Comunicadores del Sur

19.06.2026

En una sesión marcada por consensos inusuales, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una medida destinada a ofrecer alivio a familias que enfrentan dificultades para cumplir con obligaciones de tarjetas de crédito y préstamos personales. La iniciativa, impulsada por el legislador Leandro Santoro, refleja el esfuerzo de diversos sectores políticos por responder a una problemática que se ha agravado en el contexto económico actual, donde muchos hogares recurrieron al endeudamiento para cubrir gastos esenciales.

El proyecto habilita al Banco Ciudad y a otras entidades financieras que se adhieran a otorgar líneas de refinanciación bajo condiciones más favorables que las del mercado. Estas incluyen una tasa nominal anual fija máxima del 35% y plazos de devolución de al menos 24 meses. El beneficio se orienta principalmente a grupos familiares con ingresos de hasta diez salarios mínimos, cuyos compromisos de deuda superen el 30% de sus ingresos mensuales y que registren atrasos moderados, entre 60 y 180 días. Quedan fuera de este esquema quienes dispongan de patrimonio suficiente para saldar sus obligaciones, como propiedades adicionales o activos financieros relevantes.

Para fomentar la participación de bancos privados, la norma contempla incentivos fiscales, como una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses generados por estos créditos. Según estimaciones asociadas al proyecto, una familia típica con ingresos moderados y deudas equivalentes al doble de su salario mensual podría reducir significativamente sus pagos mensuales y ahorrar una suma importante en intereses a lo largo del tiempo.

Este acuerdo legislativo, que reunió 42 votos a favor, pone de manifiesto un acercamiento entre fuerzas tradicionalmente distanciadas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y su espacio dentro del PRO, junto con la UCR y el bloque ligado a Rodríguez Larreta, acompañaron la propuesta peronista. En cambio, La Libertad Avanza manifestó su rechazo, argumentando principalmente en contra de la intervención estatal a través del Banco Ciudad en el mercado crediticio.

La medida se enmarca en una tendencia que se observa en varias provincias argentinas, donde gobiernos de distintos signos políticos han implementado planes similares para mitigar el impacto de la creciente morosidad familiar. En la Ciudad, la ley entrará en vigencia una vez promulgada por el Ejecutivo porteño y contempla un período inicial para las solicitudes, con el objetivo de canalizar rápidamente la ayuda hacia quienes más lo necesitan.

Esta aprobación no solo busca brindar una solución concreta a una urgencia social, sino que también evidencia la capacidad de diálogo entre bloques para abordar demandas ciudadanas en un escenario de tensiones económicas persistentes. La norma ahora aguarda su implementación, con la expectativa de que contribuya a estabilizar la situación financiera de miles de hogares porteños.

18.06.2026

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo este jueves una jornada cargada. En la misma sesión, los legisladores aprobaron una deuda millonaria para financiar la obra de infraestructura más ambiciosa del sistema de transporte porteño y avanzaron en la recuperación de una pieza del patrimonio urbano que lleva más de un siglo fragmentada.

USD 1.350 millones para la Línea F: la promesa que siempre se posterga

La Legislatura aprobó con 56 votos a favor y uno en contra la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer operaciones de crédito público por hasta 1.350 millones de dólares, destinados a financiar la construcción integral de la futura Línea F de la red de subterráneos porteña.

La norma habilita al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a tomar uno o más empréstitos con organismos multilaterales, bilaterales y bancos de desarrollo, así como a emitir títulos de deuda en mercados locales e internacionales.

Entre las condiciones que merecen atención figura la posibilidad de afectar recursos de coparticipación federal como garantía de repago -una herramienta que históricamente ha generado controversias sobre la autonomía financiera de la Ciudad- y la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción bajo legislación extranjera en determinados instrumentos.

La traza proyectada tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y, según las estimaciones del expediente, podría alcanzar una demanda diaria de entre 235.000 y 392.000 transacciones una vez integrada plenamente a la red. El objetivo es mejorar la conectividad transversal y descongestionar líneas existentes. Vale recordar que la apertura de ofertas para la licitación de la obra, prevista inicialmente para antes de junio, fue postergada: la nueva fecha fija la apertura de sobres para septiembre.

El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura, en un plazo de hasta 60 días, las operaciones de administración de pasivos que se realicen en el marco de la ley.

