Comunicadores del Sur

28.3.2023

Será entre las 5:30 y las 7:30. Ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, las y los trabajadores del subte lanzan esta medida de autodefensa. “Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.

Las y los trabajadores del subte realizarán un paro en las líneas B y C entre las 5:30 y las 7:30 de este miércoles. Llaman a esta medida de autodefensa ante el fracaso en la audiencia con Emova y SBASE de este martes en la que llevaron el pedido de 2 francos semanales y un plan de desasbestización, entre otras demandas que vienen llevando a cabo desde el año pasado.
“Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios”, dijo en un comunicado Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.
Entre las demandas se encuentran la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores.
“En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos”, expresó. Y agregó que esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. Desde la AGTSyP han presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte suman 3 compañeros fallecidos por asbestosis y más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red.
“Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido”, finaliza el comunicado.
Acá podés leer el comunicado completo:
Fracaso la audiencia del día de hoy. Emova y Sbase no dan respuesta.
*SUBTE: ¡RATIFICAMOS, MIÉRCOLES 29/3 PARO DE LÍNEAS B Y C ENTRE LAS 5.30 Y LAS 7.30 HS!*
En un ámbito de trabajo con decenas de factores insalubres y nocivos para la salud seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal para obtener 2 francos. Nuestra intención es reducir la incidencia de todos esos factores insalubres para salvaguardar nuestra salud y por extensión la de los usuarios, además de apuntar a la mejora del servicio deficiente e inseguro que brindan la empresa concesionaria Emova y SBASE. Esta medida además facilitaría la creación de decenas de puestos de trabajo genuino, tan necesarios en una realidad del país con una desocupación y precarización cada vez más altas.
Tenemos que recordar que, a las condiciones insalubres y dañinas para la salud históricamente conocidas en nuestro ámbito, como la alteración de ritmos circadianos, microondas, electromagnetismo, microparticulados minerales y metálicos en suspensión, enrarecimiento del aire y falta de oxígeno entre otros, se les sumo el descubrimiento por parte de nuestra organización gremial, de la presencia del cancerígeno asbesto en toda la red.
El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. La ley prohíbe su compra, venta, uso, manipulación y exposición por las consecuencias fatales para el cuerpo humano. Debemos tener en cuenta además que desde la AGTSyP hemos presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido por la justicia porteña (Fallo Liberattori) y ratificado hace pocos días luego de que la empresa concesionaria apelará el fallo en 2020.
Los trabajadores del subte ya sumamos 3 compañeros fallecidos por asbestosis y tenemos más de 80 afectados por el mineral cancerígeno cuando aún no se les ha realizado los exámenes de rigor a la totalidad de los trabajadores del subte. Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días y a los vecinos de la red. Como ya lo hemos denunciado, una verdadera crisis sanitaria bajo tierra que el Gobierno de la Ciudad y Emova intentan desconocer, con las consecuencias luctuosas que acarrea esta situación.
Seguimos exigiendo la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de 2 francos semanales para todos los trabajadores. Nuestra decisión es clara: llevaremos adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para obtener la respuesta que necesitamos para salvaguardar nuestra salud y nuestras vidas y la de los usuarios y vecinos del subte. Invitamos a todos a sumarse a la campaña que llevamos adelante las y los trabajadores del subte en este sentido.
*Claudio Dellecarbonara* Secretariado Ejecutivo AGTSyP-SUBTE

23.3.2023

Un día antes de un nuevo aniversario del golpe de estado y presentado por la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, se aprobó un reconocimiento a la labor y lucha de este influyente movimiento cultural que desafió a los genocidas.

