Gestión Macri
Gestión Macri
Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se multiplican geométricamente las manifestaciones en protesta a las políticas públicas del actual gobierno, Mauricio Macri pretende reasignar casi 500 millones de pesos del presupuesto de infraestructura para pagar salarios. Un monto inferior a lo que lleva gastado en los últimos siete meses en su proyecto de policía porteña.
Distintas organizaciones manifestaron sus reclamos contra políticas concretas que la Gestión del PRO está llevando adelante en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Repasamos sólo algunas.
Trabajo
La secretaria de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo estar sorprendida cuando, esta mañana, un grupo de trabajadores le relató todos los pasos de la maraña administrativa por la que muy pronto se quedarán sin trabajo.
En realidad no estaba sorprendida por el modelo de contratación, sino porque el Ministerio de Salud de su propio gobierno le adjudica a su área, la responsabilidad de que muy pronto al menos 90 trabajadores contratados mediante “pasantías” dejen de cobrar sus salarios.
Quienes le explicaban esta situación eran un grupo de Trabajadores Organizados que hoy marcharon a la Jefatura de Gobierno para denunciar que “El gobierno contrata y despide a su antojo”. Y ellos son víctimas de esta metodología.
Martín, es uno de los jóvenes que trabaja bajo el ala del Ministerio de Salud porteño, mediante una pasantía a través de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él es uno de los que fue contratado en diciembre de 2007, con la gestión del Gobierno anterior. En diciembre de 2008, recibieron la información de la renovación de la pasantía del primer y del segundo semestre de ese año. Es decir, en forma retroactiva. Sus sueldos los cobran por medio de cheques que les extiende la facultad o por transferencias bancarias. No tienen recibo de sueldo, mucho menos aportes jubilatorios, obra social o ART. Están en la misma situación otros trabajadores contratados como pasantes durante la gestión del PRO.
Hay varios problemas. El más urgente es que las pasantías se vencen a fines de septiembre, por lo que se quedarán sin empleo. Quienes administran sus contratos –un área dentro de la cartera de Salud porteña- le adjudican la responsabilidad de la desprolijidad de renovación y la incertidumbre generada a la Jefatura de Gabinete y… viceversa.
El más profundo es que este tipo de contratos supone un proceso de aprendizaje, tutoría e informes en funciones relacionadas a los estudios de los pasantes. Sin embargo, los estudiantes de económicas están, por ejemplo, dando turnos en los hospitales. Por este motivo ellos se consideran trabajadores. “No estamos haciendo nada de lo que la pasantía dice. Por eso nos consideramos trabajadores” dice Martín, y agrega “la pasantía es una excepción a la ley, que tiene un objetivo y condiciones claras que no se cumplen en nuestro caso. Por eso decimos que a nosotros se nos debe aplicar la Ley de Trabajo”.
Los Trabajadores Organizados del Gobierno de la Ciudad cuentan con el apoyo de distintos centros de estudiantes y están organizándose también con quienes tienen otros tipos de contratos. El lunes próximo, volverán a la Jefatura de Gobierno para volver a exigir una solución al inminente fin de sus trabajos y que se les respeten sus derechos como trabajadores.
Justicia
Vecinos que pedían que una plaza no se enreje serán juzgados el 5, 6 y 7 de octubre.
En un comunicado de prensa sus compañeros piden apoyo y dicen “Oscar Furchi y Maximiliano Verón, serán llevados a juicio los próximos 5, 6 y 7 de Octubre, ante el Juzgado Penal Nº 2, a cargo del Juez Carlos A. Bentolila, imputados de resistencia a la autoridad y destrucción de la propiedad pública, a causa de su participación en una protesta barrial organizada por los vecinos del barrio San Cristóbal contra el enrejado de la mítica Plaza Martín Fierro. […]
Hace seis meses, medio centenar de personas, entre las que se dieron cita vecinos de la zona, estudiantes universitarios y miembros de la Asamblea de la Plaza Martín Fierro, se autoconvocaron con el objetivo de defender un patrimonio cultural histórico del barrio, avasallado por la política de cierre y apropiación de espacios públicos llevada adelante por la gestión macrista al calor de frondosos intereses.
Bajo la consigna “NO a las rejas de Macri” los vecinos marcharon al CGP más cercano, sito en la calle Sarandí 1263, para entregar a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico predio. En la actual plaza Martín Fierro late una porción importante de la memoria histórica popular, allí funcionaron, a principios del siglo XX, los Talleres Metalúrgicos Vasena, escenario desde donde comienzaron a escribirse las primeras líneas de una huelga que terminaría en una sangrienta represión obrera […].
Casi un siglo después, serían otros los hombres y mujeres que tomarían la posta digna y rebelde de aquellos trabajadores fusilados de la semana trágica, defendiendo a viva voz aquel predio y la porción de identidad popular que late en él. Aquella tarde de marzo, en un operativo “cerrojo”, una columna de vecinos que marchaba de manera pacífica fue violentamente interceptada por policías de civil. Mientras la gente se dispersaba cómo podía, escapando a los gases y a los puños, tres manifestantes fueron apresados. Ya inmovilizados fueron golpeados con saña. Furchi y Verón, junto a un joven de nombre Jeremías, fueron trasladados a la Comisaría 18, en Av. San Juan 1757, y allí permanecieron demorados por casi seis horas sin que se le labren actuaciones sumariales de la fiscalía, ni del Juez de turno.
Pocos meses después, aplicando la infame y vejatoria doctrina de la Ley Antiterrorista, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Garavano, solicitó el procesamiento de Furchi y Verón, acusándolos de delitos contravencionales y correccionales que podrían derivar en una pena de 3 a 5 años por ejercer el legítimo derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional.”
Realizarán una manifestación el lunes 5 de octubre a las 9:30 en Tacuarí 138 con el fin de “defender nuestro derecho a manifestar y a repudiar cualquier intento soez de judicializar la protesta”. También se puede enviar una adhesión o apoyo a culturaindigena@yahoo.com.ar bajo el asunto “ADHERIMOS: contra el desprocesamiento de Furchi y Verón”.
Derechos Humanos [en lenguaje PRO: Seguridad]
Luego de la movilización que impidió que “Fino” Palacios asumiera como Jefe de la nueva policía porteña, las miradas siguen puestas en la política represiva y de control del gobierno de la ciudad.
En este marco, el MTL Rebelde denuncia que “La “nueva” policía no es más que otra prueba del proyecto político macrista basado en la exclusión, la represión y la corrupción. La mayoría de sus integrantes “ya formados” provienen de la Federal, la Gendarmería, la Bonaerense y otras policías provinciales; muchos de ellos exonerados de las mismas. El 10% proviene de las fuerzas armadas. El 60 % de los efectivos serán destinados a intervenir en desalojos o manifestaciones. Solo el 7,5 % será destinado al control del tránsito, cuando los accidentes de tránsito representan una de las causas principales de muerte. El 42 % de los móviles policiales no tendrá identificación, lo que nos recuerda el accionar de los grupos de tareas y los falcon verde de la última dictadura. Esta similitud no es mera coincidencia.
Osvaldo Chamorro, actual jefe de la fuerza, es la mano derecha y socio comercial de Palacios en su empresa de seguridad privada. Ingresó a la Federal en 1977, en plena dictadura militar. En el mismo sentido, el director del Instituto de Formación de la Metropolitana, Daniel Pastor, es defensor acérrimo de la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad, dejó bien claro cuál será la principal función de esta policía: profundizar la política de represión a la protesta y la criminalización de la pobreza.
En siete meses ya gastaron 650 millones para la policía de Macri. ¡Casi el presupuesto para educación pública de todo el año y 6 veces el destinado a vivienda!”
Una vez más, analizar el presupuesto de una gestión para deducir sus políticas es clave. 650 millones de pesos es más que lo que hoy anunció el Jefe de Gobierno que pretende reasignar para pagar salarios. Se trata de 500 millones de pesos que saldrían, en parte de los fondos de infraestructura, por cierto subejecutados.
Vivienda
Tras haber inmovilizado planes de vivienda que venían de gestiones anteriores y habiendo reorientado la política habitacional hacia el negocio inmobiliario generado por terrenos públicos, el actual gobierno tiene una clara política caracterizada por los desalojos.
La Asamblea contra los Desalojos, denuncia el inminente desalojo de 27 familias.
“Somos 27 familias y alrededor de 300 personas, la mayoría niños del barrio de Barracas Sur, de la Avenida Caseros de 1600 al 1800 (Plaza España), niños recién nacidos, adolescentes, estudiantes. Vivimos en las propiedades expropiadas por el gobierno militar de Onganía.
Hay familias que viven desde hace 34 años en el lugar, destinadas al predio por construcción de la autopista. Después se fueron agregando familias por iniciativa de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, que suscribió contratos por vivienda a través de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda. Luego, ante el déficit de políticas habitacionales en la ciudad, más familias vivimos en las propiedades.
Durante todos estos 30 años pagamos los servicios de luz, gas teléfono, comodidades. También se han hecho muchos arreglos para mantener las propiedades en un estado digno de vivienda.
Desde la gestión actual, hemos recibido avisos de la Dirección de Bienes de la Ciudad para desocupar los inmuebles. La cédula de notificación que recibimos el 15 de septiembre nos considera INTRUSOS.
El Gobierno no nos dio el espacio de ser escuchados, y la posibilidad de regularizar. Mucho menos una solución. Nos preguntamos dónde vamos a vivir 27 familias ante la amenaza del inminente desalojo que anuncia decretar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
Frente a esta situación exigen que se suspenda cualquier intento de desalojo y solicitan ser escuchados y recibir una respuesta digna.
