Comunicadores del Sur

23.04.2026

Un operativo de desalojo se desarrollaba este jueves por la mañana en un inmueble ubicado en la calle San Blas 1974, en la intersección con Andrés Lamas, en el barrio porteño de Villa General Mitre (Comuna 11), cerca del límite con La Paternal (Comuna 15). El procedimiento comenzó alrededor de las seis de la madrugada y afecta a más de un centenar de personas que habitan el lugar, entre ellas familias con niños y personas con discapacidad.

Según relataron vecinos y residentes, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de distintas áreas del Gobierno porteño llegaron al lugar a primera hora e intentaron ingresar al edificio. De acuerdo con estos testimonios, inicialmente no se habría exhibido una orden judicial escrita, lo que generó resistencia por parte de quienes viven allí. Más tarde, indicaron, se informó que la intervención contaba con aval de la fiscalía, presuntamente comunicado de forma telefónica.

Durante la mañana, el operativo continuaba con un vallado perimetral que impedía el acceso a la cuadra. También se acercaron legisladores, referentes sociales, vecinos y docentes de escuelas cercanas, algunos de los cuales cuestionaron la modalidad del procedimiento y reclamaron soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Desde sectores opositores, la diputada porteña Delfina Velázquez calificó el desalojo como “irregular” y sostuvo que se estaría avanzando sin cumplir con las garantías correspondientes. En la misma línea, otros referentes señalaron que no hubo notificación previa y cuestionaron la falta de una respuesta habitacional integral.

Por su parte, uno de los habitantes del inmueble, que aseguró vivir allí desde hace casi tres décadas, describió que tras una primera negativa de ingreso, las autoridades realizaron un relevamiento interno y comenzaron a desarrollar un censo de las personas que residen en el lugar. Según indicó, a los ocupantes se les habría mencionado la posibilidad de una reubicación, aunque manifestaron su rechazo a soluciones transitorias como subsidios económicos o paradores.

En paralelo, fuentes del Gobierno porteño señalaron que el predio se encuentra ocupado desde el año 2000 y que cuenta con una sentencia firme de desalojo dictada en 2009. Además, indicaron que el procedimiento estaría vinculado a la necesidad de realizar una inspección estructural ante el presunto riesgo de derrumbe.

El inmueble, que abarca varias direcciones entre San Blas y Andrés Lamas, pertenece a un propietario particular y fue escenario de un prolongado conflicto judicial. Desde la administración local también señalaron que algunos de los ocupantes tendrían antecedentes y causas abiertas, aunque estos datos no fueron detallados oficialmente.

Mientras tanto, en el lugar se registraron momentos de tensión, con empujones y discusiones entre efectivos y personas que intentaban ingresar o permanecer en la propiedad. El operativo continuaba al cierre de esta nota, con presencia de fuerzas de seguridad y equipos técnicos que avanzaban en el relevamiento de la situación.

22.04.2026

La legisladora Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires), junto a integrantes de su bloque, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes sobre la licitación de estacionamientos subterráneos disuasorios impulsada mediante la Resolución Conjunta Nº 9/MJGGC/26 en cinco espacios: Parque España, en Barracas (Comuna 4); un predio en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios (Comuna 4); la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo (Comuna 14); el Parque de la Innovación, en Núñez (Comuna 13); y la Plaza Noruega, en Belgrano (Comuna 13), como informó Pura Ciudad

El proyecto requiere información sobre el marco legal que habilita la incorporación de nuevas localizaciones al sistema previsto por la Ley N.º 3058, incluyendo emplazamientos en las Comunas 4, 13 y 14. En particular, se pide precisar la normativa que permite sumar estos puntos, así como la compatibilidad de esa decisión con el esquema original de la ley.

Asimismo, se solicita al Ejecutivo que fundamente el alcance del artículo 8º de la norma, en relación con la posibilidad de ampliar el sistema sin intervención legislativa, e informe si hubo dictamen de la Procuración General de la Ciudad sobre este aspecto.

En relación con la licitación, el pedido incluye el requerimiento del dictamen completo de la comisión evaluadora que intervino en el proceso y los criterios utilizados para declarar de interés público la iniciativa presentada por la empresa E-ARG SRL. También se consulta si se realizaron estudios de factibilidad jurídica, impacto urbano y ambiental, y análisis de demanda.

Otro eje del pedido apunta a la integración del sistema con el transporte público, tal como lo establece la Ley 3058. En ese sentido, se solicita información sobre los mecanismos de integración tarifaria, los estudios de movilidad que respaldan la localización de los proyectos y la posibilidad de que las cocheras funcionen como estacionamientos de uso general.

El proyecto también incluye consultas sobre los aspectos económicos y contractuales, como el monto estimado de inversión, el esquema de financiamiento y las condiciones de explotación de las concesiones, previstas a 20 años.

En materia de participación, se requiere información sobre la intervención de las Juntas Comunales y la realización de instancias de consulta pública, así como los mecanismos previstos para incorporar las opiniones de vecinos y organizaciones.

Por último, se solicita precisar qué organismos estarán a cargo del control de los contratos y si está prevista la intervención de la Auditoría General de la Ciudad o del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo del pedido es contar con información detallada que permita evaluar la implementación del sistema de estacionamientos disuasorios en el marco de las competencias de la Legislatura.

21.04.2026

La Ciudad de Buenos Aires decidió activar un protocolo específico frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas, en un contexto marcado por la proliferación de mensajes intimidatorios que, en muchos casos, se originan en redes sociales y se expanden como parte de dinámicas virales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que este tipo de acciones “no son bromas” sino conductas que pueden tener consecuencias penales, y sostuvo que no serán minimizadas.

El plan oficial apunta a establecer pautas claras de actuación ante cada alerta, con el objetivo de resguardar la integridad física y emocional de estudiantes, docentes y familias. Para ello, articula la intervención de distintos organismos, entre ellos el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y áreas dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Según se explicó, la intención es anticipar situaciones de riesgo y evitar que el temor altere el normal funcionamiento de las escuelas.

En los últimos días se registraron episodios concretos que obligaron a desplegar operativos de seguridad. En algunos casos, las amenazas derivaron en intervenciones policiales e investigaciones judiciales para determinar responsabilidades, incluso fuera del territorio porteño. Las autoridades también pusieron el foco en el rol de las familias, a quienes convocaron a dialogar con los adolescentes sobre el contenido que consumen y comparten en entornos digitales.

El fenómeno tiene un alcance más amplio y no se limita a la Ciudad. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se activaron protocolos en instituciones educativas tras amenazas reiteradas en un corto período de tiempo, lo que generó alarma entre las comunidades escolares. En uno de los casos recientes, en La Matanza, dos episodios en menos de 48 horas motivaron la intervención de las autoridades y el refuerzo de medidas preventivas.

A nivel regional, la situación también encendió alertas. En distintos puntos de Argentina y Chile se detectó una seguidilla de mensajes anónimos que advertían sobre posibles ataques, lo que obligó a suspender clases y activar mecanismos de seguridad. Especialistas y autoridades investigan si se trata de un “reto viral” entre jóvenes, impulsado por el impacto que generan este tipo de amenazas y su rápida difusión en redes sociales.

El trasfondo de esta preocupación remite directamente al ataque en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal, protagonizado por un estudiante armado, que derivó en la muerte de un alumno y varios heridos, en un hecho inédito en el país en las últimas décadas. Ese antecedente, sumado a la circulación de amenazas, elevó el nivel de alerta en todo el sistema educativo.

En este escenario, las autoridades buscan un equilibrio entre la respuesta punitiva y las estrategias de prevención. Los protocolos difundidos en distintas jurisdicciones coinciden en desalentar la viralización de mensajes intimidatorios —para evitar su efecto multiplicador— y en promover la denuncia inmediata a través de canales institucionales.

La advertencia oficial es clara: más allá de su origen, las amenazas generan consecuencias reales. No solo movilizan recursos de seguridad y afectan la vida escolar, sino que también pueden derivar en sanciones judiciales. Frente a un fenómeno que combina redes sociales, adolescencia y violencia simbólica, el desafío pasa por intervenir antes de que el miedo se transforme en un hecho concreto.

20.04.2026

La Plaza de Mayo amaneció el sábado con una energía inusual. El motivo era doblemente significativo: honrar la memoria del Papa Francisco a un año de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025, y hacerlo bajo la atenta mirada de la Catedral Metropolitana, la misma que lo tuvo como arzobispo durante quince años.

La figura central de la noche fue el portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el “cura DJ”. Con una sotana negra, alzacuello y un rosario colgando de su muñeca, Peixoto se paró detrás de la consola para ofrecer un set de dos horas y media que combinó a la perfección la potencia del techno con la solemnidad de los mensajes de fe. “La danza no es moda, es pasión”, retumbó en los altoparlantes como antesala de su presentación. El sacerdote, que minutos antes había ensayado con jóvenes de los Hogares de Cristo en el barrio Padre Carlos Mugica, subió al escenario dispuesto a romper moldes.

El evento, bautizado como “Francisco vive en el encuentro” bajo el lema “Todos, todos, todos”, fue organizado por la asociación civil Miserando con el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad. La convocatoria superó todas las expectativas: se estima que más de 120 mil personas colmaron la plaza y las calles aledañas, como San Martín y Rivadavia, donde se instalaron pantallas gigantes para que nadie se perdiera el espectáculo. Entre la multitud, se pudo ver al propio arzobispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, disfrutando del show y bendiciendo la propuesta innovadora.

El repertorio de Peixoto fue un viaje sensorial y espiritual. Mezcló sus propios temas, como “El grano de mostaza”, con versiones tecno de clásicos como “Ameno” y remixes de artistas populares como Bad Bunny y Queen. En un guiño a la idiosincrasia local, sonó “Sólo le pido a Dios” de León Gieco, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del sumo pontífice, palomas blancas y cruces iluminadas. Fragmentos de discursos de Francisco, como aquel emblemático “¡La Iglesia no es una ONG!” o el “hagan lío” dirigido a los jóvenes, se entrelazaban con los beats, generando un clima de recogimiento festivo que fue coreado por los presentes.

Para el padre Guilherme, de 52 años, la presentación en Buenos Aires tuvo un valor especial. Oriundo de Guimarães, Portugal, el sacerdote se ordenó en 1999 y encontró en la música electrónica una herramienta para acercar a los jóvenes a la Iglesia, algo que el propio Francisco incentivó. “Él decía mucho: ‘no tengan miedo’, que teníamos que salir a las periferias. Estos mensajes fueron una inspiración”, recordó el DJ en una entrevista previa con AP. Aquellas palabras del pontífice argentino lo impulsaron a perfeccionarse en una escuela de DJ en Oporto y a lanzarse a la aventura musical que hoy lo lleva a tocar en los escenarios más importantes del mundo.

Así, entre banderas, aplausos y la energía vibrante de una Buenos Aires nocturna, el recuerdo del Papa Francisco encontró su homenaje más popular: una celebración en la calle, sin sectores VIP ni acreditaciones, donde la única condición era el respeto y el espíritu de la “cultura del encuentro” que él mismo predicó.

17.04.2026

Los consorcios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires atraviesan un momento de alta tensión financiera. La morosidad en el pago de las expensas ya alcanza al 17% de los departamentos, según el más reciente relevamiento de la plataforma Consorcio Abierto, que analiza la situación de 13.000 edificios. Esto implica que, en ambos distritos, casi uno de cada cinco propietarios o inquilinos no está al día con sus obligaciones mensuales, una cifra que, lejos de reducirse, se ha mantenido inalterable a lo largo de todo 2025, revelando la profundidad de un problema que muchos administradores ya califican como de carácter estructural.

La fotografía actual, sin embargo, podría ser incluso más preocupante si se consideran los números de meses anteriores. Durante febrero, diversos medios reportaron un salto en el índice de incumplimiento, que pasó del 17% al 19% en apenas treinta días, consolidando una tendencia creciente impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento sostenido de los costos de mantenimiento. “No hay un salto significativo, pero sí una persistencia que empieza a ser estructural”, advirtió Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, al analizar los datos. El especialista graficó la situación señalando que, cuando la mora crece, el consorcio deja de ser una simple administración de gastos para convertirse en un sistema de financiamiento forzado: quienes pagan a término terminan sosteniendo el funcionamiento del edificio mientras los deudores regularizan su situación.

El peso de la deuda recae de manera desigual sobre los hombros de los propietarios, y se agrava por la diferencia en las tasas de interés que cobran los consorcios por los pagos fuera de término. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los intereses por mora promedian el 4,8% mensual, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje se eleva al 6,1%, un castigo adicional que refleja las distintas realidades económicas de ambos territorios pero que, en todos los casos, suma presión a quienes ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

Las expensas, por su parte, no dan tregua. En marzo, el valor promedio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $326.183, lo que representa un incremento interanual del 36%. En la provincia de Buenos Aires, la suba fue aún más pronunciada, con un alza del 44,3% que dejó el promedio en $160.921. Laiuppa explicó que, aunque los aumentos mensuales empiezan a moderarse, los niveles siguen siendo altos y la dinámica ha cambiado: “Esto es relevante porque le da mayor previsibilidad a la gestión, aunque no resuelve el problema de fondo: el costo de mantener un consorcio sigue siendo alto”. El directivo aclaró además que las expensas no se mueven en línea recta con la inflación —que en marzo fue del 3,4%—, ya que su comportamiento está más vinculado a la estructura interna de cada edificio y a sus propios calendarios de ajustes, como los aumentos salariales de los encargados o la renovación de contratos de servicios.

El desglose de los gastos revela por qué los consorcios tienen tan poco margen de maniobra. En la Ciudad de Buenos Aires, el pago de personal y sueldos representa el 33% del total de las expensas, un porcentaje que se eleva al 35% en los edificios pequeños y se reduce al 16% en las grandes torres, donde las economías de escala alivian la carga. Los gastos operativos y de mantenimiento ocupan el segundo lugar, con un 28% del presupuesto, aunque en los edificios de gran porte este rubro puede escalar hasta el 53% debido a la contratación de servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento intensivo. Los servicios públicos se mantienen estables, con una incidencia que oscila entre el 13% y el 15%, mientras que los gastos administrativos, bancarios e impositivos absorben otro 14% del total, un porcentaje que se diluye al 8% en los consorcios más grandes gracias a la distribución de costos fijos como honorarios y seguros.

La persistencia de la mora en niveles elevados y la falta de señales de mejora significativa en los distintos distritos encienden una alerta que va más allá de lo económico. Como advirtió el director de ConsorcioAbierto, la morosidad no es solo un problema de pago individual. Cuando se sostiene en el tiempo, el consorcio se ve obligado a financiarse internamente entre vecinos, generando más presión sobre quienes están al día y poniendo en riesgo la convivencia y el mantenimiento básico de los edificios.