9.2.2019

Por Carlos Rodríguez

Integrantes de Artesanos Unidos denunciaron que desde hace cuatro semanas no les permiten vender sus artesanías los domingos. Como parte de la presión, se sumó la militarización de la calle para expulsarlos definitivamente, advirtieron.

Desde hace cuatro domingos, en San Telmo los artesanos no pueden montar sus puestos. 

Desde hace cuatro domingos –mañana sería el quinto—, la calle Defensa, del 700 al 1000, ha cambiado bruscamente su aspecto tradicional, el que quieren ver desde siempre los porteños y los turistas, del interior del país o los que llegan de todos los rincones del mundo. Los metales, las cerámicas, las maderas talladas, moldeadas por manos expertas, han sido desplazadas en forma abrupta por policías uniformados vestidos para la guerra, en un lugar donde siempre reinó la paz. Representantes de los cientos de artesanas y artesanos de La Feria de San Telmo, en diálogo con PáginaI12, explicaron que se trata de “un conflicto” que les impide trabajar, como lo hacen desde hace décadas, en un sitio que es “un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad”. Denunciaron que están siendo “avasalladxs como consecuencia de la presión que ejercen los sectores más privilegiados de San Telmo, representados por los anticuarios”. Esa presión hace que el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, haya militarizado el paseo público para expulsarlos en forma definitiva.

Como respuesta, artesanos y artesanas vienen realizando una resistencia pacífica que consiste en ocupar las cuatro cuadras realizando espectáculos artisticos, música, baile y acciones directas para contrarrestar la persecución que están sufriendo. Además de las asambleas y acciones públicas que están realizando para impedir el desalojo, los Artesanos Unidos de la Calle Defensa se han presentado ante la jueza Romina Tesone, a quien solicitaron el dictado de una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad respete su derecho a trabajar y los antecedentes que avalan su histórica presencia en el lugar.

Haydée y Martín, integrantes de Artesanos Unidos, dijeron que el grupo está denunciando “las presiones que se están ejerciendo sobre los poderes represivos para desalojarnos, con la intención de utilizar posteriormente el mismo espacio donde hoy estamos nosotros”, con fines comerciales. En un comunicado, los artesanos señalaron que “este arbitrario proceso de marginación y disgregación intenta desplazarnos del lugar donde trabajamos cada domingo, y por ende nos arrebata la posibilidad de tener un ingreso económico a cientos de artesanxs que hace años venimos construyendo un espacio cultural que ya ha sido visitado por cientos de miles de turistas provenientes de todo el mundo”.

Los artesanos cuestionaron que el proyecto oficial incluya un acuerdo con la Cooperativa El Adoquín, algo que generó controversia entre los artesanos y los vendedores de productos gastronómicos, dos sectores que tienen legítimos derechos, que deberían contar, cada uno, con su lugar, sin entorpecer la actividad del otro. Este diario intentó hablar con Gabriela Olguín, de El Adoquín, pero el diálogo no fue posible, al menos por el momento. Los artesanos defienden su lugar histórico, en la calle Defensa, y consideran que los vendedores podrían trabajar en igual condición y sin problemas, sobre la calle Chile, a pocos metros unos de otros.

El acuerdo al que aluden los artesanos, les quitaría a ellos la posibilidad de seguir trabajando en las cuadras que van del 800 al 1000 de la calle Defensa. Los artesanos señalaron que lo que el gobierno busca con este acuerdo es “el atropello y la manipulación para que en definitiva terminemos confrontadxs entre nosotrxs”. Los artesanos señalaron que “de ningún modo” aceptarán “la usurpación de sus lugares de trabajo”. Por ese motivo “estamos denunciando un pacto cargado de vicios que no contempla las más básicas normas de respeto, dignidad y convivencia”.

El problema central sigue siendo que, por cuatro domingos consecutivos, se ven “impedidxs de armar los puestos debido a los operativos que nos envía la fiscal premiada por la empresa Nike, Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35”. Precisaron que “los operativos consisten en procedimientos de control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y el cuerpo de Infantería”. El domingo pasado “fue el cuarto fin de semana consecutivo que no trabajamos, pero ante la imperiosa necesidad de hacerlo armamos los paños y fuimos reprimidos por la Infantería, que nos arrojó gases a pesar de haber hecho una resistencia pacífica y pese al inmenso caudal de turistas que pasaba por el lugar”.

Mañana volverán a reunirse sobre la calle Defensa “para seguir resistiendo y para pedir la igualdad de derechos, y la regularización y reconocimiento del espacio donde trabajamos como un paseo cultural que representa un espacio turístico que entre todxs lxs artesanxs supimos construir durante más de una década”. Una de las artesanas que no puede trabajar es Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Arruga.

"En la Villa 21-24 de Barracas el agua sale con olor a cloaca"

Así lo expresó un comunicado de La Garganta Poderosa. Vecinos y vecinas denuncian que el Gobierno de la Ciudad no termina las obras pautadas y que el agua del barrio no es potable. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio".

Más de 28.000 personas son afectadas por la contaminación del agua de la Villa 21-24 de Barracas. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio", denunciaron desde La Garganta Poderosa.

Las muestras tomadas por un estudio realizado por la Junta Vecinal a través de la Facultad de Ingeniería de la UBA, dieron positivo en "infección bacteriológica". Esto significa que el agua no es potable y que puede generar infecciones, fiebre, vómitos, náuseas y diarrea en las 28 mil personas que la consumen en las nueve manzanas afectadas. El informe que lleva la firma de ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la UBA, determinó que el agua se encontraba "contaminada bacteriológicamente, no potable y con fuerte olor cloacal, color amarillo y sedimentos".

En el informe además se detallan un conjunto de medidas para que las autoridades ejecuten de manera inmediata. Entre ellas se describe que es necesario que "hasta que se adopten las medidas estructurales correctivas se deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura".

Según detalló La Garganta, el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo una obra cloacal, pluvial y de agua que debió finalizar en marzo pasado. "Allí, hay seis comedores que no pueden alimentar a más de 2.400 vecinas y vecinos para no intoxicarlos. Allí, la UGIS, ACUMAR, AySA y la empresa Pose S.A, que ganó la licitación de la construcción, nos están contaminando", sostuvieron.