Artesanos de San Telmo: el Gobierno contra el trabajo y la cultura popular
11.3.2019
Por Ignacio Marchini y Carla Perelló
En el día de ayer, la Policía de la Ciudad reprimió a los y las artesanas de la feria de San Telmo. Detuvieron a 18 personas y hoy las liberaron de la Fiscalía PCyF Nº 35, a cargo de la Dra. Celsa Victoria Ramírez. Hace más de dos meses que se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y desde el 13 de enero que no pueden trabajar. ¿Qué pasó ayer y cómo se llegó a esta situación?
Los y las artesanas de la Feria de San Telmo se manifestaron en Defensa al 1000, el lugar que ocuparon durante más de 10 años. Desde el 13 de enero no pueden trabajar y es la segunda vez que la Policía de la Ciudad lxs reprime, contando los hechos del domingo 3 de febrero.
La agrupación Artesanos Unidos de la calle Defensa exige desde hace más de dos meses que les restituyan sus puestos de trabajo sobre la calle Defensa del 700 al 1000, entre Chile y Carlos Calvo. Si bien tienen dos amparos interpuestos en la justicia porteña, en el Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Romina Tesone, la lentitud del proceso judicial no se condice con la necesidad imperante de trabajar. Con el día de ayer se cumplieron nueve domingos desde que no pueden vender sus artesanías.
Durante las manifestaciones pacíficas de ayer, que consistieron en desplegar algunos de sus productos en las calles que les niegan y acompañar con cantos y batucadas, una vidriera blindada de un local de antigüedades estalló. Como se ve en la foto, el vidrio cayó sobre la vereda, lo que indicaría que el impacto vino desde adentro. Marcha estuvo presente en las manifestaciones y en ningún momento hubo alguna muestra de hostilidad de los y las artesanas. Los anticuarios son grandes promotores del desalojo de la Feria de Artesanos, acusandolxs de “competencia ilegítima”.
Esta fue la excusa para que el comisario Benítez (que se lo puede ver en un video prepoteando a algunas personas), a cargo del operativo, ordenara la disposición del cordón policial y le explicara a los y las artesanas que de continuar en las inmediaciones de la calle Defensa al 1000 podrían haber personas detenidas y se les podría imputar un ataque a la propiedad privada por la rotura del vidrio, lo cual implicaría una causa penal.
Los y las artesanas se retiraron pacíficamente y fueron a manifestarse a Defensa y Chile, en frente de la feria de la cooperativa El Adoquín, que integra la CTEP y que está presidida por Gabriela Olguín. Artesanos Unidos de la calle Defensa tiene varios miembros que se fueron de la cooperativa a raíz de la denuncia contra Olguín, a quien acusan de haber arreglado unos 220 permisos con el Gobierno de la Ciudad en la calle Defensa al 700, lo que implicaba sacarle el lugar de trabajo a otrxs feriantes organizadxs por fuera de la cooperativa. Cuando se enteraron de esta situación, más de la mitad de las y los miembros de El Adoquín se negaron a usurparles el lugar a otras personas y se fueron de la cooperativa. Ese arreglo fue el desencadenante del conflicto.
Cuando ayer quisieron retornar a Defensa al 1000, donde se estaban manifestando originalmente, se desató la represión policial que se viralizó en las redes sociales y fue noticia en los medios masivos de comunicación.
La decisión que ha tomado el Gobierno porteño de no permitir a un grupo de 400 artesanos y artesanas ubicarse entre las calles de Defensa del 700 al 1000 acaba por afectar al resto de las y los feriantes, entre ellxs a lxs artistas plásticos que desde 2003 ocupan un espacio a la altura de Defensa al 100. Héctor Huaman, un peruano que llegó en 2009 con sus obras, es uno de ellxs. “El problema que tenemos nosotros es con respecto al espacio público en el que estamos hace muchos años. La razón es que el gobierno porteño busca rédito económico y nos están sacando del lugar para poner en reemplazo nuestro a otros artesanos -a lxs artesanxs que estaban al 700- porque en lugar de ellos van a poner puestos de comida y a los artesanos que estaban del 800 al 1000”, explicó.
Son más de 30 artistas plásticos a quienes las autoridades les ofrecieron permanecer en la feria, pero no de manera conjunta sino “diseminados”, como contó Huaman: “Lo más dañino es que se está atentando contra la cultura. No olvidemos que el arte cumple un rol fundamental que es de sensibilizar, humanizar y hermanar pueblos a partir de la cultura. Estamos acá luchando para reivindicar nuestro lugar de pertenencia y defender nuestro derecho al trabajo, que es lo que nos hace iguales a todos”.
La postura inflexible del Gobierno de la Ciudad no tiene sustento legal. Primero, porque si otorgaron 220 permisos para la calle Defensa al 700 quiere decir que los y las artesanas son plenamente legalizables. Segundo, porque obvia el principio jurídico de “confianza legítima”, como explicó uno de los abogados que presentó un amparo ante la justicia porteña en representación de los y las artesanas.
Ahora, en cuanto a las y los detenidos, es probable que durante más de un año sobre ellxs pesen causas por resistencia a la autoridad y violación a la propiedad privada. Mientras tanto, aún quedan las expectativas de que esta semana la jueza Tesone se pronuncie sobre las dos cautelares presentadas y emita una cautelar que permita retrotraer la situación previa al 9 de enero, fecha en la que el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta decidió emitió la resolución otorgando los permisos que originaron el conflicto. Artesanxs y artistas aguardan en pie de lucha. Como exclamaban ayer con sus cánticos, “por el trabajo y en defensa de la cultura popular”.
