Comunicadores del Sur

4.2.2022

Se trataría de una primera etapa del esquema de “segmentación”, en línea con el programa de ajuste que se negocia con el FMI. La propuesta del Enre fue presentada al Ministerio de Economía y contempla un aumento del 20% para 2022 “por única vez”, aunque no se especifica sobre quién recaerá.

Empiezan a salir a luz algunos detalles del plan de reducir los subsidios económicos a las privatizadas de servicios y hacer descargar esos costos en los usuarios, en principio bajo un esquema de segmentación, para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado.
De lo que se trata es de avanzar en los puntos de acuerdo con el FMI, que si bien no está aún cerrado ni se aprobó en el Congreso, hay una necesidad del Gobierno de mostrar su voluntad de concretar. El organismo ya adelantó que los subsidios en Argentina son “bastante generosos, no solo para los pobres”.
En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) envió una propuesta al Ministerio de Economía para avanzar con la segmentación de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentran el 40% de los usuarios residenciales.
Se destacan allí dos aspectos: un primer universo de usuarios residenciales que serán afectados con aumentos en las tarifas de electricidad al hacer pagar la tarifa plena (que luego podría ampliarse ya que es la primera etapa) así como a usuarios industriales y comerciales, y el nivel de aumento tarifario.

Quita de subsidios

“Los equipos técnicos del ENRE, en conjunto con investigadores del CONICET, trabajaron durante el año 2021 para definir los criterios de quita de subsidios y el diseño de la estrategia metodológica que permita identificar aquellas personas usuarias con capacidad de afrontar el costo pleno de la energía en el AMBA”, expresa el documento.
Pero vale aclarar que la idea de que se subsidia “al consumidor” es al menos cuestionable, en tanto que los destinatarios de los subsidios económicos son las empresas distribuidoras de energía, y el objetivo es para sustentar sus ganancias.
Los resultados del trabajo del Enre fijan, para una primera etapa, afectar a cerca de 487.000 hogares del AMBA que perderán una parte de los subsidios, o en otras palabras, verán aumentadas las tarifas que pagan mensualmente. Se estima que representan e l10 % del total de residenciales de esa jurisdicción.
De ese total, 67.800 provienen del Gran Buenos Aires. Dichas zonas “cuentan con un conjunto de características que las vuelven accesibles sólo para sectores de altos ingresos”, y “son zonas compactas y homogéneas en los que los inmuebles presentan un mayor valor inmobiliario relativo”, según detalla el Enre.
Asimismo, más de tres cuartas partes de los hogares que podrían perder subsidios en Buenos Aires están ubicados en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito, según el trabajo.
En el Gran Buenos Aires (GBA) se identificaron 67.800 personas usuarias, que habitan en una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro.
Los 466 countries y barrios cerrados ubicados en el conurbano también perderían subsidios. Allí hay 48.000 usuarios, según el número del Gobierno.
Los residentes en esas áreas que consideren que deben seguir manteniendo los subsidios pueden completar un formulario. Allí deben indicar, a través de ciertos datos, que no “cuentan con la capacidad económica para afrontar el costo pleno de la tarifa eléctrica”.
El documento aclara que los beneficiarios de tarifa social continuarán con ese régimen y no se verán afectados por la quita de subsidios.
A su vez también hay usuarios industriales y comerciales que pagarán tarifa eléctrica “plena”. “Desarrollan actividades que se caracterizan por tener precios dolarizados o financiamiento externo, que poseen elevada rentabilidad y/o pertenecen a mercados no transables (por lo que no tienen competencia con el exterior)”, detalla el organismo.
“En esta primera etapa se avanzará por las siguientes actividades: sector financiero; concesionarias de autopistas; transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (embajadas), juegos de azar y apuestas y usuarios que pertenecen al sector público nacional, CABA, PBA y sus municipios”, estima el ENRE.

¿De cuánto será el aumento de las tarifas?

Aún no hay nada confirmado. El documento presentado por el Enre indica que “El aumento de tarifas de electricidad estipulado para principio de año será de hasta 20% en 2022 a nivel nacional y se aplicará por única vez en el año.” Pero no hay mayores detalles de sobre quiénes recaerá ese 20% o si será una “base” sobre la cual se apliquen las segmentaciones.
Debe recordarse que en 2021 los subsidios entregados por el Estado a las empresas energéticas fueron de casi U$S 11.000 millones, lo que representa un 2,4 % del Producto Bruto Interno (PBI). Eso significó un aumento del 75 % de esos subsidios respecto a 2020 y del 130 % en comparación con 2019.
Este viernes el Enre fijó nuevas tarifas para un grupo de grandes usuarios. La tarifa media para Edenor será de $ 5.452 por kilovatio/hora y para Edesur de $ 5.362 kw/h, para grandes usuarios, sin afectar a los públicos de salud y educación. La medida se dispuso a través de las resoluciones 41 y 42/2022 del organismo publicadas en el Boletín Oficial e implica un aumento de entre el 14 % y 16 %, en la tarifa de 9.449 grandes usuarios.
En el caso del Gas, un reciente informe publicado en el Boletín Oficial el titular de la Secretaría de Energía expresa que las tarifas deberían subir, cuanto menos, un 35 %. Eso de por sí implica más que lo manifestado por otros funcionarios públicamente.

Disputas internas, ajuste, ninguna salida de fondo

El secretario de Energía, Darío Martínez, salió a aclarar que las propuestas de segmentación en la electricidad realizadas por el Enre, Enargas y Conicet están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento junto al equipo del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo el diseño de la herramienta. “Se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”, afirmó en un tuit este viernes.
Continúa la disputa interna dentro de la coalición de Gobierno por la aplicación de los tarifazos. Sectores cercanos a la vicepresidenta, a quien responden el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, aseguran que las demoras para avanzar con la segmentación son responsabilidad del Ministerio de Economía.
En la misma línea, en la cartera de Guzmán rechazaron esta propuesta y el equipo económico está trabajando en otro diseño de segmentación en paralelo.
En medio de esta puja, y de la necesidad de acordar con el FMI un programa de ajuste para pagar la deuda ilegal de Macri, lo último que se considera es el problema energético en su conjunto y el tratamiento del derecho básico al acceso a los servicios públicos, y de calidad, para las mayorías sociales.
Lejos queda el diseño de un plan integral y una solución real a los multimillonarios subsidios a grandes empresas multinacionales y nacionales, que continúan privatizadas desde los años 90.

2.2.2022

En el arma de plástico plantada para desviar la causa hacia la hipótesis del enfrentamiento, se hallaron rastros de las dos oficiales de la policía porteña, Micaela Fariña y Lorena Miño, involucradas en el crimen de Lucas González.

El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó al juez de Instrucción Martín del Viso, la detención inmediata de las dos mujeres acusadas por encubrimiento en el crimen de Lucas González, ya que, en el arma de plástico plantada para desviar la causa hacia la hipótesis del enfrentamiento, se hallaron rastros de las dos oficiales de la policía porteña, Micaela Fariña y Lorena Miño, quienes habían sido liberadas el 12 de enero por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña.
La solicitud del fiscal está basada en esta nueva prueba, el análisis del rastreo realizado por una pareja de perros de la policía Federal dio como resultado la presencia de los olores de las dos mujeres, Micaela Fariña y Lorena Miño, además del de Héctor Cuevas, cuya detención había sido confirmada. El dictamen de la fiscalía ya fue presentado en el juzgado, y ahora es el juez del Viso quien debe resolver si hace lugar al mismo.
El 12 de enero, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, ordenó la libertad por falta de pruebas de las dos policías de la Ciudad por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en noviembre pasado en el barrio de Barracas, y mantuvo los procesamientos de otros cuatro miembros de esa fuerza de seguridad.
En un fallo de 17 páginas al que accedió Télam, la Sala IV de dicha Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto, revocó el procesamiento de Micaela Fariña y Lorena Miño, dictó la falta de mérito “para procesar o sobreseerlas” y ordenó sus inmediatas libertades. En primera instancia, estas dos policías habían sido procesadas con prisión preventiva junto a los efectivos Roberto Inca, Héctor Cuevas, Fabián Du Santos y Juan Romero.
Sin embargo, el fiscal recibió los resultados de un peritaje de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que confrontó las muestras recolectadas sobre la réplica de arma de fuego encontrada dentro del auto en el que iban Lucas (17) y sus tres amigos “con los olores obtenidos” de nueve de los policías imputados, entre ellos, las dos oficiales.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su página web dio a conocer que “el procedimiento realizado por los agentes policiales junto a perros entrenados permitió que los animales marcaran la correspondencia entre el olor colectado de la réplica del arma y las muestras obtenidas de las dos mujeres y de uno de los imputados” y “Claro está que las nombradas la han manipulado, o al menos, la han tenido a la vista, en contacto y en su poder”, sostuvo el fiscal y consideró que esta prueba “revierte el estado de duda que los integrantes de la Cámara de Apelaciones decretaron cuando formularon la falta de mérito”.
Para la Fiscalía, esta evidencia “conlleva a sostener que formaron parte de todo el entramado corporativo” que se montó el día del hecho, por lo que corresponde “dictar sendos autos de procesamientos con prisiones preventivas”. El requerimiento es de procesamiento por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave”.
Se trata de la misma Sala que ya confirmó la prisión preventiva para los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, imputados de cometer el homicidio de Lucas y la tentativa en perjuicio de los tres amigos del adolescente asesinado. En tanto, por el caso también permanecen procesados y detenidos por el encubrimiento del crimen el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozán, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.
El asesinato de Lucas (17) sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Cada avance en esta causa, sin dudas es fruto de la movilización callejera en busca de justicia por la vida arrebatada de Lucas González. Pero aún quedan los responsables políticos del gobierno de la Ciudad, que promueven un “control social represivo” sobre la juventud en los barrios por medio del miedo y la persecución, en un contexto social y económico crítico.

