Comunicadores del Sur

30.3.2021

Desde las Consejerías de Vivienda advierten que desde el año pasado agentes uniformados y de civil de la Policía de la Ciudad vienen persiguiéndolos y hostigándolos, pero el último viernes recibieron directamente al teléfono de la organización una llamada del Área de Planificación de Servicio de la fuerza porteña buscando obtener información sobre la posible realización de una asamblea. Incluso el domingo se acercaron al lugar previsto para la actividad 3 patrulleros, pidieron datos y fotografiaron a los presentes.

Reproducimos comunicado:
DENUNCIAMOS PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD HACIA LAS CONSEJERÍAS DE VIVIENDA
A horas del vencimiento del decreto que suspende algunos desalojos, congela el precio de los alquileres y renueva automáticamente los contratos de alquiler, es lógica el alza de la lucha y los espacios de debate y decisión de inquilines para que sus derechos no sean vulnerados.
En el caso de nuestra organización, las Consejerías de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido más de 300 consultas y estamos actualmente acompañando un número de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulmón, autogestivo y nos consideramos independientes del estado.
Ya desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas.
Si bien nunca naturalizamos esto e intentamos darle un freno a través de diversas estrategias, vemos con preocupación que a horas de vencer el DNU 320 y cuando más imperiosa es la necesidad de lucha y organización, la persecusión se ha agudizado. El viernes pasado hemos recibido un llamado al celular de la organización, del Área de Planificación de Servicio de la policía de la ciudad, queriendo obtener información de si realizaríamos nuestra asamblea del domingo y en qué lugar. Obviamente, fue información que no brindamos. Sin embargo, el domingo, día de la Asamblea, se presentaron 3 patrulleros en el lugar (de la Comisaría 4B), sin que éste figurara en ninguna difusión pública. Se le tomaron los datos a un compañero de la olla popular como “garantía” que no se realizaría una Asamblea de vivienda en ese lugar. Sin que esto fuera suficiente, desde una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación, personal del GCBA mantuvo la guardia y comenzó a fotografiar a las personas presentes en el lugar, hecho por el cual se lo expulsó, ya que no contaba con ningun argumento que avalara estas prácticas persecutorias.
Denunciamos categóricamente estos intentos de intimidación, la organización y la lucha no son delito. Delito es espiar y perseguir al pueblo que demanda por sus derechos incumplidos. No nos van a doblegar y no vamos a tolerar más situaciones de este tipo. Las fuerzas represivas del gobierno de Larreta intentan, mediante el hostigamiento, impedir que avancemos con la fuerza de les de abajo, mientras miles de familias son desalojadas y muchas más vendrán si el estado no da respuesta después del vencimiento del DNU.
Se agradece máxima difusión, repudio y contar con la adhesión en un grito unánime contra el espionaje y el amedrentamiento contra organizaciones populares.
NI UN PASO ATRÁS
ABAJO LA PERSECUSIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
TIERRA Y VIVIENDA DIGNAS YA !

29.3.2021

Por Sofía Bonder

El sindicato Ademys convocó una conferencia en la escuela del compañero fallecido, junto a familias y docentes de distintas escuelas, en el marco del paro. Los docentes denunciamos la falta de vacunas y las responsabilidades del gobierno porteño y nacional, y convocamos a poner en pie comisiones de seguridad higiene para cuidarnos junto a las familias.

El lunes 29 de marzo, el sindicato docente porteño Ademys convocó a una conferencia de prensa, junto a familias y docentes de distintas escuelas, en el marco del paro convocado por el primer docente fallecido por Covid 19 desde el regreso a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en la puerta de la escuela técnica N°13 DE 21, donde el compañero Jorge Langone era docente.
La bronca docente se hizo sentir. Allí nos reunimos la comunidad educativa y distintas organizaciones que se solidarizaron, en repudio a este hecho tan grave. También acompañamos a la familia y a sus compañeros de trabajo al velorio.
Como parte de las denuncias, se habló de la falta de inversión en las escuelas y protocolos que cuiden a la comunidad educativa. Se señaló la responsabilidad del gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional en la muerte evitable de un trabajador de la educación, por privilegiar su línea de apertura sin cuidar la vida de los esenciales, por insistir con el regreso a clases presenciales sin garantizar condiciones seguras ni protocolos y, centralmente, la falta de un plan de vacunación para todo el personal de las escuelas.
A su vez, se mencionó la ausencia de medidas de fuerza del resto de los sindicatos de la Ciudad, empezando por UTE-Ctera que sólo se limitó a convocar a una jornada de duelo sin tomar ninguna medida contundente a la altura de la situación, la muerte de uno de los nuestros. Más que nunca, ante la segunda ola de contagios, UTE tiene que convocar a un plenario abierto de toda la docencia de CABA para debatir y votar un plan de lucha, frente a los intentos de los gobiernos de dejar las cosas como están.

Una casta política al servicio de los empresarios

La noticia del fallecimiento de Langone llegaba ayer al mismo tiempo que el Ministro Santiago Cafiero dijera públicamente que las escuelas iban a seguir de manera presencial, siguiendo con la línea aperturista de todos los gobiernos, privilegiando la política empresarial.
En la misma sintonía, hoy en la conferencia de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña ratificó que “El compromiso del gobierno es el de garantizar la mayor presencialidad posible”, con datos sobre los contagios y el aislamiento de burbujas que están muy lejos de lo que ocurre cotidianamente en las escuelas. Y que “solamente el 1% de las burbujas se cerraron desde el comienzo de clases”.
Más allá del cinismo al que nos tienen acostumbrados, lo cierto es que Jorge es parte de la realidad de miles de docentes que arrancamos las clases sin estar vacunados, muchos ni siquiera tienen el turno, otros recibieron mails diciendo que se va a diferir la aplicación de la segunda dosis. De la crisis sobre los planes de vacunación, tanto a nivel nacional como en la Ciudad, no escuchamos una sola palabra. En un país que fabrica el componente activo de la vacuna, se privilegian los negocios millonarios de los laboratorios a la vida de miles y miles de trabajadores y trabajadoras esenciales.

Las vidas trabajadoras importan

Jorge, como la mayoría de los docentes, viajamos a nuestras escuelas usando un transporte público colapsado y en condiciones de hacinamiento. Trabajamos en escuelas que no están en condiciones, sobre las que no se invirtió un peso para acondicionarlas, bajo un protocolo que no da respuestas a las decenas de situaciones que se presentan diariamente, sin haber logrado efectivizar licencias ni dispensas para docentes que son de riesgo, ni para las familias que tienen que hacer malabares con la nueva organización escolar. No hay más personal, hay sobrecarga laboral y falta de respuestas.

29.3.2021

Trabajadores estatales de Promoción Social denuncian al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por vaciamiento, precarización laboral y despidos a trabajadores esenciales en las áreas de niñez y adolescencia: “Los recortes en los presupuestos de las áreas más sensibles son desviados para financiar desde el Estado la campaña electoral del PRO”.

Compartimos el comunicado de la Junta Interna de ATE Promoción Social de CABA:
CABA: la niñez en emergencia
Vaciamiento de las políticas públicas, precarización laboral y despido a trabajadores esenciales: la verdadera cara del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.
Les trabajadores de las políticas públicas más sensibles de la Ciudad de Buenos Aires nos declaramos en estado de alerta y movilización ante el grado crítico en que se encuentran dichas políticas, nuestras condiciones labores, y ante despidos a trabajadoras esenciales desde lógicas discriminatorias cargadas de violencia machista y de género.
Mientras el país entero se estremecía ante el secuestro de la niña M., el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a cargo de María Migliore continúa con el desguace de las políticas sociales, dejando aún más desprotegida a la población más vulnerada de la Ciudad. En el distrito más rico del país -donde la recaudación es comparable con la ciudad de Madrid – más del 50% de les niñes están por debajo de la línea de pobreza, una población por encima de las 7500 personas viven en la calle y más de 300.000 en villas y asentamientos. Los recortes en los presupuestos de las áreas más sensibles son desviados a las áreas de comunicación y publicidad del gobierno para financiar desde el Estado la campaña electoral del PRO.
Al mismo tiempo, la gestión de Larreta desmantela la Dirección de Niñez, con el objetivo de llevar los programas de restitución de derechos al Consejo de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes, organismo que debería controlar y monitorear cómo la política pública es implementada. En este sentido, quitar de la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat las políticas para la niñez y la adolescencia, sin ningún cambio de fondo, expresa la resignación del Gobierno Porteño de revertir las causas que generan un estado de vulneración permanente para quienes están más desprotegides. Somos les trabajadores del Estado quienes sostenemos desde nuestro compromiso ético, profesional y político un trabajo cotidiano para que les pibxs con menos oportunidades y derechos, no desaparezcan o sufran otras desgracias. Sin embargo, la precarización del trabajo, la falta de recursos y de financiamiento permanentes, son las condiciones para desarrollar nuestras tareas críticas y complejas en las que nos somete el Gobierno porteño. Lejos de reconocer nuestras tareas esenciales y estratégicas, el Ministerio avanza con despidos desde lógicas discriminatorias con una carga explícita de violencia de género que pone de manifiesto cuál es la verdadera cara de la gestión en la Ciudad.
Por todo lo expuesto, resolvimos declarar el estado de alerta y movilización ante el despido discriminatorio y arbitrario de una compañera que se desempeña en la Gerencia Operativa de Actividades Inclusivas, perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, cuyo director es Mauricio Giraudo, a quien hacemos cargo de ejercer violencia de género y laboral. La compañera es único sostén familiar, y cataloga como grupo de riesgo respecto al sars covid-19, al tener enfermedad respiratoria. Y también ante la falta de garantías y condiciones en el marco de un traspaso que significa un retroceso en las políticas públicas que no hace más que exponer las condiciones de precarización laboral y salarios por debajo de la línea en la que nos encontramos.
Para todas y todos, todos los derechos.

28.3.2021

Era docente de la E.T N° 13 DE 21, de Lugano. Los docentes difundieron un comunicado donde responsabilizan al gobierno. Frente a la terrible noticia, el aumento de casos y el freno en la vacunación, el sindicato Ademys convoca a paro.

El día 28, se difundió la terrible noticia de que un docente de la E.T N°13 DE 21, del barrio de Lugano, falleció a causa de Covid-19.
Mientras que desde el gobierno nacional convocan a mantener la presencialidad en las escuelas y mandan a teletrabajar al resto de los trabajadores/as estatales, los contagios aumentan y la vacunación no alcanza.
Frente a esta situación, el sindicato docente Ademys convoca a paro para el lunes 28. A continuación, reproducimos el comunicado de las y los compañeros de la escuela del docente fallecido, donde difunden la noticia, y hacen responsable al gobierno.

¡¡URGENTE‼
Ciudad de Buenos Aires: MUERE DOCENTE POR COVID-19 – CABA, 28/03/21

Con profundo dolor e indignación informamos a la comunidad educativa el fallecimiento de nuestro compañero docente Jorge Langone, de la E.T. Nº13 DE 21, a causa de infección por Covid-19.
Hacemos directamente responsable al gobierno de la Ciudad y a la ministra de Educación Soledad Acuña, por obligar a docentes y estudiantes a exponerse innecesariamente en contexto de pandemia.
Asimismo responsabilizamos a las conducciones escolares y a las dirigencias sindicales cómplices del gobierno, por acción u omisión.
Hace poco comentábamos que no iban a parar hasta tener un docente muerto. Ahora tenemos la certeza de que piensan avanzar sobre nuestros cadáveres.
Paremos esta locura. Necesitamos un plan de lucha para impedir que sigan los contagios y las muertes evitables.
Docentes Autoconvocadxs ET Nº 13 DE 21

Comunicado de la 9 de abril – Lista Marrón frente a la muerte por Covid de un docente de la ET N° 13 de Lugano

Las muertes por covid no son un número, tienen nombres, trabajos, familias y amigos.
Hoy se nos fue Jorge Langone, docente de la escuela técnica 13 del barrio de Lugano. Es la primera en CABA desde que los gobiernos, tanto nacional como porteño, nos mandaron a las escuelas sin recursos ni vacunas.
Hoy nos pega está noticia justo en medio del comienzo de una nueva ola de contagios y que se paralizó por completo la vacunación a les trabajadores de la educación en todo el país, incluso llegando mails a los pocos que recibieron la primera dosis diciendo que tienen que esperar varios meses para la segunda sin ningún estudio que respalde dicha decisión.
Quienes sostenemos la educación pública en las escuelas sabemos que continuamente faltan recursos, nos aprietan para dar clases en aulas sin ventilación adecuada y ponen una y mil trabas para acceder a las dispensas por familiar de riesgo o hije a cargo.
Acuña nos habla de poder sacarse el barbijo y trabajar hacinades con los grupos enteros, mientras tanto Trotta la defiende en Twitter y la aplaude diciendo siga siga, y Santiago Cafiero hizo una conferencia para no anunciar ninguna medida. Todo sea por asegurar las ganancias empresarias. La salud y las vidas trabajadoras, bien gracias.
En el país ya se fabricaron 38 millones de dosis en Garín. Si declaramos de utilidad pública ese laboratorio, en un mes podríamos tener vacunado a todas las personas de riesgo y las de mayor exposición como salud, educación y transporte.
Ya sabemos que nos tratan como descartables aunque nos llamen esenciales, y que ponen por delante las ganancias antes que la salud. Depende de nosotros, de no resignarnos, de organizarnos en cada lugar de trabajo o de estudio para poner en pie Comisiones de seguridad e higiene, de unir nuestras fuerzas entre los diferentes sectores, y conquistar lo que nos corresponde.
Las conducciones sindicales deben estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido creemos necesario un paro, como primera respuesta contundente y asamblea unificada de toda la docencia y abierta a familias y estudiantes para votar un plan de lucha, porque las vidas de las familias trabajadoras importan.
En ese sentido la conducción de Ademys debe lanzar esta medida, convocando a UTE y el resto de los sindicatos a sumarse.

26.3.2021

El próximo miércoles 31 de marzo se vence el última plazo que el Gobierno Nacional extendió del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 a través del cual -con fecha 29 de marzo de 2020- se ordenaba la suspensión de desalojos en todo el territorio Argentino, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios. Ante esta situación, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresó su preocupación a través del comunicado que publicamos a continuación.

A pocos días de que se venza el Decreto 320/20 que estableció la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos de alquiler y el congelamiento de sus precios, desde el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresamos nuestra profunda preocupación ante la inminente ola de desalojos que podría dejar a miles de familias en la calle y nos sumamos al creciente reclamo de respuestas por parte del Estado nacional como del Estado porteño. En este sentido, en los próximos días convocaremos a una asamblea abierta de inquilinxs para definir los pasos a seguir que nos permitan visibilizar la problemática e impulsar nuestras propuestas.
Además de la feroz crisis económica que está aniquilando los salarios y dejando a medio pueblo en la pobreza, nuestro país atraviesa una grave crisis habitacional estructural, palpable en las casi 9 millones de personas inquilinas o que ocupan una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires -la más rica del país-, las personas que deben alquilar pasaron del 38% al 46% en los últimos 10 años, mientras que aquellas propietarias de inmuebles disminuyeron del 62% al 54%. Todo esto a pesar de que en el mismo período se construyeron más de 111.000 viviendas, lo que significaría que las propiedades se están concentrando cada vez más en menos manos.
Partiendo de que el pago de un alquiler es un constante saqueo a los bolsillos de lxs trabajadorxs, quienes destinan en promedio más del 50% de sus ingresos en pagar el techo bajo el que habitan pero del cual no son propietarixs, los aumentos irracionales que están exigiendo los dueños que pretenden vivir de las rentas -que van desde el 60 hasta el 100%- requieren de la urgente intervención del Estado para establecer topes y controles efectivos que garanticen a la vivienda como un derecho humano y no como un negocio o inversión. Resulta inaceptable que mientras miles de familias sufren al tener que elegir entre comer o pagar el alquiler, los sectores más pudientes presionen para mejorar la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias. Ante esta ofensiva del mercado inmobiliario sostenemos que es necesaria la extensión del Decreto 320/20 como mínimo hasta fin de año, aunque somos conscientes de que es una medida paliativa e insuficiente para resolver la crisis que atravesamos. En paralelo, deben impulsarse diversas políticas que regulen el mercado y permitan el acceso a la vivienda propia.
Yendo al suelo en que habitamos, cabe alertar que todos los años el Gobierno de la Ciudad -en manos del PRO y sus aliados- aprueba leyes desprendiéndose de terrenos e inmuebles públicos, que luego son adquiridos por las grandes constructoras inmobiliarias para especular con el valor del suelo porteño o construir viviendas de lujo inaccesibles para la amplia mayoría de la sociedad. Y nos preguntamos ¿por qué no destinar los inmuebles para construir allí soluciones habitacionales que luego el mismo Estado porteño venda con facilidades de pago a las familias inquilinas? Así, podrían obtenerse recursos para el erario público y brindar un techo propio a personas que tanto lo necesitan.
En nuestro país hay tierra suficiente para resolver la crisis habitacional que sufrimos, en vez de utilizarse para que se enriquezcan los mismos de siempre. Lo que hace falta es participación popular para torcerle el brazo a las corporaciones inmobiliarias y sus representantes políticos. Por eso, impulsamos las siguientes propuestas:
– Prórroga del Decreto 320/20 hasta el 31 de diciembre de 2021 como mínimo, para evitar que miles de familias terminen en la calle.
– Programa nacional de desendeudamiento para la población inquilina que haya entrado en mora debido a la pandemia de Covid-19 y bajo el Decreto 320/20.
– Implementación de un plan estatal federal de construcción de 2 millones de viviendas, el cual no sólo aseguraría el techo a quienes lo necesitan sino que daría un gran impulso a la economía por medio de la generación de empleo y la producción industrial.
– Establecimiento de precios máximos a los alquileres, en relación directa a la paritaria anual más baja.
– Lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, los cuales en nuestro país representan tan sólo el 1% de todos los créditos que otorgan los bancos, mientras que en Bolivia es del 10% y en Chile asciende al 23%. Necesitamos nuevas líneas de créditos hipotecarios accesibles para construcción o compra, atados a la variación salarial y no a la inflación, para evitar las nefastas consecuencias de los créditos atados a las UVA.
– En la ciudad de Buenos Aires, aplicación de impuestos a las viviendas que se encuentren ociosas por más de 6 meses, para evitar la especulación del mercado. Expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren ociosos por más de 5 años.
– Destinar todos los inmuebles que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones habitacionales.
– Anulación de todos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras públicas a través de la AABE.
Inclusión del costo habitacional -alquiler o cuota hipotecaria- en la discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
– SMVM igual a la Canasta de Consumos Familiar. * Equipo de Comunicación de la CTA Capital Federal