Reportaje a la legisladora María Elena Naddeo
Reportaje a la legisladora María Elena Naddeo
14.10.2012
Telémaco Subijana y Federico Ghelfi
Entrevistamos en exclusiva a María Elena Naddeo, Diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Progresista Popular -fuerza aliada al Frente para la Victoria. Profesora de Historia, anteriormente se desempeñó como Concejala porteña y Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, en esta entrevista analiza la ley que establece la regulación del aborto no punible en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires -sancionada el pasado 27 de septiembre y en sintonía con el ejemplar fallo de la Corte Suprema en la materia-, repudia la suspensión de un aborto no punible por parte del juzgado en lo Civil 106 de la CABA y opina sobre el anuncio del Jefe de Gobierno porteño confirmando el veto de la nueva ley. También evalúa la gestión del PRO en materia de género, niñez y adolescencia, critica las contradicciones del presupuesto enviado por el ejecutivo de la ciudad y reflexiona sobre la posibilidad de conformar un espacio progresista de cara a las próximas elecciones. Leer más.
¿Qué nos puede decir de la ley de aborto no punible aprobada por la Legislatura porteña y el veto de Macri, anunciado el día viernes?
La ley de aborto no punible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que será vetada por el jefe de gobierno Mauricio Macri- significaba un avance muy importante porque tiene que ver con garantizar el derecho a la práctica de la interrupción del embarazo en el hospital público -de manera segura y gratuita- a aquellas mujeres que están atravesando situaciones muy difíciles: embarazos que son producto de una violación, es decir provocado a partir de un delito cometido contra sus cuerpos, y/o en todos los casos de riesgo de vida y para la salud para la mujer. Cabe destacar que estos casos ya estaban incluidos en el Código Penal, en el artículo 86, y durante décadas se cuestionó con distintas argumentaciones. Ante una redacción confusa del artículo, los sectores conservadores y clericales han tratado permanentemente de obstaculizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Después de décadas de cuestionamientos y de un terrible peregrinar de las mujeres y de las familias de las chicas abusadas y violentadas por estragos judiciales, después de un sinnúmero de conflictos jurídicos alrededor de la interrupción del embarazo en estas situaciones, finalmente la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, en marzo de este año, dictaminó que estas intervenciones deben hacerse en el hospital público y que hay que facilitar a las mujeres y a las niñas la atención necesaria. De acuerdo a esto, lo único que se requiere es el diagnóstico médico y el consentimiento de las víctimas y pacientes. En este contexto, el proceder del Ministerio de Salud y toda la red hospitalaria debería ser muy claro y no tendría que registrarse ningún inconveniente. Pero, lamentablemente, los sectores conservadores no quieren reconocer este avance legal que se ha establecido y entonces amañaron un protocolo firmado por el ex-Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Lemus, que, si bien acepta la legalización de los abortos en estos casos en el ámbito del hospital público, agrega otros requisitos -un Comité Interdisciplinario, la necesidad de la autorización del Director del Hospital y una fecha tope en el periodo gestacional- que dilatarían la realización del aborto para convertirlo, así, en algo abstracto, negativo y más nocivo para la salud de las pacientes. Esto se pudo ver durante el día de hoy cuando la justicia de la ciudad, a partir de un pedido de amparo de una ong, frenó la realización de un aborto no punible. Esta suspensión, que expresa ese pensamiento conservador, es un claro ejemplo de cómo se dilata la práctica y se prolonga el sufrimiento de las mujeres. Además, en este caso ni siquiera se cumplió con el actual protocolo. En definitiva, el protocolo del Ministerio de Salud de la ciudad es un retroceso -incluso respecto a protocolos anteriores que ya existían a nivel local.
Fue ante esta serie de trabas impuestas por el gobierno de Macri que se avanzó en esta nueva ley, que en realidad ya tenía 5 años de tratamiento en la Legislatura. El fallo de la Corte Suprema destrabó, de alguna manera, su llegada al recinto y ante un acuerdo muy fuerte de los distintos bloques de la oposición en la ciudad logramos reunir los 30 votos necesarios para torcer el brazo del sector conservador, de esta derecha encarnada por el PRO que domina prácticamente la Legislatura. En este sentido, el veto a la ley de aborto no punible es un escándalo; un nuevo escándalo a los que ya nos tiene acostumbrados el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Está desconociendo una ley votada por la Legislatura porteña y contradiciendo una sentencia ejemplar del máximo tribunal de justicia de la nación -que además fue dictada por unanimidad.
