Comunicadores del Sur

21.5.2021

Por Rosa D’Alesio

El barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, fue noticia durante unos días porque hubo una disputa entre bandas. Quienes no salen en los medios son los jóvenes que viven en este barrio, que dejaron la escuela para ir a trabajar, y que además sufren la persecución policial.

Este martes, casi en cadena nacional, los principales medios nacionales transmitieron el despliegue policial en el barrio Padre Mugica. Fue a partir de que un grupo de vecinos del barrio Padre Mugica de Villa Lugano en la Capital Federal, erigieran una barricada y cortes de calles. Hartos de la connivencia entre bandas narco y las fuerzas policiales que dejan hacer, salieron a protestar. “Más seguridad, menos corruptos”, sostenía en los cárteles.
Cuando llegaron fuerzas de la Policía de la Ciudad de la Comisaría 8 para aplastar la protesta, los vecinos, entre corridas y focos de fuego encendido, enfrentaron la represión.
Al lugar llegaron cientos de agentes de fuerzas de seguridad. Lo de cientos, no es exagerado. Según precisaron fuentes policiales vinculado al operativo, participaron grupos de Despliegue de Intervención Rápida (DIR); Grupo de Acción Motorizada (GAM); Grupos de Dispersión; Grupos de la Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM); Grupo K9 (perros); Brigadas de la Comuna 8; Brigadas de Investigaciones; Grupos de Alta Presencia (GAP); y un Grupo de Contención de la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención.
Realizaron 44 allanamientos en los lugares señalados por los vecinos, donde funcionarían los búnker, quioscos de venta y distribución. No hubo un solo detenido. No sorprende, este negocio ilegal se ejerce con la participación activa de fuerzas de seguridad, sean nacionales o provinciales, así como jueces, fiscales y funcionarios públicos entre otros.
Lo que vimos esta semana en Villa Lugano, no es más que una foto de una larga película, que lleva más de cuarenta años, que comenzó cuando el presidente de Estados Unidos Richard Nixon declaró en 1971 la “guerra contra las drogas”.
En nuestro país, desde que rige la Ley de Drogas N° 23.737, solo ha servido a las políticas represivas de la clase dominante para perseguir, encarcelar y estigmatizar a jóvenes de los sectores populares.
En los 32 años de vigencia de esta ley, las bandas dedicadas al tráfico de drogas ilegales se multiplicaron. Mientras el Estado argentino generó gastos siderales en perseguir a quienes se fuman un “porrito”, o cultivan para uso personal, nunca hizo efectiva la “guerra contra el narcotráfico”. El objetivo por el cual supuestamente se sancionó la ley en 1989.
Así lo demuestra el siguiente relevamiento que realizaron integrantes de RESET- Política de Drogas y Derechos Humanos: “En 2019, el 93 % de las incautaciones de marihuana fue justamente a personas que consumen y actorxs ligados a las actividades de narcomenudeo (datos del relevamiento del Ministerio de Seguridad, a partir de datos de las cuatro fuerzas federales). Se calcula que más de 20 mil personas son criminalizadas cada año por tenencia de sustancias ilegales para consumo personal”.
En el mismo sentido, un informe elaborado por el fiscal Federico Delgado, demuestra que el 73 % de las causas por violación a la “ley de estupefacientes” que llegaron a su fiscalía, fueron por tenencia para consumo personal. El resto de los apresados son las “mulas” o los que se dedican al “narcomenudeo”; mientras los jefes de las bandas gozan de buena salud.
Esteban Rodríguez Alzueta, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, refiriéndose a la lucha contra las bandas narco, señaló que: “si se sigue la ruta de la droga sólo se llegará a los perejiles -consumidores, dealers, transas eventuales-”, agrega, refiriéndose a las bandas que operan en Rosario que “hasta que no se siga la ruta del dinero y se investiguen los fideicomisos que existen detrás del boom inmobiliario y turístico –esas estructuras financieras que le permiten al narcotráfico reinvertir sus ganancias en los mercados legales para lograr autonomía respecto de las policías locales-, difícilmente puedan ponerse en crisis los campos criminales amparados –por distintas razones- por sectores de la Justicia y la dirigencia política”.
La prohibición de las drogas llevó al avance de cárteles narcotraficantes a nivel mundial. Política que ha sido muy redituable para los gobernantes que incrementan, sin control, los presupuestos que administran. Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas, se gasta en el mundo unos 100 mil millones de dólares por año en lucha contra las drogas. El 95 % de este dinero es destinado a seguridad y solo el 5 % a la salud pública.
El barrio donde la pobreza golpea fuerte, y los jóvenes luchan por enfrentarla
Desde que comenzó la cuarentena muchos jóvenes se vieron obligados a dejar la escuela para conseguir un empleo. Son, además, hostigados y perseguidos por las fuerzas policiales que patrullan el barrio.
Juan es un joven que vive en Villa Lugano, y nos cuenta cómo viven diariamente esta persecusión: “la Policía te para por portación de rostro”.
No obstante, subraya que cuando comenzó la cuarentena, en marzo de 2020, esto se agravó. “Como ocurrió a nivel nacional, en Lugano la represión se recrudeció” y agrega que “hubo casos en que pibes que iban a trabajar, que tenían el certificado para circular, la Policía los paraba y los hostigaba igual. Se tenían que comer los verdugueos que le hacían”.
Para Juan, la Policía se ensaña con los jóvenes de los barrios populares. “Cuando la cuarentena comenzó a flexibilizarse, con mayor circulación en las calles y mientras en Palermo los bares estaban repletos, en nuestro barrio reprimieron un torneo de fútbol”.
El despliegue policial también sorprendió “cayeron con más de siete patrulleros, una brigada para desalojar a los tiros ese partido de fútbol”.
Esta represión fue denunciada por la diputada porteña Alejandrina Barry, del PTS-FIT.
“Que te pare la Policía es moneda corriente”, dice Juan y agrega que a “los pibes que tienen un porro se los quieren llevar detenidos. Muchas veces la propia resistencia de los pibes, si están acompañados, impiden que la cana se los lleven presos”.
Agrega, que como todos los barrios populares, la juventud de Lugano está desocupada, o super precarizada. Yo estudio en un profesorado de la zona, donde realizamos un relevamiento sobre la cantidad de estudiantes que pidieron el Progresar -programa para que los jóvenes terminen de estudiar- y que se lo rechazaron”. Muchos tuvieron que dejar de estudiar para salir a trabajar.
También remarca que entre sus amigos del barrio no conoce ninguno que trabaje en blanco. “Cambian el trabajo cada dos meses”. Juan finaliza remarcando que la desocupación que hay entre los jóvenes de Lugano es proporcional a la represión y persecución policial que sufren.

20.5.2021

Por Claudio Vilardo

Familias y Asociaciones Cooperadoras de casi cien escuelas de la Ciudad hicieron retroceder al Gobierno porteño, que pretendía a través de una resolución que cada escuela sea responsable de garantizar los elementos de bioseguridad para la comunidad educativa en pleno pico de contagios.

Hace pocos días, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dictó la resolución 114, dónde establecía un subsidio especial para las escuelas con el objetivo de que las Asociaciones Cooperadoras de cada establecimiento garantizaran la compra de elementos de bioseguridad para el personal docente, no docente y estudiantes. Se trataba del llamado Programa de Asistencia Económica, que pretendía transferir la responsabilidad de la compra de insumos sanitarios a las escuelas.
Con mucho tino, esta resolución encendió las alarmas de las familias voluntarias y rápidamente impulsaron una campaña en contra de dicha resolución, denunciando que este programa no era más que un desentendimiento por parte del Ministerio de Educación de la responsabilidad de garantizar las medidas sanitarias para la comunidad educativa, en su “presencialidad cuidada”. En un comunicado que se hizo viral y con la firma de casi cien asociaciones de escuelas, denunciaron que “Esta medida excede el rol y la responsabilidad de las Asociaciones Cooperadoras en materia de bioseguridad para el cuidado de las escuelas que se requiere para hacer frente al COVID-19”.
Hoy por la tarde, el gobierno de Rodríguez Larreta tuvo que dar marcha atrás con esta resolución, mediante un comunicado oficial en donde dejaba sin efecto el subsidio para las Cooperadoras que “no presten conformidad” y, en dicho caso, explicita que el Ministerio se hará cargo de garantizar lo que ya debería estar garantizado hace mucho.
La campaña fue levantada por las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, que se manifestaron en apoyo a las Cooperadoras y contra otro intento más del gobierno por desligarse de la responsabilidad de la alarmante situación sanitaria que atravesamos en esta segunda ola. Recordemos que, el año pasado, las mismas diputadas interpusieron un amparo para garantizar lo elemental: una alimentación saludable para las y los estudiantes en la Ciudad, en un contexto de cuarentena.
Contabilizando hoy más de 35 mil contagios, es claro que los DNU y la “presencialidad cuidada” no están garantizando la salud del pueblo trabajador. Mientras en el país ya se produjeron más de 60 millones de vacunas que se venden en el extranjero, a la población les llegan a cuenta gotas, se multiplican las muertes evitables y se colapsa el sistema sanitario.
En estos momentos, mientras en los medios se debaten más o menos restricciones, las acciones concretas de los gobiernos para enfrentar la pandemia son papel pintado. No hubo ninguna medida de fondo para garantizar la salud de la población. Sin embargo, la comunidad educativa continúa organizándose y, una vez más, parando la mano ajustadora de los gobiernos.

19.5.2021

Secretarías de Centros de estudiantes, comités y asambleas llaman a realizar una jornada en defensa de la educación pública este 20 de mayo junto a la izquierda y otras organizaciones políticas. La jornada comenzará con cortes desde las 8:00 en el Obelisco y continuará a las 13:30 con una “radio abierta” en la puerta del Anses ubicada en Av. Córdoba al 1118.

El día de mañana tendrá lugar una serie de cortes y movilizaciones en el centro porteño en el marco de la jornada de lucha por la educación pública convocada por organizaciones políticas, sociales y organismos estudiantiles. Las mismas comenzarán a primera hora de la mañana con un corte en el Obelisco desde las 7.30 AM y continuarán con una movilización y una radio abierta a las 13:30 en la puerta de las oficinas del ANSES ubicada en Av. Córdoba al 1118.
Entre los principales reclamos se encuentran la exigencia contra el rechazo masivo para aquellos que se anotaron para recibir la beca Progresar y también por las insuficientes respuestas por parte del gobierno frente a la falta de internet y dispositivos para poder estudiar.
Entre los convocantes para la jornada se encuentran los siguientes Centros de estudiantes y Secretarías de la UBA: Secretaría General del CEFyL, Secretaría General del CEABA, los Centros de estudiantes de Veterinarias y de Farmacia y Bioquímica, las Secretarías de unidad obrero-estudiantil de las facultades de Sociales y de FADU y la Secretaría de Género y Diversidad de la facultad de Psicología. También adhieren las Secretarías Generales de los terciarios “Joaquín V. González”, del Normal N°1 “Presidente Roque Sáenz Peña”, del IES N°1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” y la Secretaría de Derechos Humanos del centro de estudiantes de la facultad de Artes Visuales de la UNA. A su vez, convocan a movilizar la Juventud del PTS, la UJS, el MST, Izquierda Socialista, la Juventud del Polo Obrero, la Red de jóvenes precarizadxs y SUR.
A su vez, en el marco de las demandas de la comunidad educativa, este 19 de mayo estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), secundarios, terciarios y docentes precarizados, y organizaciones de izquierda y sociales, realizaron una concentración frente a la sede de ANSES, para exigir al Gobierno el aumento y ampliación de todas las becas Progresar, además de un IFE de 40 mil pesos y que se garantice el acceso de la conectividad para poder estudiar. Fueron convocantes la Juventud del PTS, la Unión de Juventudes por el Socialismo, la Juventud del Polo Obrero, Izquierda Universitaria, Juventud Socialista (MST), la Unión de Juventudes por el Socialismo- Tendencia, Nuevo Más, Razón y Revolución y la Red de Trabajadores Precarizados e Informales.

17.5.2021

La comunidad que rodea a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires quedó atravesada por el duelo de otras cinco muertes de trabajadores de la educación por coronavirus en los últimos diez días. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene la presencialidad en el distrito, una medida por la que fue denunciado penalmente ante la justicia.

En total, son 14 los docentes, auxiliares y trabajadores del área fallecidos desde febrero último en Capital Federal, según indicó este viernes la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Las muertes, además de sacudir a la comunidad educativa, motivaron denuncias penales en las que la justicia deberá establecer si hubo una «concatenación» de hechos, a partir de la «exigencia de presencialidad» por parte del Gobierno porteño, que hizo que los educadores de la ciudad se expusieran al segundo brote de contagios y murieran.
Así se desprende de la denuncia penal presentada -y luego ampliada- por la abogada Valeria Carreras ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, tras los decesos de la docente auxiliar de un colegio técnico, Graciela Romero, y de la vicedirectora de la Escuela 24, Silvina Flores.
Rodríguez Larreta ya había sido cuestionado judicialmente por los gremios cuando se desmarcó de las restricciones por 15 días dispuestas en abril pasado por el Gobierno nacional ante el pico de contagios, que llegó a los 30 mil casos diarios, muchos de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerada la región de mayor riesgo epidemiológico del país.
A esto se sumó el impacto de las muertes de los últimos días, que agravó la tensión entre el Gobierno porteño y los gremios UTE-Ctera y Ademys, quienes denuncian imposibilidad de diálogo con las autoridades y persecución hacia los docentes que cuestionan las clases presenciales, mientras llevan adelante paros activos y asambleas, en jornadas que definieron como «de duelo».
Hasta el 21 de este mes se determinó educación a distancia para todos los niveles educativos en zonas consideradas de ‘alarma sanitaria’, bajo criterios epidemiológicos que luego el Gobierno nacional amplió, detalló y formalizó en un proyecto de ley, que ya recibió dictamen del Senado y será debatido la semana próxima en el recinto.
Por esta razón, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta en el futuro a esos parámetros científicos contenidos en esa propuesta oficial.
La iniciativa del oficialismo fija parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir acciones de mitigación del coronavirus en todas las jurisdicciones del país.
La sanción de una ley que unifique criterios a la hora de adoptar políticas para contener el avance de la Covid-19 aparece como la respuesta parlamentaria al fallo de la Corte Suprema, del 4 de mayo último, que consideró insuficientes los fundamentos de la Nación sobre su estrategia sanitaria y priorizó la autonomía de CABA.
«Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado en forma unánime por los miembros de la Corte, aunque con distintos argumentos.
Sin embargo, esta semana la cámara alta avaló también -sin el apoyo de la oposición- tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevención para mitigar la propagación del coronavirus, entre ellas, la suspensión de clases presenciales en el AMBA.
En este escenario, la denuncia penal contra Rodríguez Larreta incluye también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la Ciudad contra el decreto que suspendió las clases presenciales en el distrito.
La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de CABA y por «la exigencia de presencialidad», según detallaron fuentes judiciales.
En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del Gobierno de la Ciudad, falta de celeridad y una decisión que permitió que «los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires se expongan al segundo brote del contagio».
Con todo y más allá del resultado de los planteos judiciales y los debates parlamentarios, la triste nómina de trabajadores de la educación fallecidos sumó este jueves otra víctima y ya son 14: la profesora de matemáticas Fanny Flores, quien al igual que Graciela Ramos, se desempeñaba en el Liceo 5 de la Ciudad.
«La despedimos con indignación y dolor mientras seguimos exigiendo a Larreta vacunas para no morir y virtualidad para no enfermar», dijeron sus compañeros desde la puerta del liceo, que este viernes amaneció cerrado por duelo.
En diálogo con AM750, una compañera de trabajo de Flores expresó: «Esto fue un final anunciado» porque, aseguró, ninguno de los docentes del instituto fue vacunado contra el coronavirus hasta el momento.
Según UTE, hubo 10.763 contagios en las escuelas de la ciudad en apenas 3 meses.
De acuerdo al reporte oficial de este viernes, en la ciudad de Buenos Aires se detectaron 2.774 nuevos casos positivos de Covid-19 y 21 muertes en las últimas 24 horas, aunque no hay registros discriminados sobre docentes y alumnos contagiados.

15.5.2021

Por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Declaración de AAL frente al fallo “GCBA c/ Estado Nacional – PEN s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.

Desde esta Asociación observamos con preocupación el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nro. 567/2021 “GCBA c/ Estado Nacional – PEN s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
En plena pandemia mundial declarada por la OMS, con una emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por ley del Congreso de la Nación, y con más de 65.000 muertos en la Argentina, el gobierno nacional decidió mediante el DNU N° 241/2021 dar prioridad a la problemática sanitaria y establecer medidas generales de prevención. Entre ellas (art. 2) dispuso sobre los territorios comprendidos en el AMBA -territorio que incluye dos jurisdicciones- y que encarna una unidad epidemiológica, la suspensión temporal de clases presenciales por el período comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2021.
En este escenario, el gobierno local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desobedeció la decisión de la autoridad nacional, incumpliendo lo ordenado por el Dr. Guillermo Scheibler – titular a cargo del Juzgado N°13 de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad – quien ordenó que no se computasen las inasistencias a alumnos/as ni se realizaran descuentos a docentes que no concurriesen a trabajar, optando por acatar exclusivamente el fallo de la Sala IV de la Cámara de dicho fuero, la que frente a una presentación efectuada por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Publicas, dispuso la suspensión del art. 2 párrafo 3ro. del DNU 241/21, ordenando al Gobierno de la Ciudad que garantice la continuidad de las clases presenciales.
En este contexto, la Ciudad decide ocurrir ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad del DNU precitado. Así pues, so pretexto del deber de garantizar el derecho a la educación, que conllevaría la necesidad de la presencialidad escolar, y entendiendo que el DNU cuestionado quebranta la autonomía de la Ciudad, la Corte convalidó la inconstitucionalidad del art 2 DNU 241/ 2021 mediante su fallo de fecha 04 de mayo de 2021.
Desde esta Asociación cuestionamos la decisión de la Corte, por cuanto no centró la discusión en la salud de los trabajadores docentes, sino en la importancia de la educación presencial y en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal desconoció que en caso de epidemia, o como sucede actualmente, en pandemia, que afecta a más de una provincia, el poder de policía sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, echando por tierra toda construcción jurisprudencial constitucional en la materia (“Asociación Benghalensis y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo ley 16.986” A 186 XXXIV 1/6/2000).
Sin entrar a ponderar el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma, el que amerita un mayor debate que excede el marco del presente documento, consideramos imprescindible señalar lo que la Corte omitió tratar, el derecho a la salud y a la vida de todas las personas y habitantes de nuestra nación, así como el derecho a condiciones y a un medio ambiente de trabajo digno y seguro para los/as docentes de la Ciudad Autónoma. Conforme a nuestros propósitos fundacionales, y a pesar de cualquier resistencia, es nuestro deber afianzar los principios del Derecho del Trabajo, bregando por la implementación efectiva de los derechos constitucionales y elevar los estándares internacionales alcanzados en materia de derechos humanos. La Constitución Nacional reconoce el derecho a la salud y la vida, respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan interdependientes y secundarios, dado que es evidente que no puede haber educación sin vida humana.
El Derecho a la Salud en estricta relación con el Derecho a la Vida está consagrado en el artículo 14 bis y 42 de la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), entre ellos, el artículo 12 inc. c) del PIDESC; inc. 1 de los artículos 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, e inc. 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En idéntico sentido, nuestra Carta Magna expresamente garantiza el derecho de las personas a trabajar, y a hacerlo en condiciones dignas y equitativas de labor (Art. 14 y 14 bis), ambos, consagrados en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los que se encuentran en lo más alto del ordenamiento jurídico constitucional argentino conforme Art. 75 Inc. 22, tal como lo ha dicho la propia Corte en numerosos precedentes («Vizzoti», Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y «Aquino», Fallos: 327:3753, 3770 y 3797, “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro” CSJN T. 205. XLIV Recurso de Hecho). Claro está que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona a educarse, por lo que en el caso se dispuso que tal derecho se ejerza en forma virtual por un plazo determinado (15 días), excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación.
Del fallo surge claramente que no hubo una restricción o limitación al derecho a la educación de quienes concurren a los establecimientos educativos en la CABA, sino la utilización de una modalidad menos riesgosa tanto para la población educativa y sus familias, como para quienes trabajan en dicho sistema educativo (docentes y auxiliares).
Es de destacar que también se desprende del fallo un requerimiento irrazonable impuesto por el GCBA – y ratificado por el tribunal – a los/as docentes y auxiliares de la educación de la Ciudad, quienes se ven obligados a concurrir a sus trabajos, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de las actividades, incluida la judicial, que prestan tareas en forma remota, siendo colocadas/os en situación de mayor exposición al agente de riesgo, sin ningún tipo de medidas que garanticen en forma real las condiciones de higiene y seguridad en las escuelas necesarias para evitar los contagios.
En este sentido, la resolución de la Corte, contradiciendo los derechos enunciados más arriba, velozmente y sin sustento científico resuelve sobre la inconstitucionalidad del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, cuya oportunidad, mérito y conveniencia estaban justificados en la necesidad de contener de la propagación del virus y preservar la salud de la población en su conjunto, dejando de lado a quienes son sujeto de preferente tutela, las personas trabajadoras de la educación y las infancias.
CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS.