Comunicadores del Sur

6.8.2020

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional CABA, manifestaron su rechazo al contenido de los anexos reglamentarios que restringe el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación en la Ciudad de Buenos Aires y exigen la efectiva implementación tal cual fue sancionado por mayoría el 16 de julio pasado en la Legislatura porteña.

“Los anexos presentados tienen restricciones inaceptables, que alteran el contenido de la ley. La reglamentación tiene por objetivo asegurar la ejecución de la ley: toda restricción del derecho es inconstitucional al avanzar el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”, afirmaron desde la Campaña.
Agregan que estos anexos presentados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no respetan la labor y decisión legislativa, desoyen la voz ciudadana representada democráticamente e imponen restricciones que limitan el derecho universal al acceso de las Interrupciones Legales del Embarazo”.
Entre las restricciones incorporadas, la Campaña mencionaron, en primer lugar, que se establece la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a ILEs, un requisito que no está presente en el protocolo al que adhirió la Ciudad de Buenos Aires: “La interdisciplina supone un acompañamiento de mayor calidad y un apoyo fundamental para quien la solicite. Sin embargo, no puede ser un obstáculo para la práctica del aborto”.
En segundo lugar, los anexos indican un plazo respecto de la edad gestacional, incorporando exigencias que la Ley no contempla: “El Protocolo no determina plazos para la garantía del derecho a la ILE. El artículo 86 del Código Penal de la Nación, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, no incorpora plazo alguno para las causales establecidas”.
En tercer lugar, se anuncia que se establecerá la objeción de conciencia institucional: “El protocolo señala la objeción de conciencia individual. El derecho a la interrupción del embarazo, en tanto derecho humano a la salud, debe ser garantizado en todo el sistema de salud, sean instituciones privadas, de obras sociales o públicas”.
En cuarto lugar, el jefe de Gobierno afirmó: “En caso de controversias en referencia a la atención de niñas y adolescentes tempranas, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar”. Al respecto, desde la Campaña aclararon que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya fue clara en el fallo F.A.L. en relación a la no judicialización de la práctica: “El Protocolo señala que ‘en caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores/as, el equipo de salud es quien debe valorar la situación’ siempre respetando el interés superior del niño presente en el Código Civil de la Nación, la Ley 26.061 de Nación y la Ley 114 de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA”.
Desde la Campaña advirtieron que ahora la Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda con los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes: “La ILE ya es derecho, en este contexto de pandemia garantizarlo es una urgencia. Exigimos la implementación efectiva del protocolo aprobado, el acceso universal a los abortos legales (ILEs) sin dilaciones ni restricciones y la incorporación del derecho al aborto como contenido de la Educación Sexual Integral”.

5.8.2020

El titular de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy rechazó el proyecto PRO para recortar un 20% los salarios de estatales y jubilados: «Es un agravio innecesario sobre trabajadores que están arriesgando su vida».

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «cachorro» Godoy, rechazó la iniciativa del PRO encabezada por el senador Esteban Bullrich que impulsa un recorte a los salarios de los trabajadores estatales y dijo que, en definitiva, expresa el conocido «pensamiento neoliberal» que sustenta ese espacio y rubrica lo acordado entre la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y «el sindicalismo empresarial», en el que ubica a la actual conducción de la CGT.
En una entrevista realizada con Télam Radio, mientras participaba del homenaje a Sandra y Rubén, Godoy señaló: «Es un agravio innecesario sobre las y los trabajadores que están arriesgando su vida por el funcionamiento del Estado, como los son los enfermeros y enfermeras, docentes, trabajadores del SENASA, bomberos, los que mantienen el funcionamiento de las centrales de nucleares para proveernos energía, entre tantos otros».
Y añadió: «Es un agravio que diga esto el senador que supuestamente representa a la provincia de Buenos Aires, la más empobrecida del país. Lo que busca con esto es la reafirmación en línea con lo que firmaron la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y el sindicalismo empresarial, de imponer una agenda neoliberal en la Argentina».
En este sentido, el dirigente señaló que además se quiere eludir el debate en torno a temas fundamentales: «La pregunta es cómo puede ser que las cámaras de diputados y senadores estén paralizadas y que solo se discutan los temas a los que están dispuestos desde el PRO».
Y concluyó: «Necesitamos que los representantes que han sido elegidos como nuevo gobierno, que son la alternativa para enfrentar esas políticas neoliberales y construir una perspectiva de país distinta, impulsen y se apruebe la Ley para crear un impuesto a las grandes fortunas, que permita una más justa redistribución del ingreso; y se termine, por ejemplo, con que trabajadores del Malbrán, científicos y técnicos con 25 años de antigüedad cobren entre 32 y 37 mil pesos».