La Fuente Monumental N°19: un siglo dispersa, con media sanción para volver a estar entera

El segundo tema de la sesión tiene más de historia que de política coyuntural, aunque no por eso es menos revelador sobre cómo la Ciudad gestiona su patrimonio. La Legislatura aprobó en primera lectura un proyecto de ley que dispone el emplazamiento, restauración y reensamblaje de la Fuente Monumental N°19 en el Parque 3 de Febrero de Palermo, en un sector cercano a las calles Valentín Alsina y Avenida de los Ombúes. La iniciativa deberá pasar por una audiencia pública y una segunda votación antes de convertirse en ley.

La Fuente Monumental N°19 es un conjunto escultórico de hierro fundido de valor patrimonial, diseñado por el escultor francés Mathurin Moreau junto al arquitecto Paul Liénard, que fue inaugurada en 1903 en la explanada oeste de la Casa Rosada como parte del Paseo de Julio impulsado por el paisajista Carlos Thays. Su ubicación original estaba alineada con el eje de la Avenida de Mayo.

Con el paso del tiempo la obra sufrió distintos traslados y desmembramientos, especialmente tras la instalación del Monumento a Colón en 1921, y sus partes quedaron dispersas en distintos sectores de la Ciudad: Costanera Sur, Nueva Pompeya y Plaza de Mayo, entre otros puntos.

El proyecto destaca que actualmente la fuente se encuentra desarmada y que su recuperación integral forma parte de una política de puesta en valor del patrimonio urbano. En febrero, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ya había llamado a licitación pública para el ensamblaje de las piezas. Todos los gastos derivados del traslado, reconstrucción, ensamblaje e instalación serán cubiertos con partidas presupuestarias del Gobierno de la Ciudad.

17.06.2026

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión de los desalojos administrativos de viviendas que el Gobierno porteño ejecuta bajo argumentos vinculados a riesgos edilicios, problemas de salubridad o supuestos peligros de derrumbe. La resolución, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2, representa un freno a una práctica que en los últimos meses había generado fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, defensores públicos y vecinos afectados.

La medida cautelar fue adoptada tras una presentación impulsada por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra junto con familias desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI). El planteo judicial cuestionó la forma en que se venían realizando las evacuaciones y clausuras de inmuebles destinados a vivienda, señalando que numerosas familias quedaban sin alternativas concretas de alojamiento luego de los operativos.

En su resolución, el tribunal ordenó que el Ejecutivo porteño se abstenga de ejecutar clausuras, tapiados, desocupaciones, restricciones de acceso o impedimentos de reingreso a inmuebles habitados cuando esas medidas se fundamenten en cuestiones constructivas o de seguridad, sin cumplir previamente determinadas garantías. Además, estableció que, si una intervención oficial impide que los ocupantes permanezcan en sus hogares, el Gobierno deberá ofrecer una respuesta habitacional inmediata, transitoria y adecuada a las características de cada grupo familiar.

El fallo se produce en medio de una creciente controversia por la política habitacional de la Ciudad. Un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño y la Defensoría del Pueblo advirtió recientemente sobre el aumento de los desalojos administrativos entre 2024 y 2026 y alertó por la falta de dispositivos suficientes para asistir a las personas afectadas. Según ese relevamiento, miles de personas fueron desplazadas de inmuebles durante ese período, incluidos numerosos niños y adolescentes, mientras se incrementó el uso de procedimientos administrativos vinculados a clausuras por riesgo estructural.

La discusión cobró mayor visibilidad a partir de distintos episodios registrados en la Ciudad durante los últimos meses. Casos ocurridos en barrios como La Boca, Parque Patricios y Villa Ortúzar pusieron en evidencia la tensión entre la necesidad de prevenir accidentes en edificios deteriorados y el reclamo de vecinos que denuncian haber quedado en situación de vulnerabilidad tras las evacuaciones. En varios de esos conflictos, las familias cuestionaron los diagnósticos oficiales o reclamaron alternativas habitacionales más estables.

Desde el Gobierno porteño sostienen que las intervenciones vinculadas a riesgos edilicios buscan preservar la integridad física de los ocupantes y evitar tragedias derivadas de derrumbes o fallas estructurales. De acuerdo con los protocolos oficiales, la Guardia de Auxilio puede ordenar apuntalamientos, evacuaciones o incluso demoliciones cuando los especialistas detectan peligro para moradores o terceros.

La resolución judicial no elimina esas facultades preventivas, pero introduce nuevas condiciones para su aplicación y coloca en el centro del debate la obligación estatal de garantizar el derecho a la vivienda de quienes resultan afectados por este tipo de procedimientos. El juzgado también convocó a una audiencia con todas las partes involucradas para continuar analizando el caso y definir los pasos a seguir mientras se sustancia el amparo.

La decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y podría tener impacto sobre futuros operativos de evacuación vinculados a inmuebles considerados inseguros por las autoridades.

16.06.2026

Un sorpresivo operativo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Barracas terminó con el secuestro de un cargamento de 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa del Mundo FIFA 2026. La mercadería, de origen brasileño y perteneciente a la firma Panini, carecía de todo tipo de documentación legal y aduanera, estimándose su valor de mercado en aproximadamente 100 millones de pesos.

El procedimiento comenzó en la avenida Suárez al 2700 (Comuna 4), donde los agentes federales interceptaron dos vehículos particulares que trasladaban bultos sospechosos en plena vía pública. Al no poder acreditar las autorizaciones de tenencia e ingreso al país, los ocupantes -dos personas que quedaron detenidas- dispararon una investigación por presunto contrabando bajo el control del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8. El conteo final y el aforo aduanero contaron con la participación directa del personal de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los hilos del contrabando: desabastecimiento e informalidad:

La ramificación del caso no tardó en evidenciar las falencias en los controles de frontera del Ejecutivo nacional y la debilidad regulatoria que impera en los límites de la Capital. Tras las detenciones en Barracas, la Justicia ordenó un allanamiento en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Lanús, así como una orden de presentación formal en un local de encomiendas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el depósito bonaerense se halló un despliegue aún mayor de informalidad: prendas de vestir, dispositivos electrónicos y electrodomésticos acopiados de manera clandestina, valuados en otros 98 millones de pesos.

Lejos de ser un hecho delictivo aislado, el secuestro de los álbumes Panini desnuda una dinámica económica cada vez más frecuente. El circuito informal de distribución y la proliferación del mercado negro se ven fuertemente aceitados por dos factores estructurales: la persistente escasez del producto en los canales oficiales y la altísima demanda popular frente a la inminencia de la cita mundialista.

Mientras el Gobierno nacional ensaya reformas impositivas y aduaneras que no logran contener el flujo ilegal en los accesos urbanos, la administración de la Ciudad de Buenos Aires continúa delegando la seguridad comercial en operativos punitivos de saturación, sin abordar las redes de acopio ni los vacíos de control en las comunas del sur porteño. La causa, caratulada como infracción al Código Aduanero, deja al descubierto cómo la especulación y el desabastecimiento terminan rigiendo el consumo cotidiano de los sectores populares.

15.06.2026

Viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a ser más caro desde este lunes 15 de junio. La Secretaría de Transporte pondrá en marcha un nuevo ajuste en las tarifas de colectivos y trenes que operan bajo jurisdicción nacional, dando continuidad al cronograma de recomposición tarifaria que comenzó a aplicarse durante mayo y que prevé nuevas actualizaciones hasta septiembre.

En el caso de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA, el incremento será del 2%. De esta manera, el boleto mínimo para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada pasará a costar $728,28. Los valores aumentarán progresivamente según la distancia recorrida y, para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, las tarifas serán considerablemente más elevadas debido a la quita de beneficios.

La actualización también alcanzará al sistema ferroviario metropolitano. Los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur aplicarán una suba del 12,9%. Como consecuencia, el pasaje mínimo pasará de $310 a $350, mientras que las tarifas correspondientes a los tramos de mayor distancia se ubicarán en $470 y $590, según la sección recorrida.

La medida forma parte del esquema tarifario anunciado por el Gobierno nacional a principios de mayo. La primera etapa se implementó el 18 de ese mes y estableció una serie de aumentos escalonados para el transporte público bajo control nacional. El objetivo oficial es continuar reduciendo el peso de los subsidios estatales sobre el sistema, aunque procurando distribuir los incrementos en varios tramos para moderar su impacto sobre la inflación mensual.

Este nuevo ajuste se suma a las subas que ya comenzaron a regir el 1° de junio para los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, así como para el subte de la Ciudad de Buenos Aires. En esos casos, los incrementos respondieron a los mecanismos automáticos de actualización aplicados por los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia, que toman como referencia la evolución de la inflación más un adicional fijo.

Con este nuevo movimiento tarifario, el transporte público acumula una serie de incrementos consecutivos que modificaron significativamente el costo de viajar en el AMBA durante los últimos meses. Diversos relevamientos señalan que, desde el inicio de la actual gestión nacional, las tarifas de colectivos y trenes registraron aumentos muy superiores a los vigentes hasta fines de 2023, en el marco de la política de reducción de subsidios impulsada por el Gobierno.