Comunicadores del Sur

29.7.2020

Las organizaciones sociales plantean a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la oferta de un incremento del 15% es insuficiente y profundiza la precarización en la que se encuentra el sector.

Las organizaciones remarcan en especial lo que ocurre con el programa Veredas Limpias e Infraestructura, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde miles de cooperativistas realizan distintas tareas de limpieza, saneamiento, refacción, pintura; entre otras actividades. “Estas cuadrillas que garantizamos desde las organizaciones sociales desarrollamos tareas muy importantes en las villas y barrios populares como así también en distintas zonas de la ciudad”, explican.
La situación no es nueva, todos los años los ingresos de los cooperativistas quedan por detrás de la inflación: “Tomando desde enero del 2018 hasta junio del 2020 la pérdida alcanza casi el 50% en comparación a la inflación medida por el IPC porteño. La pérdida de poder adquisitivo es concreta y grave. En relación a esto, el GCBA ha eliminado la mesa de negociación paritaria donde desde nuestro sector podamos discutir el aumento de convenios y las condiciones de trabajo. Al contrario, nos imponen aumentos de miseria en función del acuerdo que cierran con el SUTECBA. A la pérdida de poder adquisitivo, hay que agregarle que nuestras condiciones de trabajo están por debajo que la de otros sectores de compañerxs del Estado. Lxs cooperativistas no cobramos aguinaldo, las cargas sociales las afrontamos de nuestro bolsillo, no tenemos plus por antigüedad, entre otros derechos que no gozamos”.
Para este 2020, el aumento ofrecido es de un 15% a partir de julio: “Hemos planteado a lxs funcionarios que la oferta del 15% es absolutamente insuficiente asumiendo la pérdida que venimos sufriendo en el acumulado. Es indispensable que se abra una mesa paritaria con todas las organizaciones donde poder discutir una mejora sustancial en los convenios de cara a la segunda parte del año. Debate que debe incorporar la mejora en la condiciones de trabajo de forma integral. En un contexto de crisis económica el GCBA debe apuntar a fortalecer los ingresos de lxs trabajadorxs que menos ganan en la ciudad y eso sin dudas implica tocar intereses de los sectores que más se han enriquecido los últimos 12 años con los negocios en la ciudad”, manifestaron desde las organizaciones sociales.

28.7.2020

Por Enrique de la Calle

Entrevista al fundador de Tecnopolítica, la consultora que propone una nueva visión para pensar las políticas urbanas en el país. “Hay plata para construir ya mismo 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo”, describió.

