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Que sea ley el derecho a educación sexual, sin injerencia religiosa y con perspectiva de género

18.9.2018

Myriam Bregman

Con un proyecto de ley, presentado en la Legislatura porteña, proponemos, junto a mi compañero de banca Patricio del Corro, que se instaure la emergencia en educación sexual, estableciendo el fin de la injerencia de las iglesias sobre el tema.

El proyecto de ley que presentamos junto a Patricio del Corro en la Legislatura porteña y que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.

El proyecto que presentamos es urgente y necesario. Nos preocupa la reacción del ‘partido celeste’ de las Iglesias contra la ley de Educación Sexual Integral que debiera dictarse en las escuelas. En Córdoba la campaña de los evangelistas exige a las escuelas que los alumnos no reciban educación sexual y en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal frenó el tratamiento del proyecto presentado por la izquierda y que tenía media sanción, en obediencia a las exigencias de la jerarquía eclesiástica.

La reacción que estamos viendo es una respuesta a la masiva ola verde, se trata de un sector minoritario pero que tiene muchos privilegios y subsidios estatales, que rechaza a las millones de mujeres que colmaron las calles por el elemental derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay revanchismo contra ese despertar de millones de jóvenes.

En este contexto, y a 12 años de aprobado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley N° 26.150) y la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley N° 2.110), un tercio de los estudiantes secundarios porteños dice no recibir formación en la temática, ya que sigue estando limitada por la intervención de la Iglesia Católica y de otras instituciones religiosas que, mientras se financian con cuantiosos fondos del Estado, violentan el derecho de la juventud a recibir educación sexual sin injerencia religiosa desde una perspectiva de género.

Con nuestro proyecto queremos establecer que nadie se puede interponer en el derecho a recibir educación sexual para decidir. Los niños, niñas, infancias trans y adolescentes son sujetos de derecho, deben ser escuchados y recibir respuesta a sus reclamos. Aún cuando la Argentina formalmente es un Estado laico, en los hechos financia a la Iglesia Católica con leyes de la dictadura. También desde el Estado se avala la injerencia religiosa en la educación.

No podemos dejar de señalar que el Gobierno nacional, preocupado por contener y desviar al movimiento que exigía en las calles “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir”, habilitó este año el debate sobre la legalización del aborto. Legisladores de los bloques partidarios coincidieron en señalar la importancia de garantizar educación sexual. Los que hicieron campaña contra la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), justificaron su rechazo a la ley aduciendo que faltaba más educación sexual. Esta mentira se evidencia ahora con el debate sobre la modificación de la normativa sobre educación sexual en el Congreso Nacional, donde estos mismos sectores, luego de haber impuesto el rechazo a la IVE, ahora se niegan a garantizar por ley que sea obligatoria en todas las provincias y no tenga injerencia religiosa.

A la hora de analizar responsabilidades sobre la vulneración del derecho a la educación sexual no alcanza con reducirlas a un problema de desidia en la implementación, cuando en realidad se trata de las consecuencias del pacto del actual y del anterior Gobierno con el poder clerical, reflejado, por ejemplo, en la formulación del Artículo 5º del Programa de Educación Sexual Integral que estipula que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” y del Artículo 8 de la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad que estipula que “Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de las familias y la comunidad educativa”.

De este modo, el parlamento otorgó a la Iglesia Católica el derecho a transmitir en las escuelas confesionales, y en las públicas en las que logra influencia, una visión oscurantista y opresora de las sexualidades. Hoy nos encontramos con que la Iglesia en sus escuelas, a la que asiste un tercio del estudiantado porteño, sigue educando bajo la falsa idea de que los preservativos no son eficaces para evitar el contagio de HIV-SIDA, que la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato o que las sexualidades disidentes constituyen una enfermedad pecaminosa que atenta contra ’la familia’. Incluso, por medio de ONGs, llevan estas ideas retrógradas a los establecimientos educativos públicos como ocurrió con los talleres dictados por ’Protege tu corazón’ autorizados por el Gobierno porteño.

Para millones de seres humanos, la sexualidad, en el marco de la explotación y la alienación capitalista, se ve reducida exclusivamente a un ejercicio (casi rutinario y desprovisto de placer), de las funciones reproductivas entre personas de distinto sexo. Es la injerencia de la Iglesia la que trasmite la idea de que “la única sexualidad normal” es la heterosexual con el fin único de la procreación. Es por esta razón que, aunque la sexualidad humana en general se encuentra encorsetada bajo el patriarcado y la explotación capitalista, son las mujeres y las personas que no se sujetan a esta heteronorma, las que están sometidas a mayor represión, discriminación y opresión.

Para posibilitar el cumplimiento del derecho a la educación sexual desde una perspectiva de género es fundamental que participen docentes, estudiantes y familias en la elaboración de los contenidos pedagógicos sin injerencia religiosa, junto a las organizaciones de mujeres y de las diversas identidades de géneros, los centros de estudiantes y los sindicatos docentes.

Nuestro proyecto dispone una serie de medidas de emergencia para dar respuesta inmediata a la situación actual que condena a la discriminación y al oscurantismo a parte de nuestra juventud. Es una propuesta complementaria de otras que también presentamos en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con todas las leyes de la dictadura que siguen garantizando el poder de las iglesias sobre nuestros derechos.

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