Comunicadores del Sur

5.3.2021

Organizaciones de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.

Asociaciones de inquilinos de todo el país manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno de no volver a extender el decreto 320/2 que tiene vigencia hasta el 31 de marzo.
En un comunicado conjunto expresaron: “desde hace meses que organizaciones de inquilinos de todo el país venimos solicitando reunirnos con el ministro para aportar miradas y propuestas para garantizar el derecho a la vivienda y a un alquiler justo de todos los inquilinos.”
“Creemos que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo, y que tanto el decreto 320 como la reciente reglamentación del registro de los contratos en AFIP son medidas positivas. Pero también estamos convencidos que en el tiempo transcurrido se debió haber avanzado con políticas que permitieran ir transformando las condiciones de alquiler en la Argentina. Es urgente hacerlo, y más aún en un momento crítico como la pandemia de COVID 19. La propuesta del Ministro Ferraresi de un plan de construcción de viviendas a tres años es interesante pero no coincide con esta urgencia que tienen las familias más endeudadas que son más del 30% de la población inquilina”, señaló Maxi Vittar, referente de Inquilinos Córdoba.
El texto enumera las principales preocupaciones de las organizaciones:
• Nos preocupa la situación de endeudamiento de muchísimos inquilinos. Las condiciones económicas apenas empiezan a despuntar tras más de un año de pandemia. El impacto real en la recuperación del empleo y del poder adquisitivo llevará tiempo. No es factible pensar que miles de inquilinos que han perdido su trabajo o visto disminuir drásticamente sus ingresos hoy puedan afrontar el pago de los aumentos más las deudas, aún en 12 pagos.
• Nos preocupa que al día de hoy sigamos sin organismos de control a los cuales recurrir y que puedan intervenir efectivamente ante situaciones de abuso o incumplimiento de la ley. Sin organismos gubernamentales de control los inquilinos seguimos indefensos frente al sector inmobiliario, que actúa impunemente.
• Nos preocupa que tampoco se hayan puesto en funcionamiento aun los espacios de mediación del Ministerio de Justicia. ¿Piensan hacerlo en menos de un mes, el tiempo que falta para que pierda vigencia el decreto? Todo parece indicar que los desalojos serán una realidad cotidiana.
• Nos preocupa que sigan diciendo que “la construcción de viviendas será la solución”. No puede ser la única respuesta. ¡Necesitamos alquilar de forma justa ahora! ¡Necesitamos que el Estado ponga un freno a la especulación inmobiliaria ya!
“Estamos solicitando una reunión con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para abordar estas cuestiones. Las organizaciones de inquilinos venimos construyendo una agenda de demandas y propuestas y queremos que se nos escuche”, explicó Roberto Díaz de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
Las agrupaciones de inquilinos demandan:
1- Extensión del decreto 320/2020 hasta que se recupere la situación económica;
2- Desendeudamiento en 24 cuotas;
3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas;
4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como se hizo en varios países de Europa, esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura;
5 – Reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social;
6- Incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC; 7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad;
8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as;
9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa.
“En esta crisis de la pandemia COVID se puso de relieve la solidaridad de millones de argentinos que pusieron el hombro para entre todos poder superar esta difícil situación que nos tocó vivir. Pero también se pudo ver el egoísmo de algunos pocos que siempre están viendo qué ventaja sacar. El sector inmobiliario ve en la crisis una oportunidad para maximizar sus ya exorbitantes ganancias y opera en consecuencia. En los últimos meses vienen imponiendo alzas desmedidas de precios de los alquileres, en pos de presionar para concluir la vigencia del decreto 320 y derogar la Ley de Alquileres. Es un sector poderoso y no reconoce límites”, concluyó Germán Schierff de la Asociación Platense de Inquilinos.
Asociaciones firmantes: Inquilinos Córdoba – Asociación de Inquilinos Rosario – Inquilinxs Santa Fe – Inquilinxs Santiago del Estero – Inquilinos Tucumán – Asociación Inquilinos/as de Mendoza – Unión Inquilinos Salta – Inquilinos Lomas de Zamora – Alquiler Justo Lanús – Inquilinos Unidos Vicente López – Frente de Inquilinos de Morón – Inquilinos Avellaneda – Inquilinos de Quilmes – Inquilines Mar del Plata – Inquilinxs Tres de Febrero – Unión de Inquilinos Buenos Aires – Asoc. Platense de Inquilines – Inquilinos Entre Ríos – Inquilinos Jujuy – Unión de Inquilinos Rionegrinos – Inquilinos x Nuestros Derechos CABA – Protección de Inquilinos Ushuaia – Inquilinos San Martín