26.1.2022

Por Liliana Urruti

“Proyecto Etnográfico” pretende vehiculizar el sentir de la persona con discapacidad o recordar al familiar fallecido por la pandemia. Quiénes somos, qué queremos, qué sentimos, hacia a dónde vamos. Hoy: historia de Patricia Bernárdez

Proyecto Etnográfico pretende vehiculizar tu sentir como persona con discapacidad o recordar al familiar fallecido por la pandemia. Queremos que otros sepan de vos. Quiénes somos, qué queremos, qué sentimos, hacia a dónde vamos. Tu historia cuenta. Contanos la tuya y enviala a: proyectoetnográfico@gmail.com.
Necesitamos una definición cultural de la discapacidad porque entendemos que es la única manera de que nuestros reclamos sobre derechos incumplidos sean escuchados. Estamos ensayando algunas definiciones culturales, todavía incipientes, de lo que significa perder a un ser amado en soledad, sin asistir a su entierro, sin la despedida final.
Entendemos que ambos senderos nos ayudarán a tomar conciencia que muchos sobrevivientes del Covid-19 quedarán con algún tipo de discapacidad.
En esta instancia, dos líneas, aparentemente paralelas, se cruzan. Yo te presto mi hombro. ¿Me prestás el tuyo?
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La historia de Patricia Bernárdez
En el día 11/1/22, Patricia Mónica Bernárdez, después de sufrir todo tipo de maltratos en el sector de dermatología del Hospital Ramos Mejía de la C.A.B.A. – Internada ahí desde Junio del 2021-, fue trasladada compulsivamente a una habitación sin ventanas. Literalmente fue encerrada, sin su medicación, tirada sobre en un colchón común, en mal estado, sin considerar las escaras que presentaba. Fue abandonada y expuesta a todo tipo de contagio, incluido el de covid-19. Dada su precaria situación de salud, su situación es desesperante.
El fisioterapeuta confirmó la deformación de su pie y la falta de musculatura, provocada por la falta de atención, a pesar de tener los medios y los profesionales. En 6 meses se tramitaban absurdos pedidos a la obra social y se hablaba de servicios en otras dependencias del estado, cuando en el hospital se contaba con todo lo que la paciente necesitaba para su recuperación. Patricia ya padecía una paresia, la tenía y había que atenderla, pero no solo no se hizo nada sino que además se demoró todo lo posible.
La escara fue el resultado de su internación, la perdida de musculación y los dos pies dañados, uno, por no adecuar la postura durante la innecesaria postración y el otro por chocarla contra un fierro, al subirla al ascensor, no solo no resolvieron lo evidente y urgente de su discapacidad, lo que seguramente le imposibilitara caminar, sino que fue sometida a todo tipo de mal trato.
Ahora, en Traumatología, no hay personal, no hay higiene, no tiene la atención médica adecuada, repito: no tiene colchón antiescaras, ni los enfermeros saben que medicación suministrarle, ni indicación sobre qué cuidados debe recibir.
La están tomando como paciente psiquiátrico, la están cosificando gravemente y dañando su ánimo y moral, debido al destrato y mal trato. Se hace evidente que lo denunciado anteriormente por violencia capacitista llegó a su mayor punto de maltrato médico y nula acción sobre su discapacidad y de no ser esto resuelto en lo inmediato, su posibilidad de quedar postrada es casi segura, dada la tremenda vulnerabilidad de Patricia.
Solicité la urgente intervención de varios organismos y “personalidades”, que en su discurso llevan la bandera de la defensa de estas personas en situación de vulnerabilidad. Las respuestas han sido nulas o peor, engañosas más de una vez.
La necesidad de una internación domiciliaria con todos los recursos médicos y de apoyo que requiera su rehabilitación motora, son urgentes.
Patricia tiene casa, lo que necesita son medicinas, curaciones y apoyos fisioterapéuticos adecuados y continuos, de acuerdo con lo que dicta la ley, pero que todos ignoran.
Al 13/1/2022, la situación sigue y se agrava. A la ya dicha falta de atención médica y mal trato, se le suma el acoso de los enfermeros del turno diurno.
