Comunicadores del Sur

24.2.2021

Por Natalí Risso

Crece la desigualdad entre los barrios más pobres y los más acomodados, pero también la brecha de género: las mujeres se ven más afectadas.

El 10,1 % de las personas en edad de trabajar y buscando trabajo activamente se encuentra desempleada en la Ciudad. Las cifras del último trimestre de 2020 resultan 0,9 puntos porcentuales mayores que las de un año atrás. Pero la crisis no sólo impactó en los niveles de empleo sino también generó cambios internos en su composición, que se sostienen por segundo trimestre consecutivo: muchos trabajadores disminuyeron sus horas de trabajo, y muchos otros comenzaron a trabajar desde su domicilio.
Los últimos indicadores laborales de la Ciudad de Buenos Aires confirman aquello que pronosticaban economistas y analistas políticos: uno de los efectos más preocupantes que dejará esta crisis económica generada por la pandemia mundial es una desigualdad más profunda. La desocupación agudizó las diferencias socio económicas de género y de región en la Ciudad de Buenos Aires, con una mayor incidencia negativa en las mujeres que en los varones y en la zona sur respecto de la norte.
Del total de la población ocupada, 24,3 % declararon que la cantidad de horas trabajadas en su ocupación principal se modificó por la situación de emergencia sanitaria: el 63,5 por ciento de ellos expresó una disminución de las mismas.

Brecha en alza

Tal como se mencionó anteriormente, la tasa de desocupación total fue de 10,1 %. El desempleo en el período octubre-diciembre del año pasado fue del 9,8 % en el caso de los hombres, tres décimas por debajo del nivel general y de 10,4 % en el de las mujeres, tres décimas por encima. La brecha de seis décimas entre la desocupación masculina y femenina triplica la del año anterior: en el mismo periodo para 2019 el índice general había sido de 9,2 %, con un nivel entre los hombres del 9,1 % frente al 9,3 % del de las mujeres.
Además, del 10,1 por ciento de desocupados; la tasa de actividad en CABA fue de 53,9 % y la de empleo de 48,5 %. Para la población de mujeres, la tasa de actividad alcanzó 49,5 por ciento del total de la población, disminuyendo 3 puntos porcentuales. La tasa de empleo disminuyó 3,2 puntos alcanzando 44,4 %.
Para los varones, la tasa de empleo también disminuyó 3 puntos porcentuales, pero aún sigue siendo más alta que la de las mujeres. La tasa de actividad también resulta considerablemente mayor, a pesar de presentar una variación interanual negativa de 2,9 puntos porcentuales: 58,9 %.

El sur, peor

Una característica que se repite en los resultados de la mayoría de los informes estadísticos socioeconómicos de la Ciudad es la diferencia cada vez más acentuada entre el norte y el sur; con la tasa de desocupación no es la excepción.
El desempleo expuso un incremento interanual en zona Sur y Norte; liderado por zona Sur por 2,3 puntos porcentuales. alcanzando una tasa de desempleo del 14,5 %, mientras en la zona Norte aumentó 1,9 puntos y alcanzó un valor de 9,1 %. La zona Centro presentó una caída de 0,2 puntos de manera interanual, alcanzando el valor 8,5 %.
Estas estadísticas sirven de orientación a la espera de la información sobre el desempleo en el cuarto trimestre en todo el país, que se dará a conocer el 25 de marzo próximo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

24.2.2021

Camioneros levantó el paro de recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires luego de llegar a un acuerdo por el bono de $25.000 para todo el personal recolector de basura, acuerdo que ahora deberá ser homologado por el ministerio de Trabajo.

Así luego de la jornada de protesta finalmente se firmó un acuerdo con las seis empresas de recolección de residuos y levantó el paro del servicio que iba poniendo tensión a la relación entre Pablo Moyano y el Gobierno porteño.
El gremio de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano levantó la huelga de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires que había lanzado este martes por la mañana, tras alcanzar un acuerdo con las empresas por el pago de un bono de $25.000 para los casi 500 trabajadores.
Sin embargo, mantiene en pie el reclamo al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por lo que considera un “recorte” en el servicio que afectará el ingreso de los trabajadores.
Según denuncian desde el gremio, funcionarios del Gobierno presionaban constantemente a las empresas para empezar a armar un proyecto de achique de cuadros, de horas extras, de días a la semana, que no se trabaje los feriados y eso recorta notablemente el salario de los trabajadores, cosa que «Camioneros no estaría dispuesto a aceptar».
En cuanto al acuerdo alcanzado este martes, “se ha firmado el acta en donde todos los trabajadores van a cobrar el bono de $25.000 que Camioneros firmó en diciembre, incluido el personal de riesgo que está cesante en sus funciones» confirmó Marcelo Aparicio, secretario general del gremio.
También señaló que en el acta acuerdo “las empresas comunican que van a hacer todo lo posible para defender los puestos de trabajo y que van tratar de no modificar lo que el Gobierno de la Ciudad les quiere imponer”, refiriéndose a los achiques.

24.2.2021

Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca. Más de 150 efectivos policiales arribaron al lugar donde habitan 22 familias, entre las cuales 40 son niños. A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevarlo adelante. «Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador, por ejemplo, del ministerio de Desarrollo y Hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle».

Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca.
«Desde anoche a la 1 de la madrugada comenzó el operativo y colocaron las vallas. Para eso hubo un enorme despliegue con grúas. Como yo siempre digo: cosas imprevistas traen reacciones imprevistas. A la noche estaban los jóvenes y en un ratito se generó un revuelo que podría haber terminado mal. A las 5 am comenzó el operativo policial, absolutamente desproporcionado. Había como mínimo 150 efectivos. Ni el último desalojo violento que hubo, que fue Rocha hace un par de años, hubo la cantidad de efectivos policiales que tuvo este. A las 5 am pusieron en altavoz los modulares de ellos, amedrentando despertando a los niños. Ellos estarán acostumbrados, pero una no está acostumbrada a ver 150 personas armadas, sobre todo porque hay tres desalojos por semana y no se realizan de esta manera. En mi opinión tiene que ver con la parte actora, que es Comahue SA, una empresa que no dimensionamos y está radicada en el barrio, que tiene vínculos estrechos con el PRO que ha sido aportante en su campaña, pero no esperamos que tuviera este poder de lobby» explicó Natalia Quintos integrante de La Boca Resiste y propone.
Agregó «son 22 familias, 40 menores, 79 personas. Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador por ejemplo, del ministerio de Desarrollo y Hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle».
A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevar adelante el desalojo.
«Es absolutamente inexplicable que se insista con llevar adelante un desalojo, que tendría graves consecuencias sociales, ya que ni el Juzgado ni el GCBA han previsto ninguna solución habitacional alternativa para ninguna de las familias. Tampoco tiene explicación la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir. Pese a todo esto, el Juzgado privilegia intereses meramente económicos de la empresa que pretende realizar el desalojo (Alarmas Comahue S.A., una empresa de seguridad privada que compró el inmueble en estado de ocupación por un precio muy bajo, conociendo la situación de las familias, y esperando realizar un negocio con el desalojo)», concluyeron desde la Comisión de vivienda y hábitat y La Boca Resiste y Propone.

23.2.2021

Por Diego Moneta

“Ya lo han condenado en un fallo unánime. Hace más de un año que estoy esperando que los jueces dejen la sentencia firme para lograr que vaya preso como tiene que ser. Intentó matarme y está libre en su casa”, señaló la joven víctima de un caso de gatillo fácil.

