Comunicadores del Sur

14.10.2020

Luego de un acuerdo entre Ciudad y Nación, se habilitan con determinados protocolos que contemplan límites en cantidad de gente, tiempo de permanencia, uso obligatorio de tapabocas. Continúa la política de apertura económica y comercial.

Luego de siete meses de tener cerradas sus puertas, los shoppings de la Ciudad fueron habilitados para volver a funcionar. La noticia fue publicada en el Boletín Oficial, tras un acuerdo entre las autoridades del Gobierno nacional, con la firma de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, y funcionarios de la Ciudad.
El texto firmado entre las partes, señala que “Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las tareas autorizadas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras y trabajadores, y que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros”.
El protocolo en vigencia fue establecido entre la Cámara Argentina de Shoppings Centers y el Gobierno porteño y establece distintas pautas de funcionamiento. Entre ellas, que el acceso sea restringido a una persona cada 5 metros cuadrados, aunque dependiendo del tamaño del centro comercial. Por ejemplo, en el shopping Abasto, podrían estar en simultáneo 2500 personas, al igual que en el Dot, mientras que en el Paseo Alcorta, como en el Alto Palermo, no más de 1.400. También se deberá respetar un único sentido de la circulación; un tiempo de permanencia de no más de 90 minutos; se controlará el ingreso de personas con alcohol en gel y tomando la temperatura. Los estacionamientos estarán abiertos, aunque no los patios de comidas, solamente con la modalidad take away o delivery. Los empleadores deberán garantizar el transporte de sus trabajadores, ya que no estará habilitado el transporte público para ellos.
Según la Cámara Argentina de Shoppings Centers, durante los 7 meses de pandemia, el 25% de los locales de los 15 centros comerciales que no estuvieron en funcionamiento, tuvieron que cerrar de forma definitiva.
Esto se suma a los miles de pequeños comercios que se fundieron durante este período, sin contar con ingresos suficientes ni subsidios para sostenerse económicamente.
La apertura de los shoppings es parte de la política de apertura económica y comercial impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el aval de Nación, en el marco de la cual ya el viernes pasado Larreta anunció los nuevos rubros que se sumarían aretomar las actividades (la construcción, los servicios domésticos, la industria fílmica, los espectáculos culturales al aire libre y con pocos espectadores, las calesitas en las plazas, pistas aeróbicas, polideportivos para deportes individuales y los espacios comunes en los consorcios de edificios).
Mientras tanto, los contagios en la Ciudad aunque descendieron de su pico de 1.400, se mantienen en una cifra alta, entre los 700 y 900 casos diarios. La política de aperturas es sin medidas complementarias de cuidado y prevención por parte del Estado.
La apertura de escuelas es otro punto que generó rechazo por parte de la comunidad educativa durante estos meses, y que el gobierno porteño de forma unilateral implementará estas semanas, habilitando la concurrencia de los últimos años del nivel secundario y primario.
Hoy miércoles por la mañana, el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo que “necesitamos que el ingreso sea para comprar, buscar lo que necesitás y que salgas. Cuanto menos tiempo estés adentro, mejor”, haciendo referencia a la apertura de los centros comerciales. Nuevamente, poniendo el eje en la responsabilidad individual, cuando la habilitación de cada vez más actividades viene de parte del propio Estado, que ya permitió el funcionamiento de la mayoría de las actividades en la Ciudad que implica una gran circulación de personas, como los bares.

12.10.2020

Así lo anunció el pasado viernes el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El 18 de diciembre de 2017, durante la brutal represión policial contra las protestas por la votación de la reforma previsional en el Congreso, el joven trabajador cartonero Alejandro “Pipi” Rosado fue pisado y lastimado brutalmente por la moto del policía de la Ciudad, Dante Barisone. “Desde aquel día, con un video viralizado de este asesino con uniforme pisando a nuestro compañero, junto a Pipi y su familia exigimos justicia. Lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, le pasaron por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro de distancia. Mientras Patricia Bullrich se empeñó en defender el accionar represivo, este oficial manifestó en su declaración no estar preparado para el trabajo que le encomendaron y fue condenado a ‘tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves, agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad’ “, expresó el MTE.

En diciembre del año 2017 hubo una multitudinaria protesta en la Ciudad de Buenos Aires contra el tratamiento de la Ley de reforma jubilatoria, que suponía un empeoramiento de las condiciones económicas de los y las jubiladas y pensionadas durante el macrismo, a raíz del intento del gobierno de Mauricio Macri de cambiar la fórmula de cálculo de haberes.
Durante el debate en el Congreso nacional, la Policía de la Ciudad desató una brutal represión sobre los y las manifestantes, que se extendieron desde la zona del parlamento hasta la 9 de Julio, y de ahí hasta Plaza Constitución. Producto del violento y salvaje accionar policial hubo muchas personas heridas e internadas, entre ellas, jubilados y jubiladas, y periodistas que realizaban su trabajo. Incluso, uno de los manifestantes heridos, Horacio Ramos, herrero de una de las cooperativas de trabajo del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), perdió el ojo derecho tras recibir un impacto de bala y luego inició una causa contra el gobierno de la Ciudad con el acompañamiento legal de María del Carmen Verdú de CORREPI.
En ese contexto, el policía de la ciudad Dante Barisone pisó con su motocicleta a Alejandro Rosado, un joven trabajador cartonero nucleado en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dejándole heridas graves en todo el cuerpo. El viernes la Justicia le dictó su condena por su brutal agresión: “condenaron a Dante Barisone, el policía que pisó brutalmente con la moto al trabajador cartonero Alejandro Rosado en el contexto de la feroz represión del 18 de diciembre del 2017 cuando se votaba la reforma jubilatoria – informó en un comunicado el MTE – Desde aquel día, con un video viralizado de este asesino con uniforme pisando a nuestro compañero, junto a Pipi y su familia exigimos justicia. Lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, le pasaron por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro de distancia. Mientras Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri) se empeñó en defender el accionar represivo, este oficial manifestó en su declaración no estar preparado para el trabajo que le encomendaron”, expresó la organización.
La condena de la Justicia fue de “tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves, agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad”, amplió la organización.
Y agregó: “este fallo es una prueba más de que la verdad estaba y está de nuestro lado, y la doctrina Chocobar de la mano dura y gatillo fácil que muchos sectores intentaron e intentan imponer se basa en estos manejos violentos de la fuerza contra los que menos tienen. No vamos a permitir que sigan apostando a eso cuando la respuesta está en un proyecto que garantice Tierra, Techo y Trabajo para todos/as”, finaliza el comunicado del MTE.

12.10.2020

Por Virginia Espeche y Julieta Azcárate

Con el aval de Trotta, anunciaron que volverían a partir del martes 13 de forma escalonada, sin protocolos claros, ni plan pedagógico, ni consultas en las escuelas. Mientras, los estudiantes y las familias continúan sin conectividad ni computadoras, se agravó la pobreza, la falta de alimentos y el problema de la vivienda.

La Ministra de Educación porteña Soledad Acuña finalmente presentó un plan de regreso a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, que se pondrá en marcha a partir del 13 de octubre.
La iniciativa tuvo el aval de Trotta, Ministro de Educación nacional, quien mantuvo reuniones la semana pasada con representantes de distintas provincias para la apertura de escuelas en todo el país.
El plan del gobierno de la Ciudad consiste en que se abran los patios de las escuelas para los estudiantes del último nivel de cada ciclo, es decir, los de 5° de las escuelas secundarias, los de 6° de escuelas técnicas y los de 7° de escuelas primarias (que comenzarían en dos semanas), priorizando quienes no hayan tenido conectividad durante el período de cuarentena. Asistirían en grupos de 9 alumnos junto a un docente.
Este plan de apertura se da luego del contundente rechazo que mostró la comunidad educativa, entre docentes, familias y estudiantes, a los protocolos presentados para los distintos planes de Acuña, como las “ciberescuelas” (que las escuelas fueran “gabinetes tecnológicos”) o escuelas “plaza” (que funcionaran en parque o plazas).
Hoy, a siete meses de la cuarentena, en medio de una crisis social que se evidencia en las escuelas, cruzadas por la realidad de las familias sin trabajo, por el problema de la insuficiente alimentación de los comedores escolares, por la pelea por la conectividad que ningún gobierno resolvió, dio como resultado que el gobierno porteño presente tres planes distintos para el regreso a clases presenciales, sin que ninguno dé respuesta a estos problemas reales y profundos. Queda demostrado que no hay ningún plan ni justificación pedagógica ni social tras estos planes, más que la apertura económica y comercial en la Ciudad y que los adultos vuelvan a trabajar. Hoy Trotta cede a esta vuelta a clases presenciales, sin ninguna resolución de los grandes problemas de la escuela pública.

Sin soluciones ni respuestas

Esta campaña política del Gobierno de la Ciudad, que se muestra preocupado por la revinculación de los y las estudiantes y sus familias, esconde que los y las docentes, desde el comienzo de las medidas de aislamiento, sostuvieron la educación de su bolsillo, adaptaron contenidos para enseñar de manera virtual e hicieron enormes esfuerzos para comunicarse con las familias.
Las medidas tomadas hoy por el gobierno, totalmente inconsultas, excluyen del debate a los principales interesados por el derecho a la educación: los y las docentes, estudiantes, familias, cooperadoras, auxiliares y trabajadoras de la cocina.
En las escuelas, muchas familias tuvieron que elegir entre contagiarse y ganarse el pan para sus hijos. Ni el gobierno nacional ni Larreta, dieron soluciones a quienes perdieron sus trabajos y tienen que salir por changas que apenas les alcanza para pagar una pieza de alquiler. El IFE de $10.000 cada dos meses es una migaja y con el nuevo presupuesto 2021 presentado por Guzmán, dejaría de otorgarse esta ayuda totalmente insuficiente. La plata es para el FMI, no para trabajo, salud, educación.
La toma de tierras de Guernica por parte de miles de familias sin techo ni trabajo expresa de una manera cruda las necesidades de amplios sectores arrastrados a la más dura de las situaciones sin soluciones de fondo. Ocupar un pedacito de tierra por no tener nada, como las familias de Catán o las mujeres del Hotelito, en la villa 31, donde la mayoría son mujeres, madres de 35 niños de las escuelas, que sufrieron violencia de género y no tuvieron donde ir, son amenazadas con el desalojo, con el amedrentamiento de la policía y sin respuestas por parte del gobierno para garantizar algo tan elemental como el derecho a la vivienda. Mientras tanto, en la Ciudad privatizan parte de los terrenos en Costa Salguero, avanzando en el negocio inmobiliario con las grandes empresas constructoras.
En el plano pedagógico tampoco hay un plan. La ministra Acuña sostiene que el objetivo es “en parte social y en parte académico”, sin embargo, no realizó ninguna consulta ni convocatoria a los docentes. Tampoco queda claro qué pasará con las clases virtuales, ¿los docentes deberán mantener una modalidad “dual”? Con toda la sobre carga laboral que esto implica.
¿Por qué tanta insistencia con el regreso a clases presenciales?
La política de aperturas del gobierno porteño, que habilitó la mayoría de las actividades económicas y comerciales en la Ciudad durante el pico de contagios, va de la mano de abrir las escuelas para garantizar la mano de obra y las principales actividades económicas en el medio de una crisis. Insisten con el regreso a clases presenciales para que los adultos puedan volver a trabajar, ya que “la logística de las familias y el trabajo se organiza en base a la escuela”, en palabras de la Ministra Acuña.
Esta es una realidad de la enorme mayoría de las familias trabajadoras, que deben mandar a sus hijos a las escuelas para poder trabajar. Se toman medidas superficiales que no resuelven el problema de fondo de las grandes mayorías. Licencias pagas, un ingreso de emergencia de $ 30.000 para las familias que se quedaron sin trabajo, construcción de viviendas para resolver el problema habitacional, conectividad para todxs y de manera gratuita, es lo que realmente hace falta.
La falta de conectividad, el hambre, la desocupación, la falta de vivienda, etc., son demandas que toda la comunidad educativa tiene que tomar en sus manos para debatir una salida de fondo a los problemas que atraviesan la educación en pandemia. Los sindicatos docentes, empezando por UTE-Ctera como principal gremio de la Ciudad, debería levantar cada uno de estos reclamos de los docentes y las familias trabajadoras, convocando a plenarios abiertos para debatir un plan de lucha. Desde comienzos de la cuarentena, la UTE confió más en Trotta que en organizar a las escuelas desde abajo, junto a las familias, que venían denunciando todos los problemas. ¿Qué van a hacer ahora, que Trotta dio el aval para el regreso a clases presenciales?
Los pronunciamientos por redes son insuficientes y el “Quedate en Casa” sólo funciona para unos pocos. No queremos familias que tengan que decidir entre su salud o darle de comer a sus hijos, nuestros alumnos. Un debate serio sobre la situación de las escuelas y la vuelta a clases presenciales, no puede decidirse de arriba hacia abajo y de forma unilateral. Es necesaria la organización de las escuelas, entre docentes, trabajadores de la educación, estudiantes y familias, para decidir qué protocolos deben aplicarse para cuidar la salud y las vidas de todos. Se vuelve indispensable salir a las calles por nuestras demandas, con nuestros guardapolvos en alto.