Con la consultora Tecnopolítica, que fundó, viene trabajando el tema urbano, con una propuesta que implica un “cambio de paradigma”, un modo de pensar los problemas de vivienda desde “otro lugar”, como le escuché decir muchas veces. ¿Qué implica eso?
Inti Alpert: Me di cuenta que en Argentina tenemos un problema de comprensión de nuestra propia realidad. El dinero tiene una cosa muy rara, es un sistema de representación. Me dediqué a estudiar cómo podía hacer para, por ejemplo, con una resolución de un municipio (una simple ordenanza) generar un flujo futuro de ingresos, producto de que vas a pavimentar el acceso a un parque industrial y llevar eso a un mercado de capitales y venderlo y cambiarlo por plata. Y esa ordenanza, que es un papel pintado, genera dinero, que es otro papel pintado, que a su vez se puede convertir en el pavimento del acceso al parque industrial que puede pagarlo en cuotas.
En eso de tener un problema de comprensión sobre nuestra realidad aparece el problema de la vivienda, que no termina de entenderse en toda su dimensión. De hecho, uno ve los programas específicos que se anuncian con bombos y platillo, y hablan de construir 20.000 casas por año, lo que representa un porcentaje menor del problema.
IA: La mitad de la población tiene un problema de vivienda en Argentina. Si preguntás en nuestro país quién vive en una vivienda digna y propia, en un barrio lindo de cualquier localidad de la Argentina, te levanta la mano mitad de nuestra población. De ese tamaño es el problema. En Latinoamérica, las carencias de hábitat relevadas por el Banco Mundial hace dos años afectaban a 200 millones de personas, cincuenta millones de familias. Es un desastre. Y los latinoamericanos creemos que es más fácil venderle carteras a los italianos, perfumes a los franceses, autos a los alemanes que buen hábitat a los latinoamericanos…
Cuando uno traslada el problema a un funcionario público, o incluso a un académico, la respuesta siempre es la misma: no hay plata.
IA: Ahí está el problema de falta de comprensión: sobra plata, lo único que sobra en Argentina es plata. Lo único que hacemos seriamente los argentinos desde hace 200 años es imprimir moneda, lo que pasa es que no sabemos crear riqueza haciéndola circular.
¿Cómo se hace eso?
IA: Vamos a un ejemplo extremo. Cuando termina la Segunda guerra mundial, Europa queda devastada. ¿Qué fue el Plan Marshall? No es que Estados Unidos le dio a Europa un montón de cosas ni de plata para comprarles cosas. Le puso un patrón monetario en base al cual un equipo de talentosos conducidos por el General George Marshall desarrolló cientos de miles de proyectos de obras. El arte no es imprimir plata, el arte es hacer circular la plata produciendo obras que efectivamente crean valor. Cuáles crean valor: las que gente está dispuesta a pagar. En Argentina tenemos más de 10 millones de trabajadores formales (6,5 millones en el sector privado y 3,5 en el público), que cada mes cobran sueldo. Entonces, ¿te falta plata? Porque uno podría pensar que tenés una gran masa de recursos en esos millones de trabajadores formales que cada mes pagan un alquiler. Ponele que el promedio de un alquiler fuera de 10.000 pesos (en todo el país) y lo multiplicás por 2,5 millones (supongamos que el resto es propietario). Eso te da 25 mil millones de pesos mensuales que podrían destinarse para hacer vivienda. Entonces, veo que vos podrías hacer rápidamente 100.000 viviendas a la vera del Riachuelo y vendérsela a quienes pagan un alquiler. Para lograr eso, hay que dar un salto clave en la política, que tiene que pasar de ser un organizador de las capacidades colectivas. Ese el paso del subdesarrollo al desarrollo. Los países desarrollados son países donde el Estado organiza la capacidad colectiva de las mayorías. Un Estado lógico diría: a la vera del Riachuelo puedo hacer un Puerto Madero popular, símil Amsterdam o Barcelona, donde vivan 100.000 familias.
¿Cómo se puede construir eso?
IA: Muy sencillo. Hay que diseñarlo y otorgarle a cada familia un número de partida provisoria. ¿Así de fácil? Sí. Lo que hace que un proyecto sea financiable es estar asentado en un plano validado por el Estado. Por ejemplo, Holanda fue capaz de correr el mar para poder vivir mejor. Lo hicieron con ese sistema que ellos llaman polders y nosotros lo llamamos albardones; no pensaron cuánto costaba correr el mar sino cuanto valía Holanda desanegado. No pensaron en términos de gasto público, pensaron en financiar un proyecto.
Me pongo en abogado del diablo: ¿Con qué plata se empieza un proyecto tan ambicioso como “Puerto Madero popular”? Supongo que una obra así requiere de una fuerte inversión inicial, que luego, sí, sería financiada por cada familia.
IA: De nuevo, la plata está. Vos pensá esto: ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano? Unos cinco litros. ¿Cuánto bombea un corazón con cada latido? Según leí un pocillo de café de unos 70cm cúbicos pero un corazón llenaría una pileta olímpica en un año. La plata, no es que está o no está. Está dormida o en funcionamiento. Cuando vos tenés una bicicleta parada, la cadena ocupa todo el circuito que ocupa circulando, pero está parada. Hoy, por falta de demanda de pesos, tenés en el Banco Central ¡2,4 billones de pesos!, que nadie pide contra nada para devolverlos y que son de alguien: son de la caja de los arquitectos, de los ingenieros, de los agrimensores, del fondo de pensión militar, de las compañías de seguros de un inversor privado o una empresa. Son hasta de los gremios. Son fondos que están guardados en el Banco Central y nadie los demanda. ¿Por qué nadie las demanda? Porque esa plata no se puede aplicar en ningún proyecto. La plata es siempre la misma, el tema es si circula o no.
Hemos charlado en otras oportunidades sobre su crítica al kirchnerismo y su política de aliento al consumo popular, que terminó siendo contradictoria.
IA: Yo fui crítico del gobierno kirchnerista en eso de imprimir plata, porque se la das a la gente y la gente termina presionando contra el dólar, porque muchos productos son importados o tienen partes importadas. Entonces, la cadena de bicicleta funciona sobre China y necesitamos que funcione a favor de Santiago Del Estero, Lomas de Zamora, o Córdoba, porque China es un muy buen cliente pero de cosas que cargan muy poco trabajo ya que lo que compran caro lo compran en otros países. Si vos ponés a andar esa cadena, esa cadena solo va cuando vuelve. Tenés que desatar el esquema productivo. Mirá la provincia de Buenos Aires: tiene más de 300.000 docentes y la mitad son inquilinos. No los echan del laburo y viven en algún lado. Qué pasa si le decís al mercado que tenés 150.000 personas que pueden comprar 150 proyectos de inversión a la vera del Río. Pero es el Estado el que puede empezar a hacer andar la cadena si aprueba un plano, que hace posible ese proyecto. Los que toman los primeros créditos hacen circular la cadena. Lo que hay pensar, entonces, es cuál es el rol del Estado. ¿Por qué no se arma ya mismo un fideicomiso en cada uno de los 4.600 barrios informales que el propio Estado sabe que existe?

27.7.2020

El colectivo denuncia que hay 274 camas de UTI para pacientes Covid-19 (lejos de las 450 que informó el GCBA), mientras hay 290 pacientes graves. Al 22 de julio contaban con una ocupación del 100%. El colapso tanto en el sistema público como el privado es inminente y los trabajadores y profesionales de la salud lo vienen anunciando. ¿Qué medidas tomará el gobierno porteño?

La Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de la Ciudad denunció que las camas de terapia intensiva (UTI) para pacientes con Covid-19 alcanzaron el 100% de su capacidad. A su vez, denuncian que el 47% de los hospitales tienen camas UTI, de las cuales al 22 de julio estaban ocupadas un 100%.
“Las 450 camas de Terapia Intensiva ( UTI) que informan tener no existen, contabilizan como UTIs camas que no tienen ni el equipamiento, ni el personal para ser consideradas como tales. El colapso de los hospitales ya está desarrollándose, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes actualizamos el relevamiento que venimos haciendo. Hoy existen 274 camas de UTI de la cuales el 85,5% se encuentran ocupadas, y más del 40% de los efectores cuenta con el 100% de camas ocupadas, principalmente, los Hospitales de Agudos”, denuncian.
El relevamiento incluye los datos de la cantidad de camas de UTI para Covid que tiene cada hospital porteño.
Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se relevaron cifras similares, y denuncian que actualmente el sistema de salud privado también se encuentra al borde del colapso: hospitales y clínicas privadas están trabajando al 100% de su capacidad. Entre un 50% o 60% de la internación en terapia intensiva es por Covid-19 y la característica es que tienen internaciones prolongadas.
El doctor Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), advirtió que en la Ciudad se está llegando al colapso y que flexibilizar la cuarentena, en este contexto crítico, “fue una decisión temeraria”.
“Ante el aumento de casos y de muertes esto genera un escenario preocupante. Lo que quiero decir que el colapso del sistema sanitario se ha tornado verosímil. Esto significa que va a haber pacientes que no van a poder ser atendidos. Algo que ya ocurrió en Milán y en Madrid”, señaló el doctor.
Por su parte, las trabajadoras y concurrentes del Hospital Piñero, denuncian que hay sólo 8 camas de terapia intensiva en todo el Bajo Flores y Lugano, y ya se encuentran también al 100% de su capacidad.
Esta situación de colapso ya viene siendo anunciada por sus trabajadores. Además del hospital Piñero, en el Durand, el Garrahan, incluso en el Posadas, de la zona oeste de Provincia de Buenos Aires.
También continúan creciendo las altas tasas de contagios entre el personal de salud, como en el Durand, con 201 contagiados, entre los que se encuentra el enfermero fallecido Julio Gutiérrez, o en el Garrahan, con 122.
Mientras tanto, el ministro de Salud porteño Fabián Quirós, pone el eje en la responsabilidad individual por el aumento de los contagios, en lugar de indicar qué política llevarán adelante desde el gobierno para hacer frente a este inminente colapso del sistema de salud: “Hay mucha gente haciendo encuentros sociales en lugares cerrados y no es conveniente. Tenemos que evitar al máximo los cruces de familias, amigos, conocidos”, señaló hace unos días, echando culpas a la gente.
No hizo ninguna referencia, por supuesto, a la falta de protocolos o al incumplimiento de estos, por parte de los dueños de fábricas y empresas, que obligan a concurrir a los trabajadores a pesar de tener síntomas, que no los quieren testear ni garantizar su aislamiento preventivo. Para ellos la “culpa” es de las reuniones sociales, no de los gobiernos que no nos cuidan y siguen favoreciendo a las patronales, a costa de la salud de los trabajadores.