Usted preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura. ¿Cómo están funcionando los dispositivos del gobierno de la ciudad en el área mujer?
En los últimos años ha habido un deterioro gradual y progresivo de los programas de la Dirección General de la Mujer. Esto se expresa de diversas maneras: programas o dispositivos que solo cuentan con 1 o 2 profesionales; en que no se han creado o generado programas para dar respuesta a los nuevos problemas que se deberían abordar en la ciudad; no hay campañas sostenidas en el tiempo referidas a la prevención de la violencia y la erradicación de los estereotipos de género -ya sea en los medios de comunicación como en las carteleras públicas que tiene el gobierno de la ciudad; entre otros ejemplos. En definitiva, notamos un cumplimiento formal de las leyes vigentes pero no hay energía política ni presupuestaria para abordar la temática de género por parte del Ejecutivo porteño. El presupuesto de la Dirección General de la Mujer crece de manera vegetativa, no hay un aumento sostenido en el tiempo, y esto hace que programas que fueron pioneros 20 años atrás -cuando se crea la DGM a la luz de los nuevos tratados internacionales y de todos los avances que se lograron en Naciones Unidas- se estén perdiendo. Entonces, estamos viviendo un retroceso. Ante una sociedad que cambia y tiene un muy marcado dinamismo, las personas necesitan servicios y que el Estado avance. Recientemente hicimos un estudio de cuánto aumentó el presupuesto de todo el Ministerio de Desarrollo Social comparado con el presupuesto de la Dirección General de la Mujer. En el mismo se observa que, mientras el presupuesto general durante la última década aumentó 7 veces, el presupuesto de la Dirección General de la Mujer solo creció 4 veces. En definitiva, vemos claramente la falta de interés del gobierno porteño; hacemos una evaluación crítica de la gestión y apostamos a la jerarquización del área -que entendemos debería ser una Subsecretaría de Igualdad de Género con más poder político y mayores recursos.
Recientemente en las provincias de Córdoba y Tucumán se aprobó legislación sobre prostitución. ¿Cómo analiza el debate entre abolicionistas y no-abolicionistas y cómo cree que debería abordarse esta temática en la CABA?
Yo adhiero al Frente Abolicionista Nacional desde hace mucho tiempo y adhiero a las posturas del Movimiento de Mujeres y del feminismo que consideran que la prostitución es una forma más de violencia de genero y una actividad que daña profundamente la vida de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a esta práctica por razones de supervivencia, falta de oportunidades laborales o por situaciones -también desgraciadas- de captación de redes de explotación sexual. Entonces, creo que la prostitución es un aspecto más de la subordinación del género femenino y realmente aspiro a construir una sociedad en la cual el sexo no sea una mercancía, que los cuerpos y la sexualidad no sean vendidos en el mercado. Me niego totalmente a que la sexualidad esté signada por relaciones de poder -simbólico, cultural y económico- y, por lo tanto, no considero favorables o útiles aquellas iniciativas que buscan reglamentar la prostitución. Por el contrario, me parece que legalizar la prostitución o reglamentar su ejercicio sería reconocer y reglamentar una de las formas de la esclavitud moderna. Existe un amplio debate y desde el abolicionismo también planteamos que las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de una sociedad que las esclaviza, prostituye, violenta y explota sexualmente -aún cuando no haya un “cafisho” o “proxeneta”, porque en sí hay una relación de subordinación con el cliente. Además, es una actividad riesgosa y, por lo tanto, estas mujeres merecen todo nuestro apoyo. Por otro lado, siempre hemos defendido que no se las criminalice
En este sentido, recientemente presentamos un proyecto de restitución de derechos económicos y sociales (PREDES) que se basa en uno de 1998, cuando se discutió el Código de Convivencia Urbana en la ciudad. En ese momento ya habíamos expresado que era necesario desalentar el comercio sexual y, para lograrlo, es necesario educar a los varones en una sexualidad sin ejercicio del poder económico sobre las mujeres. Por eso presentamos este proyecto, ahora reformulado, que tiene que ver con generar un programa de detección de las situaciones de prostitución, explotación sexual y trata con equipos especializados desde la Dirección General de la Mujer y la Agencia de Control gubernamental y brindar a las mujeres y personas trans la inserción laboral que necesitan para poder abandonar esta práctica. Se comenzó a discutir e incluso hubo opiniones lamentables de quienes no postulan erradicar la prostitución como un objetivo.
