Detenciones arbitrarias y políticas antimigratorias en CABA
15.3.2019
Mientras que las causas contra las 17 personas que fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional 2019, fueron archivadas por falta de pruebas, se agrava la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad de Buenos Aires.
El 24 de octubre de 2018, luego de una movilización al Congreso Nacional contra la sanción del presupuesto, la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas, cuatro de ellos eran migrantes.
Cuatro meses después, el 14 de febrero, el fiscal que intervino archivó todas las actuaciones que se habían iniciado contra los 17 detenidos. Luego de revisar toda la prueba que aportó la policía, la fiscalía concluyó que no hay evidencias de que los imputados hayan arrojado piedras y/o resistido a la autoridad. El fiscal desestimó las declaraciones de los policías porque las consideró vagas e imprecisas y ordenó que se investiguen sus posibles responsabilidades penales.
No es la primera vez que una resolución judicial visibiliza que las detenciones realizadas por la policía en las protestas sociales son en su mayor parte arbitrarias e injustificadas. Las 20 personas detenidas luego de la marcha de mujeres del 8 de marzo de 2017 fueron sobreseidas luego de un año de proceso. Luego de la movilización contra la reforma provisional del 18 de diciembre de 2017 fueron detenidas 68 personas, 56 de ellas fueron sobreseidas. En varias oportunidades los funcionarios judiciales han desestimado la inexplicable imputación de “intimidación pública” realizada por las fuerzas de seguridad a partir de las órdenes emanadas del gobierno nacional.
Luego de su detención en octubre pasado durante la movilización contra la sanción del presupuesto, Anil Baran, de nacionalidad turca, fue objeto de numerosas notas en los medios -incluidos los públicos- en las que se reproducía la amenaza de expulsarlo del país. Con el acompañamiento de la Correpi y el CELS, Baran exigió conocer qué información sobre él había sido acopiada por las autoridades y qué había ocurrido en su trámite migratorio. Hasta el día de hoy, el Estado se niega a informarlo.
En los últimos días, se agravó la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad. El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal, Luis Cevasco, dictó una Resolución que obliga a los fiscales a comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones cuando una persona extranjera es citada a declarar como acusada de un delito, con el fin de que se la expulse del país. En esos casos, el o la migrante podrá “optar” entre aceptar la expulsión o seguir el proceso penal. Si esta Resolución hubiera estado vigente en octubre, los detenidos extranjeros hubieran estado frente a esa “opción”, aunque en ese momento no hubiera existido evidencia sobre su participación en supuestos hechos de violencia y aunque meses después la investigación se archivara.
