civil y de personal de inteligencia en manifestaciones, ambas cosas prohibidas por ley. Ese informe será entregado a la Comisión Especial para que utilice en sus investigaciones.

Otro punto destacado por Chillier fue la compra de armamento para las policías, donde cumple un rol central la relación comercial con Israel en temas de equipamiento para control de manifestaciones y software para seguimiento e inteligencia. Sobre ese tema sugirió que se realicen pedidos de informes a los poderes ejecutivos de la Ciudad y nacional.

También desde el CELS se denunció que funcionarios del Ministerio de Seguridad, encabezados por Patricia Bullrich, hagan una valoración positiva del accionar criminal de las policías, tomando como únicamente ciertas las versiones de efectivos policiales, aún a pesar de que luego en instancias judiciales esas versiones son rebatidas, desmentidas y desestimadas, lo que incluye el procesamiento de esos mismos uniformados.

 

Verdú: “Atravesamos un verdadero estado de excepción”

 

La abogada de la Correpi felicitó “por la iniciativa de crear y dar funcionamiento a esta Comisión” afirmó el “compromiso de todo el apoyo de parte del movimiento antirrepresivo. Nunca más oportuno porque estamos atravesando una etapa del país y de la Ciudad que nosotros caracterizamos como un verdadero ’estado de excepción’ con desaparición de derechos y garantías”.

Graficó la situación con las recientes declaraciones periodísticas del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien intentó desmentir a Correpi y otras organizaciones asegurando que la Policía de la Ciudad “no tiene un solo caso de gatillo fácil”, e incluso dijo que tampoco la Metropolitana los tuvo.

Verdú recordó que “en los primeros catorce meses de existencia de la Policía de Ciudad, es decir desde el 1° de enero de 2017 a febrero de este año, la Correpi tiene registrados 27 fusilamientos que muy probablemente no sean todos, porque muchas veces el policía de la Ciudad mata en la Provincia, cuando está de franco y de civil”. Y en el caso de la Metropolitana, Rodríguez Larreta parece no conocer los 20 casos registrados por la Correpi.

La abogada detalló varios de los hechos en los que interviene como querellante y relató cómo son algunos de los modus operandi de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y otras instituciones estatales en pos de la criminalización de los sectores pobres de la sociedad y de la protesta social. Allí los casos de la represión en el Parque Indoamericano de 2010, el fusilamiento de Cristian Toledo en la villa 21-24 el año pasado (cuyo asesino uniformado será juzgado este año) o la represión en la Sala Alberdi fueron ejemplos concretos de lo que planteó Verdú.

“Lo que vemos con mucha preocupación y donde creemos necesario que intervenga esta comisión es en la lógica bélica con la que se desplaza la POlicía de Ciudad en el ámbito territorial, en sus dos vertientes: en el patrullaje urbano, con una militarización de los barrios que nos cuesta muchas detenciones arbitrarias y las torturas y muertes en lugares de detención; y el incremento exponencial del gatillo fácil a partir del inicio de la gestión de Cambiemos y muy incrementado desde el debut de la Policía de la Ciudad”, detalló Verdú.

“Esa lógica bélica también se da en el terreno de la criminalización de la protesta social, con lo peor de la Policía Federal y lo peor de la Metropolitana conjugado”, dijo. En tal sentido relacionó la acción represiva de la Sala Alberdi (2013) por parte de la Metropolitana con los hechos del año pasado, tanto el 1° de septiembre como los días 12, 13, 14 y 18 de diciembre. “Pudimos hacer un análisis de los desplazamientos de los distintos grupos operativos que existían en la Metropolitana y que buena parte de ellos se incorporaron a la Policía de la Ciudad y operaron el año pasado, muy especialmente el 18 de diciembre en el Congreso”, explicó. Otro tanto detalló respecto a viejas prácticas de la Policía Federal que se reproducen desde la nueva fuerza porteña.

Verdú, que tomó muchas de las defensas de las personas detenidas en las movilizaciones del año pasado destacó cómo gran parte de las imputaciones que recaían sobre ellas se caen por su propio peso y luego de complejos procesos judiciales armados esas personas terminan absueltas o con falta de mérito. Eso sí, dijo, nunca se abren causas contra quienes armaron esos mismos procesos de forma arbitraria e ilegal.

 

Tatiana de La Poderosa: “Hay que debatir cómo hacemos para controlar a las fuerzas de seguridad”

 

La referente de la organización barrial dijo que “este espacio para poder acercar las situaciones de violencia policial que vivimos día a día es muy necesario. Nosotros venimos hace años tratando de visibilizar esto y de buscar las instituciones que nos den un respaldo”.

Habló en representación de 79 asambleas de La Poderosa que funcionan a nivel nacional, que son testigos y registran actualmente una situación de violencia cada vez mayor por parte de todas las fuerzas policiales, nacionales, provinciales y municipales. Denunció situaciones de tortura sistemática y cotidiana en los barrios populares y villas, donde jóvenes y hasta niños son hostigados, perseguidos y torturados. Además de la Policía de la Ciudad, en CABA esas prácticas las ejecutan también Prefectura y Gendarmería.

“Particularmente acá, en la Ciudad de Buenos Aires, queremos que se incluya en la agenda de la Comisión los temas prioritarios de cómo hacemos para controlar a las fuerzas de seguridad. Hoy no hay forma de controlarlas que no sea a partir del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que, de manera conjunta intentamos, llegar a registros y a juicios, que lo podemos hacer en muy pocos casos”, afirmó. Tatiana denunció que en el Poder Judicial también hay una creencia casi suprema en las versiones policiales y eso deriva en imposibilidades de juzgamiento y condenas de torturadores y asesinos de uniforme.

La Poderosa tiene un proyecto de ley de “control popular” de las fuerzas de seguridad, a través de la constitución de un organismo autárquico, autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Ese proyecto, avalado recientemente por el relator de la ONU en materia de torturas y maltrato institucional, será aportado por la organización barrial para estudio de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional.