Comunicadores del Sur

1.7.2018

A través de un comunicado oficial, que reproducimos a continuación, la Federación Universitaria de Buenos Aires explica su balance económico en respuesta a las denuncias difundidas por el diario Clarín y la llamada “FUBA paralela” que integran Franja Morada y el PJ.

Acerca del intento de tapar el fraude con denuncias de “negocios millonarios”

La recientemente creada “FUBA Viamonte” (por la dirección del rectorado de la UBA, Viamonte 444) y el multimedio Clarín lanzaron una serie de acusaciones contra la actual conducción de la Federación por realizar “negocios millonarios” con las fotocopiadoras. La denuncia tiene el objetivo obvio de desviar el eje del fraude escandaloso que cometieron las agrupaciones ligadas al gobierno de Macri y al rector Barbieri (Nuevo Espacio/Franja Morada, la UES y el MLI) para auto-proclamarse como conducción de una supuesta “nueva FUBA” mientras la policía y patotas a sueldo reprimían y encarcelaban a estudiantes.
Esta nueva acusación contra la conducción legítima de la FUBA carece de toda veracidad. La “caja millonaria” a la que la “FUBA Viamonte” hace mención solo existe en los planes de sus dirigentes corruptos, habituados a convertir en “cajas” a las organizaciones de lucha por los derechos de los estudiantes. Desde su recuperación en 2001, la FUBA eliminó toda clase de negocios lucrativos a los cuales la había asociado la Franja Morada (convenios con bancos, prepagas, empresas de turismo, etc.). Desde entonces, los recursos que la FUBA recauda a través de la venta de materiales en los CBC y otro tipo de actividades como fiestas y festivales se reinvierten para financiar las más de 2000 becas de apuntes que la federación brinda todos los años y las campañas gremiales y políticas que resuelven los centros de estudiantes.
Es necesario aclarar que la FUBA asume una tarea abandonada por el Estado y las autoridades de la UBA. En la última reforma del estatuto, las autoridades eliminaron la responsabilidad de la UBA de garantizar los materiales de estudio. Es gracias a este servicio que brinda la federación que miles de estudiantes pueden acceder a los mismos a precios baratos y a través de becas del 50 y del 100%, mientras que la UBA prácticamente NO da becas a los estudiantes del CBC.
Con evidente malicia, el gran diario-TV-internet-teléfono-celular argentino agrega a los delirios de la “FUBA Viamonte” otros de su propia calaña. Así, el hoy fusionado multimedio difunde que la FUBA contaría con el “monopolio” de la venta de materiales en el CBC. Esto no es así, en primer lugar porque hace años el rector Barbieri le viene cediendo a Nuevo Espacio/Franja Morada locales en los CBCs para vender los mismos apuntes, de forma completamente discrecional. En segundo lugar, porque las propias autoridades favorecieron la proliferación de negocios privados, muchas veces ligados a ellos mismos. La diferencia de todos ellos con la FUBA es que son más caros y no otorgan becas. Además, vale decir que con el desarrollo de las plataformas virtuales la gran mayoría de los apuntes pueden descargarse gratuitamente por la web.
A la hora de contabilizar el “negocio millonario” de la FUBA, Clarín realiza una increíble ecuación donde solo toma en cuenta como costo el sueldo de los becarios, olvidándose de los enormes y crecientes costos de impresión de los materiales. Como decíamos arriba, esta actividad perfectamente podría ser garantizada por la UBA, pero las autoridades prefieren desentenderse del problema. 

A pesar de que Clarín y la “FUBA Viamonte” digan lo contrario, la FUBA presenta balances públicos para que todos los estudiantes sepan en qué se utilizan sus recursos. Este año, además de la entrega irrestricta de becas a todos las y los estudiantes que las solicitan, la FUBA volcó sus recursos para acompañar distintas luchas y causas populares, como la organización de un plebiscito nacional donde más de 35 mil estudiantes se pronunciaron por el derecho al aborto o el aporte a la marcha por #NiUnaMenos; el viaje y la movilización a Córdoba para rechazar la Resolución 1254 y defender las carreras en el marco de la CRES; el aporte al festival por Justicia por Luciano Arruga; además de fondos de lucha para aportar a luchas como la de los trabajadores despedidos del INTI y del Hospital Posadas.
Este manejo transparente y responsable de los fondos de la FUBA contrasta con el que las autoridades hacen del presupuesto de la UBA. Si el objetivo es encontrar “negocios millonarios”, lo que se debe hacer es abrir las cuentas de los “recursos propios” generados en facultades como Ciencias Económicas con la venta de posgrados, convenios con el Banco Santander y otras empresas y toda clase de triangulaciones oscuras a costa de la universidad. Sin ir más lejos, el líder en las sombras de la “FUBA Viamonte” y vicedecano de esa facultad, Emiliano Yacobitti, sigue sin aclarar la estafa con los proveedores del Clínicas, cuyo lucro a costa del vaciamiento del hospital derivó en la renuncia del entonces decano Luis Giusti.
La Presidencia de la FUBA rechaza los ataques delirantes sobre “fondos millonarios” y denuncia que este operativo de desprestigio solo apunta a convalidar el fraude cometido el sábado pasado, replicando el modus operandi del macrismo para atropellar las organizaciones gremiales. Llamamos a todxslxs estudiantes a seguir defendiendo la federación que, desde su recuperación hace 17 años fue una garantía de lucha en defensa de la universidad pública y de los derechos de la juventud y de todos los trabajadores. Cuando el gobierno de Macri y el FMI pactan un violento ajuste contra el pueblo argentino, más que nunca lxs estudiantes necesitamos defender nuestra organización independiente. El fraude y la represión no pasarán. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro.

29.6.2018

Por Nicolás Romero

Hubo quema de gomas y bloqueo a la Terminal de Omnibus. L@s vecin@s exigen que el Gobierno pare las obras que afectan al barrio y sean tenidos en cuenta para su planificación.

Los errores de planificación del gobierno porteño en las obras que se están realizando en el barrio Carlos Mugica (Villa 31) a través de la Secretaria de Integración Social y Urbana (SISyU), sumada a una política que, en contra de la ley vigente, está dejando afuera de la discusión sobre la reurbanización del barrio a l@s vecin@s, produjo un combo de reclamos que ayer se expresaron, primero, con una quema de gomas para detener la maquinaria de construcción que estaba rajando algunas viviendas y, después, con un corte de calles frente a la Terminal de Omnibus de Retiro. En el bloqueo a la salida de los micros, que comenzó pasado el mediodía y se mantuvo hasta última hora de la tarde, l@s vecin@s en asamblea exigieron que el gobierno les dé participación efectiva en la elaboración del nuevo dictamen para urbanizar el asentamiento, que el oficialismo pretende votar en julio en la Legislatura. Hoy viernes 29 de junio, l@s vecinos se movilizarán a Venezuela 151, donde el gobierno discutirá a puertas cerradas con los Consejeros del barrio el proyecto.

Quienes viven en la 31 lo explican sin vueltas: el barrio está estallado por obras de infraestructura que el gobierno lleva adelante sin una planificación que tenga en cuenta la vida de sus habitantes. Por las obras, hay personas que se han lesionado por falta de seguridad, sectores de casas que quedaron encerradas y que no tienen por donde salir, y áreas cubiertas de barro. En definitiva, una vida cotidiana totalmente alterada, a la que se agrega el miedo a la política de desalojo forzoso que ya implementó el gobierno porteño –el 24 de febrero, una familia del barrio del sector Cristo Obrero fue desalojada y se les demolió la vivienda con la excusa de que estaba en riesgo la vivienda.

El malestar y las sospechas de l@s vecin@s se encendieron ayer a la mañana, en las manzanas 20 y 21, donde las obras estaban rajando las paredes de algunas viviendas. Con miedo, no solo al deterioro de sus hogares, sino a que las obras dejen en ruinas las casas para poder desalojarlas, las familias decidieron salir a la calle y quemaron gomas para que detener el avance de las maquinarias.

Al conflicto, se sumó el rumor, que corrió como reguero de pólvora, de que unas manzanas iban a ser desalojadas, que pusieron al barrio en estado de alerta y movilización. Pasado el mediodía, alrededor de 200 vecin@s se juntaron y cortaron la calle de salida de la Terminal.

Héctor Guanco, de la Mesa de Urbanización Participativa, explicó que “todo esto se da en medio de la discusión por la nueva ley que quieren implementar para reemplazar la 3.343, y en la que no nos dan participación. Nos cerraron las puertas y nunca nos tuvieron en cuenta. Recién en la última semana, y porque están apurados por votar la ley en julio, nos informaron que el miércoles (pasado) se hacía una reunión, otra mañana (por hoy 29 de junio) y una más el 7 de junio, porque el 10 la presentan en la Legislatura”.

“El dictamen que prepararon lo discutieron con técnicos el año pasado, este año con los Consejeros, pero sin el barrio. Y no estamos de acuerdo con que se presente esa ley porque hay muchas cosas que no se discutieron ni están aclaradas: hablan del costo de la tierra y nosotros hace 80 años que vivimos acá, por lo que creemos que no tenemos que pagar por ellas (hay otras urbanizaciones en marcha, como el barrio Rodrigo Bueno, donde no se les pretende cobrar las tierras a los vecinos). La forma de pago, la escrituración, el derecho a elevar la vivienda, el tema de los comercios, que no los reconocen, son parte de las cuestiones que no están saldadas. Como no presentaron ningún plano, tampoco sabemos cuáles van a ser los acceso para los transportes ni cómo será el trazado de las calles”, explicó.

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, explicó que entre las cosas que plantea el oficialismo “está cobrar a los vecinos un prorrateo de lo que el gobierno está gastando en urbanizar el barrio. Esto, sumado a lo que le van a cobrar por el suelo, cuando en otros barrios no se va a cobrar, y el precio por la vivienda y los servicios van a hacer estallar las economías familiares de un barrio cuyo promedio de ingresos es de 8.000 pesos”.

“La experiencia de las familias del barrio Cristo Obrero que se relocalizaron en el nuevo sector de la Villa 31 Bis, denominado Containera, están angustiadas porque se les rompió la economía familiar, perdieron sus ingresos porque tenían pequeños comercios y se quedaron sin clientela. Y todas las familias del barrio tienen esa experiencia en mente”, cuando se habla del tema, detalló.

28.6.2018

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados difundió un comunicado contra un proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que criminaliza la actividad de los artistas callejeros. En este marco, los martes 3 y 10 de julio, a las 14, se realizarán “Callejerazos” frente a la Legislatura  porteña, ubicada en Perú al 100 de la Ciudad de Buenos Aires.

Reproducimos comunicado del Frente:
 

Una vez más, esta gestión de gobierno expone su desprecio por la cultura independiente.
Los artistas callejeros estamos en ¡¡¡PELIGRO!!!
Si bien unos años atrás logramos paralizar el Proyecto de Ley 2538/15, el Macrismo vuelve a atacar a nuestro sector mediante un nuevo Proyecto de Ley mucho más dañino y perjudicial que el 2538/15.

ES NECESARIO QUE COMPRENDAMOS LA GRAVEDAD Y LA SERIEDAD DE ESTE NUEVO EMBATE.

El Proyecto de Ley 2538/15 no llegó a tratarse ni siquiera en comisión. Hicimos mucha fuerza en la calle y logramos frenarlo.
Este nuevo Proyecto de Ley (1664/J/18) YA ESTÁ SIENDO TRATADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA y por otra parte, la idea es que ingrese al recinto para ser votado favorablemente lo antes posible.
Recordemos que el Macrismo es mayoría en la Legislatura, con lo cual pueden sacarlo rápidamente.
Algunos de los puntos más perjudiciales de este Proyecto de Ley:
– Arresto de 1 a 5 días.
– Multas de $ 400 a $ 2.000.
– Denuncias anónimas, lo que facilita las denuncias falsas ya que no hay forma de comprobarlas siendo anónimas.
– Incautación por parte de la policía de nuestras herramientas de trabajo, instrumentos musicales, juguetes de malabares, etc.

Los artífices de este nuevo ataque a la cultura popular e independiente son:
– Martin Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad.

– Guadalupe Tagliaferri, Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano.

– Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros.

– Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno.

28.6.2018

Lo definió el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 25, Francisco Robledo, para el próximo 12 de julio. Esta acción podría dejar a más de 100 trabajadores en la calle. Cabe recordar que en noviembre de 2017 la emisora fue declarada en quiebra y desde entonces se encuentra bajo administración judicial.

El remate se realizará el 12 de julio próximo, y según la tasación de bienes, las licencias y las marcas de la sociedad a cargo de la emisora el magistrado fijó un precio base de 12 millones dólares.

Según el expediente, se tratará de vender la explotación de Rivadavia, en donde hoy trabajan cerca de 100 empleados, como una unidad en marcha y en block. Entre los activos, se ofrece el edificio donde funciona ubicado en la calle Arenales 2467 de Capital Federal; las licencias de radiodifusión, en las frecuencias LS5 Radio Rivadavia AM 630 y Radio Uno FM 103.1; equipos, maquinarias, antena transmisora y bienes muebles.
La causa se encuentra caratulada como “Radio Emisora Cultural S/Incidente de Continuación de la Explotación de la empresa”. En ese marco, se determinó que el remate se lleve a cabo en la Dirección de Subastas, en la calle Jean Jaures 545 de Capital Federal, al contado y al mejor postor “en el estado en que se encuentra”.
Recordemos que la emisora se encuentra bajo administración judicial desde noviembre cuando Robledo declaró la quiebra, desplazó a su dueño, el empresario Guillermo Whpei, y la radio quedó bajo el mando de un síndico judicial. Desde la comisión gremial denuncian, que desde entonces periodistas, locutores, operadores, técnicos de planta y administrativos, perciben los salarios con retraso y adelantaron que el próximo 12 de julio se movilizaran a la sede judicial en defensa de las señales y los puestos de trabajo.

28.6.2018

Gremios docentes y estudiantes secundarios repudiaron esta mañana la circulación de un manual del Ministerio Público de la Defensa de CABA que establecía un protocolo para el ingreso de policías a las escuelas con el objetivo de detener estudiantes.

Bajo el título “Fuerza pública en la escuela”, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires hizo circular hoy un manual que establece un protocolo de ingreso de la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales a las escuelas. Allí se explica que las fuerzas tienen la capacidad de ingresar, con o sin orden judicial, para “retirar un alumno del establecimiento”. Un eufemismo para lanzar a las fuerzas represivas contra la juventud estudiantil que viene de protagonizar tomas de colegios por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El repudio de los gremios docentes y de estudiantes y maestras en las redes sociales fue instantáneo.

Desde su página, Ademys indicó que “No podemos dejar que este tipo de iniciativas prospere. Ya en el día previo al tratamiento del aborto en Diputados, la Policía entró a una escuela secundaria ocupada a desalojar a las pibas y pibes al grito de “acá se acabaron los derechos”. En el mismo sentido, ayer la Policía de la Ciudad desalojó por la fuerza a los estudiantes que se encontraban en el rectorado de la UBA denunciando el fraude por parte de Franja Morada y el macrismo para quedarse con la Federación.”

Los legisladores porteños del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Patricio Del Corro, también repudiaron el documento en sus cuentas de Twitter.

Finalmente, ante el repudio, el Ministerio informó que retiraba el manual de circulación por “no reflejar adecuadamente la posición que tiene esta institución respecto de la intervención de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos”. Cabe preguntarse por qué, si esto es así, el manual se escribió, editó e hizo circular en primer lugar.