Comunicadores del Sur

26.8.2021

Este jueves 26 de agosto se reunieron la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura Porteña para tratar las masacres de Cromañón y del taller clandestino de Luis Viale.

El encuentro comenzó a las 17, en el marco de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional del Parlamento porteño, en tanto que las organizaciones de familiares y sobrevivientes dieron una conferencia de prensa a las 16.30 en las puertas de la Legislatura, en Perú 160.
La Legislatura porteña realizó este jueves una reunión con familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de Cromañón, en la que murieron 194 personas en un boliche; y de Luis Viale, donde fallecieron una mujer y cinco niños por el incendio en un taller textil clandestino; para abordar los proyectos que buscan que ambos edificios sean expropiados y convertidos en «centros de memoria».
El primer proyecto
El primer proyecto plantea que el edificio del boliche de la zona de Once, propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio- sea expropiado para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad».
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
El 30 de diciembre del 2004, unas 194 personas, en su mayoría jovenes, murieron al quedar atrapadas dentro del local bailable, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado, durante un recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.

El segundo proyecto

Los proyectos fueron presentados en 2021. Foto: Analia Garelli
El segundo expediente, que está impulsado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, destaca «el interés por preservar el sitio» a partir de «connotaciones afectivas y racionales».
«Las primeras están relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación«, agrega la iniciativa.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las «habitaciones», en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
El 30 de marzo del 2006 se desató un incendio en la planta superior por un desperfecto eléctrico y causó la muerte a seis personas que no pudieron escapar por el humo: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años.

25.8.2021

Por Nicolás Milli

En el acto estuvieron Larreta, Bullrich y Lousteau. A Macri prefirieron no mostrarlo. Apuntó hacia los bolsillos del empresariado e inversores, simuló empatía por la difícil situación laboral de los jóvenes y confrontó con el oficialismo alrededor de los privilegios, de los que ella y su clase social también gozan.

A menos de 20 días de las primarias legislativas, Vidal se mostró este miércoles encabezando un acto en Parque Patricios. Habló de impuestos, de la situación de los jóvenes y polarizó con el Gobierno, hablando de privilegios, libertad y súper poderes. También hizo demagogia con la apertura de escuelas, prometió derogar la Ley de alquileres y recuperar los fondos de coparticipación que se disputan con el gobierno nacional, entre otras cosas.
En lo que fue un discurso para distintos sectores del electorado de la Ciudad de Buenos Aires, “la leona” intentó diferenciarse del gobierno nacional pero también de las otras listas que competirán dentro de Juntos por el Cambio. Buscando capitalizar los años de ese espacio político siendo oficialismo en el distrito, le pidió a los porteños que con su voto “acompañen esa forma de ser y de trabajar que va más allá de un apellido”. Sobre su discurso, varios señalaron un tono más duro y de menor moderación que el que venía ensayando.
Podría decirse que fueron dos los ejes principales del acto. Uno, las 23 “propuestas” que su espacio plantea para llevar al Congreso, y el otro, la confrontación con el Gobierno nacional alrededor de los tópicos de siempre, como los privilegios, los muertos en pandemia, la apertura de escuelas y la “libertad”.
Algunas de las propuestas de campaña incluyen distintos tipos de exenciones impositivas para quienes “creen” empleo, sobre todo para los empresarios que contraten jóvenes. Es decir, fondos estatales para los “costos” empresarios a la hora de contratar jóvenes. Vale tener en cuenta que más del 70 % de les jóvenes trabajan en condiciones de precarización en el país. El gobierno de Juntos por el Cambio y el de Vidal entre 2015 y 2019 no solo no revirtieron esta realidad estructural sino que la profundizaron. También prometió que promovería una exención del monotributo para este sector, como si fuera una solución para quienes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y se encuentran muchísimas veces en una relación de dependencia velada.
En el mismo tono planteó que buscará que en el Congreso se sancione una normativa que otorgue más “garantía de estabilidad fiscal” a inversores. Esto es, medidas que garanticen una mayor rentabilidad para los sectores del capital financiero que especulan y exigen reformas estructurales en contra de las mayorías trabajadoras y pobres.
Citó al economista Martín Tetaz para promover “independizar el Banco Central”, como supuesta medida para “bajar la inflación”, una muestra clara de demagogia, siendo parte de una fuerza política que prometió bajar la inflación y se fue con uno de los picos de los últimos años.
Apuntó también contra la Ley de Alquileres, prometiendo derogarla y demostrando que no solo tiene demagogia para los sectores populares, sino también muestras de pleitesía a los más poderosos de la burguesía. La propuesta de derogar una ley que, con todas sus limitaciones implicó algunas mejoras para millones de inquilinos, siempre rehenes de las grandes inmobiliarias, deja en claro la orientación política de Vidal.
Además de estos ejes, gran parte del discurso se ocupó a confrontar con el gobierno nacional. El escándalo en la quinta de Olivos y el debate en torno a la presencialidad escolar fueron algunos de los temas elegidos para polarizar. Volvió también sobre la discusión con el oficialismo por la coparticipación de los fondos de Ciudad, denunciando que fueron “sacados de manera injusta e intempestiva”.
La ex gobernadora optó por hacer énfasis en los privilegios ligados a la política: “Siempre que miramos para el lado de los privilegios, está la política” señaló, intentando hacerle el daño restante al gobierno nacional por el escándalo del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez.
La crítica a Alberto Fernández es válida: mientras hacía eje en la responsabilidad individual y empoderaba a las policías en el peor momento de la pandemia, gozaba del privilegio de poder incumplir las medidas de aislamiento (que a muchos jóvenes les costó la represión, el verdugeo e incluso la desaparición, como en el caso de Facundo Castro, entre otros más).
Pero Vidal habla como si no perteneciera a la misma casta política que representa los intereses de los dueños del país y las multinacionales, al tiempo que recibe sus “vueltos” y prebendas, a través de todo tipo de negociados pero también de los altos salarios y dietas que nada tienen que ver con la de cualquier trabajador. Habla como si no hubiera salido a la luz que una dirigente de su espacio, Elisa Carrió, también hizo un cumpleaños con 70 personas en plena pandemia.
El uso de un tono más confrontativo con el oficialismo, de grieta, Vidal apunta a consolidar a su núcleo duro de votantes además de tratar de contener lo que pueda escapársele por la vía de López Murphy en la interna, o con los candidatos con un discurso más de derecha como Milei.

25.8.2021

El 30 de diciembre de 2004, el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once, se incendió durante un recital de la banda Callejeros. Esa noche fallecieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Un año y tres meses más tarde, el 30 de marzo de 2006, hubo otro fatídico incendio: el del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, donde falleció una mujer embarazada y cuatro menores de edad. Ambos hechos tienen distintos puntos en común: fueron masacres que pudieron haberse evitado.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de ambos hechos esperan que la Legislatura porteña trate dos proyectos de expropiación de los edificios donde sucedieron las masacres. De esta forma, podrían convertirse en espacios de memoria, y dejarían de estar en manos de los mismos dueños de siempre.
Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, explicó en diálogo con Notas que la recuperación de los edificios es, por un lado, “reparatorio hacia familiares y sobrevivientes” y, por el otro, un hecho de bien “para la Ciudad y para el país”. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, añadió.
Uno de los dos proyectos, el vinculado a la masacre de Cromañón, plantea la expropiación del boliche cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que al momento del incendio, y quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber sido considerado como responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.
Para Silvia, “Levy es una persona peligrosa para el barrio, para la ciudad, y para cualquier pibe y piba”, ya que “no era simplemente alguien que tenía el lugar, sino que tomó decisiones contra la vida de las personas”.
Algunos ejemplos podrían ser las puertas de seguridad con candados, la construcción de canchas en los techos que obstaculizaban la ventilación, o el funcionamiento de un taller clandestino encontrado durante una inspección ocular. “Levy representa el mal para este barrio. Tenía un prostíbulo que nosotros hemos denunciado”, recordó Silvia.
Según Bignami, Levy “realmente representa muchas cosas malas, sin hablar de que apenas le devolvieron el inmueble tapió por dentro las ventanas. No sabemos lo que está haciendo, y también han pasado cosas en el espacio del santuario desde que él se hizo cargo. Es tremendo, es un acto muy fuerte de impunidad que lo tenga él al edificio”.
Actualmente los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen un santuario en la calle Bartolomé Mitre, un pequeño rincón de la ciudad lleno de murales y objetos de las víctimas fatales que es sistemáticamente vandalizado. «La protección del santuario debería ser tarea de la Comuna 3, pero se ocupan cuando nosotros denunciamos”, dijo Silvia, que agregó que “siempre dicen que son las personas que viven en la calle, a veces es simplemente mugre, y otras veces directamente tapan los murales, es difícil pensar que es gente de la calle».
El edificio donde funcionó el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, sigue en manos de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron sobreseídos en el marco de la causa que condenó a los capataces del lugar, que recibieron una pena de 13 años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte.
Las víctimas -todos migrantes de Bolivia- vivían en el galpón incendiado, y eran explotadas laboralmente junto con otras 61 personas (25 de ellos eran menores de edad). Sus jornadas comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las dos de la madrugada, los sueldos eran la cuarta parte de un salario correspondiente a una jornada de ocho horas y nunca se pagaban a la fecha prometida. En la planta baja del taller estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. Arriba dormían adultos y menores separados por telas y tabiques.
Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre y miembro de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, dijo a la agencia de noticias Télam que están «decididos a pelear por la expropiación del galpón a los dueños, que son los mismos del 2006, porque este caso quedó impune, entonces no queremos que vuelva a ocurrir allí otra masacre».
“Buscamos que el lugar sea un espacio para las próximas generaciones, para nuestros hijos, que tengan donde organizarse y capacitarse porque las víctimas de Luis Viale eran todos inmigrantes bolivianos que no sabían nada sobre los derechos ni a quién recurrir”, completó.
Este jueves a las 15 horas, miembros de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale y del Movimiento Cromañón, junto a personalidades distinguidas de la lucha contra la violencia institucional como Nora Cortiñas o Emilia Vasallo, participarán de una reunión ad hoc de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.
Ese día, las organizaciones se concentrarán frente al Parlamento para seguir exigiendo que el tratado de los proyectos de expropiación avancen en la Comisión de Derechos Humanos. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, concluyó Bignami.

24.8.2021

El progenitor de Luna abusó sexualmente de ella en su infancia. El Ministerio Público Tutelar realizó una pericia sobre el expediente, y en el informe se habla del “Síndrome de Alienación Parental”, una figura ilegítima que desestima la propia palabra de Luna y carga la responsabilidad en su mamá.

Sólo el 1% de los abusadores sexuales denunciados llega a una condena”. Así lo afirma Yama Corin, mamá de Luna, una joven sobreviviente de abuso sexual por parte de su progenitor entre sus 6 y 9 años. El proceso judicial, ahora a cargo de la Fiscalía N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, cumplió diez años, y todavía no hubo un enjuiciamiento.
Por el contrario, en los últimos días el Ministerio Público Tutelar realizó un informe sobre el expediente de Luna a partir de un pedido de la Fiscalía. El escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre, amparándose en la figura del falso “Síndrome de Alienación Parental” (SAP).
El SAP no tiene ningún tipo de encuadre científico. Es un término creado por el psicólogo estadounidense y pedófilo confeso Richard Gardner, rechazado sistemáticamente por los profesionales de la salud mental. “Se trata de culpabilizar a la madre que detecta un abuso sexual, de culpabilizarla de la situación cuando ya están desarmadas viviendo una situación súper aberrante”, explicó Marina Rodríguez, abogada de la causa, en diálogo con Notas.
En ese sentido, consideró: “Que la justicia recurra a la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental, o cualquier otro mecanismo en donde se sostenga que el adulto responsable implanta recuerdos o construye una idea de ese recuerdo, es nada menos que algo aberrante”.
Yama, mamá de Luna y militante feminista dentro de la agrupación Mundanas, entiende que la elaboración de un informe bajo la lógica del SAP es un acto de “muchísima violencia” hacia su hija y hacia ella misma, a quien le cargan la responsabilidad de “haberle hecho creer a Luna que ella fue abusada por su progenitor”. Según el escrito, ella es la responsable “de sus padecimientos, de sus crisis, y de sus angustias, que entendimos que era producto del abuso, pero el informe lo invierte y dice que es producto de una manipulación de mi parte”.
“El Ministerio Público Tutelar es una institución de la que se desprenden informes que van a muchísimas causas de niños y niñas. Estos informes lo que hacen es llevarlos a la revinculación con los abusadores, es muy peligroso”, apuntó. Además, subrayó: “La justicia no sólo funciona como una corporación que defiende la pedofilia, sino que el maltrato que ejerce sobre nosotras es aleccionador para el resto”.
La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos establece que las autoridades debe responder al principio de no revictimización, por lo que “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles”. Sin embargo, Luna y su madre lidian con una causa judicial de más de diez años de expediente que nunca parece recabar la información necesaria.
“Los procesos judiciales en sí son largos, las víctimas que se someten a procesos judiciales muchas veces depositan sobre la justicia expectativas que la justicia en general no llega a cumplir”, dijo la letrada, a lo que añadió que “la realidad es que durante el primer momento Luna no logró poner en palabras lo padecido, pero desde los 13 años estuvo en condiciones de poder contar lo que le había pasado, y la justicia demoró más el expediente”.
Recién a sus 17 años, rozando la mayoría de edad, Luna fue llamada a declarar en Cámara Gesell. Sin embargo, la cita fue cancelada en tres oportunidades. Ya como adulta, pudo dar su testimonio en octubre del año pasado. Entre medio, la causa se dilató por un problema de competencias: un ping-pong entre la justicia de Morón y de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente la causa quedó a cargo de la Fiscalía.
“La situación actual es complicada, sobre todo porque la declaración de Luna fue súper contundente, pero con este informe que sale ahora se la desacredita. Es una nueva forma de no escucharla y acallarla, y de desacreditar esto”, aseguró Rodríguez.
Yama, por su parte, trae en su haber “mucho cansancio, mucho agotamiento, pero a la vez mucha convicción de que todos estos años llevaron un recorrido que ayudó a sostener la causa de Luna”. Y añadió: “Fue un recorrido que nos llenó de un trabajo colectivo, primero porque cuando yo entendí que el abuso sexual que había sufrido Luna no era una tragedia personal, que era un problema político social y y había que organizarse contra eso”.
En ese sentido, Yama transfeminismo popular jugó un rol central en su búsqueda de justicia: “Vivimos en una sociedad donde la pedofilia es el corazón del patriarcado. Se sostiene con instituciones y con personas de carne y hueso. Tenemos que empezar a desmantelarlo, y tenemos que organizarnos”.
Este viernes a las 9 de la mañana, convocan a una concentración en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, ubicada en Paraguay 1536, “para llevar a la calle la lucha contra los abusos sexuales y el uso del falso SAP”. Además, exigen que se avance con el enjuiciamiento del acusado y que se lo lleve a indagatoria. “Luchar contra la pedofilia es luchar contra un aspecto central del patriarcado, porque les niñes son el sector más vulnerable, no pueden organizarse elles de manera propia, entonces es efectivamente el feminismo es quien debe tomarla”, concluyó Yama

23.8.2021

Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario.

Este domingo 22 de agosto, miles de porteñas y porteños realizamos una bicicleteada por la ciudad y abrazamos la Costanera Sur para rechazar la propuesta del gobierno de la Ciudad y del grupo IRSA de construcción de megatorres en plena Costanera.
El jueves 19, sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece para este tipo de proyectos, la legislatura porteña aprobó el emprendimiento Costa Urbana. Este mega proyecto de torres de 145 metros de altura en la Costanera Sur, es la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática y sanitaria, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales.
Esta nueva bicicleteada histórica es parte del movimiento ciudadano con el que venimos impulsando UNA COSTANERA VERDE PÚBLICA. Así como el año pasado logramos frenar la venta de Costa Salguero, frenaremos Costa Urbana. Cientos de espacios y asambleas urbanas, ambientales, feministas, sociales, sindicales y políticas presentamos en la legislatura un Proyecto alternativo con más de 5000 firmas para recuperar estas 71 hectáreas de humedales y transformarlas en una nueva reserva ecológica.
Ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA: “Este proyecto tiene que ver con una concepción privatista de la ciudad, heredada de la década del ’90 y profundizada durante la gestión del PRO, que antagoniza con los modelos urbanos más actuales basados en la democracia ambiental. Insistir en consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor.”
Alejo Caivano, abogado y fundador de La Defensoría de Laburantes: «Hoy fue el primer paso de la campaña Costanera Verde publica para visibilizar la falta de acceso de vecines de la ciudad y del AMBA a la costa porteña. Este Humedal, uno de los pocos que quedan, lo defenderemos con todas nuestras energías. No queremos especulación inmobiliaria sino una nueva reserva ecológica pública».
Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que frenó la venta de Costa Salguero y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad: “La Legislatura nuevamente ha decidido violar la Constitución de la Ciudad al no respetar el mandato constitucional de recuperar la Costanera para el uso común. La democracia participativa y ambiental ha quedado nuevamente supeditada al negocio de una empresa, en este caso, IRSA. La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria a capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más.»
Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular: “Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó a la clase política que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario”.