Teatro Abierto fue un movimiento cultural impulsado por dramaturgos y dramaturgas reconocidas que en 1981 desafiaron junto al pueblo a la dictadura genocida. Este jueves la Legislatura porteña aprobó la colocación de una placa en Argentores como forma de reconocimiento a su labor y lucha.
El proyecto fue presentado por la legisladora del Frente de Izquierda Alejandrina Barry a pedido de los artistas y fue aprobado con un aplauso a los dramaturgos presentes Roberto Tito Cossa, Alicia Dolinski y Ricardo Halac integrantes de Teatro Abierto, además como representantes de Argentores su vicepresidente Sergio Vainman y el Dr. Carlos Benítez, acompañados por los artistas Rafael Spregelburd y Facundo Abraham. El proyecto tuvo el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, como Victoria Montenegro del FdT, Gustavo Mola de UCR-Junto x el Cambio y del resto del Frente de Izquierda, Mercedes De Mendieta y Gabriel Solano.
“Este no es un reconocimiento a algo del pasado, sino a la necesidad de que opere la experiencia en la conciencia de nuestro presente, cuando estamos a un día de un nuevo aniversario de la dictadura genocida. Y cuando tantas voces negacionistas se alzan en las redes y hasta en este recinto como los que se abstuvieron de este reconocimiento no solo a un hecho teatral sino a un movimiento político organizado para enfrentar al golpe de estado” reconoció Alejandrina Barry, mientras agradecía la aprobación del proyecto.
Los libertarios de Milei y en voz del legislador Ramiro Marra votaron en contra, mientras los Republicanos Unidos de Pampito Moritán se abstuvieron. No sorprende que estos personajes defensores del golpe de estado se atrevan a votar contra un movimiento cultural comprometido en la lucha contra la dictadura militar encabezado por importantes artistas reconocidos internacionalmente como Osvaldo Dragún, Eduardo “Tato” Pavlovsky, Aida Bornik, Griselda Gambaro, Gonzalo Nuñez, Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Oscar Viale y Pepe Soriano, apoyados en su momento por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Ernesto Sabato y Jorge Luis Borges, entre otros.
Este movimiento cultural fue la punta de lanza para que se replique en distintas disciplinas culturales como Danza Abierta, Poesía Abierta, Cine Abierto y Música Siempre, entre otras. Y no solo en nuestro país sino incluso influenció al resto de Latinoamérica, donde en más de siete países se repitieron movimientos similares para enfrentar las injusticias contra los pueblos.
Teatro Abierto fue fundado en 1980 y su objetivo principal era demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, negado al ser un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario. Su principio fue el ciclo comenzado el 28 de Julio de 1981 en el Teatro Picadero; el cual fue incendiado posteriormente por un grupo de comando ligado a los militares. La programación consistió de 21 obras nacionales que se presentaban de a 3 diarias, a partir de las seis de la tarde. Decenas de miles de actrices, actores, técnicos y dramaturgos fueron parte del mismo.
Los negacionistas que este jueves votaron en contra de su reconocimiento deben de pensar que “fueron terroristas”. Hablan de ser los adalides de la Libertad, sin embargo, entre una cultura libre y la censura, la desaparición forzada, el asesinato y el terrorismo de estado eligieron lo último.

