Comunicadores del Sur

5.10.2021

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) convoca a concentrar este miércoles 6 a las 11:00 frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires – ubicado en Cerrito 760 – en reclamo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de que no promulgue la ley aprobada por la Legislatura porteña, que dispone la revisión de causas nacionales por la justicia local porteña, lo que le permite constituirse en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales. «La aplicación de la ley aprobada implica que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de ‘la Corte porteña’, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras», remarcó Cynthia Benzion, presidenta de la AAL. De la movilización participarán varios sindicatos, como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), y la Asociación Bancaria (AB).

Así lo comunicó la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL): «ante la aprobación en la Legislatura porteña de la ley que dispone la digitalización de causas judiciales en trámite, en la que se incluyeron dos artículos que permiten que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se constituya en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales; materias sobre las cuales los tribunales de CABA no tienen jurisdicción conforme lo establecido por la ley 24588, todo lo cual constituye un avasallamiento al sistema republicano de gobierno y a las materias legislativas propias del Congreso de la Nación conforme lo establece el art. 75 de nuestra Constitución Nacional, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) exige al gobierno de Rodríguez Larreta que dicha norma no sea promulgada«, remarcó la asociación.
En ese marco, convocó a una «movilización ante la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA para este miércoles 6 de octubre a las 11.00hs en Cerrito 760″.
«La aplicación de la ley aprobada, no sólo implicaría que las causas que se sustancien ante los Juzgados Nacionales se prolonguen en el tiempo como consecuencia de una nueva instancia, previa a la extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino -además- que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de ‘la Corte porteña’, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras«, remarcó Cynthia Benzion, presidenta de la AAL.
De la jornada participarán también delegaciones de sindicatos. Entre ellos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Bancaria (AB) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación señaló: «una vez más asistimos al burdo intento del oficialismo de afianzar su centralismo colonizando la Justicia Nacional mediante la eliminación de derechos protegidos. En la Legislatura porteña se está promoviendo un proyecto de ley que – de concretarse – significaría una gravísima regresión en materia de derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes», remarcó la organización que conduce Julio Piumato.
Mientras que la Asociación Bancaria confirmó también su participación en la jornada de protesta y destacó: «el hecho es grave, afectando a las y los trabajadores que necesitan acudir a la Justicia Nacional del Trabajo en defensa de sus derechos, pretendiendo someterlos a tribunales amañados. Por ello Bancarias y Bancarios adherimos a la marcha de repudio a la Ley CABA de sometimiento de la Justicia Nacional. Vienen por nuestros derechos, no nos quedaremos cruzados de brazos», remarcó la entidad conducida por Sergio Palazzo.
En tanto, también se sumará el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, integrante de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), en rechazo a esta nueva ley de la Legislatura porteña.
La federación recientemente rechazó también había rechazado otros proyectos de Juntos por el Cambio que van contra los derechos laborales, como el que apunta a eliminar la indemnización por despido y suplantarla por un seguro: «según estas iniciativas, el nuevo ‘seguro’ se conformaría con los aportes mensuales de los empleadores y al momento de la extinción del contrato de trabajo – por la causa que fuese – sería utilizado para el pago de una especie de remuneración mensual hasta que la persona obtenga un nuevo empleo. Desde nuestra organización gremial reafirmamos nuestro rechazo de forma contundente«, expresó la federación aceitera, que además puntualizó los motivos del rechazo:
«1) Implica la derogación de un derecho fundamental de la persona trabajadora, el derecho a ser -al menos- indemnizada, frente al ilícito patronal de segregación del empleo.
2) El despido “sin causa” es un acto ilícito. Afecta la protección contra el despido arbitrario (artículo 14 Bis de la Constitución Nacional) y el derecho “al trabajo” (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras normas internacionales con rango constitucional). La persona despedida no solo pierde su salario -derecho fundamental- si no que se le afectan todas sus dimensiones vitales y las de su familia (alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, seguridad social, acceso al crédito, proyectos familiares y personales, entre otros).
3) De todos los sistemas de despido posibles, la “tarifa” del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no es el más protectorio. Por ejemplo, por la normativa de emergencia, desde hace un año y medio, los despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor se encuentran prohibidos y son nulos.
4) El proyecto de seguro de garantía de indemnización (SFI) viola la Constitución Nacional, con lo cual generaría una catarata de litigios, ya que no sería avalado por la justicia laboral.
5) Los proyectos de Juntos por el Cambio no pretenden generar puestos de trabajo. Muy por el contrario, propician el despido libre, masivo y sin consecuencias económicas para el empleador.
6) El seguro de garantía no solo afecta la indemnización del trabajador y la trabajadora, sino que implica que “sería gratis” despedir para las empresas. De este modo, no cumple una función esencial de la indemnización, que es el desaliento del despido.
7) La potestad patronal de despedir sin causa es el máximo poder de disciplinamiento sobre los reclamos de las y los trabajadores y atenta contra el ejercicio de sus derechos colectivos. De esta manera, sería muy sencillo para las patronales sacarse de encima a las y los trabajadores “molestos” que participan, reclaman y se organizan en el lugar de trabajo», enumeró la federación aceitera.
«Por las razones planteadas y por nuestra conciencia de clase, rechazamos estos proyectos que pretenden hacernos retornar a los inicios del capitalismo, cuando la explotación de la fuerza de trabajo era ilimitada y no existían los derechos laborales conquistados a lo largo de siglos gracias a la lucha de nuestra clase trabajadora y al movimiento obrero organizado. Advertimos que como organización sindical llevaremos a cabo todas las acciones gremiales necesarias para defender nuestros derechos fundamentales. Nos pronunciamos por la continuidad de la vigencia de la prohibición de los despidos, la doble indemnización, y todas aquellas medidas que garanticen la efectividad de la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo. Reafirmamos que el único camino para salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país es preservando y creando trabajo digno, con ingresos como dictan el 14 bis de la Constitución y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo», remarcó la Comisión Directiva de la federación.

4.10.2021

Por Martín Massad y Melany Grunewald

La legisladora del Frente de Todos habló sobre lo que se pone en juego en las elecciones legislativas 2021 y el desalojo en el Barrio Mugica, en la Villa 31.

Tuvo mucha repercusión su exposición en la Legislatura porteña sobre los manejos del macrismo en Ciudad de Buenos Aires.
Lucía Cámpora: Lo que se votó este jueves es verdaderamente muy grave. Tiene que ver con un proyecto que originalmente era de otra cosa, era un proyecto sobre notificaciones y audiencias virtuales, en el marco del cual un diputado oficialista introduce dos artículos que no guardan ninguna relación con el fondo del proyecto. A tal punto que, en el momento en el que estábamos votando y discutiéndolo en el recinto, ni los propios fundamentos hacían referencia al tema en cuestión. Realmente fue algo metido por la ventana que intenta legitimar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para tomar y resolver en causas que tramitan ante la justicia nacional.
Entonces, lo que nosotros planteamos es que se trata de una maniobra de la oposición, que no solo está fuera de las facultades de la Legislatura, sino que además tiene una intencionalidad muy clara que es beneficiar a Mauricio Macri en la causa de Correo como así también en otras causas. Esto lo que busca es llevar de la justicia de nacional a la justicia de la Ciudad para poder fallar a la medida de lo que busca el espacio de Macri y Rodríguez Larreta. Esto es lo que nosotros y nosotras vemos y consideramos tan preocupante, además de que lo institucionalmente significa que la Legislatura de la Ciudad se ponga a regular el fuero nacional.
¿Cómo influye el blindaje mediático en las maniobras de la oposición?
L. C.: Cuando vemos cómo vota la gente en la Ciudad, entendemos lo que es el blindaje mediático. Realmente, si no hubiese sido por la decisión de la vicepresidenta CFK de visibilizar y echar luz a esto que se estaba discutiendo, estoy segura que no salía en ningún lado. Por lo tanto, el blindaje mediático del que goza Rodríguez Larreta, con 3 millones de pesos diarios en publicidad, les permite hacer esto y otras cosas más. No nos olvidemos que el mismo jueves, mientras se votaba esto, el GCBA desalojaba familias en el barrio Mugica, en la Villa 31, y se aprobaban complejos urbanísticos para torres en toda la ciudad. Lo que pasó el jueves me parece una foto muy completa de la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad.
¿Cuál es su reflexión acerca de que María Eugenia Vidal tiene la intención de presidir la Cámara de Diputados en caso de ser mayoría en las elecciones de noviembre?
L. C.: En la lista que encabeza María Eugenia Vidal va como candidato a legislador Darío Nieto, que era secretario de Macri y tuvo muchísimo que ver con la mesa judicial de la que nos enteramos en los últimos tiempos. También estuvo vinculado a los circuitos de espionaje hacia los propios funcionarios del GCBA. Es un entramado que forma parte del mismo espacio político y las lealtades que a veces intentan diferenciarse, pero situaciones como las del jueves nos demuestran que Macri, Rodríguez Larreta y Vidal son lo mismo. Esto se refleja en las listas que llevan para este año. Por eso es muy importante entender que en la elección legislativa no se juega solamente una valoración de la gestión nacional, sino que fundamentalmente se juega la representación en los ámbitos parlamentarios, lo que luego determinará que las cosas se aprueben o no. Particularmente, el oficialismo está a un voto para que se apruebe la reforma de la Constitución de la Ciudad, por lo que hay mucho en juego en esta elección legislativa.
¿Cómo definiría la pronunciación de ciertos espacios en contra de Rodríguez Larreta durante el desalojo del Barrio Mugica?
L. C.: Desde el Frente de Todos rechazamos fuertemente la represión que se realizó allí. Toda esa mañana del jueves estuvieron en el barrio la diputada y compañera del bloque María Vieli, junto con la diputada Velazco, acompañando a los vecinos desde antes del desalojo.
El GCBA le viene prometiendo al Barrio Mugica un proceso de urbanización por el que se pidió un préstamo millonario, pero las obras aún no se han comenzado. Nosotros venimos teniendo un fuerte acompañamiento y lo seguiremos haciendo porque también entendemos que es una de las necesidades más urgentes de la Ciudad. Existen 350 mil personas que viven en condiciones de precariedad habitacional, ya sea en barrios populares, villas y asentamientos, y no hay un aumento del subsidio habitacional, no hay políticas de urbanización que lleguen a tiempo. Hay recorte presupuestario en el Instituto para la Vivienda. El blindaje mediático, como mencioné anteriormente, hace que sea muy difícil hablar y dar a conocer estas cosas. No obstante ello, estamos en los barrios junto a los compañeros de militancia, los comuneros, pero lo que pasó el jueves duele muchísimo y seguiremos exigiendo soluciones.
¿Cuál es la situación del negocio inmobiliario de Costa Salguero?
L. C.: En 2019 se votó a favor la ley que habilitaba la venta de las tierras. Es una ley que está cuestionada judicialmente y ya hubo dos sentencias que la reconocen como inconstitucional. Además, se está trabajando en una iniciativa popular para frenar la venta y que se construya un gran parque público. Desde el Frente de Todos, junto a diversos colectivos como el de arquitectas y ambientalistas, impulsamos y encaramos una juntada de firmas que resultó muy masiva. Entendemos que estamos por encima de la cantidad de firmas necesarias y seguramente en estas semanas tengamos novedades. Mientras tanto, el oficialismo insiste con vender las tierras costeras y construir un barrio náutico privado en la ex Ciudad Deportiva de Boca en zona sur. El lobby inmobiliario de Rodríguez Larreta no se agota pero, al mismo tiempo, cada vez hay una reacción más organizada y fuerte de muchos porteños y porteñas en todos los barrios.
¿Cómo se encara la campaña con vistas a las elecciones de noviembre?
L. C.: El sábado teníamos previsto hacer un acto de lanzamiento en la zona de Lugano pero la lluvia impidió concretarlo masivamente. Vamos a sostener con mucha convicción y compromiso la construcción de una campaña totalmente apuntada a escuchar a los porteños y porteñas, representando a aquellas demandas a las que Rodríguez Larreta hoy no le da solución. Lo que pasó esta semana tiene que ver con esto y con lo que está en juego en la Legislatura.

2.10.2021

Por Gustavo Montiel

Luego del violento desalojo del jueves ejecutado por la Policía de la Ciudad, vecinas expulsadas de la zona conocida como La Containera, en la Villa 31, así como representantes de organizaciones sociales, barriales, de derechos humanos y de partidos políticos, ratificaron en una conferencia de prensa a escasos metros del predio vallado su voluntad de pedir “una solución habitacional definitiva” al Gobierno porteño y a su vez objetar la decisión judicial que dio luz verde para llevar a cabo la medida.

De esta manera, Mónica Zárate, vecina que forma parte del Movimiento Popular La Dignidad-Casa Las Brujas, señaló a Tiempo: “Queremos contarle a (el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez) Larreta que todavía seguimos de pie. A pesar de que derrumbaron la casa de estas mujeres, seguimos de pie y vamos a seguir luchando. Soy del barrio, vivo enfrente de la toma, soy una de las que coordinó con las mujeres para seguir apoyando, todos los días, desde el primer día”.
Zárate recordó que, en junio, un grupo de mujeres, cansadas de la violencia de género, expulsadas por alquileres que ya no podían pagar, y por las decisiones de quienes las obligaban, en el barrio, a alquilar una pieza a condición de que no llevaran con ellas a sus hijos, se animaron a tomar el predio, que llevaba años convertido en un basural. Por eso, ellas decidieron llamarse La fuerza de las mujeres. Una fuerza que crece, a pesar del desalojo y de la violencia institucional que, asegura Zárate, padecieron este jueves.
“Ahora hay ocho compañeras en paradores, con sus hijos. Después, todas las que quedaron en el barrio nos repartimos en comedores, compañeras que están con otras compañeras, y vecinas que las llevaron de una o de a dos”, confió a este medio.
“Vamos a hacer todo lo que se pueda. Y estamos pidiendo ayuda a todas las personas que se solidaricen con nosotros, para seguir ayudando a estas mujeres, para que al menos consigan una vivienda digna. Pueden ayudar difundiendo lo que está pasando en este barrio, que la urbanización que supuestamente hace Larreta no es integrada con el vecino. No se le pregunta al vecino, no se le cuenta qué se está haciendo. Y lo otro es que hoy en día nosotras sí vamos a salir con mucha más fuerza, porque hay muchas más mujeres que están fuera de sus casas, porque ya no quieren violencia”, marcó Mónica.
Walter Córdoba, referente de Somos Barrio de Pie CABA y secretario de Bienestar Social de la UTEP, señaló a Tiempo: “El Gobierno de Larreta es responsable del perjuicio, el trauma que les generó a estas familias, porque fue un impacto muy fuerte que tuvieron las familias que hoy están sin un techo, sin un hogar, en paradores, en refugios, parando en comedores, en merenderos, en centros comunitarios y en casas de vecinos y familiares del barrio”.
“En concreto, lo que vamos a continuar es pidiendo una solución habitacional definitiva, que las familias tengan un lugar donde vivir, puedan alquilar, puedan ser dueñas de una vivienda. Eso es lo que estamos buscando, y lo que nos mueve con un conjunto de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y referentes barriales. Vamos a seguir impulsando esta lucha”, ratificó.
El reclamo de índole judicial también es un camino iniciado. “Hemos hecho algunas presentaciones judiciales para ver cómo continuamos, porque creemos que hubo irregularidades, donde no se notificó debidamente a las familias del desalojo, y eso es lo que conlleva a pensar que fue una maniobra político electoral del gobierno de Larreta, con la justicia cómplice, con la Fiscalía Nº 11”, marcó Córdoba.

Dónde está la integración

Respecto a la integración presuntamente impulsada por el Gobierno porteño en la Villa 31, a Mónica le basta definirla con la imagen actual de La Containera. “Vallaron el predio, le pusieron un tejido. Encima ponen, alrededor, (una faja que dice) ‘Integración’. No sé qué clase de integración es, cuando están sacando 120 familias, 175 chicos, de sus casas”.
En este sentido, por medio de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales, coincidió con estas vecinas: “El operativo de ayer, que puso en riesgo a mujeres y niñes, y violó todo protocolo sobre desalojos, no es apenas una mancha en un proceso por lo demás virtuoso. La urbanización de la Villa 31, presentada como un modelo de política habitacional inclusiva, tiene muchos problemas en su ejecución, y sus resultados están lejos de haber resuelto los problemas de les vecines. Se trata, en general, de un proceso muy poco participativo, y quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad de las viviendas construidas”.
“El proyecto de urbanización debía ofrecer una solución a les vecines dentro del polígono del barrio. Muchas familias fueron relocalizadas de forma intempestiva y la mayoría de las relocalizaciones, como las de La Containera, se hicieron con escasa participación de les vecines. Se convocó a talleres donde apenas podían opinar sobre el color de las chapas”, señaló.

30.9.2021

La candidata a Legisladora porteña por el FITU, operadora social y referente de DD HH fue entrevistada este jueves luego de haber acompañado a las familias de la toma de la Villa 31 reprimidas brutalmente por la Policía de la Ciudad.

Alejandrina Barry, candidata a Legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, operadora social y referente de DD HH fue entrevistada este jueves, junto a Alicia, vecina de la toma “Fuerza de Mujer” de la Villa 31, luego de haber acompañado a las familias desalojadas y reprimidas brutalmente por la Policía de la Ciudad.
Barry expresó que esta política de Larreta va de la mano con el favorecimiento de la especulación inmobiliaria y por eso merecen el mismo repudio. Además aclaró que el Frente de Izquierda es el único que no ha votado beneficios a las constructoras que, impulsados por Vamos Juntos, cosecharon el apoyo del peronismo y permiten que el oficialismo porteño avance con sus iniciativas.
“Nosotras venimos acompañándolas, hace tres meses que están en esta situación. Eso era un basural cuando empezamos a ir que estaba lleno de ratas con las mujeres y los niños durmiendo en esa situación. Las propias vecinas son las que limpiaron ese lugar para poder vivir ellas”, explicó.
Luego se refirió a otros desalojos recientes cuando dijo que ha “estado en Guernica por ejemplo y vi lo que fue la situación terrible: quemar las casillas, la violencia. Hace poquito en villa 21-24 donde yo era operadora social se dio una situación también de un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal que amedrentaba y centralmente siempre por lo general son mujeres que tuvieron que huir por situaciones de violencia de género”.
Enfatizó, además que lo de hoy es “la consecuencia de Costa Salguero, es justamente esto que son familias que pudieron conseguir un pedacito de tierra pero el afán del negocio inmobiliario, de lucro para viviendas para los sectores de elite lleva a una ciudad cada vez más expulsiva con esta violencia y con esta represión”.
Y agregó: “Lamentablemente, durante muchas horas desde sectores del arco opositor se tardó mucho tiempo en pronunciarse, condenarlo efectivamente incluso acercarse al lugar para evitar que esta situación”.
“Ahora lo que hay que discutir además del repudio, hay que investigar absolutamente todas estas cosas que cuentan que hicieron con los nenes que eso me consta porque los nenes mismos lo estaban contando. Pero nosotros queremos discutir el problema de cómo le van a dar una salida habitacional porque no pueden ir a dormir ni a comedores y hay muchas mujeres directamente van a quedar en la calle”, completó.
Además, se refirió a cómo el oficialismo porteño consigue avanzar con la orientación social de su gobierno: “Ya lo conocemos Larreta, el negocio inmobiliario. Lo que pasa es que justamente eso lo hace y las consecuencias son éstas. Pero también en la Legislatura se votan leyes que le permiten seguir. Nosotras siempre denunciamos con Myriam Bregman, mi compañera de bloque, los beneficios a las grandes constructoras que votaron todos los arcos políticos menos el Frente de Izquierda que hacen que justamente ese proyecto, esa orientación social de Larreta, de esta ciudad que es cada vez más expulsiva tenga herramientas para poder llevarla a cabo”.
“Para oponerse realmente a esta Ciudad de negocios inmobiliarios a costa de reprimir mujeres con niños no hay que cederle nada absolutamente a Larreta, no votarle ninguna ley que le sirva para para gobernar y para seguir avanzando”, finalizó.

30.9.2021

Por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prevé que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo.

Ante la presentación del proyecto de ley sobre digitalización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus artículos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.
La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2º, párrafo tercero, y asignado por la propia Constitución Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribución entre la Nación, las provincias «y la ciudad de Buenos Aires».
La legislación exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Nación tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Nación (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no varió respecto a la que reconocía el texto de 1853.
La Capital de la República Argentina se encuentra bajo la jurisdicción nacional, tanto las «personas» y las «cosas» que se hallen bajo la jurisdicción nacional, en lo legislativo, en lo político y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cláusula transitoria séptima).
A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislación de fondo prevista en el artículo 75, inciso 12 de la CN. En dichos trámites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionarían con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Nación.
La competencia pertenece a la justicia federal o provincial según los casos previstos en el artículo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el ámbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicción la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.
Sin perjuicio, de la sospecha de crear un “fórum shoping”, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilación que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitación de designación de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralización de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnologías para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administración de justicia a la altura de la circunstancias. Es aún más grave, la existencia de recursos económicos millonarios para afrontar este problema con el “Fondo Anticíclico”. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposición de los miembros de la Corte, y sólo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.
Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunció en la causa “Corrales”, luego “Nisman” y finalmente en “Bazan” cerrando el círculo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior común de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violación al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentación directa del art. 129 de la Constitución Nacional, expresamente dispone que será una ley del Congreso Nacional la que decida sobre el tema.
Sin embargo, la legislatura porteña, que tiene jurisdicción en cuestiones de contravenciones y de falta, según el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en línea con los criterios que ya la Corte diseñó y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la época de la Corte automática de Menem. Existe una clara tendencia política para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Nación en abierta violación a la Constitución Nacional.
Es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe Porteño Horacio Rodríguez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar también las decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida.