Comunicadores del Sur

16.8.2022

Frente al anuncio del Gobierno de la Ciudad de que tomará el control del sistema de acarreo en la Ciudad hasta que defina la nueva licitación, la diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandrina Barry presentó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete. “Reconocen irregularidades, ahora que expliquen porque funcionaron por 20 años sin ninguna licitación”, denunció.

La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry, presentó un pedido de interpelación al Jefe de Gobierno porteño para que dé explicaciones sobre la reciente resolución del Gobierno porteño de tomar el control del servicio de acarreo de vehículos hasta tanto se defina una nueva licitación. Pide que sea uno de los proyectos a tratar en la sesión especial de este jueves que solicitaron todas las fuerzas opositoras de la Legislatura porteña.
El sistema de acarreo en la Ciudad es un negociado gigante. Las concesiones están vencidas desde el 2001. A principio de año, el Jefe de Gobierno les dio un aumento por acarreo del 41 % en el costo del servicio, pasó de 4350 a 6525 pesos. A esto hay que sumarle la extensión de los parquímetros en la Ciudad que el PRO votó en el 2020. Un estacionamiento pago a cielo abierto, que lleva de 4.000 a 85.000 los espacios pagos por estacionar en la Ciudad.
Recién ahora que la oposición completa desde el Frente de Izquierda, el FdT e incluso los libertarios, pidieron una sesión especial para tratar el tema, el gobierno terminó reconociendo que la licitación que seria para diciembre de este año “tenía problemas” por lo cual se hace cargo el estado del acarreo mientras se solucionan los mismos. Este escándalo debe ser tratado hasta el final, no puede pasar desapercibido, porque la actitud del Gobierno porteño da cuenta de “cola de paja”.
Barry aseguró en un comunicado de prensa: “Hemos presentado un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete Felipe Miguel para que sea uno de los proyectos a tratar en la sesión especial del jueves que solicitamos distintas diputadas y diputados de la oposición”. Y agregó: “Tienen que dar explicaciones, las concesiones están vencidas desde el 2001, hace más de 20 años ¿o acaso ahora se dieron cuenta que es una truchada?”.
Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad, Myriam Bregman, planteó que “el negocio de los parquímetros va de la mano del acarreo. Fue tan fraudulenta la audiencia por su aumento que en el 2020 conseguimos un fallo que lo frenó. Pero Larreta siguió adelante y ahora se pasó de 10.000 a 24.000 cuadras parquimetradas”.
Para finalizar, Barry concluyó: “A principio de este año, el Jefe de Gobierno les dio un aumento por acarreo del 41 % en el costo del servicio, pasó de 4350 a 6525 pesos. Es evidente que el anuncio de hoy solo responde a la interna de Juntos por el Cambio, y nada tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador que sufre la inflación, los tarifazos en los servicios públicos a los cuales se suman el aumento en el transporte”. El negocio redondo que tuvieron ilegalmente las empresas de acarreo, STO (Dakota S.A.) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), deberían habilitar sus cuentas contables y demostrar que hicieron con las ganancias de estos 20 años, donde pagaron un irrisorio canon de 55 mil pesos, monto que lograban recaudar con tan solo 9 horas de trabajo de una grua.

12.8.2022

POR JUAN BORGES

El próximo 12 de agosto se cumplirán cuatro años del gatillo fácil de Cristopher “Bocha” Rego, asesinados por agentes de Prefectura Naval Argentina en 2018, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Diálogo con Jorge Rego, padre del joven asesinado quien hizo un balance sobre un nuevo aniversario del asesinato de su hijo y la memoria viva de su historia.

¿Este próximo 13 de agosto se realizará una actividad en el barrio para recordar al Bocha?
Jorge Rego: Sí. Lo vamos a hacer en el barrio de Parque Patricios. Vamos a estar realizando un festival recordando a mi hijo Bocha y colocando un elemento recordatorio. Hay un parque del mismo nombre y en las intersecciones de la avenida Caseros y Monteagudo. Se va a colocar un monolito y un cartel con la foto de bocha rego contando como lo asesinaron. Se harán presentes la diputada Victoria Montenegro y el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla. También estarán apoyando bandas musicales a confirmar.

¿Qué evaluación hace del fallo en la causa investigo el crimen de su hijo?
J.R..: El ex prefecto Pablo Miguel Britez se comió cadena perpetua y hasta donde yo sé estaba en la cárcel de Marcos Paz. Para mí fue una sentencia justa ya que durante mucho tiempo esperamos que se hiciera justicia y gracias a la lucha y la movilización realizada por los familiares y el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y compañeros de la marcha nacional contra el gatillo fácil. Logramos que finalmente sea condenado.

¿Cómo vive este nuevo aniversario?
J.R..: Con muchas ansias. Esperanza y nervioso. Ya que es la primer actividad o homenaje que le puedo hacer a bocha después de 4 años. Pasamos momentos muy difíciles en estos años y realmente fue muy difícil todo. La pandemia también nos perjudico en cuanto a que atraso la sentencia y el juicio. De alguna manera este aniversario será una manera de desahogarnos finalmente en el barrio y recordando a mi hijo.

¿Cómo es su militancia actual?
J.R.: Milito desde el asesinato de mi hijo en la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Lo cual me enorgullece. Me siento acompañado, respetado y protegido por todas y todos los compañeros. Todos tuvimos la desgracia de perder algún ser querido por las fuerzas de seguridad. Siempre digo que son mi segunda familia. Estuvieron en los momentos más difíciles y eso nos unió fuertemente, por eso también yo los acompaño en sus momentos de dolor. Estar unidos nos hace mucho más fuertes en momentos en donde el dolor de la impunidad y la injusticia suele debilitar a cualquiera que pierde un hijo o una hija.

¿Cómo cree que se encuentra la lucha contra la violencia institucional actualmente?
J.R: Lamentablemente la situación es cada vez peor. En la pandemia murieron muchísimos jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad y actualmente tampoco cambiaron mucho las cosas. La situación está peor que nunca ya que en vez de decrecer los asesinatos por parte de las fuerzas uniformadas, se acrecientan. En el 2018, cuando mataron a Bocha se asesinaban uno cada 48 horas, ahora lo hacen cada 16 horas. Creo que son alarmantes estos índices y es necesario realizar cambios profundos en las leyes, se debe condenar con más firmeza a los asesinos de nuestros hijos e hijas.

12.8.2022

A dos años de su muerte, este sábado 13 de agosto se realizará una jornada para recordar a Mica Morales. Habrá ronda de mates, música, baile y charla sobre la lucha, la resistencia y activismo contra los crimenes de odio y el disciplinamiento sobre los cuerpos y deseos. Será a partir de las 19:00, en Esquina Rebelde, ubicada en Gallo 769 de la Ciudad de Buenos Aires.

Micaela Morales falleció tras ser atropellada el 13 de agosto de 2020 por el camionero Héctor Jorge Gandolfo. Sus familiares y amigxs aseguran que la causa está rodeada de irregularidades y denuncian que la joven fue hostigada más de una vez por la Policía, por ser lesbiana.

11.8.2022

El cruce se dio en la sesión legislativa de este jueves y ante los dichos del “republicano” de que “las madres pobres usan a sus hijos como escudos”. La legisladora e hija de desaparecidos, Alejandrina Barry le salió al cruce “solo por su condición de capitalista puede decir semejante aberración. Eso mismo decían de los desaparecidos en la dictadura o cuando reprimían a las mujeres en Guernica o en la Villa 31. No puedo más que repudiarlo”.

El cruce entre ambos legisladores se dio en la Legislatura porteña, en la sesión de este jueves. En su intervención, hablando sobre la precarización laboral que sufre la juventud, Alejandrina Barry se refirió “hace pocas semanas escuchaba a un diputado del oficialismo, empresario gastronómico, en una entrevista en televisión donde decían sobre no registrar a los trabajadores que a veces no queda otra por las altas cargas impositivas. ¿Pobre, no? Porque después se ve a este diputado salir en revistas de ricos y famosos mostrando sus vidas adineradas y parece que te dieran lástima. Pero estos no son problemas personales, son problemas fundamentalmente de clase”.
Lo que remarcaba la Barry era el brutal contraste entre los jóvenes trabajadores precarizados y los empresarios millonarios que se la pasan haciendo campaña de que son pobres empresarios.
A pesar de no haber sido nombrado y luego de haberse aclarado que no era un tema persona, el legislador de Republicanos Unidos y empresario gastronómico, Roberto García Moritán, se sintió tocado y fue donde salió al cruce redoblando la apuesta y refiriéndose a las movilizaciones piquetera “¿Por qué no dejan de usar a los niños de escudo? A no ser que quieran que se desarrollen como piqueteros profesionales”.
Barry volvió a aclarar que no era un tema personal, sino político y planteó “No tiene que ver con la vida personal, es por su postura política de que hay que hacer una reforma laboral y ubicarse como un patrón”.
Y remató “demuestra su pertenencia de clase en como trata a los pobres y desocupados. Vuelve a repetir los dichos de Larreta de que las madres usan a los hijos como escudos… Era lo que les decían a las madres en la dictadura, lo que le dijeron a las madres de Guernica o de la Villa 31 mientras las reprimían. Mientras son ellas que las sufren por no poder llevar un plato de comida para sus hijos y deben movilizarse. Insultarlas de esa manera es una aberración que repudio profundamente”.
La campaña de estigmatización y ataque a los desocupados, piqueteros y pobres se da permanentemente desde Juntos por el Cambio, los republicanos y libertarios en todos los ámbitos, desde las redes sociales hasta los canales de televisión, mientras desde el gobierno nacional buscan estigmatizar a las organizaciones sociales y perseguirlas. Todos se desgarran las vestiduras ante el flagelo de la pobreza, pero no soportan ver a los pobres organizados.
Este debate se dio en medio de la votación de una exención del pago de Ingresos Brutos por dos años a los jóvenes de entre 18 y 29 años que se inscriban en el monotributo. Siendo un alivio para los jóvenes precarizados que deben conseguir trabajo como monotributistas, todos los bloques votaron afirmativamente.
Sin embargo, desde la oposición le recriminaron no solo que la rebaja de ingresos brutos significa muy poco dinero y solo por dos años y no contemplaba, por ejemplo, a los miles de trabajadores estatales de la propia Ciudad que son monotributistas, sino que encubre y fomenta una forma de fraude laboral como es la contratación vía monotributo de trabajadores en relación de dependencia. “Votamos a favor, porque es un beneficio a los pibes, pero advertimos y denunciamos que en sus fundamentos reconocen que su propuesta no es más que avalar la precarización laboral para la juventud. Una forma de avanzar sobre una reforma laboral en los hechos”, afirmaban desde la izquierda.

10.8.2022

Por CORREPI

La Policía de la Ciudad, nacida en 2017 a partir del traspaso ejecutado por el ex presidente Mauricio Macri de la Policía Federal a CABA, y su fusión con la ex Policía Metropolitana, actualmente es la fuerza represiva más letal del país.

Hace algunas semanas, celebramos la elaboración del Mapa de la Policía de la Ciudad, iniciativa de distintas organizaciones sociales, referentes políticxs y grupos de investigación, con la que CORREPI también colaboró aportando materiales, porque entendemos que es una herramienta importante, que debe extenderse a todo el país y cubrir el accionar de todas las fuerzas provinciales y federales.
Ayer, lxs compañerxs que la impulsan compartieron una nota con información respecto de los casos y la forma de operar de la Policía de la Ciudad en su propio territorio. A continuación, sumamos información actualizada sobre esta fuerza, dentro y fuera del territorio porteño, para tener el mapa completo.
En diciembre del año pasado, durante la presentación de nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2021, ya señalábamos que la policía creada por Macri y administrada por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es la más letal del país, dato que surge de la relación entre cantidad de muertes y cantidad de efectivos. Supera incluso por sobre la “maldita bonaerense”, administrada por el nefasto ministro Sergio Berni.
La policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1° de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. Parece una fría cifra, pero representa 130 historias de vida, 130 familias cuya cotidianeidad cambió para siempre por la represión estatal.
Una distinción sustancial tiene que ver con la “territorialidad” de los casos. Donde sea que se cometan estos asesinatos, son responsabilidad de la fuerza a la que el policía pertenece, y responsabilidad política del gobierno que la administra, del mismo modo que el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc, cometido por Chocobar en el barrio porteño de La Boca, fue a la cuenta de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Además esto evidencia la responsabilidad estatal en su conjunto sobre los hechos represivos, aún si el funcionario que lo ejecuta no pertenece a la fuerza local, el hecho siempre está facilitado por su condición y recursos como tal. Es lo que las normas pertinentes definen como “estado policial”: el policía debe actuar como tal en cualquier situación (en servicio, de franco, incluso retirado) y por ello está habilitado, entre otras cosas, a portar y usar el arma reglamentaria.
El ejemplo de la Policía de la Ciudad es bien gráfico de esta situación. De esas 130 muertes, 87 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (casi el 67%), uno en la provincia de Chaco, y 42 en la Ciudad de Buenos Aires (32,3% del total). Esta estadística es demoledora respecto de las principales excusas que esgrime el gobierno porteño, como “la seguridad” o “el combate al narcotráfico”. Más de la mitad del total de muertes de personas desarmadas ocurrieron fuera de la Ciudad, todas fusiladas con el arma reglamentaria. Por eso es un dato contundente a la hora de cargar de contenido una medida crucial que reclamamos hace años: la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio o de civil. Como vemos muy nítidamente, desde ya que la situación represiva no se resolvería con eso solo, pero sería una medida eficaz para reducir sustancialmente la cantidad de asesinatos de gatillo fácil.
Por si faltara alguna confirmación, aporta mayor claridad ver la cantidad total de casos desagregada por modalidad represiva: la principal (109 casos, el 83%) es el gatillo fácil. A esto, se suman 3 muertes bajo custodia (la primera causa a nivel nacional), 9 femicidios, femicidios relacionados o muertes intrafamiliares, 5 homicidios vinculados a otros hechos delictivos de la propia fuerza y una desaparición forzada intrafuerza.
Cuando clasificamos por edad, llegamos a la rápida conclusión de que, al igual que ocurre en todo el país, lxs principales destinatarixs de la represión estatal son lxs pibxs. De las 130 víctimas, 72 tenían menos de 25 años y 35 tenían entre 26 y 35 años.
En estos días, veíamos en todos los medios de comunicación las repercusiones de la repudiable decisión de Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña de quitar los planes sociales porteños destinados a garantizar recursos educativos a aquellxs chicxs que no cumplan con el nuevo, estigmatizante y más exclusivo criterio de regularidad escolar, desatendiendo cualquier motivo que pueda generar esta situación. Si reparamos en quiénes son lxs principales receptorxs de las balas y los palos de la policía de la Ciudad, se advierte la absoluta coherencia en la respuesta que Juntos por el Cambio tiene hace 14 años de gobierno en CABA para la situación cada vez más apremiante de la juventud.
Por supuesto que esta política represiva no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI denuncia históricamente la represión estatal a lo largo y ancho del país, tengamos o no presencia militante en cada lugar, y gobierne quien gobierne. Por eso, actualizamos la información de otros lugares y fuerzas conforme vamos consolidando los datos de cara a la presentación de nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2022 e instamos a ampliar el Mapa de la Policía a otras jurisdicciones y otras fuerzas. Pero estos datos insoslayables sobre la policía que sus creadores y administradores propagandizan como “cercana a los vecinos, con tecnología avanzada y capacitación constante para combatir los delitos” dejan en evidencia su voltaje represivo real y confirman la pertinencia de las medidas que exigimos en nuestra Agenda Antirrepresiva. Las principales y más urgentes son la eliminación del sistema de detenciones arbitrarias, que reduciría sensiblemente la cantidad de torturas y muertes en comisarías, que sistemáticamente afectan a personas detenidas sin orden judicial ni imputación de delito, y la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, contexto en el que se producen más del 60% de los fusilamientos de gatillo fácil y más de 95% de los femicidios a manos de miembros de fuerzas de seguridad.
Convocamos a la más amplia unidad del campo popular para impulsar y exigir esas medidas concretas, imprescindibles en un contexto represivo que se cobra cientos de vidas, año tras año.