Comunicadores del Sur

19.4.2021

En el marco de la huelga que hoy desarrollan los docentes de UTE y Ademys, los docentes privados de Sadop, los judiciales de Sitraju y los estatales de ATE Capital, Daniel Catalano, calificó de «golpe blando» la decisión de Larreta de desconocer el DNU de Alberto y cuestionó a los jueces: «Que se presenten a elecciones en lugar de hacer estas cosas que generan debilitamiento institucional».

El secretario General de ATE Capital, Daniel “Tanito” Catalano, se refirió a la huelga que hoy realizan los gremios de la Ciudad tras el fallo que ordenó continuar con la presencialidad escolar y desconoció el DNU que disponía las medidas sanitarias: «El paro de hoy es de estatales, docentes y judiciales porteños. Paramos para garantizar la salud», aseguró Catalano.
Vale aclarar que la huelga de hoy la desarrollan los docentes de UTE y Ademys, los docentes privados de Sadop, los judiciales porteños del Sitraju y los estatales de ATE Capital.
En declaraciones, el dirigente sindical agregó: «Larreta está haciendo una desestabilización sobre el gobierno de Alberto Fernández. La sociedad no necesita un golpe blando».
E insistió en el concepto: «Esto es un golpe blando de Larreta a Alberto».
Además cuestionó a los jueces porteños que tomaron el asunto aun sabiendo que el Gobierno de la Ciudad había presentado su amparo ante la Corte Suprema por un tema de competencia: «Que los jueces se presenten a elecciones en lugar de hacer estas cosas que generan debilitamiento institucional».
Respecto de las presiones que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría hacer pesar sobre quienes vayan a la huelga, Catalano disparó: «Laburamos por $38.000. ¿Más presiones que eso?».

19.4.2021

Por Werner Pertot

Los legisladores porteños del FdT destacaron que la medida dictada por Marcelo López Alfonsín, María de las Nieves Macchiavelli y Laura Perugini para habilitar las clases presenciales en CABA no pasa «un test de constitucionalidad».

El bloque de Legisladores del Frente de Todos anunció que pedirá el juicio político a los tres camaristas que firmaron un fallo que le permitió a Horacio Rodríguez Larreta desafiar el DNU de Alberto Fernández que ordenaba dar clases en modalidad virtual por dos semanas. Los legisladores advirtieron que el fallo que ordenó que haya clases presenciales no pasa un «test de constitucionalidad», a lo que se suma la controversia sobre la jurisdicción –es un fallo del contencioso porteño que trata algo que corresponde al contencioso federal–, y reclamaron a los jueces que se «hagan responsables» por las consecuencias que puede tener su decisión en términos sanitarios.
Después de haber logrado mantener abiertas las escuelas con un fallo porteño, en la sede del gobierno porteño las expectativas estaban puestas en la Corte. Un alto funcionario de la Ciudad dijo a este diario que sería bueno que los jueces de la Corte fallen en días y no en meses. «Ya solo el traslado a las partes, son cinco días», se quejaba. De todas formas, por ahora el statu quo funciona a favor del gobierno porteño.
Mientras el gobierno nacional despliega su estrategia judicial, los legisladores del Frente de Todos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño a las juezas María de las Nieves Macchiavelli –hermana del secretario de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli–, y Laura Perugini y al juez Marcelo Lopez Alfonsin. En el comunicado calificaron el fallo de «arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad». «Los miembros del tribunal deberán hacerse responsables ante los habitantes de la ciudad y del país en su conjunto por el grave riesgo en que nos han colocado a todos y todas. El fallo de los jueces denunciados avasalla competencias constitucionales, demostrando un alevoso mal desempeño y un desconocimiento inexcusable del derecho», indicaron.
No fueron los únicos que los denunciaron: también se presentó la ONG Nace un Derecho, quien destacó que los jueces firmaron el fallo de forma digital mientras mandan a los docentes y a los alumnos a trabajar y aprender de manera presencial.
La legisladora Claudia Neira advirtió que el fallo «es un escándalo jurídico que pone en riesgo la salud de porteños y porteñas».
Su compañera de bloque Laura Velasco indicó que en la sentencia «priorizaron la estrategia electoral de Larreta en un momento de grave crisis sanitaria y con argumentos carentes de sentido en una situación institucional grave».
Por su parte, la legisladora María Bielli remarcó que el fallo «muestra que la Justicia prioriza, frente a la grave crisis sanitaria, la especulación política de Rodríguez Larreta».
En tanto, el diputado Matías Barroetaveña indicó que «la decisión del Ejecutivo de dar curso al fallo de la Justicia de la Ciudad es una aberración y demuestra el poco respeto por las instituciones y por la República que tanto pregona en los medios de comunicación». Según pudo saber este diario, en el gabinete de Larreta nunca dudaron sobre si aplicar o no el fallo, pese a la controversia sobre si podía dictar una cautelar sobre una medida nacional. «Larreta juega la personal poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas y todos, y será responsable de las consecuencias de esa estrategia», remarcó Barroetaveña.
En tanto, el senador Mariano Recalde recordó que la misma sala «que falló en forma exprés a favor de la Ciudad es la que en el último año no respondió 43 amparos de familias que reclaman una vacante en la escuela pública. Rápidos con Larreta, lentos con la gente».
El dirigente del PTS Patricio Del Corro también recordó que esa sala es «la misma que autorizó tarifazos del subte aunque demostramos que pasaban como gastos cenas de lujo de los gerentes». Y la legisladora Alejandrina Barry rememoró que «el juez López Alfonsín, en 2020 cuando era juez de primera instancia, rechazó una cautelar que presentamos para evitar que se instalen 80 mil parquímetros. Como premio, lo ascendieron a juez de Cámara». Desde la izquierda cuestionaron a las otras fuerzas opositoras que votaron los pliegos de esos jueces en agosto del año pasado. La diputada Myriam Bregman advirtió que «si la jueza Macchiavelli es parcial para definir asuntos de la Ciudad, ¿para qué la votaron todos hace siete meses? No hay que votarle las leyes a Larreta… Sus jueces no nacen de un repollo».

19.4.2021

Con un dictamen favorable de la Procuración, el Máximo Tribunal va a pedirle al Gobierno de Fernández una opinión sobre el amparo presentado por Larreta.

La Corte Suprema de Justicia se declaró este lunes “competente” ante la medida cautelar presentada el viernes por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que solicita la suspensión del decreto de Alberto Fernández que impide las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 30 de abril.
Este lunes la Corte recibió un dictamen de la Procuración General de la Nación, según el cual el los supremos son “competentes” para decidir en conflictos entre la Ciudad y la Nación.
Ahora la Corte enviará al Poder Ejecutivo Nacional le texto de la medida cautelar para que el Gobierno dé su opinión sobre los argumentos esgrimidos por Larreta en torno a la inconstitucionalidad del DNU. Cuando Nación responda el Máximo Tribunal podrá decidir. Según diversas versiones, si todo ocurre con rapidez, esta misma semana la Corte podría estar fallando tanto sobre la suspensión del decreto presidencial como sobre la cuestión de fondo, es decir si es o no inconstitucional el mismo DNU.

19.4.2021

Ya comenzaron a verse las señales de las represalias que sufren los docentes por adherir a una o a otra decisión judicial, respecto a la presencialidad durante las próximas dos semanas, que quedó suspendida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo -241-APN-PTE-, en el marco de la Emergencia Pública Sanitaria declarada por la Ley 27541.

Tal es el caso de dos docentes de la Escuela ORT -Mariana Sampaíño y Violeta Sznaider- con diez años de antigüedad en la institución, que fueron despedidas el viernes pasado, por sumarse a los distintos pedidos de virtualidad que realizaron los docentes y sus organizaciones sindicales de la ciudad.
Desde SADOP Capital rápidamente salieron a exigir “la inmediata reincorporación de las docentes despedidas de la Escuela ORT” y agregaron que “en el contexto de una pandemia que azota al mundo y a nuestro país el establecimiento decidió “incumplir el marco legal de protección del trabajo y su estabilidad” disparó el gremio de los docentes privados que se amparó en “el decreto 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional que establece la continuidad pedagógica por medios virtuales hasta el 30 de abril.
ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina. Tienen nivel primario, secundario y terciario y concretó dos despidos en medio de la polémica desatada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Porteño. “La Escuela optó por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acción que es antidemocrática, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa”, se quejó también el sindicato UTE, quien intervino en el caso.
Hasta el momento, no se ha hablado de descuento de los días que los docentes se ausenten a las aulas en Ciudad, algo que suele advertirse en otras situaciones, pero en éste carácter de excepción, se espera que no sea otra represalia que vaya en contra de los trabajadores docentes, que han tenido una tarea clave en toda la pandemia, tanto en tiempos de virtualidad como de presencialidad.

19.4.2021

Durante la tarde del domingo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió que una Sala de la Cámara de Apelación del Poder Judicial porteño -a pesar de no tener competencia- lo habilite mediante un fallo exprés a insistir con la presencialidad en establecimientos escolares en la Ciudad. Cinco sindicatos docentes, estatales y judiciales iniciaron medidas de fuerza reclamando que se cumpla el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial que instauró la virtualidad escolar por 15 días en el AMBA. “La salud y la vida son prioridad”, sentenciaron. El gobierno nacional inició acciones judiciales y una abogada denunció por sedición a Rodríguez Larreta.

Medidas de fuerza

Los sindicatos docentes UTE, Ademys y Sadop, de estatales ATE Capital y de judiciales Sitraju paran este lunes contra el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que busca sostener la presencialidad en las escuelas.
“En este gravísimo contexto nos organizamos para seguir peleando para defender la salud y la vida”, plantearon desde Ademys.
“Si la justicia viola la constitución, paramos en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmaron por su parte en un comunicado conjunto el gremio docente UTE y ATE Capital, que representa a los auxiliares de la educación en los establecimientos porteños.
Por su parte, en el ámbito de la educación privada, Sadop Capital anunció que también parará. “No se va a tolerar que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas”, especificaron.
“El Sindicato insiste en que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández tiene fuerza de Ley, y por éste se suspende la asistencia a las aulas y la vuelta a la virtualidad en el AMBA, en el marco de la Emergencia Sanitaria provocada por la segunda ola de COVID-19”, aseguraron.
Por su parte el Sitraju, gremio de las y los judiciales de la Ciudad, cuestionó el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña y acusó a los jueces de “vulnerar el Estado de Derecho”.

El fallo exprés

De forma virtual este domingo los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, frenaron mediante un fallo la suspensión de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala 4 es conocida como “la sala amarilla” por su afinidad política con el PRO. El dato más evidente es que una de las juezas, Nieves Machiavelli, es hermana de Eduardo Machiavelli, secretario general del PRO y Secretario de Ambiente del Gobierno porteño.
Otro de los jueces de la sala, Marcelo López Alfonsín, está investigado en la justicia federal por un caso de corrupción junto con Hernán Lombardi, cuando ambos eran funcionarios de De La Rúa. Lombardi fue ministro de Turismo de la Alianza e Interventor de la Administración de Parques Nacionales (APN), y Marcelo López Alfonsín, presidente de Parques Nacionales, y quedaron involucrados por su firma en un contrato millonario para la compra de la propiedad “Estancia San Nicolás”, de 10.624 hectáreas en la provincia de San Luis, que luego no se realizó. Allí se evaporaron alrededor de un millón y medio de dólares.
El expediente por el que surge el fallo de este domingo fue iniciado por un amparo presentado por dos organizaciones civiles: Abramos las escuelas y el Centro de Estudios en Políticas Públicas.
La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Nidia Karina Cicero, respaldó en la mañana del domingo la solicitud de la medida cautelar. Lo hizo admitiendo que esa cámara es incompetente en el tema. “Los tribunales locales resultan incompetentes para intervenir en el juzgamiento de la cuestión aquí concernida”, escribió. Sin embargo, argumentó luego que el tema de las clases presenciales era de “extrema relevancia” y carácter “urgente”, lo que autorizaría al tribunal a “dictar una medida cautelar aun sabiéndose incompetente”.
El miércoles pasado, Cicero había adelantado su opinión escribiendo en Twitter “No corten las clases. Basta de chicos deprimidos y sin escuela”.
Cicero le pidió a los camaristas que dieran una respuesta mediante una especie de per saltum, es decir directamente, sin devolver el expediente al juez de primera instancia que al recibir el caso lo rechazó por cuestiones de procedimiento, es decir que aún no había tratado el reclamo en sí.
El fallo de la Sala 4, además, no le solicita informes al Estado y no lo hace parte. Uno de los camaristas sugiere que habría que hacer algo más que notificarlo. Pero queda ahí.

“Estrago jurídico”

A última hora del domingo, después de demorarla varias veces, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta celebró en conferencia de prensa: “Mañana tenemos clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y los chicos tienen que ir a la escuela como la semana pasada”, afirmó en un discurso cargado de eslóganes de campaña.
Además, también sobre la medianoche, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires -cartera a cargo de Soledad Acuña- envió correos a su base de datos de familias pidiendo que que se organicen para que una sola familia lleve varios chicos, lo cual dañaría aún más el criticado protocolo de “burbujas” implementado en la educación porteña.
“Lo que hicieron es un estrago jurídico, están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte”, declaró el presidente Alberto Fernández en el programa del periodista Roberto Navarro.
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, indicó que “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”.
El gobierno nacional inició varias acciones judiciales. Por una parte, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro, avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción. Mediante estas acciones legales se pretende anular el fallo incompetente de la Sala 4 y restablecer la vigencia del DNU.
Por otra parte, una abogada denunció por atentado a la salud pública y sedición al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich.
La denuncia fue presentada la misma noche del domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos. En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
Llegado el mediodía de este lunes, la Corte Suprema de la Nación se declaró competente para tratar la presentación de Larreta sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Corte Suprema resolvió que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU es de su “competencia originaria”. Corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional. Se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo, por el plazo de 5 días.