27.7.2020

Concentramos el miércoles 29 de Julio en Congreso a las 9 horas.

Denunciamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su falta de respuestas, en un momento de la vida de nuestro país, cuarentena por medio, donde las condiciones de trabajo se agravan día a día, donde la inflación devora nuestro poder adquisitivo y el virus hace estragos en nuestros barrios con miles de vecinos infectados y sin acceso a los servicios básicos como la luz y el agua. Ante esto el gobierno de la ciudad no da respuestas satisfactorias, sino dilataciones y ninguneo. A pesar de las reuniones donde reconocen la situación crítica que vivimos los trabajadores precarizados y de las promesas de dar respuestas, no hemos llegado a ningún lugar.
Desde el año 2015 venimos desarrollando un emprendimiento textil, que provee guardapolvos y frazadas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este acuerdo se hizo con el gobierno a fin de generar trabajo, con un ingreso digno para nuestros compañeros, ya que los programas de trabajo del gobierno de la ciudad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos se habían cerrado.
Desde que comenzamos a trabajar con el gobierno permanentemente hemos tenido dificultades para fijar el precio de lo que confeccionamos ya que el precio siempre nos lo han determinado desde el gobierno de la Ciudad, sin posibilidad de ajuste. Los aumentos han estado constantemente por debajo de la inflación, lo que en la práctica se convierte en el cierre efectivo de nuestro emprendimiento, ya que los insumos aumentan según la inflación y el dólar y al ser el precio fijado por el gobierno siempre inferior a esas variables, no hay manera de sostener la producción. Por esto nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la confección de las prendas han ido perdiendo año a año el poder adquisitivo.
Este año a pesar de que en febrero acordamos la continuidad del trabajo en una reunión con Maximiliano Corach, Subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato del GCBA y Paula Matach, quienes garantizaron la continuidad del acuerdo que tenemos desde el 2015, al día de hoy no hemos podido entregar las frazadas, ni tenemos respuestas respecto al precio que se nos pagará por dicho trabajo. Desde hace mas de 3 meses venimos intentando comunicarnos con los funcionarios a cargo del programa y lo único que obtenemos son promesas de ocuparse y nada más. No hemos tenido ninguna respuesta concreta y no hemos podido entregar las frazadas, menos aún acordar precio, ni firmar ningún convenio.
Esta situación provoca una gran inestabilidad laboral en nuestras compañeras y compañeros del emprendimiento textil que no saben si conservarán su puesto de trabajo o pasarán a engrosar las filas de desocupados que crece diariamente.
Por eso, porque no aguantamos más tanto desprecio y tanto ninguneo por parte del gobierno hacia los trabajadores que proveemos de guardapolvos y frazadas para los más vulnerables, hemos resuelto en asamblea llamar a una movilización para el día 29 de Julio de 2020, donde visibilizaremos nuestra situación y exigiremos al gobierno una solución inmediata a nuestros reclamos.
RECLAMAMOS:
• Regularización de los convenios de compra de frazadas y guardapolvos.
• Garantía de continuidad de los puestos de trabajo
• Aumento del precio de los guardapolvos y frazadas que confeccionamos para el gobierno de acuerdo a la inflación.
• Aumento de la producción para garantizar más puestos de trabajo en nuestro emprendimiento textil
• Basta de precarización laboral
MTL Rebelde

27.7.2020

Por Gigi Kein*

Distintas organizaciones sociales realizamos una jornada de visibilización en la zona de Constitución, el pasado sábado. El objetivo fue brindar información a los vecinos y vecinas acerca de su derecho a no ser desalojados ni sufrir subas en su alquiler, a la vez que dar un claro mensaje a los hoteleros ante la impunidad que les caracteriza. Consideramos este un primer paso en la campaña #ProhibidoDesalojar a la cual invitamos a todos las vecinas y organizaciones sociales a formar parte.

En la medida realizada el pasado sábado por Consejerías de vivienda, Amigues por las calles, APDH Regional CABA, Secretaría de trabajadorxs migrantes y refugiadxs UTEP y varies activistas independientes, la herramienta que citamos es el DNU 320/20, dictado el 29/3 (9 días después de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio) por el presidente Fernández. Si bien el mismo frena algunos desalojos y subas de los alquileres, en la práctica muchas de estas situaciones siguen sucediendo. ¿Por qué? Por un esquema en el que confluyen muchas responsabilidades, y pasaremos a listar aquí.
En primer lugar, la mafia hotelera amparada por el gobierno de la CABA, históricamente ha hecho lo que quiso en cuanto a derechos de inquilines y condiciones habitacionales se refiere. Prueba de esto es cómo el COVID ha ingresado a los hoteles familiares sin pedir permiso, donde el hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad hicieron casi imposible contener la ola de contagios. Desde siempre, los hoteleres impusieron las reglas del juego, sin contrato y muchas veces sin recibo, no aceptando alquilar a personas acompañadas por niñes, cobrando valores inflados por piezas muy pequeñas, con cocina y baño compartidos. Sólo por dar un ejemplo, un hotel cobra hoy $ 12.000 mensuales por un ambiente de estas características. ¿Por qué? Porque la precarización se paga. Les inquilines que no pueden acceder al mercado formal por no contar con garantía (o no poder pagar un seguro de caución), recibo de sueldo y el monto necesario que se pide para ingresar a un alquiler, deben someterse a los caprichos de hoteleres y encargados. Muestra de su cinismo es que les vecines migrantes y de la comunidad trans travesti son les más afectades en las situaciones de expulsión y maltrato por parte de esta mafia.
Además de todo esto, y a pesar de existir el DNU 320/20, las organizaciones y organismos de defensa no paramos de recibir denuncias de amenazas de desalojos o desalojos consumados, sin importar que se trate de mujeres embarazadas, familias con niñes o personas mayores o con enfermedades de base. Cabe recordar la injusta muerte de Leonardo Javier Macrino el 7/6, luego de ser desalojado del Hotel La Florida junto con su compañera y esperar en la calle 4 días la atención del BAP que nunca llegó. Estamos cansades de vivir entre tanta impunidad y lucharemos para frenar contra este tipo de muertes lamentables y evitables.
Lo mismo sucede en las villas de toda CABA, donde se desdibuja el emporio no es tan claro, se desdibuja la figura de mafias y hoteleros. Si bien hay conglomerados construidos específicamente para su alquiler, la renta fue la única salida que muchas personas encontraron ante la indigencia. Esto es resultado de la ausencia total de mecanismos de reconocimiento y regulación de la situación por parte del GCBA. Esto ha generado un conflicto creciente entre dueñes e inquilines en las barriadas, donde el nivel de alquiler va en aumento y la inquilinización ya alcanza el 40% y los desalojos y abusos en precios y condiciones habitacionales pasan a ser un problema más, sumado a la dificultad de acceder a servicios y derechos básicos como el agua y la luz.
La crisis que atravesamos ha golpeado fuerte, miles han perdido su empleo y, con los desalojos a la orden del día, asumimos que el número de 7251 personas en situación de calle recabado por el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle ha quedado chico. Las personas en situación de calle han sido les más invisibilizades desde que comenzó la cuarentena, tanto por el gobierno de CABA como por el gobierno nacional, que ni siquiera les nombra en la elaboración del decreto 320/20. Como si esto fuera poco, una oleada de crímenes y ataques de odio hacia elles ya se ha cobrado la vida de una mujer en Constitución y representa un riesgo más, sumado al frío y la pandemia. Los refugios no son una opción, entre contagios y capacidad vacante porque no son espacios que convoquen. Continuos maltratos, familias separadas y una atención no integral terminan siendo rechazados por muches compañeres en situación de calle, cuya supervivencia se hoy a base de la solidaridad de ollas populares y grupos que recorren las ranchadas llevando un plato de comida caliente, abrigos y elementos de higiene.