También fue Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2000 y 2007. ¿Qué evaluación hace de estas áreas en la CABA?
Con un conjunto de diputadas y diputados que compartimos la ideología de la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes- estamos generando una mesa de trabajo para evaluar el funcionamiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia en la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad cuenta con una legislación muy buena; hemos sido pioneros, e incluso la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 1996, estableció el nuevo paradigma en relación a que los niños y niñas son sujetos de derechos y a cuáles son las obligaciones del Estado, en no institucionalizar ni criminalizar la pobreza sino en incluir a las familias en los programas sociales de atención. La Ley114 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires fue la tercera ley provincial, luego de la de Mendoza y Chubut, que aplica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1998. En ese marco, se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que me tocó presidir entre los años 2000 y 2007. A esta institución le tocó llevar adelante este nuevo paradigma y dejar atrás el viejo Patronato de Menores. Es decir, tuvimos varios años de fuerte disputa entre los dos modelos a seguir: aquel viejo modelo judicializante y estigmatizante y el nuevo paradigma encarnado a través de la red de Defensorías barriales, los hogares de puertas abiertas y los equipos jurídicos de emergencia. Luego vino la Ley Nacional 26.061, en el año 2006, que saldó definitivamente los conflictos entre la justicia y el organismo administrativo y se puso en marcha una nueva institucionalidad.
En ese contexto hoy, seis años después de ser sancionada la ley nacional, el sistema de protección integral debería funcionar mejor, estar aceitado, y que la institucionalización de los chicos en hogares solo sea el último recurso. Sin embargo esto no ocurre; no existen redes comunitarias y barriales que puedan contener y dar respuesta a las familias y hay un malestar muy fuerte en todo el sistema de protección integral. Las áreas sociales están desarticuladas, los trabajadores precarizados y hay un número muy grande de chicos con medidas excepcionales de internación. Esto da cuenta de que los programas de fortalecimiento familiar no se han desarrollado suficientemente y que los organismos contemplados por la Ley 114 no están funcionando correctamente. Esto tiene que ver con la mirada general que tiene el PRO, una mirada conservadora, que no compromete el rol del Estado en la defensa de los derechos humanos. El sistema de protección ha quedado paralizado frente a un Poder Judicial que es muy sólido. El Ministerio Público también ha crecido muy por encima de lo que lo hicieron los programas sociales y los propios organismos administrativos. Entonces, nos encontramos ante una crisis y justamente estamos evaluando qué tipo de iniciativas legislativas de políticas públicas tenemos que impulsar para fortalecer el sistema de protección integral de derechos de la infancia.
¿Cuál es el estado de la salud en CABA y cómo quedará el servicio de salud mental a partir de la construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental en las parcelas afectadas del Hospital Borda?
