Comunicadores del Sur

10.12.2020

El conjunto de Artistas Plásticos y Visuales expresan su postura acerca de los dos Salones más importantes que tiene nuestro país: el Salón Nacional de Artes Visuales, bajo la responsabilidad de Salas Nacionales, el Salón Manuel Belgrano pertenecientes al Museo Sívori, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así también como por la Bienal de Tapiz, también dependiente del Museo Sívori de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el Salón Nacional:
Por un Salón inclusivo, democrático participativo y federal, recuperando el sentido de pertenencia nacional que supo tener, volviendo a itinerar y recorrer las regiones.
Posibilitar a través del Consejo Federal de Cultura (órgano donde participan todos los Ministros de Cultura de las Provincias), los envíos desde cada localidad; favorecer una buena difusión por distintos medios para fortalecer el conocimiento del mismo y el interés por participar; asegurar la equidad de género; recuperar su fecha de inauguración histórica del 21 de Septiembre de cada año.
Recuperar sus ocho Grandes Premios de Honor, con sus respectivas Pensiones a otorgarse una a cada Disciplina, con selección y premiación a cargo de Jurados por especialidad y elegidos por el voto de los artistas participantes, y que el cupo de participación esté otorgado por el criterio que determine el Jurado.
El Sindicato y las distintas Asociaciones venimos planteando desde inicios de este año terminar con el Salón exclusivista que dejó el anterior Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.
Lamentablemente, cuando se nos convocó a reuniones, la Directora Nacional de Museos Marisa Baldasarre, la Coordinadora de Planificación Museológica Jimena Ferreiro y el Director de Salas Nacionales Federico Baeza, no hicieron otra cosa que informarnos de los cambios cosméticos que tienen pensado hacer al Reglamento del Salón, que cristalizan la estructura heredada.

Sobre el Salón Manuel Belgrano y la Bienal de Tapiz:
La situación es más grave aún. La Ciudad de Buenos Aires debe dos Ediciones tanto del Salón como de la Bienal y no hay noticias de sus respectivas ediciones 2021.
Solicitamos que se realicen las ediciones atrasadas de ambos y las del corriente año, 2020. Exigimos un cronograma de fechas.
Que la organización espacial y muestra del Salón Manuel Belgrano contemple el criterio de selección por Disciplina, donde lo importante a exhibir es el trabajo que presentó cada artista; jerarquizar en la misma las obras que obtuvieron el Primer Premio, que pasan a integrar el Patrimonio del Museo Sívori.
Que la constitución del Jurado esté integrada por cinco artistas, dos propuestos por el museo y tres elegidos por los participantes y que el cupo de selección de obras lo determine el Jurado.

Firmamos el comunicado de prensa:
-ADRIÁN PANDOLFO, Secretario General de la Gremial Facio Hebequer, Sindicato único de artistas, profesionales y trabajadores de las Artes Plásticas y Visuales. CTA-Autónoma.
-LADISLAO MAGYAR, Comisión Directiva Artistas Premiados Argentinos – A.P.A.
– JORGE MEIJIDE, Vocal Titular, Asociación Estimulo Bellas Artes – A.E.B.A.
-STELLA CARONE, Presidenta Sociedad Argentina de Artistas Plásticas – S.A.A.P
– DIANA ARES, Presidenta Mutual Estudiantes y Egresados Bellas Artes – MEEBA.
-DIANA PISOLI, Presidente Artistas Plásticos de Vicente López – A.R.T.V.I.L.O.
-AVAA- Artistas Visuales Autoconvocades Argentina
-MARÍA BELÉN ALONSO, Presidenta Centro Argentino de Arte Cerámico – C.A.A.C.
-MYRIAM JAWERBAUM, Presidenta Centro Argentino de Arte Textil – C.A.A.T
-SILVIO FISCHBEIN, Presidente de la Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina – AAVRA
-NORA MAGGIORA, Presidenta Sociedad Artistas Visuales de Argentina – S.A.V.A
-COMISIÓN DIRECTIVA, Sociedad de Grabadores de Argentina – XYLON ARGENTINA
-ARTISTAS INDEPENDIENTES EN NO AVALAMOS.

9.12.2020

Las cámaras empresarias de transporte público por automotor del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) advirtieron que a partir de hoy dispondrán «una marcada reducción de servicios» para hacer frente al pago de salarios de noviembre y a la espera de fondos del Estado nacional.