3.8.2020

“Queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad”, esta pregunta como todas las relacionadas con la violencia policial, será el eje de las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, ante Felipe Miguel, el Jefe de Gabinete porteño, que concurrirá a la legislatura a brindar el informe de la gestión.

Mañana martes a partir de las 9:30, en una sesión especial de la legislatura porteña, el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, brindará el informe de gestión del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta. El mismo deberá responder las preguntas que le realizaran los legisladores de los distintos bloques. Luego de 4 meses de crisis sanitaria, social y económica, será la primera vez que el Ejecutivo porteño responda las inquietudes y denuncias de la oposición.
En este marco, las diputadas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, centrarán parte de su exposición en el accionar de la Policía de la Ciudad, involucrada en el gatillo fácil, sobre la represión estatal y sobre los incrementos de mecanismos de control social durante la cuarentena.
Así lo detallaba Myriam Bregman “queremos que el Jefe de Gabinete responda ante los siete casos de gatillo fácil ocurridos durante la cuarentena que fueron cometidos por policías de la Ciudad. Uno en territorio porteño y los otros seis en la provincia de Buenos Aires, es decir, mientras los efectivos involucrados no estaban en funciones, según informó la CORREPI”.
Bregman, como diputada del FIT, es presidenta de la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña y presentó un exhaustivo pedido de informes al respecto señalando que “las víctimas son personas que vivían en barrios populares, característica común en esta situación de incremento de los mecanismos de control social”.
Por su parte, la compañera de bloque, Alejandrina Barry agregó “Exigimos conocer el estado judicial y el sumario en caso de existir, también si hay un relevamiento de la totalidad de los hechos y las acciones adoptadas por parte del Estado y la justicia, en cada caso”.
Y a su vez denunció y será parte de la interpelación a Felipe Miguel, esta preocupación que expresa Barry “Es un número muy alto de participación de efectivos en asesinatos en el Gran Buenos Aires, es grave. El jefe de gabinete Felipe Miguel debe respondernos inmediatamente”. Además recordó el rol cumplido desde la Comisión contra la Violencia Institucional “Desde nuestras bancas hemos acompañado a todos los que fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad: vendedores ambulantes, trabajadores que reclaman o como vimos el sábado la brutal represión a los que se manifestaron por Santiago Maldonado”.

3.8.2020

Por CORREPI

Ante la indignación generalizada por la violenta detención, el sábado 1º de agosto, alrededor de las 19:00, de 13 personas que caminaban por la avenida Corrientes al 1300, de regreso de un acto en homenaje a Santiago Maldonado, el diario Clarín, publicó una noticia falsa, adjudicando a las personas detenidas un hecho totalmente desvinculado de esa actividad, ocurrido en otro lugar y probablemente en otro momento, ya que convenientemente está blurreada la fecha y hora siempre visible en las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales.

La infame operación pretende legitimar la represión descargada por la policía de la Ciudad, que dirigen Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro, con una maniobra similar a las que emplearon desde la desaparición forzada de Santiago, con el festival de notas que reproducían las mentiras con las que Patricia Bullrich trató de contaminar la investigación. Ahora Clarín fabrica “noticias” a la medida de la policía y el Gobierno de la Ciudad.
“Si bien la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) había denunciado que efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, desde la fuerza porteña aseguraron que se trató de la detención de un grupo anarquista que produjo incidentes y agredió a policías“, afirma el diario Clarín en la nota titulada “En Balvanera: anarquistas tiran bombas molotov a un edificio de Gendarmería durante una marcha por Santiago Maldonado“.
El “relato” pretende apoyarse en un video en el que, según Clarín, “se puede ver a un grupo personas con el rostro tapado que arroja los dispositivos contra el edificio y luego escapa corriendo, mientras se desata el fuego en la entrada de Bartolomé Mitre al 2200“.
Finalmente, y apelando por una vez honestamente a “fuentes policiales”, el diario señala que “los manifestantes se encontraban colgando banderas e insultando a los efectivos. Incluso llegaron a escupir a uno y les tiraron cal con agua y alcohol a otros tres agentes, que resultaron heridos”.
Lo que se ve en el video -reiteramos, sin fecha y hora-, es que alguien arroja algo contra la entrada de un edificio y genera unos focos ígneos en la vereda, sin movilización, marcha, banderas ni policías a la vista en los casi tres minutos de duración. Mientras tanto, hay varios videos independientes entre sí del momento, claramente en Corrientes al 1.300, frente al cine Metropolitan, que muestran el ataque de los policías de la Ciudad contra las personas que caminaban por la avenida desde Libertad hacia Talcahuano (que no es “Congreso”, como dice Clarín que dijo CORREPI).
Además de ser dos hechos ocurridos en distintos lugares, y seguramente diferentes horarios, las actas de las detenciones, confeccionadas por la policía de la Ciudad, no dan cuenta del secuestro de elemento alguno de tipo explosivo. La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Walter López (sin ninguna simpatía anarquista conocida) no imputó delito alguno relacionado con un hecho de esas características, como uso de explosivos, intimidación pública o daño calificado, sino que utilizó lo que hace décadas llamamos “combo manifestación”: Atentado y resistencia a la autoridad (la figura comodín para justificar la violencia policial en la detención), en uno o dos casos daño simple (por algún graffitti) y lesiones (algún policía se habrá levantado la piel de los nudillos al golpearlxs).
Denunciamos la infame maniobra conjunta del Gobierno de la Ciudad y Clarín, dirigida nuevamente a aportar su tonelada de arena en la construcción del “enemigo interior”, para el caso “los anarquistas”, armada casi 24 horas después, que les sirve para legitimar la violencia represiva.
En consonancia con las expresiones de repudio de la represión efectuadas en redes sociales por el ministro del Interior, Wado de Pedro y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, exigimos al Gobierno Nacional que, por la vía que corresponda, reclame al Gobierno de la Ciudad las explicaciones pertinentes.

29.7.2020

IPPyP-ODC**

El gobierno porteño gasta en los bolsones alimentarios el 100% más de lo que las familias reciben. El costo adicional, pagado por el gobierno porteño como consecuencia de la contratación de empresas intermediarias, permitiría pagarles el salario a 300 trabajadoras comunitarias cuyo trabajo esencial no es reconocido por el estado y son ellas quienes vienen gestionando la pandemia en la primera línea de los barrios populares. A estos datos arriba el informe La mercantilización del hambre: El arte de hacer negocios con la alimentación en tiempos de crisis sanitaria y económica.

La asistencia alimentaria en las villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de comedores comunitarios asistidos por el programa de Atención a Grupos Comunitarios del GCBA que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El sistema consiste en la entrega de raciones crudas por parte del GCBA, a través de empresas concesionarias, a los comedores comunitarios reconocidos. Las trabajadoras comunitarias, sin ningún tipo de reconocimiento salarial se encargan diariamente de recibir los alimentos crudos, elaborarlos y entregarlos según la modalidad de vianda o habilitando el espacio comunitario para que las familias puedan almorzar, merendar y cenar. La pandemia del Coronavirus Covid-19 obligó a realizar ciertos cambios en el sistema. En primer lugar, en los comedores se empezó a entregar solamente viandas ya que sanitariamente no era aconsejable la aglomeración de personas comiendo en un espacio cerrado del comedor. En segundo lugar, muchos comedores empezaron a cerrar porque las/los trabajadoras/es comunitarios encargadas de sostener la asistencia alimentaria se contagiaron de Covid-19. Lamentablemente son muchas/os las/os referentes de espacios comunitarios fallecidos: Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y tantas/os otros/as. En este contexto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado por la Ley N° 1.251 y principal responsable de las políticas habitacionales porteñas, comenzó a ocuparse de la asistencia alimentaria en los barrios populares mediante la entrega de bolsones de alimentos a las familias con necesidades alimentarias, solapándose con la tarea desarrollada por Grupos Comunitarios.
El IVC decidió privatizar este servicio de alimentación contratando la entrega de bolsones con empresas de catering como Sano y Bueno Catering S.A.
El IVC contrató con la empresa Sano y Bueno Catering S.A. la entrega de 30.000 bolsones de alimentos por la suma de $36.000.000, es decir, cada bolsón costó $1.200. El propio IVC en un Informe reconoce que adquirió un total de 30.000 bolsones de comida a ser distribuidos mensualmente en mayo, junio y julio.
El IVC en su informe incorpora un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Las marcas y los productos elegidos no corresponden a los alimentos entregados a las familias. El propio informe del IVC aclara que son “ejemplos” de precios minoristas relevados para un conjunto de productos, algunos de los cuales ni siquiera forman parte de la contratación.
El IVC hizo circular por los barrios un informe con el objeto de justificar los precios de la contratación aclarando que los $1.200 incluyen el costo de embolsado, apilado y distribución. Es oportuno aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación y el término “apilado” no es claro.

Conclusiones

*De acuerdo con el relevamiento realizado, el IVC está pagando por cada bolsón $1.200 cuando el precio “minorista” de los productos efectivamente entregados a las familias ronda los $640 y el precio de acuerdo al total de los productos contratados ronda alrededor de los $ 700.
*Destacamos que son precios minoristas, es decir, el costo del producto por unidad. Por lo tanto, como mínimo por adquirir estos productos a precio mayorista, la empresa intermediaria debió pagar entre un 10% y un 15% menos. En esta contratación se compraron 30 mil unidades de cada producto alimentario a $36 millones.
*Es decir, el IVC pagó $1.200 por un bolsón y a las familias les llegó efectivamente alimentos por la mitad de dicho valor.
*La empresa, en este caso Sano y Bueno Catering S.A. está cobrando casi un 100% más de lo que gasta en adquirir los productos, es decir, $18 millones.
*EL IVC en su defensa sostiene que este precio incluye los impuestos. El IVC hizo retenciones por aportes previsionales, impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos por un total de $476.177 cada doce (12) millones. Es decir, de los 36 millones, solo $1.428.531 se van en impuestos. Por fuera del costo supuesto de los alimentos, a la empresa le estarían quedando $16,5 millones.
*Para el IVC está bien que el 50% de los costos de la compra de alimentos se vaya en el embolsado, apilado y en la distribución. Cabe aclarar que por distribución se entiende llevar la mercadería a un solo punto en Barracas según estableció la contratación. Es decir que el costo de trasladar los alimentos a un punto de entrega de la Ciudad es equivalente al costo de elaboración y producción de los alimentos entregados.
*El IVC en su informe nos informa que hizo un relevamiento de precios minoristas y a su medida eligieron marcas y precios para justificar la razonabilidad de los montos pagados en la contratación. Esta conducta soslaya todo principio de transparencia de un organismo estatal. La contratación ya fue aprobada, la mercadería recibida y el precio pagado. El IVC nos debería informar qué productos (y sus marcas correspondientes) efectivamente fueron recibidos y entregados a las familias. Nos debería mostrar el expediente electrónico completo donde figure el acta de recepción de la mercadería con su preciso detalle de las marcas, fechas de vencimiento y condiciones de la mercadería. Es más, debería exigirle a la empresa Sano y Bueno Catering S.A. que le brinde copia de cada factura de los alimentos comprados para efectivamente saber el precio de los productos y no salir a realizar un relevamiento de precios minoristas.
*En las compras de alimentos el Estado no direcciona las ofertas estableciendo las marcas de los productos. Pero las empresas ofertantes si deben informar qué tipo de producto y su respectiva marca para que el Estado, en este caso, el IVC, pueda verificar la razonabilidad de la oferta y comparar las ofertas de los distintos competidores. EL IVC aceptó la oferta de Sano y Bueno Catering S.A. sin que en ella figure la marca de cada producto. Por lo tanto, no existe forma de que el IVC haya podido comparar las ofertas por la calidad del producto y no existe forma de que pueda controlar lo que la empresa le iba a entregar. La empresa puede entregar productos de cualquier calidad y el IVC igual le pagaría $1.200 por bolsón. Otro defecto muy grave en esta contratación.

La explotación de las mujeres voluntarias que hacen trabajo comunitario

La empresa entrega los bolsones en un único punto, y una vez más son las trabajadoras comunitarias quienes deben retirar los alimentos del centro de acopio, trasladarlos a los espacios comunitarios barriales y desarrollar la logística necesaria para entregar los bolsones de alimento, puerta a puerta.
Todo esto sin recibir elementos adecuados de protección, ayuda económica que permita sostener la logística de entrega ni ningún tipo de reconocimiento salarial por la tarea realizada. Cada familia beneficiada recibe 1 (un) bolsón cada 15 días.
Las familias, independientemente de su composición familiar, reciben 1 (uno) bolsón cada 15 días. A todas luces se advierte la insuficiencia de los alimentos entregados para garantizar la alimentación adecuada.
Esta situación se agrava de sobremanera para las personas que están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus casas.

Hacia la desmercantilización y desprivatización de la alimentación

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. Así es como estas empresas por sólo trasladar agua en camiones aguateros, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al estado.
La sola decisión del GCBA de comprar directo a las cooperativas y a los productores de alimentos, permitiría mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria, alcanzar mayor cantidad de hogares y reconocer salarialmente el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias, quienes voluntariamente se encuentran organizadas frente a la urgencia del hambre y hoy en la primera línea gestionan la pandemia en las barriadas humildes de la ciudad más rica.
Informe completo AQUI

(**) El informe fue elaborado por por María Eva Koutsovitis (Investigadora del IPYPP / Coordinadora de la CLIC), Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC), Franco Armando (IPYPP/Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital) y Myriam Leonor Godoy Arroyo (ODC/IP).