22.3.2023

Por Jesús Cabral

Desde el organismo nacional explicaron que la problemática se agudizó por las decisiones sanitarias, judiciales que adoptaron durante la pandemia y que ameritan ser modificadas.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denuncia condiciones inhumanas en dispositivos de encierro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace muchísimo tiempo que este organismo viene advirtiendo que estos lugares no están aptos para detenciones prolongadas.
También contaron que en cada monitoreo que realizan encuentran decenas de irregularidades que muestra un gran desprecio por las vidas de los allí cautivos. Según las estadísticas que construyeron, más del 90% de la población detenida se encuentra a disposición de la Justicia Nacional que no les brinda una solución.
“Si abordamos la situación de estos dispositivos de encierro desde una perspectiva de Derechos Humanos queda en evidencia que todos los derechos de estas personas están siendo vulnerados”, denunció Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN, durante el diálogo. Continuó reclamando que “nosotros venimos alertando sobre esto desde hace mucho y en forma continua”.
“Cuando empezó la pandemia una gran cantidad de personas privadas de libertad fue alojada en forma permanente en lugares de encierro transitorio -de distintas fuerzas de seguridad- en terribles condiciones de hacinamiento”, recordó el procurador adjunto. En este sentido las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad “que están ubicadas por todo el territorio porteño y alojan una gran cantidad de detenidos en espacios pequeños”.
“Esta problemática se profundizó por dos decisiones que se tomaron durante la pandemia, la primera se debe a los estrictos protocolos sanitarios y la otra a las disposiciones judiciales que ordenaron un cupo limitado en las cárceles Servicio Penitenciario Federal”, señaló Cejas Meliare. Sin embargo, hasta el momento estas medidas adoptadas “no fueron modificadas, siguen funcionando así y deben ser reemplazadas porque quedaron obsoletas ante la situación actual”, reclamó.
“Lamentablemente estamos lejos de que disminuya la población en estos establecimientos para encierros transitorios, sino todo lo contrario, ha ido aumentando en forma exacerbada”, advirtió el procurador adjunto. “Consideramos que seguirá así y que seguirá creciendo en el tiempo”, agregó.
“Es tan así, que las estadísticas que construimos indican que más del 90% de estas personas detenidas se encuentra a disposición de la Justicia Nacional, que no muestra interés en brindar una solución”, enumeró y denunció el funcionario. También remarcó que el alojamiento de detenidos en estos espacios “implica la afectación directa a todos sus derechos -que están garantizados en el marco de la privación de libertad- por el propio ordenamiento jurídico”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando de manera permanente que estos lugares para detenciones transitorias carecen de los recursos materiales, económicos, profesionales y humanos que se necesitan para garantizar los derechos de las personas allí cautivas.
“Para graficar el enorme hacinamiento que existe en estas dependencias policiales, solo basta con ver que en una celda individual alojan hasta cuatro personas”, se quejó el procurador adjunto. Señaló que permanecen detenidas “bojo las peores condiciones que puedan imaginarse, esto es gravísimo y amerita una inmediata solución”.
“Estas condiciones evidencian que estos espacios no son aptos para detenciones prolongadas”, aseveró el funcionario. Porque repercuten directamente en el “trato digno hacia las personas que indica la privación de libertad, como lo estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, argumentó el procurador adjunto.
“De acuerdo a la información actualizada que tenemos, la cantidad total de personas detenidas que son alojadas por día en dependencias de la Policía de la Ciudad, actualmente llegan casi a las 1.200”, enumeró Cejas Meliare. Finalizó explicando que todas ellas son distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Buenos Aires en veintiuna alcaidías comunales, en centros de contraventores y en más de veintisiete comisarías de la Policía de la Ciudad. A pesar de todo ello, hasta el mes de marzo la Justicia Federal no ha tomado ninguna medida al respecto”.

21.3.2023

El pasado sábado 18, las Consejerías de Vivienda denunciaron públicamente que en el horario de convocatoria a su asamblea semanal, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad, abordaron a una integrante de la organización mientras se encontraba sola. Según informaron, los hombres argumentaron que se encontraban fiscalizando el espacio público y que iban a quedarse en la asamblea para “ver de qué se hablaba”. “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de la peor dictadura que ha sufrido el país y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún”, expresaron desde las Consejerías.

Los hechos de hostigamiento ocurrieron alrededor de las 13:00, en plaza Garay, barrio de Constitución, donde las Consejerías convocaron a su asamblea que desarrollan todas las semanas. A través de un comunicado informaron que los dos agentes finalmente se retiraron del lugar pero que un policía permaneció toda la reunión a menos de 100 mts y que varios uniformados pasaban por donde estaban reunidos y también patrulleros por Avenida Garay.
Las Consejerías de Vivienda es una organización autogestiva de la Ciudad que tiene como eje central la lucha por el derecho a la vivienda digna. Desarrollan acompañamiento y organizan a familias y personas que viven en hoteles, pensiones, villas o en las calles de CABA, que necesitan solución habitacional urgente, sufren violencia familiar o de género o están en peligro de ser desalojados. Desde el 2017, denuncian la falta de política habitacional estatal, el crecimiento de la especulación inmobiliaria y el aumento creciente de familias sin techo a la par del incremento de casas y edificios vacíos en todos los centros urbanos del país.
La organización argumentó que lo sucedido el sábado es una forma de persecución hacia quienes se organizan, pero no es la primera vez que les sucede. Durante la pandemia recibieron más de 300 consultas por intentos de desalojo, acompañaron a las familias e impulsaron además propuesta y reclamos para que se aplicara el apartado de “alquiler social” de la nueva ley de alquileres aprobada el 11 de junio de 2020, punto que el Estado nunca efectivizó. La lucha contra los desalojos en pandemia, más allá del decreto presidencial, les valió en ese entonces también la persecución del gobierno de la ciudad. “El negocio inmobiliario no es algo que los gobiernos les encante que se ataque. Muchos funcionarios de gobiernos locales, provinciales y nacional han amasado (y siguen amasando) enormes fortunas desenvolviéndose en esa área. A su vez genera el ingreso de dólares que el FMI demanda, junto con el tremendo ajuste que venimos viviendo (incluida una crisis inquilina sin precedentes)”, manifestaron las Consejerías en el comunicado.
Y agregaron “Sumémosle a esto un año electoral con un claro corrimiento a la derecha, donde el actual jefe de gobierno y precandidato a presidente por el PRO – Juntos por el Cambio, Larreta, quiere mostrarse «más firme» ante la interna que juega con Patricia Bullrich, quien ya lo ha tildado de «blando» e incapaz de dirigir así un país. ¿Será por eso también que el ministerio que nos cayó sin invitación el sábado es el que está licitando más de $ 1.500 millones para que una empresa releve causantes de «contaminación visual», incluyendo personas en situación de calle y recicladores urbanos? Comprobaron lo que ya sabíamos, para ellos, sólo somos basura.”
Además, destacaron que lo ocurrido en la Asamblea no es un hecho aislado y que días antes fue clausurado el Multiespacio Abasto, donde funciona una Defensoría de trabajadores con quienes comparten la resistencia a desalojos de casas colectivas.
Denunciaron que la represión y el encarcelamiento de militantes avanza en todo el país: “A días de un nuevo 24 de marzo, a 47 años de iniciada la peor dictadura que ha sufrido el país, y cumpliéndose 40 años de supuesta democracia, estas provocaciones del Estado dan más tristeza y bronca aún. No podemos quedarnos callados y alertamos que a lo largo y ancho del país aumenta la persecución y criminalización de la organización y la protesta. Como se dice acertadamente: «El ajuste sólo pasa con represión».
Las Consejerías finalmente, exigieron: cese del hostigamiento y persecución y criminalización a quienes se organizan, que se levante la clausura de la Defensoría de los Laburantes, libertad a las mujeres mapuche e hijos, no a los desalojos, cesión inmediata de tierras e inmuebles estatales, ni un pibe sin techo, alquiler social y vivienda digna y definitiva.
“Fascismo nunca más, no pasarán”, cerraron.

20.3.2023

Este martes 21 de marzo, a las 12, enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, nucleadxs en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), marcharán desde el Obelisco hasta la fiscalía porteña donde se hará un ruidazo para denunciar el dictamen emitido con la Fiscal de Cámara, Nidia Cícero, en la causa del amparo por equiparación de condiciones salariales, laborales y profesionales que, en primera instancia, obtuvo un fallo favorable. Califican este dictamen como una “provocación”.

Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de ALE, denunció: “Francamente no podíamos creer lo que leíamos cuando nuestro abogado nos hizo llegar el dictamen de esta señora fiscal: ¡le “recomienda” al Tribunal Superior que revoque el fallo favorable a la Enfermería que dictó la Jueza López Vergara! Todos los argumentos con los que fundamenta su postura son los que venimos escuchando y desmintiendo, de Larreta y Quirós. Esto es indignante. Por eso convocamos a una gran marcha en unidad con más sectores de la Enfermería”.
Por su parte, Carolina Cáceres, secretaria general de ALE e integrante del Consejo Ejecutivo de Profesionales de la salud GCABA, agregó: “El Gobierno de Larreta y Quirós, representado por la fiscal Cícero, no logra negar ni la relevancia ni el nivel de formación alcanzado por la Enfermería. Por ello utiliza falacias, diciendo que la equiparación con el resto de las profesionales ‘dividiría’ a la Enfermería. Es increíble tanto nivel de cinismo. El cumplimiento del fallo de la jueza Vergara tendría como efecto inmediato, el fin de una discriminación histórica, e impulsaría una mayor cantidad de profesionales de la Enfermería con mayor nivel de formación. Nuestra unidad es el 21 en las calles por nuestros derechos”.
En el mismo sentido, Luciana Franco, también enfermera del Hospital Fernández y secretaria gremial de ALE, completó: “Este dictamen de una fiscal que siempre ‘casualmente’ coincide con Larreta, es para presionar al Tribunal Superior contra la Enfermería. Por eso, dice en sus ‘recomendaciones’, que ‘afectaría al presupuesto’ hacer justicia laboral con nuestro sector: la fiscal está más preocupada de que Larreta y Quirós tengan plata para su campaña electoral, que reconocerle los derechos violentados a la Enfermería. No tiene vergüenza”.