El intento de asesinato de Lucas Cabello por parte de Ricardo Luis Gabriel Ayala, oficial de la, en ese entonces, Policía Metropolitana, es paradigmático del gatillo fácil como política de estado. Abusos cotidianos de las fuerzas de seguridad, encubrimiento por parte de los responsables políticos y demoras o fallas en el proceso judicial.
A finales de 2015, Lucas salía de una panadería en La Boca y, tras discutir con el uniformado, este decidió dispararle en tres oportunidades, en presencia de su mujer y de su hija. En la Comisaría 24 les negaron a varias personas la realización de una denuncia por lo que había sucedido. Lucas, que en ese momento tenía 20 años, quedó internado en grave estado durante varios meses. El accionar de la Metropolitana cerraba su círculo.
El siguiente paso fueron las declaraciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad. En primer lugar, María Eugenia Vidal, por aquel entonces no sólo Vicejefa porteña sino Gobernadora bonaerense electa, deslizó que “en origen era un caso de violencia de género”. Fue desmentida por la pareja del joven y por la Defensa Pública de la Ciudad. Más tarde Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad, agregó a dicha hipótesis, ya refutada, que Lucas estaba armado, pero fue rápidamente desmentido por los abogados de la familia Cabello. El hecho se sumaba al historial de violencia institucional por parte de la fuerza de seguridad dependiente de Ciudad y servía como muestra del cinismo del PRO.
En instancias judiciales, tras cuestionamientos al juez y dos postergaciones, el 5 de diciembre de 2019 el policía Ayala fue condenado a 16 años de prisión por intento de homicidio agravado. Sin embargo, a más de un año, la sentencia todavía no fue ratificada por la Cámara de Casación.
¿Cuál es la situación del policía Ricardo Luis Gabriel Ayala?
Lucas Cabello: Ya lo han condenado en un fallo unánime. Hace más de un año que estoy esperando que la Cámara de Casación ponga la sentencia firme para lograr que vaya preso como tiene que ser. Intentó matarme y está libre en su casa. Me levanto todos los días pensando en ese día. Estoy esperando que Casación haga algo porque todavía no hizo nada. Si hubiese sido al revés, yo estaba preso desde el primer minuto. No entiendo por qué se protege tanto a un policía asesino. Es una vergüenza la demora.
¿Considera que esta demora se enmarca en las postergaciones del juicio?
LC: Más allá de las postergaciones, el juicio fue bastante rápido. La Cámara se demora porque lo están protegiendo. Si la condena es mayor a 15 años tiene que estar preso por riesgo de fuga. Él tiene contactos. Si se fuga y no lo encuentran, ¿qué pasa? Yo me quedo sin justicia, esperando que algún día se aparezca por mi casa para terminar lo que quiso hacer. Sé que no va a ir a una cárcel común, sino a un pabellón con privilegios, con otros que han intentado asesinar y no han podido. Fue tan cobarde que ni siquiera me mató y me dejó vivo para que yo pueda contar toda la verdad.
¿Qué pasó con la investigación que se abrió para averiguar responsabilidades políticas y civiles de las autoridades?
LC: Tampoco sé nada. Depende de los jueces ya. Quisiera saber quién fue el psicólogo que le hizo la pericia para que con diez meses de instrucción saliera a la calle armado. Vidal había dicho además que había llegado caminando al Hospital Argerich. Es una vergüenza porque se dijeron un montón de versiones para ensuciarme y defender a la policía. Nunca recibí un llamado del gobierno para saber cómo estaba. Las autoridades que se tenían que hacer cargo en estos seis años nunca vinieron. Lo único que hicieron, el 10 de noviembre de 2015, fue acercarse a mi mamá para ofrecerle 300 mil pesos y que la causa quede cerrada, mientras yo estaba internado.
¿Cuál es tu análisis sobre el proceso judicial?
LC: Hasta ahora no hubo justicia porque no pasó nada. Va a llegar tarde, pero va a llegar. El tema son los ánimos. Yo la estoy pasando muy mal, con tratamiento psiquiátrico. Estoy trabajando en una radio, tengo proyectos. Este año voy a empezar la universidad para estudiar periodismo deportivo. Lo que me gustaría es que se haga justicia y así poder ejercer en unos años la profesión que a mí me gusta.
Este jueves van a salir algunas agrupaciones del barrio para pegar afiches para dar a conocer la cara del asesino y que quede encarcelado. No puede seguir caminando tranquilo. Me arruinó todo lo que tenía pensado a mis 20 años. Quiero justicia para cerrar una etapa. Si algún funcionario superior me lee, quiero decirles que no les cuesta nada llamarme, pero yo sé que no lo van a hacer.

23.2.2021

La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia contra el jefe de gobierno porteño de y su ministro de salud por facilitar vacunas a clínicas privadas y crear así vacunas de “privilegio”.

La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia ante el Poder Judicial contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y contra el ministro de Salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, por “privatizar” la campaña de vacunación contra el Covid-19.
“Hemos denunciado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Férnan Quirós, por privatización en la vacunación. Ya presentamos la denuncia, estamos a la espera de que se resuelva el juzgado, tenemos pruebas y nos gustaría que la ciudad informe a los que han recibido las vacunas”, dijo la abogada entrevistado.
Salvo indicó que lo que se está en cuestión y debe ser investigado es el otorgamiento de vacunas a obras sociales y prepagas. Con este mecanismo, la abogada explicó que así “se está defraudando al Estado nacional en la distribución de un bien escaso” como la vacunas.
“Hay una violación a la legalidad del gobierno de la Ciudad, hay una resolución que se debe respetar”, afirmó en la misma entrevista. “El gobierno nacional proporciona las vacunas, pero las pagamos todas”, agregó.
Entre las clínicas privadas que recibirían discrecionalmente las vacunas, se encuentra el Hospital Italiano, la Clínica Güemes y el Hospital Alemán, entre otros. Allí quienes estén afiliados, podrán recibir la vacuna más rápidamente que los que acudan al sistema de salud público, lo que beneficiaría a la medicina privada en detrimento de la pública. Esto, según la denuncia presentada por Salvo, violaría el artículo 248 del Código Penal.
Salvo advirtió también que la forma en que se está llevando a cabo la campaña de vacunación en la ciudad “impide que las personas que se consideran de mayor riesgo y que necesitan vacunarse puedan hacerlo, lo que aumenta sus posibilidades de contraer la enfermedad o fallecer”.
A partir del escándalo de la Vacunas Vip, se mostró que a ambos lados de la grieta, lo que prima es el beneficio para los amigos del poder, mientras que los trabajadores esenciales y las personas de riesgo a duras penas acceden a la vacunación.
De hecho ayer, Larreta era noticia porque se conocía la propia lista VIP de CABA, que incluía a dirigentes sindicales como Amadeo Genta y su hijo.