EL GATILLO DE GARRÉ
EL GATILLO DE GARRÉ
25.7.2011
Correpi
El 20 de julio, Ariel Domínguez, un joven de 22 años que salía de la empresa donde trabajaba, recibió un disparo policial en la cabeza que lo mató en el acto. La primera versión habló de “delincuentes” perseguidos por la policía. Como esa les falló, porque Ariel estaba esperando el colectivo con sus compañeros, y el grupo de pibes resultó ser de estudiantes festejando el día del amigo, recurrieron a otro clásico, la excusa del “accidente”.
A partir de entonces, los medios, que reproducen sin beneficio de inventario la versión policial, afirmaron que el arma del policía se cayó y “se disparó” solita, con tanta puntería que el tiro fue a la cabeza. De nuevo, la tesis de las armas que disparan sin que nadie las gatille, ocultando que una Bersa Thunder9 mm, aún sin seguro y con bala en recámara, necesitan que un dedo apriete la cola del disparador con una fuerza de 3 kilos y medio a cinco, y que producir un disparo por un golpe, tienen que recibir un impacto equivalente a la caída de un quinto piso.
Rápidamente, la jueza resolvió que fue un homicidio culposo, es decir, no intencional. Un accidente, y devolvió al policía Mendoza a la calle. Y todos los medios, a partir de allí, empezaron a hablar del pobre entrenamiento y de la falta de capacitación, porque el federal tenía el arma sin seguros.
En el juicio de Kunky Méndez, del que informamos en el pasado Boletín, uno de los peritos policiales era el instructor de tiro que entrena a la federal en el uso de armas. Y ese experto, dijo, bajo juramento ante los jueces de La Matanza, que la orden que tienen los federales es llevar su arma reglamentaria “en condición de disparo inmediato”, es decir, con bala en recámara y sin seguros. Y que la munición oficial que se provee a la federal son proyectiles troncocónicos, los de punta chata, prohibidos por la ley de armas excepto para caza mayor y tiro deportivo, y por la convención de Ginebra hasta para el caso de guerra.
Como la presencia de mucha gente en San Telmo impidió que armaran la escena del enfrentamiento, jueces y periodistas recurrieron al plan B, que parezca un accidente. Si lo de Ariel Domínguez hubiera pasado en un barrio, en Castillo o Fiorito, hoy estarían hablando del delincuente de frondoso prontuario abatido.
Pero con lo que explicó el instructor de tiro de la policía federal, queda claro para el que quiera ver que, aunque el arma estuviera en la cintura del cabo Mendoza, la que la puso ahí, y le dijo cómo usarla, fue la ministra Nilda Garré. La que dio la orden de que su policía lleve el arma en condición de disparo inmediato. No hace falta más para entender por qué un trabajador de 22 años recibió un tiro policial en la cabeza, ni por qué la jueza ya dejó en libertad a su asesino.
Al mismo tiempo, con mucha menos visibilidad, porque pasó en Florencio Varela, el sargento Isaías Cano, de la bonaerense, hijo del jefe de la policía distrital de ese partido, mató de un tiro en el estómago a Enrique Romero, de 30 años, e hirió a otro muchacho, a la salida de un boliche. Por ahora, y seguramente hasta que pase la tormenta, el asesino está preso.
Dos nuevos fusilamientos que muestran que no es un policía, es toda la institución; y que el gatillo fácil no es un error, un exceso o un accidente, sino una política de estado, dirigida desde el gobierno, y ejecutada por sus verdugos de uniforme.
¿SEGURIDAD PARA QUIÉN?
La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, Soldati y Lugano integran el conjunto de barrios afectados por el "Plan Cinturón Sur", la extensión del "Operativo Centinela" (que se encarga de disciplinar, con sus habituales medidas represivas, al conurbano, en apoyo de la bonaerense), que fuera lanzado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a fines del mes de junio. Pero, claro está, nada es suficiente cuando se trata de reprimir al pueblo trabajador, y, en este caso, la novedad (no tan novedosa), viene de la mano del gobierno porteño, y, por ahora, le toca a Lugano.
El gobierno de Macri quiere borrar del mapa a la Asociación Social y Deportiva Malvinas Argentinas, del barrio Piedrabuena, para instalar en su espacio la comisaría Comunal Nº8 de la policía Metropolitana. Además de sus intimidantes camaritas (que ya son 1.000, y se prevén unas 2.000, en total, para fines del 2011), sumamos a los azules de la PFA, los beige de la Prefectura y los verdes de la Gendarmería…, a sus colegas, los amarillos de la Metropolitana, que ya están copando los barrios del sur de la ciudad.
La Asociación recibe unos 160 chicos por día, que hacen distintas actividades deportivas, sociales y artísticas. Sus representantes sostienen que “realiza una importante función de contención social para los niños y jóvenes del barrio, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social”. Es posible que Lugano no se salve, y que en este club barrial, donde se dictan talleres de baby fútbol, patín artístico, danza y hasta repostería desde 1981, entre muchos otros, ya no se vean ni botines, ni patines, ni bizcochuelos horneándose para ser compartidos por la barriada.
Una vez más, queda demostrado que la represión es política de estado. Lo mismo da si se trata del gobierno provincial, nacional o municipal. ¿Por qué crearían una nueva comisaría y pondrían al servicio de la seguridad más individuos armados cuando ya hay 2.500 efectivos (entre Prefectura y Gendarmería), con sus respectivas Unidades de Seguridad Pública "cubriendo" la zona? Porque un pueblo organizado es un pueblo con convicción y cuando el pueblo convencido está decidido, las fuerzas de seguridad de los ricos ya tienen que estar prevenidas, articuladas y listas para desplegar toda su impunidad sobre él.
Y, ahora, más que nunca comprendamos que "pedir más seguridad" es, realmente, pedir más seguridad para ellos: los empresarios disfrazados de políticos, que dicen hacer todo lo posible por una sociedad mejor y realmente hacen lo posible por una sociedad mejor reprimida.
