Necesidad urgente: garantizar la realización de abortos no punibles en CABA
30.10.2018
Por Myriam Bregman
Este martes presentamos en la legislatura porteña un proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo (aborto no punible), sabiendo que la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue en las calles.
Somos parte de la marea verde que nos movilizamos para arrancar en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las iglesias, Católicas y Evangélicas, usaron toda su influencia y recursos para impedir que el Senado aprobara la ley. Los senadores apoyaron la exigencia de la jerarquía de las iglesias y de los grupos fundamentalistas y le dieron la espalda al reclamo de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país. A miles de jóvenes que son las protagonistas de esta inmensa marea verde.
A pocos meses de esta votación, en la Ciudad de Buenos Aires un fallo judicial pone en vigencia el protocolo para los abortos no punibles que elaboró Jorge Lemus, cuando ocupó el cargo de Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2012).
El Tribunal Superior de Justicia impugnó un fallo que frenó durante años la aplicación de la resolución 1252/2012 que incluía el citado protocolo. Con este fallo los artículos más reaccionarios de ese texto elaborado cuando el actual Presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno, volverán a estar vigentes.
La resolución del Tribunal puede leerse como un guiño hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien suele enviar fuertes señales a favor de la cúpula de la Iglesia como sucedió en medio del debate por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, en el pasado Tedeum del 9 de Julio de este año. Allí planteó: “En este 9 de julio, al celebrarse un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, quiero presentarme ante Dios como Jefe de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad”. Los acuerdos del mandatario porteño con la Iglesia terminan restringiendo los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Asimismo, que el Tribunal pueda emitir este fallo se debe a que en 2012 Mauricio Macri vetó la ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad, que recibió el apoyo del movimiento de mujeres, para regular estos procedimientos para la interrupción legal del embarazo. Según Macri "excedía" lo establecido por la Corte Suprema en 2012, dejando vigente la resolución del ex ministro de Salud.
Sin embargo el protocolo elaborado por Lemus retrotrae derechos establecidos en el Código Penal y el fallo FAL, que no establece plazos para la realización de un aborto no punible, sostiene que la práctica es una decisión de la embarazada y el médico y comprensiblemente indica que no es necesario autorización de la Justicia. Estos elementales derechos quedan sepultados en el protocolo de Jorge Lemus.
Nuestro proyecto
El movimiento de mujeres viene denunciando que la resolución firmada por Lemus constituye un agravio a los derechos de las mujeres por la cantidad de requisitos arbitrarios que se exigen para poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Máxime si se da en un contexto nacional donde 300 mujeres mueren por año a raíz de las consecuencias de abortos clandestinos, y es sabido que quienes mueren son aquellas mujeres de bajos recursos que apelan a precarias e insalubres clínicas o a improvisados métodos caseros. Sólo las mujeres de altos ingresos acceden a abortos seguros que se hacen en más de una clínica privada, a altos precios.
Nuestro proyecto de ley busca garantizar la atención integral de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes con derecho a la interrupción legal del embarazo que será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a los sistemas de salud pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires. Y no se requerirá de autorización judicial ni de ningún otro requisito.
Nos alarma el informe reciente que elaboró UNICEF. Allí señala que el 15 % de los partos en Argentina son de adolescentes y alrededor de 3.000 son de niñas. En la mayoría de estos casos han sido víctimas de abuso, porque a esa edad hay abuso de poder. Estas cifras son pavorosas, máxime cuando aún hoy la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), en los establecimientos educativos, se da de forma deficitaria.
Por este motivo, a mediados de septiembre, presentamos junto a Patricio del Corro un proyecto de ley que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa, que fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.
Seguiremos impulsando la movilización en las calles porque sabemos que allí se arrancan nuestros derechos. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el pleno derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, como parte de un conjunto de medidas que garanticen el acceso a educación sexual y anticonceptivos, resulta un derecho impostergable.