En salud y salud mental estamos atravesando un proceso gravísimo de vaciamiento del hospital público y de parálisis en la aplicación de las leyes vigentes -las leyes 153, Ley Básica de Salud y 448, de Salud Mental. En general la política del gobierno de la ciudad ha sido la de priorizar la tercerización de los servicios, privatizando muchas áreas que estaban en la administración pública, recortando presupuestos y restringiendo obras que se demoraron años y años en ser ejecutadas -con el desgaste que implica para la comunidad todo el proceso de movilización- como las de los hospitales Alvear, Tobar García, Rivadavia o Álvarez. Todo esto en momentos en los que el gobierno de la ciudad no tiene ni ha tenido ningún problema financiero sino todo lo contrario; hoy la ciudad cuenta con el presupuesto más alto de su historia -en términos absolutos y relativos. Entonces, hay una mirada que prioriza lo privado y se desentiende del rol del Estado. Es la mirada de los técnicos de la década del ´90, del neoliberalismo, de los “Chicago boys”, es esta mentalidad que destruyó parte del patrimonio nacional en las dictaduras militares y en el menemismo, que ahora está reciclada en el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, en salud mental se agudiza el problema porque había que construir un nuevo sistema y reconvertir los viejos hospitales psiquiátricos en nuevos centros de salud mental abiertos a la comunidad, sin pacientes crónicos. Este proceso había empezado muy lentamente en el año 2000 pero atravesó muchas dificultades por la resistencia interna corporativa que se negaba a permitir las transformaciones necesarias. Ante ese contexto, el gobierno de Macri no solo congeló ese incipiente progreso sino que también está desmantelando los pocos y pequeños dispositivos que se habían logrado -las redes en salud mental o el Programa de Atención Comunitaria- y ha generado un proceso de jubilaciones compulsivas sin la designación del personal de reemplazo. En 5 años de gestión no ha generado nuevos dispositivos -salvo una casa de medio camino en Palermo- y tiene su proyecto de construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental en las parcelas afectadas del Hospital Borda.
Poco se avanzó en el proceso de descentralización comunal. ¿Esto está previsto en el presupuesto para el año 2013?
El presupuesto del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires es contradictorio y, además, está plagado de mentiras. En el año 2011 se aprobó un presupuesto de $102 millones para las comunas; incluso ese fue uno de los motivos por los que votamos el presupuesto para el año 2012, pero nunca se ejecutó. Lo mismo ocurrió con las partidas destinadas a obras de educación, desarrollo social, y salud. Entonces, dudo que desde la oposición votemos el presupuesto 2013 porque contiene muchas contradicciones y mentiras y, además, viene con una previsión de aumento inmobiliario inaceptable para la ciudadanía. El presupuesto enviado por el macrismo ratifica una vez más esta mirada que privatiza, desguarnece áreas muy sensibles del Estado, no se interesa por llevar adelante el proceso de descentralización comunal y, por otro lado, busca recaudar más para hacer grandes negociados inmobiliarios.
¿Cuál es su mirada sobre la construcción de una alternativa política al macrismo de cara a las próximas elecciones ejecutivas en la ciudad?
En realidad tenemos mucha heterogeneidad; la experiencia de las alianzas electorales en los últimos años en el progresismo han sido negativas. La experiencia del FREPASO y su unidad con la UCR fue muy negativa, así que volver a construir una fuerza trasversal es realmente muy difícil. Nosotros somos aliados del kirchnerismo, pensamos que allí hay una muy importante transversalidad y que desde allí hay que hacer una interpelación a todos los sectores populares de centro izquierda y de izquierda que, aun teniendo diferencias con el gobierno nacional, trabajen en conjunto con nosotros para poder hacer una propuesta alternativa en la Ciudad de Buenos Aires, sin resignar el apoyo total o critico en algunos temas al gobierno nacional.
En el ámbito nacional se juega un destino muy importante que es el destino del MERCOSUR, la UNASUR y todo un proceso de transformaciones muy importantes que se están logrando a lo largo de los últimos años y que hay que cuidar y tratar de mantener. Entonces nosotros tenemos que lograr esa bisagra con sectores que pueden acompañar al proyecto nacional y con los cuales podemos construir una propuesta para la ciudad de Buenos Aires. No es una ecuación fácil porque en realidad los partidos amigos y hermanos como Buenos Aires Para Todos o Proyecto Sur, con los cuales deberíamos unirnos para recuperar la ciudad, tienen posturas muy intransigentes, irreductibles e injustas con el gobierno nacional, y nosotros eso no lo podemos compartir. Entonces, tenemos que poder poner todo esto sobre la mesa y ver cuáles son las perspectivas y las necesidades políticas reales que tiene la ciudad y que tiene la nación.