Así lo expresaron este fin de semana las empresas representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).
Las entidades recordaron que se firmó un acuerdo paritario con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con un incremento salarial de 30% a partir del 1 de septiembre pasado, «con el compromiso del Estado de acompañar esa decisión mediante la provisión de los fondos correspondientes, lo que no ha ocurrido hasta el presente».
El reclamo es acompañado por el gremio, que también exigió los subsidios, y amenazó con un paro a nivel nacional. Un conflicto que se vivió durante todo el año en ciudades del interior y que actualmente tiene focos en provincias como Neuquén. Todo es parte de los efectos de la cuarentena.
En consecuencia, las empresas informaron que «realizarán a partir del día miércoles 9 de diciembre una marcada reducción de servicios» para intentar «hacer frente al pago de los salarios de noviembre con el incremento acordado en la paritaria del sector y ante la demora por parte del Estado en acreditar los fondos comprometidos al momento de ese acuerdo».
La reducción de servicios se implementará en la medida de «dar la cobertura posible con el nivel de ingresos de que disponen», expresaron las cámaras del transporte en un comunicado.
Los motivos expresados que justifican esta decisión son que «el sector no tiene reconocimiento de mayores costos no salariales desde octubre de 2019» y que, a pesar de «un congelamiento tarifario de casi dos años, las empresas se encuentran trabajando y dando cobertura de servicios al máximo de sus posibilidades».
En esa prestación de servicios, las empresas aseguran que «no cuentan con la totalidad del personal por efecto de la pandemia, honrando así su condición de servicio esencial».
«Tampoco -argumentan- se autoriza al sector a transportar personal que no sea esencial y solamente desde el día 13 de noviembre pasado se permite el traslado de pasajeros de pie, puesto que hasta ese momento solamente se permitían tantos usuarios como asientos tuviera cada vehículo».

8.12.2020

Se realiza a través de una muestra de saliva. Es para personas no residentes y para los residentes que hayan estado fuera de la Ciudad por 72 horas.

Desde este martes un nuevo protocolo rige en la Ciudad de Buenos Aires. Todos las personas no sean residentes y que ingresen a la Ciudad, permanezcan más de 24 horas y hayan recorrido más de 150 kilómetros deberán realizarse un test de salivas. También deberán hacerlo todos aquellos que hayan estado fuera de la Ciudad por más de 72 horas. El resultado demorará entre 12 y 24 horas.
Los test serán cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o por el Gobierno de la Ciudad. Deberá ser pagado de forma particular por los residentes de países extranjeros y tendrá un valor de $2.500.
La medida coincide con la apertura de la Ciudad al turismo. En una primera etapa, podrán llegar a CABA turistas nacionales en micro o en vehículo particular. Vía aérea será recién a partir del 15 de diciembre. A partir de esa fecha, también podrán ingresar turistas internacionales que provengan de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Todas las personas deberán completar una declaración jurada antes de ingresar que se descarga de la página oficial del Gobierno de la Ciudad.
Una vez arribados, quienes lleguen a Ezeiza accederán ahí a los puestos donde se hará el test. Los que viajen en micros, lo harán en la terminal Dellepiane. En tanto quienes viajen en auto o tren, deberán presentarse en un punto de testeo dentro de las 24 horas de su arribo. Los puntos que se conocen hasta ahora son el Centro de Convenciones que está junto a la Facultad de Derecho de la UBA y la ex cervecería Munich, en Costanera Sur.
Según indicaron en el Gobierno porteño, cuando las antenas ubicadas en la Ciudad; con la colaboración del ENACOM y de las empresas telefónicas, detecten una línea de celular que no tiene la característica 011, automáticamente se les avisará vía mensaje que deberán hacerse el test.

9.12.2020

Por La Retaguardia

Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Fernando Tebele.

Lo dijo Rosa Herrera, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quien sostuvo un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de La Retaguardia. En esta oportunidad habló acerca de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios, vivienda desde hace 18 años para 106 familias. Amenazadas por un posible desalojo, convocaron a una conferencia de prensa, a una movilización, y a resistir hasta intentar torcerle el brazo al Gobierno porteño.

El edificio de Santa Cruz 140, una ex fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra nuevamente en pie de lucha frente a un posible desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad. Quienes resisten y la defienden, convocaron a una conferencia de prensa realizada el pasado lunes 30 de noviembre al mediodía en la puerta del edificio y llevarán adelante una movilización el miércoles 9 de diciembre.
—La Retaguardia: ¿Cómo está la situación al día de hoy?
—Rosa Herrera: Las familias de Santa Cruz, que hace 18 años que viven en el edificio en Parque Patricios, a pesar de la situación de pandemia, aislamiento y ahora distanciamiento social, estuvo permanentemente en lucha y resistencia. Distintas organizaciones y compañeros/ras estamos acompañando la lucha de las familias. Porque en plena pandemia, que se había dictado oportunamente una feria judicial, se habilitó justamente para que se prosiga con el proceso y juicio de desalojo. El Poder Judicial no tuvo ningún tipo de sensibilidad de hacer una suspensión del proceso atento que los 131 niños, niñas y adolescentes y 106 familias que viven en el edifico también fueron afectadas por el Covid-19 y la situación de resistencia se agudizó porque también tuvieron que garantizar todos los días la olla y los cuidados que todos estamos haciendo frente al Covid. El 13 de Agosto, la Cámara Civil Sala A confirmó el desalojo. Lo que nos preocupa es que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, como el principal responsable político de garantizar una vivienda digna a estas 106 familias, no nos está dando respuestas concretas de solución habitacional. Las familias no están dispuestas a estar en la calle. Lamentablemente, hoy por hoy, están todas las condiciones dadas, no tenemos fecha, para que antes de fin de año se pueda producir y materializar el desalojo en plena Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con el mayor presupuesto del país. Justamente estamos con unos vencimientos, porque nosotros ante esta falta de respuesta del gobierno iniciamos un amparo para exigirles que garanticen el derecho a una vivienda digna, y el Gobierno de la Ciudad, sistemáticamente, niega cualquier posibilidad de situación concreta de solución definitiva a las familias de acceso a la vivienda. Únicamente ofrece esos subsidios de montos insuficientes, que son de 8000 pesos, montos que están totalmente desactualizados. Es imposible que las familias puedan acceder a desalojos formales, y el mismo gobierno se presenta al Poder Judicial y dice que las familias no están acreditadas, supuestamente para ellos, que están prácticamente en situación de calle y que las familias no están en situación de vulnerabilidad. Hemos presentado todas las pruebas a nuestro alcance para acreditarlo. Hay un alto grado de desocupación de las familias que viven en Santa Cruz. Subsisten por trabajos informales, por changas que fueron perdidas en este momento de pandemia. Están comiendo de ollas y comedores populares. Y en estas condiciones avanza la situación de desalojo.
El decreto 320, modificado por el 766 que emitió el gobierno nacional, abarcó a un sector de la población que accede a contratos de locaciones formales, y no atiende a toda la población que vive en exclusión total. Porque hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires que vive en una exclusión histórica. Están expuestos a desalojos de hecho. A través de patotas, de mecanismo de utilización de incendios.
En este caso, la orden viene emanada por el Poder Judicial, por eso lo denunciamos como insensible, pero el juez tiene que emanar la orden en armonía con todos los derechos de la Constitución Nacional, de la ciudad y de los tratados internacionales, que es la garantía del acceso a la vivienda digna. Si no es arbitraria, y por más que sea desde un juez, no deja de ser un desalojo forzoso violatorio de los derechos humanos básicos de las personas.
—LR: En un proceso de desalojo judicial, ¿puede negarse un gobierno a realizarlo?
—RH: Depende de casa caso concreto. En el caso de Guernica, el desalojo fue ordenado por un juez de garantías en el ámbito penal, porque las familias eran imputadas por usurpación. Entonces, en un tema penal es mucho más difícil, pero no imposible. Esa mesa de negociación que se estaba llevando adelante con diferentes actores era el camino para poder seguir. Y me parece que la protección de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y el derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido de igual jerarquía que el derecho a la propiedad privada valía, y era el deber del Estado continuar todo el tiempo necesario para poder llevar a buen puerto las negociaciones y así lograr una respuesta positiva. No hay impedimento, sí hay que tener voluntad política. En el caso de Santa Cruz, como en otras situaciones diferentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, y en el lugar que nosotros más nos movemos que es el vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda, se dan desalojos por usurpación mal utilizando irregularmente el fuero penal. Criminalizando estas problemáticas que responden a causas sociales. En Santa Cruz utilizan la justicia civil. Esto ya lleva 11 años de juicio. Y las familias viven hace 18 años allí.

¿Quién reclama la propiedad?

La obsesión del gobierno porteño con esa propiedad puede hacer presumir que se trata de tierra fiscal. Sin embargo, no es así. Lo explicó Rosa Herrera: “El que se dice propietario compró en subasta un edifico que ya estaba ocupado, con las familias adentro, utilizando al Poder Judicial como una brazo funcional de sus negocios inmobiliarios. Compra a 1,5 millón de pesos un inmueble ocupado, utiliza el Poder Judicial, uno de los poderes estatales, para desalojarlos inmediatamente. Entonces adquiere un valor de mercado mucho mayor. Por supuesto que ese objetivo no lo logró porque las familias se organizaron, y pudimos defenderlos como abogados en el momento oportuno y durante todo este tiempo, así lo hicimos.
El tema es que el Estado no puede soslayar su deber que garantiza el derecho a la vivienda digna. Entonces ahí empieza una cuestión, cuando el Gobierno de la Ciudad se quiere lavar las manos y dice que es un conflicto entre particulares: entre el dueño y las familias. Cuando no es así, porque las familias están en contexto de vulnerabilidad, son habitantes de la ciudad, tienen derechos”, señaló la abogada de la LADH.
Herrera destacó el apoyo de diversas organizaciones sociales y políticas: “Acá en Santa Cruz también hay diversos actores que participan: organizaciones como CIBA (Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires), MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), legisladores de distintos bloques políticos, tanto del FIT-U (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) y del Frente de Todos. Solidarios con esta causa, y sabiendo de las razones que asisten a las familias de Santa Cruz. El defensor de menores, asesores tutelares. Todos estamos pidiendo la suspensión del desalojo, y en este momento el juez no está escuchando. Rechazó cada uno de los pedidos que nosotros estamos haciendo, incluso conseguimos un informe del CESAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) N° 10 que actúa en Parque Patricios para acreditar con pruebas la situación de vulnerabilidad que están sufriendo las familias de Santa Cruz. Y el juez lo único que hizo es: ‘bueno, al momento del desalojo, infórmese al Ministerio de Salud de la Ciudad para que también esté ahí participando. Pero nadie, está suspendiendo en este momento esta medida”.
La abogada dio cuenta de la protección que la legislación da a las familias en estado de vulnerabilidad: “Nuestra normativa reconoce derechos como el interés superior del niño; pero en la realidad, cuando nosotros llevamos nuestras argumentaciones jurídicas, estas son cuestiones desoídas y no se tienen en cuenta. Estamos pidiendo y conformando, ya sea en el juicio del amparo como en los ámbitos políticos donde permanentemente las familias de Santa Cruz, La Cooperativa Francisco, El Cuerpo de Delegadas, las organizaciones, el acompañamiento de los medios comunitarios y populares, piden una mesa entre Nación y Ciudad con participación de los habitantes para que se pueda generar este dialogo y llegar a una respuesta que permita un solución pacífica de la situación. Es necesario que se visualice la situación de los desalojos”.
—LR: ¿Qué posibilidad cierta hay para que intervenga el gobierno nacional en este caso y se expida de otra manera?
—RH: En el 2015 pudimos tener tres audiencias ante el juez. Las familias se movilizaron, incluso el juez pidió una sala amplia, porque suelen ser muy chicas en el fuero Civil. Participaron sus habitantes, representantes, organizaciones, y el cura del barrio. En ese momento logramos una articulación con la Secretaría de Acceso al Hábitat. Se estaba terminando el mandato de, en ese momento, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ese camino que se había empezado a construir hasta presentando una propuesta de parte de ellos, que consistía en una partida presupuestaria para la compra del edificio, luego se vio bloqueado a partir de la asunción al gobierno de Mauricio Macri.
Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández y la creación del Ministerio de Desarrollo, Territorio y Hábitat, estábamos haciendo gestiones para poder reanudar este tipo de intervención. Pedimos al juez que se libre un oficio a este nuevo ministerio. En el mes de octubre logramos tener una reunión, y justo pasó este cambio de funcionarios con la renuncia de María Eugenia Bielsa, y la asunción del nuevo ministro (Jorge Ferraresi) así que estamos tratando otra vez de reactivar esa intervención. Creemos que es súper necesaria, sería una forma de generar una propuesta y obligar al Gobierno de la Ciudad a que también asuma su parte de responsabilidad. Lo concreto es que hoy por hoy no tenemos una respuesta concreta de ninguno de los dos gobiernos para parar este desalojo. Todos los funcionarios competentes a la temática están al tanto.

9.12.2020

Sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón convocan para este miércoles 9 de diciembre frente a la Legislatura porteña para exigir la patrimonialización ya de Cromañón. A las 14, se concentrarán frente a las puertas del parlamento, ubicado en Perú al 100 de la Ciudad de Buenos Aires, donde a las 17 harán una conferencia de prensa.

A pocos días de cumplirse 16 años de la Masacre de Cromañón y a dos años de presentado el proyecto de patrimonialización, sobrevivientes y familiares piden su urgente tratamiento.
El proyecto de los familiares y sobrevivientes reclama la expropiación del espacio donde funcionó Cromañón, y en el que el 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas, para levantar allí un espacio de memoria. Desde el oficialismo porteño, manifestaron que esta iniciativa no era viable por cuestiones económicas, por lo que elaboraron un nuevo expediente por la patrimonialización, que contempla una protección estructural del edificio.
Sin embargo, ninguno de los dos proyectos fue tratado y perderían estado parlamentario a fin de año, por lo que esta tarde familiares y sobrevivientes exigirán su inclusión en el temario de las últimas sesiones de este 2020.