11.10.2020

La Legislatura porteña aprobó la privatización definitiva de la Costanera Norte para construir torres de lujo. Con el metro cuadrado a US$9.000 encarece aún más los alquileres en la Ciudad, reduce los espacios verdes y entrega otras 17 hectáreas de tierra pública a la especulación inmobiliaria.

Con 35 votos a favor la Legislatura porteña aprobó la privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero, cuya concesión vence el año próximo. Se trata de un predio de 17 hectáreas en la Costanera Norte con un valor de más de US$9.000 el metro cuadrado, donde se habilitará la construcción de un barrio “Premium”.
Estas modificaciones a la normativa urbanística de los terrenos del Distrito Joven propuestas por el Gobierno de Rodríguez Larreta habilitan también concesiones con usos amplios, con construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto, en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco.
Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacios verdes y con una profunda crisis habitacional, económica y ambiental. Hoy en la Ciudad, el distrito más rico de nuestro país con un presupuesto per cápita equivalente a Roma o Madrid, uno de cada tres porteños es pobre.
En la década del 90 solo el 10% de las familias alquilaba. Hoy, aproximadamente entre el 35% y el 40% de porteños y porteñas alquilan y uno de cada seis tiene problemas habitacionales. Es a estas personas a las cuales estos convenios urbanísticos perjudican de manera directa, ya que estas concesiones encarecen el valor del metro cuadrado e impacta en el valor de los alquileres. Todo esto en beneficio de los desarrolladores privados.

Distrito Joven

En abril de 2018 se aprobó en la Legislatura la creación del “Distrito Joven” y se habilitó la concesión de locales gastronómicos, bares y boliches en un área que comprende los terrenos sobre las márgenes del Río de la Plata, a la altura del aeroparque Jorge Newbery. Es una franja de tierra que se extiende por más de 6 kilómetros de largo, que incluye los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Todo este Distrito fue dividido en 5 sectores, correspondiendo el Sector 4 a Punta Carrasco y el 5 a Costa Salguero.

Punta Carrasco

El predio del dominio público de la Ciudad sito en Avenida Rafael Obligado sin número – Costanera Norte – denominado Solarium Ingeniero Agrónomo Benito Carrasco, fue concesionado a las Firmas Francisco Natino e hijos, Parenti Mai S.A. y Riva S.A. UTE, mediante Decreto N° 2.153/88 y de conformidad con las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanzas N° 41.742 y N° 42.119.
En virtud del cumplimiento de dicha concesión, la empresa abonaba al Estado de la Ciudad, en concepto de canon, la suma total mensual de $2.340,35. Vencida la concesión, el 2 de mayo de 2008 se alcanzó un nuevo acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Punta Carrasco S.A.
En enero de 2015 la Dirección General de Concesiones y la firma Punta Carrasco S.A. firmaron el Acta Acuerdo de renegociación de canon, estableciendo un abono mensual de $220.000. La superficie permisionada es de 47.430 m2. A $220.000 pagan $4.63 por m2.

Costa Salguero

En 2016, Telemetrix S.A. pagaba $263.576 como canon por todo el predio Costa Salguero por mes. Son aproximadamente 170.000 metros cuadrados donde existen 23 sub-concesionarios que explotan distintos emprendimientos. Entonces el GCBA cobraba $1,5 por m2 por mes, un canon en extremo irrisorio si se tiene en cuenta que en la zona más cercana se está pagando por el alquiler de 1 m2 desde $160 a $250. La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece.
Para entender porque el GCBA sigue sosteniendo esta concesión que ha incumplido en forma reiterada las leyes de la Ciudad, hay que destacar que uno de los sub-concesionarios es la empresa Centro Costa Salguero S.A. que explota los cinco pabellones del Centro de Exposiciones.
Las actividades que actualmente se desarrollan en los establecimientos exceden ampliamente el objetivo inicial de la concesión. La cláusula Primera del contrato del dispone que el predio será destinado para la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias relacionadas con el conjunto a desarrollar en el predio.
Según la Ley 449 el predio se encontraba en la zonificación Urbanización Parque (UP) y Urbanización Futura (UF). En los distritos UF sólo se permiten los usos que sean compatibles con las zonificaciones adyacentes. En este caso, las zonificaciones adyacentes son UP. Ninguna de las actuales actividades que se desarrollan en el predio de Costa Salguero son compatibles con la zonificación UP (playas de estacionamiento, boliches bailables, restaurantes, hoteles, oficinas comerciales, salones de conferencias, centros de exposiciones, agencia de autos, eventos musicales, etc.).
El proyecto N°2094-J-2020 modifica la normativa urbanística del Distrito Joven y otorga capacidad constructiva permitiendo levantar en 7,5 hectáreas del Sector 5 un conglomerado de edificios con alturas que irán hasta los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera. Y en el Sector 4, donde se proyectan espacios para actividades diurnas y nocturnas de esparcimiento, deportivas, culturales, comerciales, recreativas, gastronómicas y un helipuerto, se permitirán edificaciones de hasta 12 metros de altura.
“La Constitución de la Ciudad que establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación, y se volvió a ratificar en 2009 con el Plano Urbano Ambiental (PUA). Aprobaron el Distrito Joven para legalizar las reconcesiones que se venían haciendo porque estaba prohibido reprivatizar la costanera. Dos años después vendieron una parte y ahora avanzan con el resto”, señaló Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio Derecho a la Ciudad.
Por su parte, la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, agregó: “la Ciudad enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, es un contrasentido en el marco de la agenda climática, privatizar el borde costero, que debería estar destinado a un espacio verde público. La venta del predio de Costa Salguero no sólo es la pérdida definitiva de una parte de la Costanera que tendría que ser de la sociedad porteña para su disfrute irrestricto, sino que también es el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero”.

9.10.2020

Los detalles del plan de reaperturas del mandatario porteño se conocerán luego del anuncio del Gobierno nacional y tras el encuentro que mantuvieron el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ofreció una conferencia de prensa para anunciar las medidas que se implementarán en la Ciudad desde la semana que entra, cuando comience una nueva etapa del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.
Los detalles del plan de reaperturas del mandatario porteño se presentaron en una conferencia de prensa en la Jefatura de Gobierno, luego del anuncio del Gobierno nacional y tras el encuentro que mantuvieron el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Larreta se presentó acompañado por el vicejefe, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti
Su primera aclaración fue que “más allá de las diferencias políticas públicas con el mandatario nacional seguirán trabajando en común en todo lo referido a la pandemia”.
La tónica de la presentación rondó una vez más en la “necesidad de aprender a convivir con el virus”, mientras volvió a cargar sobre la población la “responsabilidad individual” para impedir el contagio.
Desde el momento que el Gobierno porteño comenzó con las aperturas, desde el 17 de julio, se habilitó el 90% de las actividades comerciales e industriales. Y con este anuncio vuelven a nuevas habilitaciones, y como es normal sin presentar ni una medida tomada por el mismo Estado, más que habilitar actividades y centrarse en la responsabilidad individual.
Las nuevas actividades que se habilitarán desde la semana que viene serán la construcción, los servicios domésticos, la industria fílmica, los espectáculos culturales al aire libre y con pocos espectadores. Al mismo tiempo se habilitarán al aire libre, las calesitas en las plazas, pistas aeróbicas, polideportivos para deportes individuales y los espacios comunes en los consorcios de edificios.
El punto más crítico volvió a ser la educación, donde se llegó a un acuerdo entre los ministerios de educación de Ciudad y Nación, donde se implementarán la semana que viene la presencialidad en las escuelas para los secundarios que estén en el último año. La otra semana será el turno para los alumnos de último año pero de las primarias y más adelante ir viendo cómo se vuelve a alguna clase de presencialidad para el resto de las y los chicos.
Todos estos anuncios se dieron sin dejar en claro cómo será la movilidad para las docentes y los alumnos, que generarán una mayor aglomeración en el transporte público que ya se encuentra sin posibilidad de mantener cierto distanciamiento social, por no decir que los subtes y trenes volvieron a la aglomeración.
Tampoco se hizo ningún mención con respecto a la modalidad de control sobre las nuevas actividades, ni sobre los protocolos para su habilitación y mucho menos sobre qué medidas tomará el propio Estado.
A pesar de enumerar el gran aporte de las y los trabajadores de la salud y su agotamiento por estar hace más de seis meses en la primera línea en el combate con el covid-19, no mencionó ninguna medida de las decenas de reclamos que vienen realizando.
Estará por verse en medio de esta crisis sanitaria, económica y social, las demandas que surgirán con más fuerza de los distintos actores sociales para volver a imponer los derechos básicos que siguen sin ninguna respuesta estatal luego de seis meses de cuarentena. La desocupación, la crisis habitacional, los salarios de miseria, la falta de protocolos en los trabajos, entre otros.
La sensible educación de las y los chicos sin una claridad de cómo se implementarán las nuevas medidas, luego del ninguneo de parte del Gobierno a los seis meses de no haber resulto la falta de conectividad, y sin consulta con los gremios docentes ni con la comunidad educativa, será indudablemente el mayor desafió en esta nueva etapa.