La medicación está mal prescripta, esto fue advertido ya personal médico 19/01/22, dicen que ya vino mal de dermatología. Una vergüenza para la medicina y la humanidad, la de estos profesionales que dicen defender los derechos de las personas con discapacidad. Pura letra para que coman varios vivillos y la gente la siga pasando cada vez peor.
Al día de hoy, 24/01/22, todos los caminos recorridos en busca de protección legal frente a este daño irreparable en el ámbito de la C.A.B.A (Defensoría, Programa Proteger, Acudir, Copidis , Secretaria de la Mujer, Dirección de orientación al habitante, ANDIS – Agencia Nacional de discapacidad, y varios etcéteras) han sido en vano porque nadie hace nada.
Los hijos tampoco, que han incurrido en una clara situación de abandono de persona.
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Las razones de la urgencia están expresadas, con toda crudeza, popr el hermano de Patricia. El juzgado dirá que la alteración de la feria judicial comprende a aquellas causas “que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional”.
De no habilitarse, no se estaría cumpliendo la garantía del debido proceso a partir del derecho constitucional y convencional (art 18 de la Constitución Nacional, art XVIII de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, art 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporados en el art 75 inc 22 de la Carta Magna).
A la fecha no hay respuesta por parte del Hospital Ramos Mejía, pese a las intimaciones cursadas el 23/12/2021 y 29/12/2021, por parte de la Defensora Pública de Menores e Incapaces.
Lo requerido por la damnificada es considerado por la justicia como un caso “urgente” que debe ser resuelto en un plazo de 24hs., pero sin novedades hasta el momento.
“Líbrese DEOX por secretaria al Gobierno de la Ciudad para que por su intermedio notifiquen al Hospital Ramos Mejía, Incluir Salud, CABA”, dice la sentencia. Solicita además la “intervención al Programa Proteger”.
El hospital, no solo está obligado a brindar los recursos médicos sanitarios necesarios, destinados a paliar sus diversas patologías; sino rendir detalladas cuentas de su acatamiento en un plazo de 72 hs., bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 300.000.

24.1.2022

Por Pablo Peralta

Emova, actual empresa concesionaria del transporte subterráneo, continúa arrastrando las mismas falencias en cuanto a falta de inversión en materiales e infraestructura que su antecesora Metrovías. El pasado domingo a últimas horas de la noche descarriló uno de los trenes nuevos de la línea A. Un pasajero difundió un video del momento.

El domingo 23 de enero una formación de la línea A, de las nuevas compradas hace pocos años a China, produjo un descarrilamiento en la zona de la estación Plaza Miserere. En el video se ve una formación sin pasajeros, cuyos ejes delanteros se desmontaron de las vías. Este fue un accidente grave que en esta ocasión, y por suerte, no puso en riesgo la vida de ningún pasajero ni de ningún trabajador del subte. Estos tipos de accidentes dañan las vías, los sistemas de cambios y las formaciones. Además, un coche que sale de la vía puede impactar contra un andén, contra una pared y/u otra formación que se esté dirigiendo en sentido contrario, con resultados mucho más graves.
La empresa Emova, actual adjudicataria del subte, es la continuación de Metrovías que viene operando la red desde 1994. Ellos son los responsables del mantenimiento de la red, de proteger trenes (que cuestan decenas de millones de dólares cada uno) e instalaciones. Estos accidentes son producto del pésimo mantenimiento que realiza la empresa, que está a cargo el servicio, y del escaso control que realiza el organismo estatal SBASE, que debería exigir un mantenimiento de calidad.
Accidentes como este pueden costarle la vida a cualquier trabajador o trabajadora del subte, como ya lo hemos sufrido: debido a la desidia de la empresa en los últimos 10 años hemos tenido 6 compañeros fallecidos por la responsabilidad patronal.
Los y las trabajadoras del subte debemos profundizar las denuncias contra la irresponsabilidad de Emova e insistir, organizados y organizadas a través de comisiones de seguridad e higiene por sector, que auditen y hagan un seguimiento del mantenimiento que necesita la red de subterráneos.

21.1.2022

Por Diego Moneta

En septiembre de 2014, tras asesinar a Jon Camafreita y poco antes de que se leyera el veredicto en su contra, el ex cabo Martín Alexis Naredo se fugó. Tres años después se entregaría en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich esperando ser favorecido.

Este viernes se cumple una década del asesinato de Jon Camafreita, de 18 años, en manos del ex cabo de la Policía Federal Martín Alexis Naredo. Dos años después sería condenado a prisión perpetua pero profugaría hasta 2017. En ese entonces, se entregó apelando a que con Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el poder podría salir beneficiado.
La madrugada del 21 de enero de 2012 Naredo y Juan Carlos Moreyra, jefe del operativo y ambos de la Comisaría 8° de Balvanera, Once, fueron convocados como refuerzo por una pelea entre jóvenes en la Plaza Mariano Boedo. En el trayecto intentaron detener a Jon y a Franco Rojas, de 14 años, que cruzaban corriendo la Av. Independencia a más de 200 metros de los disturbios, por considerarlos “sospechosos”. Lo hicieron con el móvil a contramano, a pesar de que éstos no iban armados ni implicaban riesgo alguno.
Moreyra persiguió al menor hasta la esquina, mientras que Naredo alcanzó a Camafreita a mitad de cuadra y le disparó en la cabeza, lo que le provocaría la muerte cuatro días después en el Hospital Ramos Mejía. Rojas fue trasladado a la Comisaría en patrullero. El cabo Naredo argumentó que, en combate cuerpo a cuerpo, el joven le quiso manotear el arma, por lo que había sido accidental, y le bastó para salir en libertad. La familia desmintió esa versión, en parte porque veinte días atrás uno de sus primos había sido asesinado por otra fuerza de seguridad, en este caso el Centro de Operaciones de Tigre.
El juez de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires Pablo Ormaechea dispuso que los peritajes los lleve a cabo personal de Gendarmería Nacional. No obstante, documentación y ropa de Jon, que estaban secuestradas, habían desaparecido, lo que retrasó el avance de la causa. En paralelo, Delia Castro, la madre, denunciaba el fusilamiento y se acercaba a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En septiembre de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº23, con votos de Héctor Magariños y Pablo Jantus y la disidencia de Javier Anzóategui, condenó a Martín Alexis Naredo a prisión perpetua por homicidio calificado. Las pericias probaron que disparó con el arma apoyada en la sien del joven, que estaba arrodillado contra la persiana de una ferretería. Tanto la querella, representada por María del Carmen Verdú, como el fiscal Ariel Yapur solicitaron esa pena. Fue inhabilitado a ejercer cargos públicos y a portar armas y se ordenó investigar la responsabilidad de Moreyra y otros efectivos por la detención ilegal del menor. Naredo, que se hallaba trabajando en la Municipalidad de La Matanza, fue exonerado y Moreyra cesanteado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de María Cecilia Rodríguez.
Pocas horas antes del veredicto, Naredo pidió retirarse a través de su abogado, alegando que se sentía mal, y sin ninguna medida restrictiva se fue. Verdú y la fiscalía pidieron a los jueces que lo arresten y quede a disposición del tribunal hasta la lectura del mismo, pero fue rechazado. Una semana después lo declararon en rebeldía y dictaron orden de captura con búsqueda de Gendarmería. Se entregó el 7 de noviembre de 2017 en la sede del Ministerio, con una carta dirigida a la entonces titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich en la que explicaba su decisión por la confianza en que ella y Mauricio Macri lo defendieran.
El ex cabo apostaba a que el poder judicial, disciplinado por el gobierno de Cambiemos, lo favoreciera. Aún no se había dado el abrazo de Macri con Luis Chocobar. Sin embargo, los recursos interpuestos no prosperaron. El año pasado la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena y continúa detenido.