Comunicadores del Sur

19.1.2022

Según el relevamiento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor, a pesar de que ya hace varios días bajaron las altas temperaturas y la demanda. En este marco, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022».

Al cierre de esta nota, el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba que aún 11.467 usuarios y usuarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continúan sin luz por los cortes que llevan adelante las empresas Edesur y Edenor.
En el caso de Edesur, son 5167 los y las usuarias afectadas, en las localidades bonaerenses de Longchamps, San Francisco Solano, Wilde, Berazategui, Canning, Carlos Spegazzinni, Florencio Varela, Remedios de Escalada, Villa Centenario, Guernica, Quilmes, Bernal, y Alejandro Korn, y en los barrios porteños de Constitución, Almagro, Balvanera, Flores, La Boca, Liniers, Monsterrat, Monte Castro, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Villa Mitre, Villa Lugano y Villa Real.
En tanto, en el caso de Edenor, se trata de 3.600 usuarios y usuarias sin luz, en las localidades bonaerenses de Ingeniero Maschwitz, General Rodríguez, Los Polvorines, Francisco Alvarez, San Fernando, Tigre, Escobar, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Merlo, Morón, Moreno, Boulogne, San Martín, Pilar y Villa Adelina, y los barrios porteños de Agronomía, Villa Devoto y Villa Pueyrredón.
En este marco, mediante la Resolución N° 8/2022, el ENRE instruyó hoy a Edesur a bonificar con $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes de fin de año por «deficiencias en la calidad del servicio y atención a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones registradas días atrás», explicó el organismo sobre la sanción, que supera los 400 millones de pesos, por el «Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones iniciadas y prolongadas los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022». Asimismo, el organismo indica que «en el plazo de cinco días, la empresa deberá acreditar la nómina de personas usuarias alcanzadas por la Resolución«.
Finalmente, en la resolución el ENRE considera que «Edesur brinda un servicio deficiente porque destina un 50% menos de cuadrillas a la atención de reclamos, en relación con las características de su área de concesión. En este sentido, el análisis realizado por los técnicos del Ente determinó que, en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla disponible por cada 7.82 MW de demanda y por 4.704 personas usuarias», detalló el organismo.

19.1.2022

Se realizaron movilizaciones en todo el país en defensa del mar y contra los incendios que hay en decenas de provincias. En Buenos Aires, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones convocó a concentrar a las 18hs en el Congreso y luego movilizaron hacia la embajada de Noruega (Carlos Pellegrini 1427-CABA) para seguir exigiendo al gobierno nacional que dé marcha atrás con la explotación petrolera en el Mar Argentino.

Las calles se llenaron al grito de “No es no” en ciudades como Mar del Plata, Trelew, CABA, Neuquén, Posadas, El Calafate, La Plata, San Bernardo, Córdoba, Mar de Cobo, Santa Clara, Villa Gesell, Miramar, Bahía Blanca, Paraná, La Rioja, entre otras. Estas movilizaciones fueron impulsadas por la Asamblea por un mar libre de petróleo de Mar del Plata y se dan en el marco de la jornada plurinacional de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
Los proyectos extractivistas que viene intentando impulsar el Gobierno Nacional del Frente de Todos, como la zonificación minera en Chubut o la explotación petrolera Off Shore en el Mar Argentino son un ejemplo claro de cuál es el plan que tienen para conseguir dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional: vender el agua, el mar y las tierras.
Este martes el Gobierno presentó el temario con el que llama a sesiones extraordinarias en el Congreso. Si bien hizo campaña con La Ley de Humedales en las elecciones para conseguir votos, ahora no la incluye para ser tratada, sabiendo que así pierde estado parlamentario (una vez más). Por el contrario proponen tratar la ley de hidrocarburos, para que haya más fracking en el país.

17.1.2022

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó las prisiones de un subcomisario y otros siete oficiales de la Policía de la Ciudad acusados de encubrir el crimen del jugador de Barracas Central, asesinado de un disparo en la nuca el 17 de noviembre en Barracas.

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes las prisiones preventivas de ocho de los policías de la Ciudad acusados de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas el 17 de noviembre último.
Entre los detenidos por encubrimiento se encuentra un subcomisario, procesado a su vez en una causa por trata de personas, a quien se le adjudica haber falsificado un acta sobre el crimen de González.
Las preventivas fueron confirmadas por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña y alcanzaron a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, a los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Chocobar, al inspector Héctor Cuevas y a los oficiales Sebastián Baidon, Daniel Espinoza y Jonathan Martínez, detallaron voceros judiciales a la agencia Télam.
En el caso de los primeros siete acusados, los camaristas Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto rechazaron las apelaciones de sus defensas en base a la gravedad del delito que se les imputa y el peligro de entorpecimiento de la investigación. En el caso del subcomisario Chocobar, además, los camaristas consideraron que está procesado y camino a juicio oral en una causa federal por trata de personas. Y en el caso de la apelación en favor de Martínez, fue desestimada por “improcedente”.
En total son diez los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas. Todos ellos están procesados con prisión preventiva por encubrimiento doblemente agravado por ser funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave en concurso real con la privación ilegal de la libertad doblemente agravada de sus tres amigos y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones.
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“No pueden pasarse por alto las graves características de los episodios que se le atribuyen en esta investigación, pues habrían privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y alterado rastros y pruebas del delito”, dice el fallo de la Cámara reapecto al crimen cuyos autores materiales son los policías Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Según los camaristas, los acusados integrarían “el grupo de funcionarios que arribó al lugar instantes después del suceso e intentó aparentar un enfrentamiento armado, para lo cual, entre otras acciones, se habría introducido maliciosamente –“plantado”– un arma de utilería en el rodado que ocupaban las víctimas (…) En este contexto, es dable también presumir la existencia de riesgo de presión a los damnificados, a sus familiares y testigos que deban declarar en un eventual juicio, sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”.
La Sala 4 consideró que “de momento se exhiben insuficientes las alternativas al encarcelamiento previstas” y que toma “particular relevancia en torno a estos reaseguros” el “incumplimiento de compromisos legales supuestos en el reproche formulado, como los que ha debido asumir bajo juramento al ingresar en la función policial con la misión ineludible de proteger al prójimo y velar por la vigencia de la Ley”.
El asesinato del joven de 17 años ocurrió la mañana del 17 de noviembre, cuando él y tres amigos salieron de entrenar del club Barracas Central en un Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, sin patente ni identificación policial, del que bajaron los tres efectivos armados. Los adolescentes creyeron que iban a ser víctimas de un robo y decidieron huir, recibiendo una balacera de parte de los policías. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Isassi, López y Nieva fueron los primeros tres detenidos y procesados por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidios de sus tres amigos. Luego fueron detenidos y procesados también con prisión preventiva pero por encubrimiento Inca, Cuevas, Du Santos, Romero y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, éstas dos últimas luego liberadas por falta de mérito. Días después quedaron acusados y detenidos el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozán, Chocobar, y los oficiales Baidón, Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

16.1.202

Por Tomás Máscolo

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar que también funciona como librería y es un espacio abierto para toda la comunidad LGTBI.

“Recuerden que cuando alguien pregunte por qué el orgullo: es por esto y mucho más”, dijeron los dueños del lugar en la cuenta de Twitter.
El café está ubicado en la zona de Palermo y es un espacio para la visibilización de la diversidad sexual. “Estos dos atacantes antes de marcharse se quedaron observando por segunda vez y se retiraron. Ningún otro local de la zona padeció algo parecido”, dijeron en un comunicado.
Estos ataques encuentran su voz en sectores anti derechos que se envalentonan e instituciones que generan el odio hacia la diversidad como la Iglesia que sigue siendo financiada por los Gobiernos. Todo el repudio a este ataque y también llamar a no dejar las calles para defender nuestros derechos, por los que faltan y en defensa de los ya conquistados.

12.1.2022

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, que revocó el procesamiento de Micaela Fariña y Lorena Miño y les dictó la falta de mérito.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña ordenó la libertad por falta de pruebas de las dos policías de la Ciudad detenidas por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en noviembre pasado en el barrio de Barracas, y mantuvo los procesamientos de otros cuatro miembros de esa fuerza de seguridad.
En un fallo de 17 páginas al que accedió Télam, la Sala IV de dicha Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto, revocó el procesamiento de Micaela Fariña y Lorena Miño, dictó la falta de mérito “para procesar o sobreseerlas” y ordenó sus inmediatas libertades.
En primera instancia, estas dos policías habían sido procesadas con prisión preventiva junto a los efectivos Roberto Inca, Héctor Cuevas, Fabián Du Santos y Juan Romero.
Todos fueron imputados como coautores del delito “de falsedad ideológica y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público por ser el delito precedente especialmente grave”, y en el caso de los cuatro primeros también se los acusó de “falso testimonio”, todos en concurso ideal.
A su vez, la Cámara confirmó los procesamientos de Inca, Cuevas, Du Santos y Romero “sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda”.
Se trata de la misma Sala que ya confirmó la prisión preventiva para los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, imputados de cometer el homicidio de Lucas y la tentativa en perjuicio de los tres amigos del adolescente asesinado.
En tanto, por el caso también permanecen procesados y detenidos por el encubrimiento del crimen el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Ozán, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.
“Es posible sostener, prima facie, la responsabilidad de Roberto Orlando Inca, Héctor Claudio Cuevas, Alberto Du Santos y Juan Horacio Romero en los hechos, pues conscientes de la ilegalidad del procedimiento que protagonizaron Isassi, Nieva y López, su actuación se enderezó con un claro rumbo a la alteración de la escena del crimen y con el preciso objetivo de encubrir el delito cometido, ayudando de ese modo a sus protagonistas a eludir la ley”, sostuvo la Cámara en su fallo de hoy.
Respecto de Miño y Fariña, los camaristas recordaron que al dictar el procesamiento de ambas, el magistrado de primera instancia “ponderó que fueron las primeras en llegar al lugar, que los menores les pidieron auxilio atemorizados y en estado de shock, todo lo cual no se compadecía con el hecho de enfrentamiento anunciado” por los otros efectivos.
A su vez, en su apelación, las defensas alegaron que “la actuación de las funcionarias se ciñó al cumplimiento de su deber, en lo que a la aprehensión inicial de los jóvenes refiere” y que “inmediatamente después se abocaron al resguardo del perímetro”.
Para la Cámara, “la prueba recabada al menos hasta el momento no permite afirmar con convicción, a diferencia de lo sucedido con Cuevas, Inca, Du Santos y Romero, que estuvieran en conocimiento de lo realmente ocurrido y del plan urdido posteriormente por ellos y que así sus acciones -aprehender a los jóvenes y realizar el resguardo de la zona- estuvieran dolosamente dirigidas a colaborar en el teatro urdido”.
Y agregaron que “no se vislumbra ni ha sido ponderado ni alegado por las partes, la existencia de una comunicación que las relacione con el despliegue realizado por sus coimputados, ni que permita afirmar que hayan tenido el conocimiento que ellos sí tenían de que no había ocurrido un enfrentamiento armado como se había informado instantes antes”.
El asesinato de Lucas (17) sucedió cerca de las 9:30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Cada avance en esta causa, sin dudas es fruto de la movilización callejera en busca de justicia por la vida arrebatada de Lucas González. Pero aún quedan los responsables políticos del gobierno de la Ciudad, que promueven un “control social represivo” sobre la juventud en los barrios por medio del miedo y la persecución; en un contexto social y económico crítico.
Lo denuncian los mismos jóvenes que se movilizan contra el gatillo fácil: “la brigada actúa siempre de civil, nos persiguen por tener una gorrita y amedrentan todo el tiempo por ser morochitos. No queremos terminar asesinados como Lucas”.
No está demás repudiar también a los funcionarios y políticos que en campaña pedían mano dura y bajar la edad de imputabilidad, como los Espert, Bullrich y Berni con discursos que envalentonan a la policía.