Comunicadores del Sur

23.9.2021

El pasado martes 21 de setiembre, la escuela 19 (D.E 19) apareció en todos los medios de comunicación del país por los reclamos que docentes y alumnos le hicieron a los representantes de la cartera de educación de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige la ministra Soledad Acuña. “Se le repitieron, siempre en buenos términos, varios de los reclamos que tiene la escuela desde hace años sumado a los problemas propios de la pandemia (bancos rotos, amontonamiento de alumnes en los grados, falta de dispositivos y conectividad durante 2020 y 2021, etc.)”, afirman en un petitorio que compartimos. Hoy jueves 23 de setiembre, a las 12.15, se realizará un abrazo a la escuela (calle L s/n entre Laguna y Lacarra, barrio Ramón Carrillo, Soldati).

Apoyo a la escuela 19 del DE 19 frente a los ataques de la ministra Acuña
Producto de una operación mediática y de marketing por parte de la ministra Acuña, ayer martes 21/9 nuestra escuela apareció en todos los medios de comunicación del país. A pesar de que el escrache de la ministra se repitió una y otra vez en los noticieros y portales de noticias, hay que aclarar una serie de hechos que fueron ocultados intencionadamente.
A media mañana del día viernes 17/9, Fabián Capponi, Director General de Educación de Gestión Estatal del GCBA, se presentó sorpresivamente en la escuela y solicitó una reunión con la conducción. Después de eso pidió recorrer todos los grados. Se le repitieron, siempre en buenos términos, varios de los reclamos que tiene la escuela desde hace años sumado a los problemas propios de la pandemia (bancos rotos, amontonamiento de alumnes en los grados, falta de dispositivos y conectividad durante 2020 y 2021, etc.) Aclaramos de nuevo: Capponi pudo recorrer la escuela y nosotros hicimos saber nuestros reclamos sin sobresaltos. Cuando se retiró, a las 10.50 am, no dejamos de manifestarle que si no venía a traer alguna solución, no sería bienvenido a la escuela. A pesar de esto, aproximadamente a las 11.40, casi una hora más tarde, sin ninguna explicación, regresó a la puerta del establecimiento a sacarse fotos con lxs niñxs acompañado de dos hombres sin identificación. Uno de ellos fue quién grabó el video expuesto por la ministra Acuña. Resta saber qué función cumplen esas personas en el ministerio. Todo esto, en medio del primer turno de salida, con todos lxs niñxs y familias allí.
Fabián Capponi volvió a nuestra escuela a buscar material para alimentar sus redes sociales, sin traer ningún tipo de solución a los problemas que venimos arrastrando y denunciando hace mucho tiempo. Problemas de los cuales él es uno de los principales responsables. Hay que recordar que en medio del confinamiento estricto del 2020, cuando crecían los contagios y las muertes por Covid, él fue parte de un video en el que se lo ve en el ministerio de Educación bailando con música de fiesta y sin barbijo (para verlo solo hay que buscar en google “Capponi bailando”). Mientras tanto, nuestra comunidad educativa lamentaba la muerte del casero de la escuela a causa de covid 19.
Mientras Capponi bailaba y festejaba, las maestras y maestros de la escuela aprovechamos la instancia de entrega de bolsones de comida para relevar el problema de la falta de conectividad que impidió a nuestra comunidad acceder a la educación remota. La conclusión a la que arribamos fue que más de la mitad de lxs casi 800 alumnxs de la escuela no contaban ni siquiera con un celular para compartir entre toda su familia. Hicimos todos los reclamos correspondientes pero pasó el 2020 y lo que va del 2021 sin que se entregue ni un dispositivo. Además de esto, el gobierno interrumpió sin aviso alguno la entrega de cuadernillos impresos que reemplazaba (deficientemente) el vínculo pedagógico virtual donde hubiera problemas de conectividad. Esto significó la vulneración total de un derecho elemental como el de la educación.
Durante todo el 2020, este equipo docente a pesar de no contar con ningún resguardo legal ni administrativo, se puso al hombro la tarea de entregar los bolsones de comida a las familias que lo necesitaban pero que estaban aislados o por razones de fuerza mayor no podían acercarse a retirarlo. Esto tampoco salió en ningún medio. Y sucedía al comienzo de la pandemia, sin vacunas, sin los equipos adecuados (desde alcohol en gel hasta mascarillas de protección, etc.), sin la información que ahora hay disponible sobre el virus (en ese momento se conocía muy poco), y en un contexto de contagio comunitario en los barrios vulnerados de la ciudad.
Agregamos que, lo que explica la reacción de la escuela ante la visita de Capponi tiene que ver con, por ejemplo, los gravísimos problemas de infraestructura que arrastramos desde hace tiempo. El 25 de marzo del 2021, después de un año de confinamiento que podría haberse aprovechado para poner en condiciones la escuela, y ante nuestra preocupación de que esto evidentemente no estaba sucediendo, el Ministerio Público de la Defensa señaló como conclusión de un oficio de 72 páginas presentado ante el GCBA “que el inmueble no dispone de las condiciones edilicias adecuadas presentando falencias estructurales que ponen en riesgo la integridad física de todas las personas que la frecuentan”.
Además de los problemas con las instalaciones eléctricas, instalaciones contra incendios, dudosa potabilidad del agua, entre otras cuestiones, nunca estuvieron dadas las condiciones para garantizar la presencialidad en pandemia. Cuando llegó la primera ola de frío del año, la caldera de la escuela se volvió a romper, impidiéndonos dar clases con las ventanas abiertas como indica el protocolo. Como este problema afecta a casi un tercio de las escuelas del distrito 19, fuimos varias las escuelas, entre maestras y familias, que salimos a protestar a la calle innumerables veces, varias de las cuales fueron levantadas en los medios.
Impulsando sumarios, la ministra Acuña intenta demonizar y disciplinar a los docentes que denuncian las condiciones bajo las cuales trabajamos. Se trata de una actitud muy distinta a la consideración que ha tenido con Gustavo Albónico, a quien sostiene en la dirección de la escuela 2 del DE 8, sujeto que reivindica abiertamente la última dictadura militar, el gatillo fácil y el odio misógino, lo cual también fue denunciado durante la recorrida de Capponi por nuestra escuela.
La persecución de los compañeros escrachados es un ataque a toda la docencia y la educación pública. Es la única respuesta que ofrece el gobierno ante todos los problemas que se derivan del ajuste presupuestario, el abandono sistemático de la educación pública y el desprecio hacia nuestro trabajo cotidiano.
Por todo esto llamamos a la docencia, a la comunidad educativa, a nuestros sindicatos y a la opinión pública en general a repudiar los aprietes de la ministra Acuña, al cierre inmediato de todos los sumarios y a continuar la pelea por solucionar los problemas enumerados acá y otros tantos, que no son solo de nuestra escuela sino de toda la educación pública golpeada por años y años de ajuste y abandono.
Invitamos a todo el mundo a participar del abrazo a la escuela 19 que organizamos mañana 23/09 a las 12.15 (calle L s/n entre Laguna y Lacarra, barrio Ramón Carrillo, Soldati).
Seguimos diciendo: Fabián Capponi, no sos bienvenido
Completa el formulario en apoyo aquí 👇🏽
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLvWWACSUWKusy2lsG51X5v-VfSu1XrZVy39r_72Hvd66fGQ/viewform?usp=sf_link

22.9.2021

Omar Guaraz, titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció que las y los manteros de Once que habían sido trasladados en el 2017 a dos galpones del barrio, van a ser desalojados.

En el año 2017 un centenar de manteros/as, trabajadores/as ambulantes que estaban en la calle vendiendo sus productos, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad y luego trasladados a dos locales en el barrio de Once. Hace pocos días, nuevamente y a través de una orden judicial, el Gobierno porteño pretende sacarlos de allí.
Omar Guaraz del Sindicato de Vendedores Libres de la CTA brindó más detalles: “El titular de los inmuebles es Manchego, Alberto. Uno (de los locales) está ubicado sobre la calle La Rioja y el otro en la calle Perón. Esta persona se dirigió a la Justicia después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el de La Rioja, el Gobierno lo dejó de pagar antes de los inicios de la cuarentena obligatoria, y el otro pocos meses después. Por lo tanto, el dueño pide la restitución de los mismos y el desalojo. La deuda es de más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno”.
Guaraz, además, contó quiénes trabajan en esos predios: “En este momento debe haber unos 100 compañeros trabajando, la mayoría de edad avanzada, algunos con algún tipo de discapacidad y madres con niños”.
“En el año 2017, el Gobierno hace uno de los desalojos más masivos. Había 2.100 manteros en Once. También se les dijo que se les iba a dar solución a todos y que no se iba a permitir la ilegalidad. En aquel momento eran unos 16.000. En concreto, en esos locales ingresaron 550 manteros, dando solución a solo un 3%. Mientras tanto, el Gobierno continuó con la represión hasta el día de hoy. Nosotros denunciamos apremios ilegales en la comisaría, que incluyeron torturas. Algunos oficiales de la Policía utilizaron una plancha caliente. Recordemos también que murieron dos compañeras, Beatriz Flores y María Berrechea”, recordó Guaraz.
Por otro lado, describió la situación de vendedores ambulantes en otro barrio porteño, Flores: “En los últimos dos años hubo más de 7.200 senegaleses detenidos, sin contar las otras colectividades. Hoy producto de la necesidad los vendedores volvieron a las calles”.
Por último, el titular de Vendedores Libres expresó que “No hay diálogo entre vendedores y el Gobierno de la Ciudad”.

20.9.2021

Por Diego Moneta

El martes pasado se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del joven Ezequiel Demonty, agredido, torturado y obligado a tirarse al Riachuelo en septiembre de 2002. La condena a los responsables fue muy importante en materia de violencia institucional.

El 14 de septiembre de 2002 Ezequiel Demonty, de 19 años, salió con dos amigos a un boliche de Constitución. Al regreso, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal de la Comisaría 34, con la excusa de que se había denunciado el robo de una bicicleta. Los agredieron y subieron a patrulleros por separado para llevarlos hasta la orilla del Riachuelo, a la altura del puente Uriburu, en Nueva Pompeya. Tras nuevas agresiones y torturas, los empujaron al agua, sabiendo que Ezequiel no sabía nadar, por lo que terminó ahogándose y fue encontrado sin vida una semana después.
La autopsia arrojó que su muerte se debía a asfixia por inmersión, pero, al igual que en otros casos, la investigación demostró la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. En 2004 fueron condenados el subinspector Gastón Somohano, a reclusión perpetua, y el inspector Gabriel Alejandro Barrionuevo y el cabo Alfredo Ricardo Fornasari, a prisión perpetua, por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. Otros seis acusados, Luis Funes, Luis Gutiérrez, José Luis Martínez, Sandro Granado, Jorge Solís y Maximiliano Pata, recibieron penas de entre 3 y 5 años por omisión de evitar que se cometan.
En 2007, la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 8. A comienzos de 2019, Barrionuevo y Fornasari recibieron el beneficio de salidas transitorias y, además, solicitaron fecha de liberación. En 2015, por iniciativa de alumnos de la escuela a la que concurría Ezequiel, se concretó el cambio de nombre del Puente José Felix Uriburu, conocido como Alsina, y pasó a llamarse Ezequiel Demonty. El acompañamiento de los barrios y la comunidad educativa fue muy importante a lo largo de toda la causa.
En el comienzo de 2019, Barrionuevo y Fornasari recibieron el beneficio de salidas transitorias por “haber pasado más de 15 años y haber tenido una conducta ejemplar”: dos de hasta 12 horas y, cada dos meses, una de 24. Además, siguen solicitando fecha de liberación. Desde el asesinato de Ezequiel, todos los años la familia se acerca a esa zona del Riachuelo para llevar una ofrenda floral.
En septiembre del 2020, Leonardo Demonty, hermano de Ezequiel, sostuvo: “El recorrido es muy duro. Seguimos sintiendo el mismo dolor del primer día. La invención de causas es una práctica de las fuerzas de seguridad en el tiempo que sea, ya sea dictadura o gobierno neoliberal. A Ezequiel le inventaron que se quiso robar una bicicleta, un taxi, después que le quiso robar a alguien que salía de trabajar. Siempre que hay un pibe de barrio se lo quiere culpar. La realidad es que con Dolly, mi mamá, desde el primer momento dijimos que si mi hermano estaba robando tampoco era la manera para proceder de la policía. Entendemos que son prácticas heredadas de la dictadura, porque conocimos muchos casos antes del de Ezequiel con el mismo procedimiento. Creo que fuimos una de las pocas familias que nos animamos a denunciar el caso”.

20.9.2021

Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 11% este lunes y el Riesgo País subía 4 %, empujadas por el impacto del colapso del gigante inmobiliario chino. Esto se suma a la incertidumbre local por los cambios de gabinete tras la derrota oficialista en las PASO.

Este lunes las principales plazas bursátiles del mundo caían frente al posible colapso de Evergrande, un gigante inmobiliario chino que registró su cotización más baja en 11 años. El desplome de Evergrande en 10,63% ante el riesgo de suspensión de pagos en los vencimientos de deuda de los próximos 30 días, impulsó caídas de en promedio de 2% en Europa y de 3,3 % en Hong Kong.
Mientras en la bolsa porteña el Merval cerró con un rojo de 6%, el riesgo país aumentó un 4 % a 1.565 puntos. En igual sintonía, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) registraron una caída de hasta 11 %, principalmente las energéticas y financieras.
Además de este impacto internacional y de la expectativa sobre los anuncios de la FED, en el plano nacional se suma la incertidumbre luego de las PASO con los cambios de gabinete, la crisis política de Gobierno indefinida y los nuevos anuncios de la economía. Una semana llena de novedades en materia de economía y que coincide con un vencimiento de deuda con el FMI por 1.905 millones de dólares este miércoles.

17.9.2021

Por Diego Moneta

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de que se dicte una nueva sentencia, más severa, por la desaparición forzada de Ricardo Cittadini durante la última dictadura militar. El rol de la Policía Federal en el aparato represivo.

Ricardo Alberto Cittadini, de 21 años, era oriundo de Gobernador Gregores, Santa Cruz, aunque su familia estaba radicada en Trelew, Chubut. Estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y era militante de la Juventud Peronista. La tarde del 17 de agosto de 1976 fue detenido por averiguación de antecedentes en la Plaza España del barrio de Constitución. Los patrulleros lo llevaron hasta la Comisaría 28ª de la Policía Federal, en Vélez Sársfield 170, y desde entonces está desaparecido, al igual que otros de sus compañeros de vivienda y militancia en La Plata.
En 2013, el juez Daniel Rafecas procesó con prisión preventiva domiciliaria a Miguel Alcides Viollaz, comisario retirado a cargo de la dependencia, y a Nicomedes Mercado, ex sargento y uno de los agentes que lo llevaron detenido. Además, consideró a la comisaría como un centro clandestino de detención, la primera de la Ciudad de Buenos Aires en ser descrita como más que un lugar de tránsito de las víctimas. Según información documental y testimonial, Cittadini estuvo al menos hasta la madrugada siguiente en esa locación.
En agosto de 2016 comenzó el juicio. El fiscal Miguel Ángel Osorio y el abogado querellante, Pablo Llonto, habían solicitado una pena de 25 años por desaparición forzada y, subsidiariamente, de 20 años por privación ilegal de la libertad y tormentos, enmarcados en el plan sistemático de la última dictadura militar. Si bien el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 fue histórico, por incluir a la Federal en el sistema represivo, condenó a los dos acusados a cinco años sólo por privar a Ricardo de su libertad, de los cuales ya habían cumplido tres, misma calificación con la que había sido elevada a juicio.
La decisión fue dividida, con la mayoría de los jueces Adriana Palliotti y Oscar Alberto Hergott, y con un voto en disidencia que opinaba que había que agregar tormentos en la sentencia. Es decir, no se tenía en cuenta la desaparición forzada del joven. Tanto la fiscalía como la querella apelaron y, en 2017, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal les dio la razón, revocó en parte el fallo y ordenó una nueva sentencia que analizara los agravantes. La determinación, también por mayoría, corrió por cuenta de Mariano Borinsky, hoy ligado a las visitas a Mauricio Macri en Olivos, y Juan Carlos Gemignani, mientras que Eduardo Reggi había rechazado los planteos.
La defensa de los represores recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos días confirmó la decisión de Casación y ordenó un nuevo fallo con una pena más dura. Sin embargo, a pedido de sus abogados, una junta médica concluyó que por su edad y estado de salud Viollaz no está en condiciones de enfrentar un nuevo proceso, por lo que su condena quedó firme en cinco años. El expediente continúa con el ex sargento Mercado y desde la querella insisten en que se juzgue a Pablo Eduardo Romanow y Esteban Alberto Vilella Paz, policías de guardia esa noche.
Eduardo, uno de los diez hermanos de Ricardo, escribió un libro esta historia y lo tituló “No saben lo que me piden”. Según el autor, esa frase pronunció el joven desaparecido cuando su familia le solicitó dejar la militancia en aquellos años. En el cierre de su alegato, en 2016, el fiscal Osorio terminó su exposición con un extracto de la obra: “Que el testimonio del pasado sea la huella digital de nuestros tiempos. Que la palabra sea para que todos los jóvenes vuelvan a estar presentes”.