5.3.2021

La diputada del PTS-FIT denunció además la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo. También se refirió a la medida del gobierno nacional y al acuerdo de Cambiemos y la oposición peronista en la Legislatura.

Esta semana el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó que no extenderá el DNU que prohibía los desalojos y aumento de alquileres. Será el 31 de marzo. El funcionario presentó como alternativa la nueva Ley de Alquileres y el registro de los contratos, que no solucionan el problema estructural de la vivienda.
La diputada del PTS-Frente de Izquierda Unidad criticó hoy la medida en sus redes sociales. “Se intenta naturalizar la medida o compensarla con la promesa de construcción de viviendas, pero es un enorme golpe a las familias trabajadoras y para nada “natural””, dijo.
Entonces denunció la naturalización de la dolarización de viviendas impuesto por una ley de la dictadura, a días del 24 de marzo.
Bregman además se refirió a la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde la precaria situación habitacional de miles de familias convive con cientos de miles de vivienda desocupados y los negociados inmobiliarios.
En ese marco criticó los acuerdos entre Cambiemos y la oposición peronista que favorecen a las constructoras, como las rebajas impositivas aprobadas a fin de año.

4.3.2021

El 2 de marzo una integrante de las Consejerías de Vivienda fue desalojada junto con sus dos hijas menores, en el barrio de Once. “Por adeudar sólo 2 meses de alquiler y sin importar la presencia de menores, la existencia de un DNU o que el mundo atraviesa una pandemia sin precedentes, la dueña del inmueble inició un juicio por intrusión, cuya carátula mentirosa sostuvo el Juzgado Civil N° 67”, afirman desde las Consejerías.

Reproducimos comunicado de las Consejerías:
El drama de Analía es el de cientos de familias y personas inquilinas y habitantes de espacios recuperados que, a pesar de estar aún presente la amenaza del COVID, son expulsades de las tierras y viviendas que habitan. La semana pasada hemos sido testigues de 2 desalojos; el miércoles, de 22 familias en un conventillo en la Boca, y el jueves el de una mujer y sus 8 hijxs en la Villa 31, lo cual generó un amplio repudio por haberse demostrado que las fuerzas represivas actuaron sobre niñes y detuvieron a la madre. Hace menos de un mes, la compañera del MTR 12 de Abril Belén Guevera, estuvo presa varias semanas luego de un desalojo similar. Aquí se demuestra a las claras los límites del DNU 320 y sus prórrogas como herramienta para suspender los desalojos durante la pandemia. Mucha gente (en especial mujeres y disidencias principalmente migrantes) recibió expulsión, criminalización y represión, pero de solución habitacional ni hablemos. Otro punto sin grieta en quienes gobiernan en todo el país priorizando la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda digna.
A partir de hoy, Analía y sus hijas quedarían en situación de calle si no fuera por la solidaridad de les de abajo. El gobierno nacional no hace políticas para realmente terminar con los desalojos, mientras que Larreta, Migliore y Corach sostienen subsidios habitacionales que no alcanzan para pagar ni siquiera una pieza.
En el discurso presidencial de ayer, se hablan de 264.000 soluciones habitacionales a través del Plan Casa Propia. Esto es una falacia, ya que los municipios y provincias deben adherir, lo cual en algunos lugares como CABA no va a suceder. Además, los fondos para financiar algunos de los programas que componen el plan, depende de “gestos de los ricos”. El gobierno plantea que será gracias a la Ley de Blanqueo que se reavivará la construcción de vivienda para la clase trabajadora. Sin poner una sola cláusula en la ley aprobada por unanimidad en el Senado la semana pasada, es lógico pensar que inversores millonarios tenderán a poner sus dólares sin declarar en vivienda especulativa y no en vivienda necesaria y adecuada para ir descontando el enorme número de 4.000.000 de viviendas que representan hoy el déficit habitacional en el país.
Luego del discurso de Fernández, Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación) se encargó de desperdigar el dato que no habrá prórroga del DNU 320. Esto hará que a partir de abril se descongelen los precios de los alquileres (seguramente habrá importantes alzas, sin contar que el aumento de la renta fue de un 62% en 2020, todo un tarifazo). Además, no es dificil prever una ola de desalojos, y la imposibilidad de pago de miles de iniqulinxs que llevan acumuladas cuantiosas deudas, dada la falta de trabajo (sobre todo en el sector informal/precarizado) durante la pandemia.
A días de un nuevo 8M, creemos que es sumamente importante poner en la agenda de lucha de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y mujeres nuestro derecho al acceso a tierra y vivienda digna y definitiva. Hay que cortar con las lógicas privatistas y expulsivas llevadas adelante con total conocimiento y complicidad de los gobiernos de turno. Alquileres que no aceptan chicxs, aumentos indiscriminados cuando no tenemos laburo (y si lo tenemos es con peores condiciones y salarios que los varones cis), violencia psicológica y sexual en los lugares que nos vemos forzades a habitar, vivir en malísimas condiciones sanitarias cuando además recaen sobre nosotres las tareas de cuidado, sostener la convivencia con un violento ante falta de soluciones habitacionales y económicas de urgencia para quienes sufren violencia machista (lo cual muchas veces deriva en femicidios).
Parece difícil y lejano, pero sabemos que con lucha y organización todo es posible. ¡No bajemos los brazos! Queda mucho por pelear, hasta llegar a la tierra para vivir y producir, hasta la vivienda digna y definitiva.

4.3.2021

La medida de fuerza es por 24 horas. Metrodelegados sostienen que la decisión de la empresa lleva a una mayor exposición al contagio de coronavirus.

Trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) de la Línea B de subterráneos realizaban este jueves un paro de 24 horas “en repudio al rompimiento de las burbujas sanitarias» en el contexto de pandemia de coronavirus.
«La empresa de manera intransigente y no entendemos bien porque decidió romper todas las burbujas sanitarias, esto no llevó una mayor exposición al contagio de coronavirus por eso está medida que continuará toda la jornada de hoy», explicó el dirigente sindical Daniel Erviti.
«Tenemos varios compañeros positivos y lo que queremos es además mayor frecuencia, y que se incorpore personal o se haga el corrimiento necesario para cubrir lo que haga falta», añadió.
Además, dijo que «al usuario tampoco se lo protege, y a esto se suma el tema del asbesto que tampoco fue resuelto», tras puntualizar que «en la línea B ya tenemos un compañero fallecido con el tema del asbesto y también hay otro que tiene cáncer terminal de pulmón».
«Reclamamos también mayor protocolo, elementos de sanidad. El Gobierno de la Ciudad tampoco se hace cargo de la parte que le corresponde» que es «llevar a cabo los controles y no los vienen haciendo», indicó.
Por su parte, la empresa Metrovías afirmó en un comunicado de prensa que la medida de fuerza que afecta el servicio de la Línea B es «sorpresiva e injustificada».
«El reclamo sorpresivo y desmedido responde a la negativa del personal del área de tráfico de dicha línea de implementar el nuevo diagrama según el cual suman tan sólo una hora más de trabajo por semana con su correspondiente tiempo de descanso», agregaron desde Metrovías.
Del mismo modo, señalaron que «este mismo cronograma ya se aplican las restantes cinco líneas de la red, sin ningún tipo de riesgo para usuarios o trabajadores ya que fue diseñado en el marco del protocolo Covid implementado desde que se decretó la pandemia».
Por otra parte, la empresa agregó que «de manera paliativa hemos convocado personal jerárquico para intentar reanudar el servicio en la medida que sea posible».

3.3.2021

Por Martín Massad y Juan Cruz Guido

La abogada Natalia Salvo dialogó sobre la denuncia al gobierno porteño por la entrega de vacunas a la medicina privada y sobre el estado de la causa por el espionaje ilegal.

A su entender, ¿en qué consiste la privatización de la vacunación en CABA?
Natalia Salvo: Consiste en la existencia de contratos privados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con empresas de medicina prepaga o sanatorios privados. Esto va directamente en contra de lo que dispone el plan de vacunación estratégico contra el COVID -19, el cual establece etapas para la vacunación. Esta es una norma de orden público y federal, es decir, no es que puedan cumplirla facultativamente las provincias o el gobierno de la Ciudad. La primera etapa de recepción de vacunas recae en el personal médico, tanto del sistema público como privado. El mismo gobierno de CABA reconoce que aún no terminó de aplicar las vacunas a los médicos, y si bien la última partida de Sinopharm que llegó a la Argentina teóricamente tendría que aplicarse al personal docente, siendo el GCBA el principal promotor de la vuelta a clases presencial, dicen que no lo van a hacer porque primero van a terminar de vacunar al personal de Salud.
Entonces, cómo puede ser que aun sin terminar de vacunar a todo el personal de salud, el GCBA ceda parte de esas vacunas, compradas por el gobierno nacional, a aquellos que tienen la posibilidad de pagar aproximadamente 15.000 pesos en una prepaga y vacunarse primero. Con esto, no solo se incumple la norma, sino que también se promueve la desigualdad, dejando de lado a aquellos que, con mucha angustia, esperaron la apertura de la inscripción, que prácticamente no funcionó, y que aún no han podido vacunarse porque no se culminó con la primera etapa, que es la del personal de Salud.
¿Cómo analiza el argumento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la distribución de vacunas para las obras sociales como una cuestión de logística eficiente?
N.S.: Lo que sucede es que estas empresas de medicina prepaga lo que requieren para que la persona se pueda inscribir y vacunar es la exclusividad de ser socio o afiliado. No es que estas contrataciones privadas cedan el espacio físico para vacunar o para que el personal de Salud se pueda vacunar, o para que cualquier médico pueda ir a vacunar a un centro privado, sino que lejos de eso, se trata de una privatización de la vacuna por parte del Gobierno de la Ciudad porque solo pueden recibir esa vacuna quienes tienen la posibilidad de pagar una prepaga. Entonces, está claro que no se trata de descongestionar la vacunación, ya que es necesario ser socio. Incluso, después de las denuncias, desde las redes sociales me llegaron facturas de empresas de medicina prepagas muy importantes, cobrando alrededor de nueve mil pesos por una dosis de vacunación, aunque no me consta que estas puedan ser apócrifas o estar adulteradas.
¿En qué momento del proceso se encuentra la denuncia?
N.S.: En primer lugar, el fiscal debió determinar si la denuncia era viable y si había elementos probatorios para dar curso. Luego se hizo un requirimiento fiscal y se solicitó un allanamiento, cosa que el Juez ordenó y se produjo la semana pasada. Tengamos en cuenta que el juez de la causa es Stornelli, que es insospechado de algun tipo de parcialidad o de querer livianamente promover este tipo de denuncias contra el color político de Cambiemos. No obstante, hice el requerimiento fiscal, que es un paso procesal a los fines de instar la denuncia.
Por otro lado, en referencia al destape que realizó de la red de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vivió el proceso del posible paso de la causa a Comodoro Py y, finamente, el hecho de que Casación lo haya dejado suspendido hasta que la Corte decida?
N. S.: Esta causa que mencionas es la causa de Lomas de Zamora, es decir, no se trata del D`Alessio Gate, pero en realidad lo que justamente el juez solicitó es que se unifiquen todas las causas que tienen que ver con el tema de espionaje ilegal. Estamos hablando de la utilización del Estado y sus dependencias por parte del macrismo en un sistema estructural y sistemático para realizar espionaje ilegal.
La causa de Dolores fue la primera que destapó este plan sistemático de persecución y espionaje ilegal. Después surgió la causa de Lomas de Zamora que muestra como desde el mismo Estado, específicamente la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se armó un plan de espionaje político y de armado de causas. Allí vimos cómo se cableó la unidad de Ezeiza para espiar conversaciones de los funcionarios detenidos, tanto con sus abogados como con sus familiares. También está la causa de la mesa judicial, que operaba como cerebro para determinar a quién tenía que armar una causa judicial o cómo se estructuraría el espionaje político.
La causa D`Alessio fue la primera y en la que se tercerizó el espionaje ilegal y el armado de causas, porque la organización criminal que se investigó en Dolores es paraestatal. Además, en este último tiempo se encontró el nexo con la AFI a través de Pinamonti, un abogado que dependía de la AFI y era el jefe de Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y D`Alessio, que eran quienes conformaban esta organización paraestatal. De a poco se encontró la conexión con Majdalani, más arriba, que a su vez, son las cabezas de AFI y los principales imputados en la causa de Lomas de Zamora.
¿Cómo considera la paradoja de que el juez Stornelli oficie como fiscal si la causa de Dolores va a Comodoro Py?
N. S: La cuestión es que hay otro fiscal que está involucrado y procesado en la causa D`Alessio, que es Bidone, y lo que hizo el Procurador General de la provincia de Buenos Aires fue apartarlo de sus funciones en medio de la investigación. El procurador general de la Nación interino, Casal, se dedicó a perseguir a ficales que estaban investigando el poder y apañar o encubrir al fiscal Stornelli, que estuvo ocho meses sin presentarse al juzgado de Dolores y dando sus explicaciones en programas de televisión amigos. Ese fiscal aún sigue en funciones porque aún no está revertido el principio de inocencia, ya que su sentencia no está firme, más allá de que ya está confirmada por la Cámara de Apelaciones.
¿Cómo cree que va a actuar la Corte con respecto a las causas teniendo en cuenta su experiencia judicial?
N. S.: Primero está la Cámara de Casación Penal, que es el tribunal penal máximo. Con respecto a la Corte, hay que tener en cuenta que no tiene plazos para sentenciar, es decir elige la oportunidad de tratamiento de determinadas causas. Para mí, la Corte Suprema, lamentablemente, lo que hace es fallar políticamente e, incluso, mostrar su poder político de una manera totalmente espuria y dañina para las instituciones, y también para el Poder Judicial, que es uno de los que más descredito tiene hoy en día. Por lo tanto, creo que este es un punto muy sensible para tratar en la reforma judicial venidera. La Corte Suprema está compuesta por cinco miembros que resuelven el destino de 44 millones de argentinos y argentinas, y que con una mayoría de tres, y dos jueces que, incluso, aceptaron entrar por decreto, es importante tener en cuenta que siempre va a presionar políticamente desde su lugar.
Finalmente, al hacer la denuncia en su momento, ¿podía imaginar lo que se vio en la causa de Lomas de Zamora, lo explícito de la inteligencia directamente estatal?
N.S.: No, incluso cuando denunciamos la causa de Dolores no imaginé que se iba a destapar esta situación. Por supuesto que sabía la situación en la que se iniciaba, el gobierno en el que estábamos y los denunciados e imputados involucrados, pero todo este andamiaje estatal utilizado para perseguir opositores, armar causas, disciplinar políticos y jueces, etc., no me lo imagine jamás.