Comunicadores del Sur

20.03.2025

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) dará a conocer en las próximas horas la fecha en la que llevarán a cabo el tercer paro general contra el “ajuste feroz” del Gobierno que encabeza Javier Milei.

A pesar de las diferentes versiones que circulaban sobre un paro general de la CGT el próximo 8 de abril, Héctor Daer, el cosecretario de la organización adelantó en una entrevista con Gelantina que la protesta sería el 9 o 10 de abril.

“Los tiempos se acaban, un sector muy grande de la sociedad está empezando a vislumbrar la realidad y poniendo los pies sobre la tierra porque la percepción del ajuste es feroz”, remarcó Daer.

Finalmente la fecha del paro general se definirá este jueves por la tarde durante el encuentro de los dirigentes que integran la conducción de la entidad de la calle Azopardo.

El ala de la central obrera más opositora al Gobierno fue la que impulsó planteo para que los jefes sindicales declaren una nueva medida de fuerza, luego de los dos paros realizados el 24 de enero y el 9 de mayo, en los inicios de la gestión libertaria. La decisión tomó impulso tras la represión en la marcha de jubilados.

19.03.2025

El oficialismo busca aprobar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras afuera del Congreso, jubilados respaldados por gremios y universitarios vuelven a marchar, a pesar de la brutal represión de las fuerzas policiales.

En el Congreso hay más de 2.000 efectivos, entre los 900 policías de la Ciudad, los 720 policías federales y unos 400 miembros de Gendarmería Nacional y y Prefectura Naval que forman parte del operativo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que no deja de justificar la represión del miércoles pasado con los barrabravas.

El Congreso y los alrededores están blindados, ya que permanecen vallados a unos 100 metros a la redonda, por lo que no se puede circular con automóviles ni pasar las personas.

Esta mañana las pantallas de las estaciones de trenes aparecieron con mensajes del Gobierno y la amenaza de represión: “Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. La imagen se viralizó por redes sociales y, además, consigna también sonó por los altoparlantes.

18.03.2025

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro oficializó su candidatura como legislador porteño y la creación del frente “Es ahora Buenos Aires” con el que competirá en las próximas elecciones de medio término.

Según consideró en una entrevista televisiva, la Ciudad, bajo la conducción de Jorge Macri, se encuentra “abandonada”, en tanto remarcó que el modelo del PRO que lleva casi dos décadas en el dsitrito “está agotado”.

“Voy a ser candidato a legislador porteño. La realidad es que todos coincidimos que Buenos Aires está abandonada. Se siente en el aire que hay un modelo agotado”, comentó Santoro.

Además, en un diagnóstico del presente del distrito, desarrolló: “La disputa que se está empezando a observar hace algunas semanas habla más de una banda que se está disputando un botín, como diría Patricia Bullrich, que del intento de dar una vuelta de la página de lo que fue un modelo con luces y con sombras pero hace mucho tiempo nos tiene a los porteños absolutamente abandonados”.

Y continuó: “Buenos Aires duele porque la gente en situación de calle no tiene ningún tipo de amparo, duele porque está más sucia, los contenedores están tapados de basura, no se pueden usar los servicios públicos que son de mala calidad y duele también porque hay un sector de la política que se enriquece”.

Santoro inició su campaña meses atrás con la recorrida por los 48 barrios porteños, donde dialogó con los vecinos y recolectó reclamos en torno a las realidades de cada una de las comunas. En las últimas elecciones de renovación del ejecutivo llevó al balotaje al macrismo, situación inédita desde la irrupción del partido amarillo en la Capital Federal.

17.03.2025

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió un proyecto a la legislatura para endurecer las penas contra los trapitos. Esta iniciativa propone arrestos de hasta 30 días, 45 días de trabajos de utilidad pública y multas.

“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El proyecto establece que aquella persona que sin autorización legal ofrezca o preste en la vía pública servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4000 unidades fijas, calculadas según el precio del litro de nafta súper.

Además, se le aplicarán las sanciones de prohibición de concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde haya cometido la contravención.

En el caso de que las contravenciones ocurran en los alrededores de los grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las 3 horas antes de su inicio y hasta 2 horas después de su finalización, la sanción será de 10 a 45 días de arresto y el máximo se elevará a 60 días para los jefes, coordinadores, organizadores y/o promotores.

De probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, se sancionará a la entidad con multa de 5000 a 20.000 unidades fijas y clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales.

14.03.2025

Al igual que hicieron el vocero Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich atacó a la jueza Karina Andrade por haber liberado a los detenidos. Además, el Gobierno de Javier Milei anunció que denunciará a la magistrada ante el Consejo de la magistratura por “posible incumplimiento de funciones”.

Ante este escenario, la jueza Karina Andrade defendió la liberación de todas las personas que fueron detenidas y aseguró que “nadie” le dio información acerca de que “había barrabravas”.

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, señaló la magistrada, quien indicó además que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.

“De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era mexicano. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente”, agregó.

“Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea”, sentenció.