Comunicadores del Sur

31.3.2021

Al cumplirse un nuevo aniversario del incendio del taller textil clandestino donde murieron seis personas migrantes víctimas de la explotación laboral, de trabajar, vivir y comer en el mismo lugar, se realizó un gran acto por justicia y para que el lugar sea un espacio de memoria.

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil clandestino que funcionaba en la calle Luis Viale, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó la vida de cuatro niñes, un adolescente y una mujer embarazada.
Sus nombres: Juana Villca Quispe de 25 años de edad, Wilfredo Quispe de 15, Elías Carbajal Quispe de 10, Rodrigo Quispe Carbajal de 4, Luis Quispe de 4 y Harry Rodríguez Palma de 3 años.
No era el primer incendio que ocurría en ese lugar, pero la desidia patronal, junto a las condiciones de extrema precariedad y explotación impuestas en el taller clandestino, habilitaron la repetición del siniestro.
En junio de 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal N° 5 condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, a trece años de prisión por reducción a la servidumbre, y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.
Sin embargo, en mayo de 2019 los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños, del Juzgado Criminal y Correccional Nro 27.
El juez Baños dictó el sobreseimiento de los empresarios por considerar que no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el lugar.
El fallo, derivado sobre todo de la “sospechosamente pobre actuación de la fiscal Betina Vota”, señalan desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, “no sólo desconoce la clara vinculación de ambos con el taller -al punto que eran también dueños del inmueble- y las declaraciones de testigos en el juicio que dicen que Fischberg visitaba el taller, sino que además constituye un monumental incentivo a la tercerización en talleres textiles de estas características”.
En otras palabras, a partir de este fallo las marcas pueden subcontratar a talleres clandestinos sin ningún riesgo legal.
Además, el fallo de Baños ordena restituir el inmueble a Fischberg y Geiler. No obstante, desde la Campaña por Justicia por las Víctimas de Luis Viale, junto a otras organizaciones sociales y gremiales de trabajadores textiles y costureros, reclaman la expropiación del inmueble para convertirlo en un espacio de memoria y contra la explotación laboral.
Más información: https://juicioluisviale.wordpress.com/

31.3.2021

Por La Retaguardia

Eugenio Veppo, autor de la muerte de Cinthia Choque y de haber dejado gravemente lesionado a Santiago Siciliano, ambos agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado este mediodía a 9 años y 3 meses de prisión por homicidio simple y lesiones graves. La querella del viudo de Cinthia había pedido 15 años; la fiscalía cinco años y la defensa la absolución. Veppo seguirá preso y fue inhabilitado para conducir por 10 años.

Unas horas antes de escuchar lo que finalmente fue su condena a 9 años de prisión, Eugenio Veppo dijo hoy que estaba arrepentido y que nunca imaginó que podía causar este hecho. Suele suceder: quienes tienen este tipo de situaciones por conducir a excesiva velocidad, creen que a ellos nos les va a pasar.
Aquel 8 de diciembre de 2019, Veppo conducía su Volkswagen Passat a 132,75 kilómetros por hora, un 90% más que la velocidad permitida. En la Av. Figueroa Alcorta y Tagle, Palermo, atropelló a Cinthia Choque, quien perdió la vida, y a Santiago Siciliano, que recibió graves heridas. Ambos estaban trabajando como agentes de control de tránsito del Gobierno de la Ciudad. Veppo no se detuvo y abandonó el auto con las ventanillas bajas en las cercanías del Hospital Fernández
Uno de los momentos más emotivos del juicio fue la declaración de Siciliano como testigo. Santiago declaró en detalles las consecuencias que le dejó el hecho y que le cambiaron la vida por completo. Entre esa situación dolorosa, contó la cantidad de cirugías que tuvo que atravesar. Una declaración rodeada de dolor, de angustia, de tristeza. Describió más de ocho operaciones.
Romina Dellagiovanna manejaba un remis esa madrugada. Recordó aquella jornada con mucha precisión: “Veo un auto que viene zigzagueante, cuando me pasó me sacó cinco cuadras de distancia. Cuando me pasa, sigue pasando autos. Yo venía a 70 kilómetros por hora”. La testigo refirió que más adelante vio algo volar: eran los carteles del puesto de control de tránsito en el que fueron arrollados Choque y Siciliano.
El abogado Andrés Gramajo, quien representa al esposo de Cinthia, Christian Iñigo, había descalificado durante su alegato al perito de parte de la defensa, quien poco menos que acusó a las víctimas de ser culpables. “Fue canallesco y vergonzoso. Hay que tener mucho estómago para hacerlo. Porque achacarles a los agentes de tránsito Cinthia y Santiago la responsabilidad de su propio atropello, aduciendo una irregularidad, sin precisar cuál es, es de una bajeza inusitada. Reprocharle al propio Santiago, que está presente en este juicio, haber sido irregular en el desempeño de su función…, cuyo único objeto es sembrar algún tipo de duda y enmascarar la conducción de Veppo, esto es de una bajeza absoluta e inusitada”, señaló Gramajo.
El fiscal Fernando Klapenbach había solicitado una pena 5 años y 10 meses de prisión. La acusación fue por homicidio culposo agravado en concurso ideal con el de lesiones culposas agravadas. La condena, si bien no cubre la expectativa total de la familia y amigos de Cintia y Santiago, resultó en ese contexto positiva.

30.3.2021

Producto de la crisis económica y la imposibilidad de readaptar las salas con la adecuación edilicia para reabrir sus puertas, el cine emblemático del barrio porteño de Belgrano, cerró sus puertas definitivamente.

Producto de la crisis económica y la imposibilidad de readaptar las salas con la adecuación edilicia para reabrir sus puertas, el cine emblemático del barrio porteño de Belgrano, cerró sus puertas definitivamente.
Su construcción se realizó en los años 40, y fue una referencia cinematográfica de la zona norte de CABA que trascendió décadas y generaciones. Su enorme recinto con platea, pullman y súper pullman, presidida por su fachada art decó de superficie curva y escaleras de mármol, ya no volverán a funcionar.
Los vecinos han iniciado una campaña por la reapertura de las salas y crearon cuentas en Instagram y Facebook con el nombre “Salvemos el cine General Paz”, donde se llama a “los vecinos/as, cinéfilos y todos/as aquellos amantes del arte a unirnos para que el cine mantenga sus puertas abiertas”.
Los motivos del cierre de la conocida sala del barrio de Belgrano, ubicado en la esquina de Cabildo y Rivera y con capacidad 1.500 espectadores, tienen que ver con la imposibilidad de adaptarse a los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de coronavirus.
Una situación similar estaría viviendo el Cine Arte Multiplex, de Cabildo al 2800, el cual tras habilitarse el ingreso del público en los cines aún no reabrió sus puertas.

30.3.2021

Desde las Consejerías de Vivienda advierten que desde el año pasado agentes uniformados y de civil de la Policía de la Ciudad vienen persiguiéndolos y hostigándolos, pero el último viernes recibieron directamente al teléfono de la organización una llamada del Área de Planificación de Servicio de la fuerza porteña buscando obtener información sobre la posible realización de una asamblea. Incluso el domingo se acercaron al lugar previsto para la actividad 3 patrulleros, pidieron datos y fotografiaron a los presentes.

Reproducimos comunicado:
DENUNCIAMOS PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD HACIA LAS CONSEJERÍAS DE VIVIENDA
A horas del vencimiento del decreto que suspende algunos desalojos, congela el precio de los alquileres y renueva automáticamente los contratos de alquiler, es lógica el alza de la lucha y los espacios de debate y decisión de inquilines para que sus derechos no sean vulnerados.
En el caso de nuestra organización, las Consejerías de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido más de 300 consultas y estamos actualmente acompañando un número de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulmón, autogestivo y nos consideramos independientes del estado.
Ya desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas.
Si bien nunca naturalizamos esto e intentamos darle un freno a través de diversas estrategias, vemos con preocupación que a horas de vencer el DNU 320 y cuando más imperiosa es la necesidad de lucha y organización, la persecusión se ha agudizado. El viernes pasado hemos recibido un llamado al celular de la organización, del Área de Planificación de Servicio de la policía de la ciudad, queriendo obtener información de si realizaríamos nuestra asamblea del domingo y en qué lugar. Obviamente, fue información que no brindamos. Sin embargo, el domingo, día de la Asamblea, se presentaron 3 patrulleros en el lugar (de la Comisaría 4B), sin que éste figurara en ninguna difusión pública. Se le tomaron los datos a un compañero de la olla popular como “garantía” que no se realizaría una Asamblea de vivienda en ese lugar. Sin que esto fuera suficiente, desde una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación, personal del GCBA mantuvo la guardia y comenzó a fotografiar a las personas presentes en el lugar, hecho por el cual se lo expulsó, ya que no contaba con ningun argumento que avalara estas prácticas persecutorias.
Denunciamos categóricamente estos intentos de intimidación, la organización y la lucha no son delito. Delito es espiar y perseguir al pueblo que demanda por sus derechos incumplidos. No nos van a doblegar y no vamos a tolerar más situaciones de este tipo. Las fuerzas represivas del gobierno de Larreta intentan, mediante el hostigamiento, impedir que avancemos con la fuerza de les de abajo, mientras miles de familias son desalojadas y muchas más vendrán si el estado no da respuesta después del vencimiento del DNU.
Se agradece máxima difusión, repudio y contar con la adhesión en un grito unánime contra el espionaje y el amedrentamiento contra organizaciones populares.
NI UN PASO ATRÁS
ABAJO LA PERSECUSIÓN Y EL HOSTIGAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
TIERRA Y VIVIENDA DIGNAS YA !

