Comunicadores del Sur

14.9.2022

Por Mónica López Ocón

El barrio de Flores es a la vez escenario y parte de esta feria que elige el espacio público y la autogestión como gesto político de autodefinición. En esta nota, Skliar se refiere a los alcances de la propuesta.

“Nos sentimos más afines a productores agroalimentarios que a editoriales empresariales”, dice Diego Skliar, como una forma de tratar de delimitar las características que distinguen a este encuentro de editoriales independientes de las múltiples ferias del libro que existen. Es de la editorial Tinta Limón y docente del Centro de Formación Profesional 24 (CFP), una escuela pública de oficios del barrio de Flores que capacita a jóvenes y adultos. Ambas instituciones comparten la responsabilidad organizativa con La Periférica, distribuidora de editoriales independientes; la Feria de Artigas, feria tradicional de economía social y artesanías; y Distrito Comix, un conglomerado de editoriales y autores de comics.
Esta tercera edición contará con la participación de más de 100 editoriales independientes y las presentaciones de Elisa Loncón, Edgardo Cardozo, Sergio Langer, Esteban Podeti, Fabio Luis Barbosa dos Santos, Bruno Stagnaro, Leandro Barttolotta. Liliana Viola, Marco Teruggi, Marta Dillon y Sonora Cañahuate. Además, funcionará una feria del libro infantil y un espacio de juegos destinado a las infancias dentro de la Casona de Flores (Morón 2453), coordinado por el colectivo Kamishibai
Infinito.

-¿Qué distingue a la Feria del Libro de Flores de otras?
-Fundamentalmente el carácter autogestivo de los grupos que trabajamos en su organización, dado que somos entidades autónomas. Si bien el CFP 24 es una escuela pública, tiene características de gestión comunitaria, es decir, se piensa con el barrio, con vecinos y vecinas y tiene un carácter muy participativo en todo lo que hace. La Feria está organizada por grupos autogestivos en relación con el Estado. Estos grupos nos manejamos con reglas propias. Hay, además, otra característica que la distingue y es su propuesta de agenda. Las cosas que pensamos en términos de presentaciones sobre el escenario son aquellas que nos parecen más urgentes: qué implica hoy habitar la ciudad, organizarse, tener una agenda socio ambiental para llevar adelante, pensar lo político… A través de las presentaciones que hacemos y de las editoriales invitadas, lo que se está mostrando es una forma de entender el mundo, una perspectiva de dónde nos parece que puede haber transformaciones radicales en los modos de vida y una forma de combatir las propuestas que el capitalismo tiene para nuestras vidas. Organizamos una feria en la mostramos cómo nos parece que podría ser la ciudad, cómo podría ser una economía social. Es una feria con una perspectiva de género amplia. Todo esto está puesto de manifiesto en nuestra propuesta.

-¿El barrio de Flores es parte de su identidad, o podría realizarse de la misma forma en cualquier otro barrio?
-Todas las organizaciones que llevamos adelante la Feria estamos ancladas territorialmente en el barrio de Flores. Todas estamos en ese cónclave de Morón y Artigas y eso nos pone en vínculo con organizaciones barriales. Además, en la propia historia del barrio hay un perfil muy relacionado con la literatura que va desde las Crónicas del ángel gris de Dolina a muchas de las Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt que transcurren en la zona donde va a ser la Feria. Además, están las problemáticas que también se manifiestan en la feria y que tienen que ver con el barrio, como la prostitución, los talleres textiles, o el Bajo Flores que está demonizado por los medios de comunicación como un barrio del narcotráfico, la violencia y la delincuencia, aunque también es un lugar de gestión comunitaria impresionante, con una alianza de vecinos para pensar su urbanización. Que sea en el barrio de Flores no es algo menor.

-¿Qué va a encontrar una persona de otro barrio en la Feria de Flores?
-La Feria es una convocatoria abierta a gente de toda la ciudad. Allí va a encontrar desde espacios para las infancias donde los chicos pueden quedarse jugando mientras los padres recorren los puestos, van a ver parte de la economía social del barrio, una apuesta al reciclaje de residuos que es una de las líneas fuertes de formación del CFP 24. La agenda de actividades tiene propuestas ancladas al barrio pero, a la vez, es internacional porque va estar, por ejemplo, Elisa Loncon Antileo, que pertenece a la comunidad mapuche de Lefweluan. El 4 de julio de 2021 fue electa Presidenta en la Sesión de Instalación de la Convención Constitucional, cargo que ejerció hasta enero de 2022. Es Doctora en Lingüística, Profesora de inglés y política. La revista Times la destacó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021. Su presencia permite pensar lo que puede ser la lucha por un Estado plurinacional, la conformación de una nueva constitución en un país como Chile, más allá del traspié sufrido en este sentido.
También viene, entre otros, un autor de Brasil Fabio Luis Barbosa dos Santos, que es autor junto a Daniel Feldmann del libro Brasil Autofágico, que permite pensar las obvias diferencias entre Lula y Bolsonaro y los límites que tienen las construcciones de los gobiernos progresistas latinoamericanos.

-¿Qué balance hacés de las dos ediciones anteriores de la Feria del Libro de Flores?
-Una tuvo más concurrencia que la otra. Las dos nos permitieron perfeccionarnos en el logro de la feria que queremos, se fueron ampliando los grupos que participan en su organización y este crecimiento es muy importante. Nos fuimos profesionalizando en las propuestas. Por ejemplo, en la resolución de temas como que una persona que viene en familia pueda contar con un espacio, en el que sus hijes puedan jugar, que pueda comer rico y sano en la feria, que los feriantes estén mucho más cómodos para lo que es necesario mejorar la estructura de los puestos… Si bien hay una profesionalización, nos parece importante mantener el espíritu bohemio en la convocatoria y en los modos de trabajar que tenemos y que no nos gustaría abandonar. Hay un camino hacia la profesionalización de muchas editoriales independientes que no rechazamos para nada porque nos parece muy bien, pero también consideramos que es importante mantener ciertas lógicas de construcción. No queremos volvernos pymes o miniempresas. Creo que las editoriales independientes tenemos un gesto político de irrupción en la escena y nos gusta que eso se mantenga. Muchos de nosotros hemos participado en años anteriores de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que tenía mucha irrupción, mucha bohemia y mucha transformación del espacio público que era pensado como un espacio a intervenir y no a respetar según las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio público se puede intervenir, modificar, interrumpir en su trajín y discutir sus lógicas. Creo que es importante no volvernos demasiado políticamente correctos en los modos de pensar el espacio público y de pensarnos en proyectos editoriales. En este sentido, tomamos nuestro fundamento de un libro de Magalí Rabasa que editamos junto a la editorial Tren en movimiento y que se llama El libro en movimiento. La autora viene investigando en Argentina, en Chile, en Bolivia y en México lo que denomina “la circulación del libro orgánico”.

-¿Qué se entiende por “libro orgánico”?
-Básicamente en no pensar el libro como fetiche, sino como algo que tiene que circular como las ideas, un libro en movimiento, que se inscribe en la circulación urbana no solo por los canales tradicionales. Si bien existe un circuito importante de librerías y de ferias oficiales, también existe otra forma de circulación que es de mano en mano, en pequeñas ferias, en pequeños eventos. Eso hace que el libro no se sea un objeto tan “fetichizado”, que no ponga tanto el acento en la autoría, en la editorial, en la estética del diseño gráfico, la conformación de una marca y demás. Nosotros creemos que los libros son portadores de ideas que tienen que circular. Cuando definís al libro de manera orgánica, te encontrás con otras ramas de la producción, como los productores agroecológicos de verdura y de fruta. Nos sentimos más afines a ellos que a editoriales empresariales. Tenemos más que ver con el trabajo de un artesano, de un productor agroecológico o de un pequeño grupo familiar que con una empresa. Nos interesa mucho, además, que la feria sea en un cruce de calles y no en lugares híper controlados. No es que estemos en contra de eso. Nosotros estamos en todos los campos a los que nos invitan y en todos los campos en que podemos. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un conglomerado de editoriales en un stand colectivo. Pero, cuando nos ponemos en el rol de organizadores, nos parece mucho más interesante como gesto político la interrupción en la calle que ese tipo de espacio que establece cómo circular y cómo no circular. Nos interesa destacar el carácter autogestivo y político de esta feria que pone a prueba nuestros modos de vida, dado que nos hace preguntarnos qué pasa si vivimos la ciudad de otra manera.

12.9.2022

Por Martín Suárez

En varias ocasiones los uniformados intentaron ingresar por la fuerza al lugar: “Hay decenas de niños y niñas”, gritaban los vecinos. Luego de una negociación con las organizaciones, prorrogaron el desalojo para el 22 de septiembre.

Como todos los días, Ramón se levantó a las 5 de la mañana para iniciar su jornada laboral. Del otro lado de la puerta escuchaba murmullos de personas hablando, veía luces intermitentes y perros que ladraban sin parar. “No entendía muy bien lo que pasaba y decidí subir nuevamente hasta mi departamento para ver desde la ventana”. Las luces eran patrulleros de la policía de la Ciudad, las voces de agentes de infantería y “los perros imagino que eran de la policía aunque de lejos no los podía ver”, agrega,
Alrededor de 70 familias que viven en un hotel del barrio de Constitución, ubicado en Solís 1841, resistieron durante varias horas un intento de desalojo sin previo aviso. “Nadie nunca nos avisó nada sobre este desalojo. No entendemos que fue lo que pasó”, contó a Tiempo una vecina que vive en ese lugar hace 25 años. La zona amaneció rodeada con decenas de agentes de la Policía de la Ciudad, varios vehículos de detención, carros de asalto, camiones hidrantes y casi 80 agentes de Infantería preparados para sacar por la fuerza a las familias.
La orden de desalojo fue dispuesta por el Juzgado Civil N° 93, sobre la base de una causa iniciada en 2007 ¿los motivos? se desconocen. “Gracias a la resistencia de las familias y al apoyo de los vecinos y vecinas del barrio, y a la presencia de organizaciones, la policía porteña no pudo realizar el desalojo”, cuenta a Tiempo Gigi Krein, integrante de la organización Consejería de Viviendas. El intento de desalojo estuvo lleno de irregularidades. “Nunca jamás notificaron a las familias sobre que se iba a realizar el desalojo, ni hubo un censo para conocer el estado de quienes viven en el lugar, cuántos niños y niñas hay y cómo se encuentra el conjunto de sus habitantes”, agrega Krein. El acceso a Solís al 1800 se vió totalmente interrumpido por varias horas. La policía porteña instaló vallas antes de las 6 de la madrugada y pocos minutos después, intentaron ingresar por la fuerza, luego de mostrar la orden judicial a través de los ventanales que dan a la calle.
“Es necesario aclarar que quién tiene la potestad de poder frenar un desalojo es el Estado, eso quedó demostrado durante la época de confinamiento en pandemia, dado que los desalojos discurren en su mayoría por los juzgados federales”, detalla la referente social. Las organizaciones que trabajan con el acceso a la vivienda en la Ciudad, conocen el tema de fondo: Hay un mercado ilegal de alquileres de viviendas precarias, sobre todo en los barrios populares, pero que abarca las pensiones y hoteles abandonados de todo el distrito. “Estos alquileres son totalmente informales, no tienen ningún tipo de contrato, y esa situación pone al inquilinos e inquilinas en un estado de terrible vulneración, ya que tienen vedados todos sus derechos”, termina Krein.
Las y los habitantes del edificio recibieron el acompañamiento de cientos de vecinas y vecinos del barrio, que se mantuvieron en el lugar increpando a los efectivos policiales que estaban decididos a utilizar la fuerza represiva para comenzar el desalojo: “Hay decenas de niñas y niños en esa casa”, gritaba Lourdes, una vecina que vive sobre la calle Brasil y que se acercó a brindar su apoyo. “Es increíble que Larreta mande a todos estos violentos a querer golpear a las familias que viven acá hace casi 30 años ¿Qué le pasa por la cabeza a este hombre?”, pregunta Lourdes.
La orden de desalojo fue dada por la jueza Paula Andrea Castro, del juzgado Civil N° 93. En varias ocasiones la policía de la Ciudad intentó ingresar por la fuerza a la vivienda, pero con el correr de las horas decenas de vecinos y vecinas de casas linderas se fueron acercando y estaban dispuestos a defender a las familias de ese lugar. Tiempo se puso en contacto con el juzgado que sentenció la orden de desalojo para conocer los motivos de esa medida. El argumento fue el mismo que brindan en otras ocasiones: un supuesto “peligro de derrumbe”.
Más tarde, en una negociación donde intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, acordaron dar plazo hasta el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, el ejecutivo porteño deberá negociar con las 70 familias una reubicación habitacional.

10.9.2022

Por Carlos Mauro

El jueves pasado, una familia entró a las trompadas a la Escuela de Enseñanza Media Nº3, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la amenaza de que “estaban cargados” y que tenían “la escuela tomada”. Alguien dio aviso a la Gendarmería, que ingresó con las armas desenfundadas. La supervisión no quería suspender las clases a pesar del pedido de los docentes y fue bajo el diálogo con los sindicatos que se logró la medida. El lunes se realizará un abrazo al colegio y una marcha por el barrio.

Sucedió en la EEM 3 D.E. 19, ubicada en Agustín de Vedia 2519, cuando la familia de una estudiante amenazó a otra, quien llamó a su familia y cayeron en manada a querer entrar al colegio. El vicedirector del turno, del lado de afuera, intentó contener la situación, pero se vio superado por la magnitud de la violencia que manifestaba la familia de la estudiante que quería entrar. El vicedirector fue empujado y le sacaron y rompieron los anteojos. Entre la salida y entrada de profesores y estudiantes del turno mañana, la familia logró imponerse por la fuerza y entrar al colegio.
Rápidamente, ingresaron al hall del colegio, empujando a docentes y arrojándole objetos. “Estaban diciendo que tenían la escuela tomada, que las hijas venían a esta escuela porque ellas hacían lo que querían y nadie les podía decir nada”, relata una de las docentes que estuvo presente y vivió la situación violenta. El objetivo de esta familia era sacar a la otra de la vicedirección, donde la escuela la estaba resguardando, para resolver violentamente las diferencias que tenían. Miembros de la familia decían estar “cargados”, aunque nunca mostraron ningún arma. Sin embargo, la versión que circuló entre las familias de la escuela es que había adultos con armas de fuego y armas blancas.
Alguien de adentro de la escuela dio aviso a la Gendarmería, que tiene un destacamento a la vuelta del establecimiento. Ingresaron con las armas desenfundadas al colegio. Esto aumentó aún más la tensión y escaló el grado de agresividad de la familia. Luego de una hora, la tensión mermó y los agresores se retiraron acompañados por la fuerza represiva.
La conmoción se adueñó del colegio: una docente con una crisis de nervios tuvo que ser atendida por el personal de salud de la ART, estudiantes fueron “encerrados” en distintas partes del colegio para resguardar su integridad física, docentes y familias que no estaban de turno acudieron al colegio para intentar ayudar en la situación, promover un repudio a lo sucedido y pedir el receso de clases para el día siguiente para exigir garantías de que esto no vuelva a ocurrir.
Según lo comentado por los docentes, la primera respuesta de la supervisión de la región sexta fue, en un gesto completamente oficialista y sin contemplar la gravedad de lo sucedido, que las clases no se suspendían. Sin embargo, la noticia corrió por los pasillos de los ministerios y el director de media decretó la suspensión de las clases en los tres turnos.
Cabe señalar que el martes el Ministerio de Educación de CABA había enviado un correo electrónico a toda la docencia decretando que la jornada de mejora institucional planificada para octubre se suspendía para “recuperar el día de clases perdido” por el feriado nacional decretado luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Lo sucedido ayer no fue una situación aislada, la violencia crece todos los días”, dice Dante, docente del colegio y afirma que “todos los días recibimos videos de pibas cagándose a trompadas en el barrio, incluso acá hemos desactivado varias peleas”.
La estudiante que generó toda esta situación tenía “miles” de actas realizadas por los docentes y se le había intentado hacer consejos de convivencia, pero la madre nunca respondió, la familia nunca acudió y siempre tuvieron esta actitud de no importarle lo que la escuela tenga para decirles. “Lo que pasa es que es imposible esperar algo de los organismos del Estado, acá nadie tiene ganas de hacerse el héroe y resolver todo, pero cuando das intervención al Consejo o pedís asistencia al Ministerio (de Educación) nadie responde. Entonces te acostumbrás a que las respuestas las tenemos que generar nosotros”, agrega el docente.
Hace ya dos años, las organizaciones del Bajo Flores están queriendo promover “senderos seguros” para que los y las estudiantes puedan ir y volver del colegio sin miedo a que algo les pueda pasar y eso nunca se implementó porque el Ministerio de Seguridad de CABA y el Ministerio de Seguridad de Nación no se pusieron de acuerdo en las jurisdicciones ni a quién le tocaba cada parte. En el medio, un estudiante de este mismo colegio fue asesinado, dos pibas desaparecieron y sucedieron muchas peleas y robos.
Este lunes se realizará un abrazo al colegio y una marcha por el barrio bajo el lema de “NUNCA MÁS LA VIOLENCIA COMO CAMINO”, con el objetivo de que toda la comunidad educativa del Bajo Flores brinde el apoyo y la seguridad que la institución necesita para poder cumplir la función educativa que tiene en el barrio hace más de 20 años.

8.9.2022

El índice de precios que releva la Dirección de Estadísticas de CABA sumó otros 6,2 % en agosto y acumula 53 % en el año. Los rubros de mayores incrementos fueron alimentos, prepagas, naftas y alquileres. El miércoles próximo el Indec dará a conocer el IPC de agosto que según consultoras rondará entre 6,5 y 7 % mensual. Salarios e ingresos siguen corriendo por detrás de los precios.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 6,2 % en agosto y marcó una suba de precios de 53 % en los primeros ocho meses del año, informó este jueves la Dirección de Estadísticas porteña. En los últimos doce meses el índice acumula 74,6 %. El miércoles próximo el Indec dará a conocer el IPC de agosto que según consultoras rondará entre 6,5 % y 7 % mensual.
La variación del IPCBA (Indice de Precios al Consumidor de Ciudad de Buenos Aires), se explicó principalmente por las subas en alimentos y bebidas no alcohólicas (7,1 %), Salud (9 %), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2 %), Restaurantes y hoteles (5,5 %), y Transporte (5,1 %). Estos rubros, en conjunto, explicaron el 71,2 % del alza de precios en agosto.
Entre los alimentos y bebidas no alcohólicas, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (7,1 %), Leche, productos lácteos y huevos (7,5 %), Verduras, tubérculos y legumbres (11,4 %) y Carnes y derivados (4,0 %).
Por su parte, el alza de 9 % en el rubro Salud se debió a los ajustes en las cuotas de medicina prepaga y, en menor medida, incrementos en los valores de los medicamentos. En tanto que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un alza de 4,2 %, al impactar principalmente las subas en los precios de los alquileres.
Restaurantes y hoteles, por su lado, aumentó 5,5 % en tanto que Transporte promedió un incremento de 5,1 % debido al aumento del valor del boleto de colectivo urbano, así como subas en los precios de los automóviles.
El miércoles próximo el Indec dará a conocer el nuevo índice de precios de agosto a nivel nacional. En julio había marcado el valor más alto en los últimos 20 años, tras el récord de 7,4 %. Según consultoras y estimaciones privadas relevadas por el Banco Central se espera un aumento promedio de precios de 6,5 % e incluso algunos pronósticos lo estiran a 7 % mensual. Sigue el deterioro de salarios, ingresos y jubilaciones, que corren por detrás de los precios, al calor de la tregua que ofrecen las centrales sindicales afines al gobierno.

8.9.2022

Presentado por el Frente de Izquierda y con 41 votos afirmativos se aprobó un repudio y exigencia al gobierno nacional a que realice los giros necesarios para garantizar las prestaciones. Por su parte la legisladora Alejandrina Barry de FIT no olvido y le paso la factura al oficialismo porteño “De paso, le recordé a Juntos por el Cambio que las enfermeras siguen reclamando el pase a la carrera profesional”, en referencia a los reclamos no atendidos por Larreta.

Este jueves, con 41 votos, la Legislatura porteña aprobó una declaración de “repudio al recorte en las prestaciones en discapacidad” y la exigencia “al Gobierno Nacional a que realice los giros necesarios para garantizar las prestaciones y el pago en fecha a mes vencido a los prestadores”. Dicha declaración fue presentada al recinto por el Frente de Izquierda y acompañada por todos los bloques menos el del Frente de Todos.
Este conflicto lleva semanas, recorre todo el país y tiene epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la plaza de mayo. Los trabajadores prestadores de servicios que llevan meses sin cobrar y las familias de las personas, en su mayoría niños, discapacitadas vienen reclamando al Gobierno Nacional el aporte necesario hacia las obras sociales para poder palear salarios y prestaciones.
Era de esperar que el Frente de Todos votase en contra del proyecto de declaración ya que son parte del gobierno nacional que se encuentra, a través del superministro Massa, ajustando en salud y educación, mientras ante este conflicto en discapacidad se pasan la pelota entre distintos organismos nacionales para no reconocer el ajuste. Así el ministro de economía dice que la responsable es la Superintendencia de Salud, para luego decir que la responsable es la AFIP en no realizar los aportes para reinstalar los servicios y pagar los sueldos adeudados a los prestadores de salud. Mientras trabajadores y familiares de discapacitados siguen reclamando a lo ancho y largo del país.
El proyecto tuvo como voz cantante el legislador del FIT Gabriel Solano, mientras su compañera del Frente de Izquierda Alejandrina Barry dejó claro el sentido del acompañamiento “desde un comienzo nosotros venimos acompañando a los trabajadores y familias en su reclamo” y agregó ante la “sorprendente” votación a favor de la declaración de parte del oficialismo porteño de Juntos por el Cambio “Me llamó la atención que ahora estén tan preocupados por el cobro de los prestadores de salud, cuando las enfermeras de la Ciudad cobran 80 mil pesos, tienen que tener dos o tres trabajo y hoy reclaman el pase a la carrera profesional. Este reclamo debe ser atendido ya mismo. No sirve hablar solo cuando te conviene”. Fue en respuesta a la legisladora Ana María Bou Pérez quien fuera la vocera de Juntos por el Cambio y ex ministra de salud porteña de Mauricio Macri.
Al mismo tiempo debemos recordar que fue el propio oficialismo porteño el que negó la posibilidad de aprobar hace 8 días otra propuesta del Frente de Izquierda, en donde se solidarizaban con el reclamo en discapacidad y repudiaba el amenazante operativo policial encargado por el propio Gobierno porteño ante el acampe en plaza de mayo de familiares y prestadores de salud.
Tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, los guía su interés particular, mientras solo el Frente de Izquierda se encuentra al lado de los trabajadores y familiares de discapacitados, contra cualquier gobierno y sin ningún otro interés de que sea resuelto el conflicto y se reestablezcan los aportes para volver con las tan necesarias prestaciones para personas con discapacidad y se les pague en tiempo y forma a los trabajadores prestadores de dichos servicios.