El principal responsable político de que existan y se reproduzcan estas prácticas es, claramente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. No sólo se trata de la inacción ante las injusticias crecientes, como hacer la vista gorda ante la prohibición de alquileres a familias con niñes o habilitar la especulación inmobiliaria en las villas. Sino que a través de años de connivencia con mafias y hoteleros, se han sentado con ellos antes que con las organizaciones sociales para pautar los aumentos de los subsidios habitacionales. Les vecines y organizaciones sabemos que si aumenta el subsidio, aumenta el alquiler en hoteles y pensiones, y en caso de haber accedido al mismo, no alcanza por sí mismo para costear un alquiler. Responsabilizamos directamente al Subsecretario de Fortalecimiento Familiar, Maximiliano Corach, quien desde octubre del año pasado ha recortado el programa de subsidios otorgándolo sólo a personas en situación de calle (imposible de renovar, y siempre y cuando el BAP no considerase que la situación ameritaba derivar a paradores). Esta dinámica perversa de esperar que las familias queden en la calle para poder acceder a un subsidio para EVITAR la situación de calle es una clara muestra de lo vacío e improductivo de este tipo de políticas. En definitiva, estas lógicas se dan bajo la responsabilidad de María Migliore, flamante ministra de Desarrollo Humano y Habitat, a quien parece no importarle o ser completamente superada por las lógicas punteriles enquistadas en la cartera que dirige (tal como la represión por parte de una patota de SUTECBA a trabajadores de ATE Promoción social que reclamaban por mejoras laborales y medidas de protección frente al Covid-19). Finalmente, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) encabezado por Juan Maquieyra no puede hacerse el distraído con toda la dinámica que venimos describiendo. Siendo intermediario de programas de vivienda bajo la estafa de los créditos UVA (como los PRO.CRE.AR de Estación Bs As y Estación Saenz), con reurbanizaciones que no dan respuesta a la situación de los miles de inquilines de las barriadas, y no agarrando la papa caliente del descalabro habitacional en la ciudad “formal”. Creemos que llamarse Instituto de Vivienda de la Ciudad, desde el minuto 0 le imprime una responsabilidad inalienable.
Pero, más allá de toda la cadena de responsabilidades dentro del estado a nivel CABA, creemos que el estado nacional también debe mostrar una mayor decisión a la hora de pensar en quienes sufren de primera mano las reglas del mercado y la especulación inmobiliaria. Más allá de que el GCBA no ha establecido reglas claras de implementación del DNU 320/20 a nivel local, creemos que el decreto tiene aspectos a ser modificados y mejorados.
En primer lugar, se supone que el freno de los desalojos y congelamiento de alquileres será hasta el 30/9/20, fecha para la cual la crisis económica aun no habrá tocado fondo y les inquiles se enfrentarían con un salto de aumento de alquiler cercano al 150% de cara a octubre. Además, ante la clara imposibilidad de saldo de deuda de lo que se fue acumulando hasta entonces, no sería raro atender a una ola de desalojos sin precedentes en todo el territorio argentino. Con lo cual, una primer medida sería extender el DNU hasta el 31/3/21. A su vez, creemos injusto el pago del congelamiento por parte de les inquilines, la cual debería ser política de estado abonarla en calidad de subsidio, o hacerle pagar el valor de la especulación a las corporaciones inmobiliarias. A su vez, proponemos que el tiempo de 3 a 6 meses para pagar en cuotas lo adeudado se extienda a 24 meses para amortiguar el porcentaje de aumento, y que el mismo no conlleve ningún tipo de interés (hoy se calcula en un 2%, a abonar a partir de octubre).
Por último, lo más importante, consideramos que el decreto debe referirse al freno de TODOS los desalojos, no sólo de aquellos por falta de pago del contrato de alquiler. Como describimos más arriba, es enorme la proporción de inquilines precarizades que no pueden acceder al mercado formal de alquiler, que carecen de todo tipo de contrato, recibo, etc. Si bien en un primer momento sectores alineados al gobierno nacional llamaban a la calma diciendo que la relación contractual podía demostrarse de diversas maneras, la experiencia de estos 4 meses bajo el DNU demuestran que inquilines de villas, hoteles y pensiones han sido desalojados sin más, quedando fuera de toda protección que el DNU debería dar. Se suma además la reactivación de los juzgados nacionales (en particular los civiles a partir del 3/8/20), lo cual reactivará los desalojos por causas de ocupación o usurpación. Esos deberían ser frenados también. No se puede permitir que en el contexto actual haya ni una persona más en situación de calle. Y justamente, nos parece importantísimo que una reversión del decreto nombre a las personas en situación de calle, las visibilice y tenga política activa hacia ellas. No puede concebirse que sólo en la CABA haya 138.000 viviendas vacías y decenas de miles de personas duerman en la calle amenazados por el odio social, el frío y la pandemia.
Frente a todos los atropellos, sabemos que el real freno e instauración de medidas superadoras en favor de inquilines precarizades, y familias y personas en riesgo o efectivamente en situación de calle, no vendrán por sí solo en figura de decreto, ley, etc, sino de la lucha y la organización del sector, en un unidad y desde abajo, para enfrentar estas lógicas capitalistas que dictaminan siempre en favor de la propiedad privada por sobre el derecho a la tierra y la vivienda.
Para más información en prohibidodesalojar@gmail.com
* Integrante de las Consejerías de vivienda