29.3.2021

Por Sofía Bonder

El sindicato Ademys convocó una conferencia en la escuela del compañero fallecido, junto a familias y docentes de distintas escuelas, en el marco del paro. Los docentes denunciamos la falta de vacunas y las responsabilidades del gobierno porteño y nacional, y convocamos a poner en pie comisiones de seguridad higiene para cuidarnos junto a las familias.

El lunes 29 de marzo, el sindicato docente porteño Ademys convocó a una conferencia de prensa, junto a familias y docentes de distintas escuelas, en el marco del paro convocado por el primer docente fallecido por Covid 19 desde el regreso a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en la puerta de la escuela técnica N°13 DE 21, donde el compañero Jorge Langone era docente.
La bronca docente se hizo sentir. Allí nos reunimos la comunidad educativa y distintas organizaciones que se solidarizaron, en repudio a este hecho tan grave. También acompañamos a la familia y a sus compañeros de trabajo al velorio.
Como parte de las denuncias, se habló de la falta de inversión en las escuelas y protocolos que cuiden a la comunidad educativa. Se señaló la responsabilidad del gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional en la muerte evitable de un trabajador de la educación, por privilegiar su línea de apertura sin cuidar la vida de los esenciales, por insistir con el regreso a clases presenciales sin garantizar condiciones seguras ni protocolos y, centralmente, la falta de un plan de vacunación para todo el personal de las escuelas.
A su vez, se mencionó la ausencia de medidas de fuerza del resto de los sindicatos de la Ciudad, empezando por UTE-Ctera que sólo se limitó a convocar a una jornada de duelo sin tomar ninguna medida contundente a la altura de la situación, la muerte de uno de los nuestros. Más que nunca, ante la segunda ola de contagios, UTE tiene que convocar a un plenario abierto de toda la docencia de CABA para debatir y votar un plan de lucha, frente a los intentos de los gobiernos de dejar las cosas como están.

Una casta política al servicio de los empresarios

La noticia del fallecimiento de Langone llegaba ayer al mismo tiempo que el Ministro Santiago Cafiero dijera públicamente que las escuelas iban a seguir de manera presencial, siguiendo con la línea aperturista de todos los gobiernos, privilegiando la política empresarial.
En la misma sintonía, hoy en la conferencia de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña ratificó que “El compromiso del gobierno es el de garantizar la mayor presencialidad posible”, con datos sobre los contagios y el aislamiento de burbujas que están muy lejos de lo que ocurre cotidianamente en las escuelas. Y que “solamente el 1% de las burbujas se cerraron desde el comienzo de clases”.
Más allá del cinismo al que nos tienen acostumbrados, lo cierto es que Jorge es parte de la realidad de miles de docentes que arrancamos las clases sin estar vacunados, muchos ni siquiera tienen el turno, otros recibieron mails diciendo que se va a diferir la aplicación de la segunda dosis. De la crisis sobre los planes de vacunación, tanto a nivel nacional como en la Ciudad, no escuchamos una sola palabra. En un país que fabrica el componente activo de la vacuna, se privilegian los negocios millonarios de los laboratorios a la vida de miles y miles de trabajadores y trabajadoras esenciales.

Las vidas trabajadoras importan

Jorge, como la mayoría de los docentes, viajamos a nuestras escuelas usando un transporte público colapsado y en condiciones de hacinamiento. Trabajamos en escuelas que no están en condiciones, sobre las que no se invirtió un peso para acondicionarlas, bajo un protocolo que no da respuestas a las decenas de situaciones que se presentan diariamente, sin haber logrado efectivizar licencias ni dispensas para docentes que son de riesgo, ni para las familias que tienen que hacer malabares con la nueva organización escolar. No hay más personal, hay sobrecarga laboral y falta de respuestas.